¿DÓNDE ESTÁN MIS DERECHOS?

Por sus deberes

La niñez quiere y espera un mejor modo de vida, y tienen derecho a recibirlo. La sociedad tiene la obligación de hacer que ellos y las otras generaciones disfruten de un mundo más seguro, más justo y más saludable ¿Qué tanto lo hemos logrado?

Investigación: Erick L. Lemus, Víctor Hugo Dueñas, Mirella Cáceres, Wilfredo Hernández y Alicia Miranda. Fotos: Álvaro López/Mauricio Castro (en la portada) Diagramación en papel: Jorge Lau. Diseño Web: Cesar Palma vertice@elsalvador.com

La niñez y el derecho son dos temas que no ocupan un lugar importante en muchos países del mundo. Esto, a pesar de que uno de los considerandos de las Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, sostiene que “el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”.

El Salvador fue uno de los primeros países en adherirse y ratificar la Convención, en 1990. Así el estado salvadoreño y la sociedad adoptaron el compromiso de adecuar el marco jurídico e institucional a los preceptos y principios establecidos en ella.

Desde entonces se ha avanzado en algunas áreas; aunque, como advierten representantes de organizaciones sociales que trabajan en pro de la niñez, todavía falta mucho por hacer en los temas salud, educación y erradicación del trabajo infantil.
Yolanda Barrientos, directora de la Fundación Olof Palme, estima que “no podemos decir que no se ha hecho nada en materia de derechos de la niñez, pero -advierte- ese trabajo todavía se ve un tanto deficiente”.

Con ella coincide Mario Lima, director de CARE El Salvador, cuando acepta los progresos que ha tenido el país en materia de cobertura escolar. Pero el estado aún tiene retos por superar. Lima también involucra a los ciudadanos y los llama a que asuman “roles más responsables” en la solución de los problemas de la niñez.

“Ver niños en la calle se ha vuelto normal, y ya no nos cuestionamos el rol de la sociedad para proteger y evitar que eso pase”, lamenta. En esto coincide Gregorio Bello Suazo, antropólogo de la Universidad de El Salvador, cuando habla de “una falta de preocupación de la sociedad”, ya que tomar conciencia ante el problema no significa dar una limosna al niño que limpia vehículos en el semáforo. ¿En quién o quiénes recae la responsabilidad por mejorar nuestra niñez?

Los desafíos

No es que el tema de la niñez no sea importante, pero hay mucho camino por recorrer.

Agustín Fernández, jefe del departamento de educación de la Universidad Centroamericana (UCA), ve que los partidos políticos y el estado deben unirse en la construcción de un plan de gobierno en el tema. Pero lamenta que la inversión estatal en educación solo alcance el 3% del PIB cuando “tendría que subir a un 4 ó 5 por ciento”.

Aunque el presupuesto en educación es alto, aún persiste la brecha que nos separa de un país desarrollado. “El hecho que exista un 43 por ciento de pobreza, quiere decir que el país es una empresa mal manejada. No se está invirtiendo en recursos sociales para que esta población tenga otro tipo de condiciones”, dice Bello Suazo. Pero es importante reconocer el trabajo del Instituto Salvadoreño de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Ismael Rodríguez, director ejecutivo, reconoce que el panorama no es el mejor pero advierte que “en los últimos años el tema de la niñez ha tenido un protagonismo fuerte”. Eso ya es un logro.

El panorama no podía ser peor para la niñez indígena. Según una investigación de la OPS,
la salud en este sector de la población no existe, tampoco el respeto a su identidad.

La investigación realizada además por CCNIS y Concultura, también habla de extrema pobreza y la violación del derecho a la alimentación y la educación.

Al 2003, esa realidad no ha cambiado mucho, es la misma que sigue envolviendo a la niñez indígena, hasta hoy no cuantificada entre el medio millón de descendientes nativos salvadoreños. A la par de este incumplimiento de derechos tan vitales, también se viola el artículo 30 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece un respeto a su lengua, religión y vida cultural. Hoy en día, los pequeños descendientes no hablan siquiera su lengua y cada vez se alejan de su cultura ancestral.

Esta desigualdad también se eleva al plano del género. Tanto en el sector indígena como en el “ladino” y el mestizo, la niña aún es discriminada. Pese a los esfuerzos hechos, ellas crecen en un mundo en el que sobresalen por sus niveles de analfabetismo (19%) y su maternidad precoz (22% de los nacimientos corresponde a menores de 20 años) entre otros.

Los índices de pobreza en El Salvador todavía abruman y están limitando el desarrollo sicosocial de millares de pequeños. Según el Informe de Desarrollo Humano 2001 casi 100 mil menores se agregaron a la población, que ya se estaba en estado de pobreza.

Trabajar y habitar en el basurero es para decenas de niños, niñas y adolescentes salvadoreños, su forma de vida.

Bastan algunas cifras para saber que la niñez y la adolescen cia no se está desarrollando plenamente.

