Una encuesta realizada por CID-Gallup a líderes de opinión pública muestra las fortalezas y las debilidades de la Corte Suprema de Justicia. Los ciudadanos señalan a los magistrados como “corruptos”. La retardación de justicia, resoluciones amañadas o politizadas se achacan a los administradores del derecho.

Redacción Vértice vertice@elsalvador.com

El trabajo de la CSJ todavía está en tela de jucio. Pero esta vez, los señalamientos se reflejan en el sondeo de opinión hecho por la encuestadora Gallup.
La consulta a 94 “líderes de opinión” del Gran San Salvador evidencia la desconfianza frente al Órgano Judicial.
La forma de aplicar la justicia en los casos de secuestros, estafas multimillonarias y litigios corporativos, entre otros, además de los vínculos que los magistrados mantienen con dirigentes políticos propician las acusaciones.
Los encuestados señalan, con claridad, una serie de deficiencias personales de los funcionarios judiciales y muy pocas causas externas como falta de recursos.
Debido a ello, descalifican su desempeño y los consideran figuras poco gratas para que aspiren a una reelección en sus cargos.
El presidente en turno de la Corte, Agustín García Calderón, es responsabilizado en el estudio por los problemas en la Corte.
Esa percepción negativa se ha mantenido durante los últimos tres años, según establece Gallup.
En el caso de García Calderón, un 67% de los entrevistados coincide en que “no debería” reelegirse.
Los problemas mayores para la Corte y los magistrados tienen que ver el tipo de resoluciones que emiten.
De acuerdo a la consulta realizada, buena parte de las sentencias no responden a las necesidades de la población.
A lo anterior se suma la idea de que en el país se aplica justicia a medias, lo cual provoca niveles de insatisfacción.
Sobre la politización en la Corte se hacen tres mediciones.
Se pregunta si existe injerencia de los diputados de la Asamblea en el Órgano Judicial, cuál partido político influye más y cuál poder del Estado se inmiscuye.
Se reconoce una mayoritaria influencia política (90%). El partido con más relación e influencia es el FMLN, mientras que el poder del Estado con injerencia es el legislativo.
Debido a todo lo anterior, los entrevistados por Gallup expresan que “sí existe” corrupción en la CSJ. Un total de 57% de los consultados opina de la misma forma.
¿Cuánta corrupción existe? Las respuestas varían.
“Alguna” 57%, “mucha” 33%, “poca” 7%, “más o menos” 2%.
Independiente al nivel de corrupción, ninguno de los entrevistados habla de una Corte limpia, transparente o libre de impunidad.
CID-Gallup fue más allá del funcionamiento de la Corte y preguntó sobre el sistema de elección de los magistrados.
Como en el resto del estudio, las opiniones negativas dominaron. Se cuestionó, además, la idoneidad de los titulares en el Órgano Judicial.
La pésima imagen que se tiene de la CSJ ha trascendido las fronteras salvadoreñas.
El reporte sobre Derechos Humanos para el año 2002, del Departamento de Estado de Estados Unidos, también lo menciona.
Un fragmento del documento expresa: “El Órgano Judicial seguía siendo ineficiente y obstaculizado por la corrupción generalizada”.
Se reconoce en el mismo informe, no obstante, las medidas iniciales realizadas no solo por la Corte, sino por la Fiscalía para “tratar la ineficiencia y la corrupción”.

