REPORTAJE

Aunque los contoneos sin mesura se fueron con las últimas hojas del calendario, los fines de semana continuarán siendo excusa para buscar diversión bajo el refugio de las luces de neón. Sin embargo, la inexistencia de normativas que exijan medidas de seguridad en las discotecas hace que la alegría de los asistentes penda del peligroso ritmo de la no prevención. Un ritmo que, con un mal paso, puede traicionar.

Claudia Zavala
vertice@elsalvador.com

Simplemente, no existe normativa. Montar una discoteca en el país se ha convertido en una de las actividades más lucrativas y con menor exigencia legal que actualmente pueda existir. Recientemente, lamentables noticias de incendios en discotecas suramericanas han figurado en los principales medios de comunicación.
En El Salvador, aunque no se conocen casos que hayan generado alarma por resultados mortales, el solo hecho de saber que los locales operan sin normas que les exija velar por la seguridad de los asistentes, hace que los lugares se conviertan en verdaderas bombas de tiempo.
“Cuando puse mi negocio, sólo me pidieron el permiso de la alcaldía y el registro sanitario del Ministerio de Salud. ¿Cómo quieren que uno cumpla todas las medidas de seguridad, si ellos no dan una guía sobre cómo hacer bien las cosas?”, cuestiona “Miguel Angel”, quien montó una discoteca en la Zona Rosa en meses recientes.
Indagar en los escasos requisitos que tiene que cumplir un comerciante para que su permiso sea aprobado realmente sorprende.
Ricardo López Claros, jefe de la Unidad de Licencias y Matrículas, de la Alcaldía de San Salvador, aclara que la municipalidad sólo se encarga de aprobar los permisos de funcionamiento de los lugares, y que no es su competencia velar por que se cuente con medidas de seguridad para evitar posibles accidentes.
“Eso le corresponde a la OPAMSS (Oficina de Planificación del Area Metropolitana de San Salvador), en la parte de la calificación de suelo, supongo. Porque ellos ven si la infraestructura en la que funcionará el negocio es la adecuada”, explica.
Al revisar las ordenanzas que la alcaldía de San Salvador ha promulgado en torno a las salas de baile o discotecas, sobresalen las exigencias referidas al control del ruido y a la búsqueda del orden externo, en los casos en que los negocios funcionan cerca de zonas residenciales.
Sin embargo, como López Claros también asegura, aún es necesario trabajar en reglamentos que se enfoquen en la seguridad interna de este tipo de locales, que se contabilizan 18 hasta la fecha. La definición de las competencias, señala, también es un aspecto que está pendiente de aclararse: “Estamos trabajando para que nuestras ordenanzas y la normativa de la OPAMSS pueda coordinarse de una mejor manera”, dice.

¿Libre albedrío?