La mitad de la población no tiene acceso al agua potable, 31 de cada cien mil nacidos vivos mueren y 13 de cada cien menores de cinco años están desnutridos. Por si fuera poco, según el PNUD,

El Salvador tardaría 89 años para deshacerse del déficit habitacional. Si a todo esto se agrega el clima de violencia social y un medio ambiente contaminado, el panorama se vuelve muy gris.

Para el antropólogo Gregorio Bello Suazo, la sociedad obliga al niño a pasar prematuramente a la adultez. “Pierde su niñez y la sociedad lo que hace es rechazarlo”, opina, a la vez que nos deja la inquietud: ¿qué clase de ciudadanos estamos formando?

En El Salvador existen personas invisibles, es decir, no existen. No es que sean fantasmas, pero si bien caminan y los vemos, jurídicamente no existen. Los cálculos oficiales de personas sin una identidad alcanzan casi el 10 por ciento de la población.

Hasta hace un año Tina, pasó a llamarse legalmente María, cuando -a sus 13 años- su mamá la asentó en la alcaldía de Panchimalco.

Hasta esa edad y con la partida de nacimiento en mano, pudo realizar su sueño: iniciar sus estudios en la escuela que dista una cuadra de su casa en el cantón San Isidro,Panchimalco. Esta falta de una identidad socialmente establecida es compartida por muchos en este país. Según estimaciones oficiales, más de medio millón de personas no tiene una partida de nacimiento; aunque no se ha determinado cuántos de ellos son menores de edad.

Entre agosto de 2001 y febrero de 2002, un diagnóstico del Instituto Interamericano del Niño y Plan Internacional sobre el registro de nacimientos en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana detectó que en nuestro país un 9.8% de los 168 mil 200 nacimientos no estaban registrados.

En el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño sustenta que todo niño o niña debe ser inscrito inmediatamente a su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad.

La peor consecuencias de esta falta de identidad -en términos legales-es que les impide el acceso a la educación formal.

El ISNA, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha lanzado precisamente la campaña “Sin identidad, su hijo no existe”.

Al parecer, El Salvador no está solo en este problema de los no inscritos legalmente. Según datos de Unicef, cada año a más de medio millón de niños de las Américas se les viola el derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

A pesar de que es uno de los más importantes, según algunos directores de ONGs que trabajan con los niños, este derecho es de los más descuidados. No lo dicen ellos, son los mismos niños que manifiestan ese sentir, aseguran.

La salud es un derecho reconocido en el capítulo 24 de la Convención de los derechos de la niñez. Tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades y la asistencia a los servicios médicos y hospitalarios, entre otros deberes.

En El Salvador, por ser firmante de la Convención, existen varios instrumentos legales - Código de Salud, Ley del Seguro Social, etc.- donde se enuncia, se desarrolla o se hace referencia a este y otros derechos.

Sin embargo, en la práctica, según la percepción de los mismos niños, es uno de los más vulnerados.

“Es una de las cosas que los cipotes señalan en cada situación que nosotros evaluamos con ellos. Cuando uno habla con ellos sobre sus derechos siempre está presente”, dice Yolanda Barrientos, directora de la Fundación Olof Palme.

El acceso al sistema de salud, muchas veces, se dificulta por la situación económica de la familia o por barreras que le ponen las mismas políticas sanitarias estatales.

“Si un niño va con su mamá a la unidad de salud a pasar consulta, lo primero que recibe es el cobro de una cuota
voluntaria, segundo, le dan la receta para que compre las medicinas, raras veces le dan medicinas en las unidades de salud. Entonces la gente prefiera mejor no ir”, sostiene Barrientos.

En los últimos meses, la población infantil ha sido la más afectada por las epidemias que han azotado al país.
Sólo en los primeros nueve meses del año, el Ministerio de Salud reporta 117 niños muertos por neumonía y al menos 1,127 casos de dengue en todo el país, entre otras enfermedades.

Mario Lima, director de CARE, señala que en el tema salud infantil juega un rol importante la situación familiar. “Quizá las prácticas higiénicas del hogar no son las mejores y entonces ese hogar tiene niños que constantemente están enfermos”, dice.

Las actitudes y prácticas discriminatorias excluyen a los niños discapacitados de muchas formas de apoyo e interacción sociales, que van de las actividades de ocio a la formación profesional. “Hay que integrarlos”, dice la Fundación Olof Palme.

Los niños discapacitados se ven sometidos a discriminación muchas veces hasta en el ámbito familiar.

Los niños discapacitados requieren atención, protección y asistencias especiales.

Ellos tienen los mismos derechos que cualquier otro niño y, como lo consigna expresamente el artículo 23 de la Convención, deben disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad”.

La Organización Mundial de la Salud estima que sólo del 1% al 2% de las personas discapacitadas que necesitan servicios de rehabilitación tienen acceso a ellos.

Pero cotidianamente se pueden violar sus derechos y no hay instituciones o personas que se pronuncie.

En nuestro país, muchos niños discapacitados no asisten a la escuela porque sus familias piensan que no necesitan educación o porque creen que su presencia afectará la educación de los otros niños.

El Salvador cuenta con instalaciones sanitarias especiales, sin embargo, el acceso sigue siendo restringido. La lejanía, los costos, entre otros obstáculos, abonan a la situación.