Mea Culpa

El presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, reconoce el “lastre” que experimenta la entidad.
El titular reconoce como veraces los reclamos ciudadanos de insatisfacción por el rendimiento de la Corte, sin embargo, insiste en que han habido “avances importantes” de cambio.
García habla de arrastrar problemas que en su momento fueron evidenciados por “el veredicto tremendo de la Comisión de la Verdad”.
“Esos factores se siguen arrastrando, hay que decirlo con claridad”, sostuvo.
Eduardo Tenorio, ex presidente de la Corte y ahora magistrado que busca la reelección, habla con cautela sobre el tema.
A nivel personal descarta cualquier señalamiento y sobre sus colegas prefiere pensar “que eso no existe”, obviamente para evadir cualquier respuesta incriminadora.
“La percepción se origina de una especie de costumbre fundamentada en el rumor y en el chambre, lo cual no quiere decir que exista un problema que corregir. Lamentablemente el corruptor y el corrupto suelen cubrirse con el mismo manto y ocultar su vicio”, dijo.
Ulises Guzmán, miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y aspirante a magistrado, también reconoce pecados dentro de la Corte Suprema.
“En la gran mayoría de casos se resuelve de conformidad a los principios de verdad, justicia y la norma jurídica. Lo que ocurre es que hay casos excepcionales en los cuáles no es así, casos relevantes para la sociedad”.
Con las declaraciones de los funcionarios las percepciones negativas recopiladas por CID-Gallup adquieren una base de apego a la realidad. Aunque falta determinar si son tan graves como lo señalan los entrevistados.
Puede resumirse, con base en todo lo expuesto por los líderes, funcionarios y el Departamento de Estado, que aún falta por hacer para que nuestro país viva una mayor, sino completa, verdadera aplicación de justicia.

SONDEO A LA JUSTICIA

“Alto” nivel de corrupción

La existencia de supuesta falta de honradez y vicios de corrupción en la Corte es la percepción que tienen los líderes de opinión consultados por CID-Gallup.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no escapa a la existencia de corrupción que corroe las más importantes instituciones del país, al menos eso es lo que se desprende de los resultados de la consulta realizada por la firma CID-Gallup a líderes de opinión y abogados salvadoreños.
En el estudio se les consultó a los entrevistados si consideraban que al interior del máximo tribunal de la República estaban presentes algún tipo de corrupción. La mayoría de la muestra consideró que la CSJ tiene problemas de honradez y que se pueden identificar situaciones donde ha habido posibles vicios de corrupción.
Un 57% de la muestra contestó de manera afirmativa, frente a un 3% que dijo que “no existía”. El resto de consultados opinó “no saber” al respecto.
En cuanto a la cuantificación de la corrupción en el seno de la CSJ, un 57% de los consultados sostuvo que existe “algún” nivel de corrupción en la Corte. Otro 33% consideró que es “mucha” la corrupción que albergan las resoluciones del Órgano Judicial, frente al 7% que da como “poca” y tan solo un 2% dijo que “más o menos”.
Los abogados surgen como los mayores detractores del trabajo que desempeñan los magistrados.
La postura de los juristas fue categórica cuando afirmaron que algo está “desviado en la Corte”.
Un 49% está convencido que hay visos de supuesta falta de honradez en algunos de los casos estudiados por las distintas salas que conforman la Corte Suprema; el resto se reparte entre los demás líderes de opinión consultados.
La percepción de supuestos vicios de corrupción en la Corte es preocupante, ya que, por principio, la CSJ es la institución en la cual todo ciudadano debe confiar y creer en que el trabajo que realice debe ser absolutamente imparcial y estar revestido de una justicia pronta y cumplida para todos los ciudadanos, sin excepción, sostiene la firma consultora.

SONDEO A LA JUSTICIA

Cuestionan desempeño

La gestión actual de los magistrados recibió duras críticas por parte de los entrevistados, quienes enlistan claramente las deficiencias que poseen.

La falta de institucionalidad es la primera deficiencia achacada a los magistrados en turno. Sigue la retardación de justicia con apenas un punto porcentual de diferencia (28% y 27% respectivamente).
En otras palabras, dos terceras partes de los entrevistados coinciden en esa percepción.
Luego se enumeran otros problemas como la falta de recursos, falta de transparencia, desconocimiento de leyes, falta de liderazgo y problemas administrativos.
Del grupo de deficiencias sólo algunas aluden directamente al nivel personal o de capacidad humana. Otra, se refieren a problemas externos, como falta de recursos.
La opinión desfavorable se ha mantenido en los últimos tres años.
Esta percepción se refleja en los resultados a la pregunta “Diría usted que su opinión sobre la Corte Suprema de Justicia ha cambiado durante los últimos tres años”.
Un poco más de la mitad (52%) opina que la situación se ha mantenido “igual”. Mientras que un 19% reconoce que la gestión ha avanzado “algo favorable” y un 13% “muy favorable”.
Sólo el 11% coincide en que su opinión cambió a “muy desfavorable”.