Por su parte, Flor Celina Aquino, de la OPAMSS, destaca que hay una buena cantidad de negocios que existen sin regulación y sin calificación del lugar.
Es decir que, por su antiguedad, al momento de ser registrados, no contaron con una inspección municipal que revelara si el local era compatible con sus condiciones estructurales y circunvecinas. “Es hasta ahora que necesitan renovar su licencia que en la alcaldía los mandan para donde nosotros. Hemos encontrado muchos negocios que están en lugares inadecuados, digamos, cerca de iglesias, escuelas... cuando acatan nuestras medidas, les damos una resolución positiva a su caso y hasta entonces pueden renovar su permiso de funcionamiento en la alcaldía”, argumenta.
Sin embargo, ese trámite, que tiene un costo de cien colones, sigue alineándose sólo en el aspecto externo del local, el referido a la tranquilidad de los colindantes, específicamente. El componente interno tampoco está reglamentado en la OPAMSS. “Hay un vacío legal, no se lo puedo negar”, reconoce la funcionaria.
Aquino expresa que, en el caso de las discotecas, se hacen algunas sugerencias a los comerciantes, como el acondicionamiento de paredes con material acústico y normas de estacionamiento, sobre todo cuando están ubicados en zona residencial. Además, son enviados al Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, en caso de tener más de diez empleados, para que cumplan con todas las disposiciones legales existentes.
“Pero no nos podemos meter más en eso. Queda al albedrío de la persona el cumplir o no con las medidas. Ahí es a la alcaldía a la que le corresponde verificar si el negocio funciona con las condiciones con las que se registró y si cumple las medidas necesarias”, acota.
Esa falta de presión legal hacia los dueños de los negocios es lo que hace, según “Carlos” que éstos funcionen bajo un riesgo que en cualquier momento puede convertirse en una desgracia lamentable. Él fue propietario de un negocio en la Zona Rosa, hace unos dos años, aproximadamente. Relata que más de una vez hubo cortocircuitos que, por fortuna, no desencadenaron en un problema mayor.
Según él, el hecho de que las instalaciones eléctricas sean aéreas y no subterráneas es algo inconcebible en una zona en la que el voltaje de la música genera un alto riesgo, si no se controla debidamente.
“Ahí sólo separa una pared delgada un local del otro, y casi todos los lugares están decorados con madera o playwood. Si enciende una llama, se van todos. Además, había una plaga de ratas que ni le cuento. Yo no sé cuál registro sanitario es el que se cumplía”, revela.
El capitán Francisco Marroquín Parras, jefe del Centro de Operaciones de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de San Salvador es quizá el que se muestra más alarmado con la inexistencia de leyes que regulen la seguridad en las discotecas. “Ellos (los comerciantes) sólo piden permiso y que Dios los socorra. Nosotros, sólo a solicitud de interesados, podemos realizar inspecciones”, explica.
Marroquín dice no entender por qué a los gasolineros y a los dueños de centros comerciales sí se les exige el aval del Cuerpo de Bomberos para su funcionamiento, como prerrequisito legal para obtener el permiso municipal, y a los dueños de discotecas no, cuando los riesgos que se corren son exactamente los mismos.
Menciona, sólo como ejemplo, las paredes de los locales que deben ser hermetizadas, para controlar el ruido, como exigencia de la ordenanza municipal. “Siempre lo hacen con cartones de huevo o un material parecido, que es altamente inflamable y atrayente de plagas. Imagínese un incendio ahí... sería muy difícil de controlar si no se interviene a tiempo”, afirma.

Gases letales

La gravedad ante la posibilidad de un incendio no es solamente el riesgo a ser quemado. La combustión de los materiales decorativos de los locales, tales como alfombras, cortinas, plástico, bambú, entre otros, puede producir la emanación de gases como fosgeno, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono, todos áltamente letales.
Marroquín asegura que la última inspección que realizó el Cuerpo de Bomberos de San Salvador fue en 1998, a petición del dueño de una discoteca que necesitaba subsanar garantías de control de seguridad, exigidas por una empresa aseguradora.
Por su parte, Eduardo Solórzano, de la Fundación Industrial de Prevención de Riesgos Ocupacionales (FIPRO), lamenta la poca cultura de prevención existente incluso en las esferas comerciales de nuestro país.
FIPRO es una institución que, desde 1986, brinda servicios en monitoreo de ruido, temperatura, iluminación, planes de contingencia, formación de brigadas contra incendios y evacuaciones.
Sus asesorías se fundamentan en normas internacionales de seguridad en locales, “porque aquí no existe regulación y nadie hace nada, hasta que pasan las desgracias”, explica.
Solórzano opina que, al menos, la instalación de extintores, calculados a partir del local, la ubicación de una salida de emergencia accesible para todos los asistentes y la capacitación de personal en materia de evacuación en caso de emergencia, deberían ser condiciones primordiales al autorizar el funcionamiento de una discoteca. “En otros países, centromericanos, incluso, se tienen mejores garantías. ¿Por qué aquí no?”, reflexiona.
Al menos por ahora, la falta de prevención se excusa tras la carencia de una normativa municipal que exija una mayor protección y seguridad para los visitantes a una discoteca.
Quizá en un futuro cercano, las ordenanzas y reglamentos se preocupen primordialmente por resguardar la vida de los ciudadanos. Así también dormirán tranquilos los vecinos.