ESPECIAL

El periodismo de los valientes

Guillermo Fernández, periodista costarricense que reside hace 4 años en Guatemala y labora en los periódicos Siglo XXI y Al Día, narra para Vértice cómo se hace periodismo en un país envuelto por el caos, la ingobernabilidad y la violencia.

Texto: Guillermo Fernández/ Fotos cortesía: Siglo XXI, Al Día Guatemala.- vertice@elsalvador.com

La muerte de Héctor ramírez fue captada fotográficamente. Su deceso provocó dolor e indignación.

La turba de encapuchados arranca su ataque de terror. Al grito de “periodista visto, periodista muerto”, la horda emerge tras la infernal cortina de fuego y humo que en pocos minutos creó.
Corren blandiendo revólveres, rifles, machetes y garrotes. Lanzan gasolina, piedras y palos mientras que de sus bocas salen insultos y amenazas.

“Quítenles las cámaras y a quemarlas”, ordenan sus organizadores, dejando claro que los periodistas habían caído en una trampa: iban tras la noticia cuando en realidad los esperaban para convertirlos en actores de sus propios relatos, entrevistas y comentarios.

Es la segunda arremetida y por ello no sorprenden al atrevido grupo de reporteros, de todos los medios informativos, que, a unos treinta metros, observan y registran en sus cámaras las acciones y hasta el rostro de algunos de los vándalos y sus dirigentes.

Sobre el concreto de la tercera avenida, en la mismísima capitalina Zona 10, los periodistas inician un “sprint” por su vida. Sólo que para don Héctor Ramírez, el mayor y más experimentado de todos, fue una carrera hacia la muerte.

A sus 65 años de edad, el gran esfuerzo físico y saber que quienes lo persiguen le quieren matar, don Héctor debió sentir muy fuerte y cercano el paso de los agresores y muy débil y cansado su corazón.
A media cuadra se desprende del grupo de colegas y busca ayuda en el vecindario.

Doña Carmen Flores, al ver en su mano el micrófono de Noti-Siete y su rostro atrapado por el horror y el cansancio, abre el portón de su casa y le da protección.

La asustada señora le sugiere que descanse mientras le trae agua. Al regresar, doña Carmen no logra que “El reportero equis” –como le llaman sus amigos y compañeros– reciba el vaso que trae en sus manos. Fallece recostado al portón de hierro que lo esconde de la turba criminal.

Cuando los bomberos logran llegar hasta él, lo encuentran aún con el micrófono en su mano.
Afuera, en las calles, sus colegas continuaban perseguidos por la turba sin que la policía hiciera nada por evitarlo.

Los agresores no esconden ser seguidores del ex dictador y militar en retiro, general Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso de la República y caudillo del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Ríos Montt lucha en las Cortes en procura de su inscripción legal como candidato presidencial, pese a existir una prohibición constitucional para quienes hayan participado en un golpe de estado.

Horas antes salían de la nada y desde todas partes. Eran como “zombis” teledirigidos que ordenadamente desafiaban el helado viento que en las primeras horas del 24 de julio pasado golpeaba la ciudad.

Máscaras, pasamontañas y hasta pañuelos, como en el viejo oeste hollywoodense, apenas dejaban medio ver sus ojos y bocas.

Rápidamente se concentraron en el Obelisco, elevado punto de referencia que también separa los rumbos hacia la
“Carretera a El Salvador”, la Roosevelt –ruta interamericana que conduce hasta México– las avenidas La Reforma y Las Américas.

Hacia apenas 48 horas, el oficialista aspirante presidencial, general Efraín Ríos Montt, había advertido la posibilidad de que seguidores eferregistas salieran de su control y actuaran violentamente.

Todo porque dos magistrados lograban impedir que la Corte Constitucional “no violentara” la Carta Magna y decidiera autorizar su candidatura, pese a estar integrada mayoritariamente por magistrados nombrados en este su gobierno y con evidente y comprobada afinidad y cercanía a su agrupación política.

En pocos minutos y durante todo el día jueves y la mañana del viernes, los “bochincheros” tomaron control de la ciudad bajo la mirada cómplice de la policía y del ejército.

La turba se ocupó rápidamente de sitiar edificios y residencias de magistrados, políticos de oposición, entre ellas la del ex presidente Álvaro Arzú.

Tierra de nadie

Las autoridades no movieron un dedo. Casi más bien parecían protectores de la muchedumbre enfurecida. La capital fue tierra de nadie. Los ciudadanos quedaron expuestos a su suerte.

Pese a que 48 horas después fue destituido el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), acusado de negligencia por el Presidente Alfonso Portillo –quien ganó la silla presidencial como candidato del FRG.

La opinión generalizada es que el jefe policial recibió órdenes “muy superiores” de no actuar y que tras los sucesos el gobierno se ha enfrascado en una serie de contradicciones, desmentidos y mentiras abiertas.

Portillo ni sus ministros, explican aún lo que ocurrió ni quienes fueron los que permitieron la toma capitalina y con ello se secuestrara a unas 700 personas al mantenerlas asediadas durante 10 horas en un complejo de dos edificios capitalino, se agrediera y amenazara a muchos periodistas, se causaran múltiples destrozos, se tomaran las sedes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Tribunal Supremo de Elecciones, edificios dispersos por la ciudad.