SONDEO A LA JUSTICIA

Politizados

Todas las tendencias políticas confluyen en la Asamblea Legislativa ¿Es posible despo-jarse de ellas al momento de escoger a los magistrados? Los ciudadanos creen que no.

El sondeo refleja cuán claro tiene la ciudadanía a quién o quiénes corresponde la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogados o no abogados, los encuestados no reflejaron una diferencia muy grande al responder si recuerdan o saben qué institución designa a estos funcionarios. La Asamblea Legislativa fue la respuesta entre el 82% del total.
Según los encuestados, el poder Ejecutivo como el Legislativo ejercen influencia sobre la Corte, pero ¿en qué medida? Cerca del 50% de éstos consideran que los magistrados tienen “poca o alguna” independencia del resto de poderes del Estado. Casi en igual proporción se encuentran los que creen que existe mucha o regular independencia en las decisiones de la CSJ.
Lo curioso es que la Asamblea Legislativa, justo la entidad que nombra a los magistrados, es señalada por el sondeo como la que más relaciones de dependencia genera, en un 26%, por encima del 15% de influencia asignada al Ejecutivo. Si se juntan ambos valores, tenemos que el 47% de los encuestados creen que la Corte no toma sus decisiones con libertad.
El panorama se afina cuando se mide la influencia de los partidos políticos sobre los magistrados, donde el porcentaje más alto es asignado al FMLN, con un 26% de influencia, diez puntos porcentuales arriba del partido oficial, ARENA.
Un benevolente 27% considera que “todos” los partidos influyen sobre los titulares de Justicia, mientras que un 10% cree que no existe influencia alguna.
Estos resultados presentan coherencia con los obtenidos cuando se preguntó si consideran que la Corte se asocia o relaciona “más” con algún partido político.
El FMLN, con 26%, presenta el más alto, contra el 14% de ARENA. No obstante, en este caso, el porcentaje que cree que no existe relación con un partido en especial, se amplía: es el 33%.
¿Independencia o politización? Los resultados saltan a la vista.

Abogados son cuestionados

El poder judicial no se encuentra sólo en el el sitial de deshonor en que lo ubica la opinión pública. A él le acompaña el gremio de abogados, en pleno, que tampoco es bien evaluado por la totalidad de los líderes consultados.
Cuando se les preguntó cuán satisfechos se encuentran sobre la forma en que se desempeñan los abogados en nuestro país, independientemente de su rama o especialidad, el resultado es que cuatro de cada diez entrevistados considera que la labor de los abogados salvadoreños es pésima o mala.
En una escala de 5 a 1, donde el valor más alto es “muy satisfecho”, y el más bajo “insatisfecho”, el índice es de 2.82. Además de este valor numérico, lo curioso es que la nota aplicada por los abogados sobre su mismo gremio es más baja que aquella asignada por líderes de profesiones u ocupaciones distintas, en una relación de 2.63 contra 2.93, respectivamente. En este caso, los juristas fueron más críticos consigo mismos que el resto de los entrevistados.
Aún con esa atenuante, no son la mayoría, pues si se suman las opiniones de los “insatisfechos” y los “más o menos satisfechos”, un 80 por ciento se antoja aplastante.
Sólo un 20 por ciento considera que el desempeño es “satisfactorio”.
La percepción pública sobre la credibilidad de los abogados podría haberse agravado desde hace dos años, cuando el escándalo de la existencia de más de 2 mil títulos falsos en el gremio de abogados movió el tapete a la Corte Suprema de Justicia.

SONDEO A LA JUSTICIA

Piden nuevas figuras en CSJ

La “mala imagen” que poseen los actuales magistrados, a criterio de los consultados por Cid Gallup, explica el por qué se rechaza completamente las intenciones de reelección de algunos de los funcionarios. Es decir, se piden nuevas figuras.

Los magistrados de la CSJ no gozan de popularidad, al menos para el fragmento de población encuestada.

Un abrumador 72% de opiniones desfavorece a los funcionarios.
Es decir, cuestiona su desempeño actual y los descalifica para intentar reelegirse.

Los comentarios surgen en momentos en que la Asamblea se dispone a elegir nuevos magistrados.

