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TRANCAS
AL PERIODISMO
Eviten
cazar periodistas
Más
que enfrentar a periodistas que formularon cuestionamientos a las unidades
de prensa en ministerios y autónomas, debe realizarse un trabajo
correctivo frente a los problemas de “desgano”, maltratos
y dudosa calidad de información que se provee.
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Mantener
alejados a los periodistas de la infotmacioón pública
viola uno de principales derechos a infotmarse e infrtmar
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“¡Ya identificamos a dos que nos visitan
seguido y vamos a hablar con ellos!”, expuso, vía telefónica,
una encargada de comunicaciones de un hospital público. Se refería
a dos de los 64 periodistas encuestados por Vértice, que evaluaron
el trabajo en las oficinas de comunicaciones, prensa o relaciones públicas,
en los ministerios y entidades autónomas.
Los nombres de los supuestos culpables surgieron —imagino—
luego de una minuciosa revisión y depuración al listado
de periodistas que calzaba la edición especial de la revista,
publicada el 27 de julio pasado, con el título “Trancas
al Periodismo”.
Con dudas razonables de que esa pareja de comunicadores fueran los que
calificaron mal a su departamento, la vocera del hospital esperaba que
Vértice confirmara o desmintiera sus sospechas. Es más,
sugirió abiertamente revisar una a una las encuestas administradas.
Ni lo uno ni lo otro. Si bien se posee la mayoría de nombres
de quienes colaboraron con la investigación, la técnica
de encuestaje propicia la reserva de identidad de los opinantes.
Además, no se expondría a quiénes formularon cuestionamientos
considerando el propósito anunciado: enfrentarlos.
En cuanto a revisar las encuestas contestadas, hay que decirlo de nuevo:
el material es exclusivo de Vértice, aunque pueden consultarse
datos globales u obtener una copia (impresa o electrónica) de
los mismos, como lo solicitaron algunas oficinas de prensa públicas.
Sendos mensajes a los otros miembros de oficinas de prensa gubernamentales
con iguales intenciones.
En lo personal, el punto que merece mayor atención se refiere
al conglomerado de opiniones (de periodistas que laboran en 25 Medios
de Comunicación del país) que permitieron identificar
a las “buenas”, “regulares” y “malas”
instituciones de prensa oficiales y el cuestionado manejo que dan a
la información pública.
Caben inquietudes de cuán objetivas son las respuestas de los
periodistas, pero que la mitad o más coincidan en los temas de
“desgano”, para calificar el trabajo de las unidades de comunicaciones;
que duden de la calidad de información que proveen las entidades
o se entreguen datos de forma tardía y parcial, o en el peor
de los casos, se nieguen… es para reflexionar con serenidad.
También hay coincidencias sobre el trato “desdeñoso”
y “maltratos” que reciben los periodistas, no solo en las
oficinas sino de funcionarios.
Frente a este panorama, más que dedicarse a la caza de periodistas
lo más sano puede ser una autorevisión, institucional
y particular, al interior de las unidades de prensa.
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¿Se
confirma todo con el silencio?
Ninguna institución evaluada
expresó su disposición de acogerse al “derecho
de respuesta”, luego de ser calificadas por un conglomerado
de periodistas salvadoreños.
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En números:
once miembros del gabinete, 14 oficinas públicas (en ministerios
y poderes de Estado) y 30 oficinas en autónomas, fueron evaluadas
por periodistas.
Ninguna, además de las que intentaron localizar a los periodistas
que las evaluaron, se pronunció por la lluvia de señalamientos
recibidos.
No hubo reacción, al menos pública, para apegarse
al “derecho de respuesta” que concede el ejercicio periodístico,
a las personas o instituciones aludidas por medio de una publicación.
¿El silencio de los ministros o sus representantes, de los
encargados de prensa en las instituciones públicas, significa
consentir, por apego a la verdad, la publicación?
De ser así, un trabajo encomiable espera a los funcionarios
y sus unidades de comunicaciones, en el sentido de corregir los
variados problemas que se les atribuyen, sobre todo, cuando se olvida
el carácter público —premeditado o no— de
la información que manejan las instituciones del Estado. |
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