La anterior legislatura no logró designarlos, pero la instalada a partir
del jueves pasado espera hacerlo en próximos días.

Entre las figuras para administrar la Corte se encuentran Anita de Buitrago, Eduardo Tenorio, Mauricio Clará y Victoria de Avilés, que intentan la reelección.

Los cuatro, de acuerdo a los resultados de la firma Gallup, “deberían no reelegirse”.

Los abogados consultados son quienes muestran más oposición a los “reenganches” en las magistraturas.

La encuestadora formuló una pregunta específica sobre los intentos de reelección del actual presidente de la CSJ, Agustín García Calderón.

La mayoría (67%) opina que debe desistir en sus intenciones.
Se preguntó además sobre cuáles serían las razones de pensar así.

Gallup señala que: “como máximo dirigente de la Corte, al doctor García se le responsabiliza de la situación que ahí se vive. La mayoría reconoce que él es el máximo jerarca de la institución y considera que no está desempeñando bien la labor para la cual ha sido instituido”.

En otra parte de la encuesta se calificó el desempeño de García.
Curiosamente se le reconoce haber hecho “bien” las cosas. Más de la mitad opina igual: “muy bien” 7% y “bien” 48%.

Sólo un 28% califica su desempeño como “muy mal” y “mal”.

En términos generales el punto de la no reelección se explica con los señalamientos personales a los funcionarios, pero además a la poca credibilidad en el sistema de elección de estos.
CID-Gallup preguntó: ¿Cuánta credibilidad tiene usted en que los magistrados que se eligen son las personas más idóneas para ese puesto?

Un 28% de las respuestas se refiere a “poca credibilidad”, un 37% a “más o menos” credibilidad y un 17% a “ninguna”.
Con lo anterior se pone en duda las elecciones públicas (con voto secreto) que realizan los abogados particulares, las asociaciones y federaciones de abogados del país.

Asimismo se cuestiona la designación de los funcionarios por parte de la Asamblea Legislativa.
Una de las funciones de los diputados es elegir a funcionarios de segundo grado, entre estos los magistrados para la Corte.

SONDEO A LA JUSTICIA

“Arrastramos problemas”

El titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reflexiona sobre la necesidad de superar los señalamientos por corrupción para que la ciudadanía reconozca el trabajo del poder judicial. Una encuesta realizada por CID-GALLUP entre líderes de opinión pública todavía estima que la labor del poder judicial es “regular” y “mala” en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La actual administración de la CSJ ha dirimido una disputa mercantil por marcas internacionales, removido a jueces de sus cargos por tener un título irregular y apuesta por la modernización de todo el sector justicia. Sin embargo, está consciente que la población demanda más de lo que hacen.

Vértice: ¿Cree que la ciudadanía tiene algún reclamo de insatisfacción sobre los rendimientos del órgano judicial y los tribunales?
Agustín García: Sí, pero creo que hemos hecho avances importantes, alentadores y de clara demostración de voluntad de corregir, inclusive los yerros y las fallas que tenemos.
Se presentó una iniciativa para tener examen de legitimidad sobre los títulos, por el problema de los títulos irregulares. La Corte lo abordó con profundidad sin estar sujeta a ningún tipo de presiones, como debe ser todo juez y todo tribunal.

¿Cuál cree que es la causa para que prevalezca la percepción de insatisfacción de la ciudadanía?
A.G.: Si se recuerda el veredicto tremendo que significó la Comisión de la Verdad que llegó a hablar -inclusive- de la separación de funcionarios judiciales de alto nivel y que había toda una realidad difícil, que ya no solo era una encuesta de opinión pública, sino que fue un veredicto que se le solicitó a Naciones Unidas, recordarán el planteamiento de que era necesario remover factores de malestar crónico de corrupción e ineficiencia.
Es obvio que aún a esta hora, en parte, esos factores se siguen arrastrando, hay que decirlo con claridad; no hay que regatear el término, ciertamente se han hecho grandes avances; pero también hay graves deficiencias que se han ido tratando de superar y hay que tener la valentía de enfrentarlos y decir que todavía arrastramos esos problemas.
No quisiéramos descargar esto simplemente en el pasado, sino que también en la innovación que todavía no ha generado los elementos importantes de desempeño; aunque, sí tenemos signos alentadores, por ejemplo, la lucha contra el delito de secuestro. Tenemos una rara estadística que anda arriba del 80% de los reos condenados por el delito de secuestro. Esta estadística difícilmente se encuentra en cualquier país desarrollado de la tierra.

¿Qué opina de la percepción negativa de los ciudadanos a la Corte?
A.G.: Debemos estimar que nuestra sociedad debe tener percepciones como sensaciones como sinónimo de que algo falta en el tema justicia. Pero nos preocupa si el tema se toma para descalificar el aporte de la justicia al país como una entidad democrática y dentro de éste a su régimen de gobernabilidad.
Quiero decir que la Corte ha sido un buen soporte del Estado desde hace muchos años, aun antes de los que venimos el 1 de julio de 2000.
Lo que sí no admitimos es que esto sea generalizado (porque ahora) todas las áreas de los órganos judiciales son más demandadas por la ciudadanía para resolver sus conflictos. Por ejemplo, en materia de la Sala de lo Constitucional estos últimos tres años registramos un crecimiento anual de un 40% más de ciudadanos que viene a poner el amparo para resolver sus conflictos aun en contra del Estado.

¿El ciudadano cree en el sistema judicial?
A.G.: En buenos términos la ciudadanía es muy exigente con los órganos de justicia. Tenemos que elevar la credibilidad ciudadana. La no credibilidad trae como consecuencia testigos que no se quieren presentar, hasta ofendidos que no se quieren presentar como ofendidos. ¿Como lograrlo? Participación con resultados satisfactorios. Ojalá que el cero impunidad en casos de secuestro lo podamos llevar a otros casos.

El éxito institucional de la Corte depende del trabajo conjunto, pero ¿qué sucede cuando hay una debilidad en la investigación científica del delito?
A.G.: Aquí sí mira los esfuerzos que se han hecho con la comisión coordinadora del sector justicia, que trata de desarrollar mayor eficiencia en la obligada interrelación que llevan todos los factores del sistema de justicia. Nos reunimos con la esperanza de entregarle mejores resultados conjuntos, sin mezclar las competencias para hacer algo positivo.
Los jueces hemos tratado de hacer mayor conciencia y traducirla en resultados de acción y desempeño frente a las demás acciones.
Cuando le hablaba del buen resultado del delito del secuestro creo que es un crédito para el juez en el cero impunidad; pero también lo es para el fiscal y la policía. Ojalá que así trabajáramos siempre.

¿Cómo van a mantener la independencia del poder legislativo?
A.G.: Hemos entrado en protocolo de entendimiento, por ejemplo, en la gestión presupuestaria. Se nos dio un 25% menos de lo que pedíamos; pero entendimos que las cosas de las finanzas del Estado debíamos comprenderla y hacer el esfuerzo de explorar un racional gasto público.
Creo que ha habido una buena relación y en ningún momento se ha tratado de influir sobre fallos judiciales. Con mucho respeto se ha pedido un informe sobre la mora judicial y se les ha dado oportunamente.

El caso Katia Miranda vuelve a la opinión pública ¿Le plantea un reto al sistema judicial en el sentido de mejorar la investigación y la prueba científica del delito?
A.G.: Sí, se plantea un reto. Todo crimen que no es combatido de una manera apropiada representa esa situación. No sólo de que se haya defraudado intereses personales y sociales importantes con el delito cometido y no resuelto.
Yo esperaría que en esto se haga todos los esfuerzos posibles para que se convierta en un elemento de potenciar la credibilidad ciudadana.
Debemos sentar con realismo, con verdad material a actuar, a hacer efectiva la justicia. Verdad y justicia es una situación importante en donde los salvadoreños, inclusive, en algún momento debemos aprender también a poder decir la verdad; aunque no sea del todo satisfactoria.
Estoy consciente que en esas áreas somos insatisfactorios y si este caso lo tomamos como uno que ha tenido tal grado de expectativa en la opinión pública, ojalá y pudiéramos sacar adelante esta deuda social que tenemos con el caso Katia Miranda.