Una credencial de Héctor Ramírez atestigua su joven incursión al ejercicio periodístico en Guatemala.

Omar Martínez, jefe de Fotografía de Siglo XXI, relata su experiencia durante los disturbios.

“Me informaron de la quema de llantas en la 15 calle y 4a avenida, zona 10. Fui al Lugar, saqué mi cámara y empecé a realizar mi trabajo. Había tomado una fotografía cuando unas 20 personas se me acercaron, me arrancaron el carné de periodista que tenía al cuello e intentaron quitarme la cámara”.

“Yo me opuse y empezaron a gritar que los periodistas son unos hijos de la gran puta...los vamos a matar .Me asusté mucho cuando uno de los que me rodeaban me pegó en la pierna con su machete“un planazo”. Salí corriendo y me persiguieron, el piloto del picop que me llevó al lugar se dio cuenta que me corrían y al ver que me tiré en la palangana arrancó y nos fuimos, aunque todavía me tiraron un pedazo de hierro, que por suerte pude esquivar. Aún tomé dos fotos, pero me asustaron, ahí lo pensé dos veces y reflexioné que no vale la pena...”

Peor aún, los ministros de Gobernación y el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Enrique Ríos Sosa, hijo del presidenciable y líder del FRG, llegan a contradecirse abiertamente ante una comisión de diputados opositores que investiga los hechos.

Decenas de guatemaltecos acompañaron el Sepelio de Héctor Ramírez.

El primero afirmó que sí pidieron apoyo del ejército desde temprano, mientras el militar dijo que los convocaron pero muy tarde, casi al anochecer, por lo que cuando patrullaron las calles los eferregistas se habían concentrado en una plaza frente a la Corte Suprema de Justicia, donde pasaron la noche.

Al día siguiente, no obstante, la vocera y coronel del ejército, Edith Vargas, desmiente a Ríos Sosa en conferencia de prensa.

“El ejército no salió en ningún momento”, sentenció la voz oficial castrense.
Jorge Palmieri, columnista del diario El Periódico, escribió dos días después: “Con lo costoso que es para Guatemala sostener un ejército que siempre ha disparado hacia adentro y nunca hacia fuera... éste se mantuvo en sus cuarteles, tranquilamente, sin cumplir lo que ordena el artículo 244 la Constitución, de “mantener la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”, mientras en varias zonas de la capital se desarrollaban violentos disturbios callejeros de tipo fascista.       
    
Terror de Estado

En realidad todo fue planificado, dirigido y ejecutado desde y con todo el apoyo de los máximos Poderes institucionales guatemaltecos.

Fue terror de Estado. Desde las oficinas presidenciales de los poderes Ejecutivo y Legislativo se fraguó y condujo todo.
Así lo manifiesta la denuncia planteada ante los tribunales por un numeroso grupo de periodistas y que obligó al Ministerio Público a tramitar la solicitud de antejuicio para Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt como presuntos responsables de los trágicos sucesos.

En el Congreso se concentra la fuerza riosmontista encabezada por el general Ríos Montt y su hija, la también diputada Zury Ríos, secretaria del directorio del Congreso, Jefa del Comando de Campaña de su padre Efraín.
A la legisladora Zury Ríos, el diario Siglo Veintiuno la califica como “el cerebro” de los disturbios y que cuenta con el apoyo de familiares, por parte de padre y madre, también activista política y ex diputada eferregista.

La comunidad internacional evaluó los incidentes ocurridos.

Entre los “bochincheros” que han logrado identificar plenamente los diarios y la televisión, destacan, por ejemplo, tres diputados del FRG –actuaban como “mariscales de campo”–, guardaespaldas y choferes de congresistas, dirigentes departamentales eferregistas, la secretaria principal de la diputada Zury Ríos y una periodista prima hermana suya.

La comunicadora y la diputada se encargaron de coordinar la entrega de suministros: garrotes torneados para que los usaran como arma de ataque las turbas, alimentos, gasolina, cohetillos y bombetas de feria que elevaban y hacían explotar a unos 250 metros de altura a fin de evitar el vuelo de helicópteros sobre los sitios y edificios que controlaban y así impedir fugas aéreas de personas secuestradas y anular el monitoreo y reporteo de los periodistas.

Conforme transcurrieron las primeras horas de la mañana quedó bien claro el objetivo principal del enorme y aterrador operativo delincuencial: los periodistas y los medios de prensa escritos.

Primero se apostaron desde muy temprano frente al complejo de dos edificios denominado Centro Empresarial.
Allí tiene su oficinas Dionisio Gutiérrez, el empresario y líder opositor que dirige Libre Encuentro, programa de entrevistas y comentarios que divulga la televisión local.

Gutiérrez es vicepresidente del importante grupo de empresas de la familia Gutiérrez Bosch, del cual forma parte también Felipe Bosch, presidente de la Cámara de Industrias y dirigente destacado de la cópula empresarial guatemalteca.

La prensa en la mira

En sus planes estaba atacar luego las instalaciones de los diarios Siglo Veintiuno y Al Día, en la Zona 9; Prensa Libre, en la Zona 1 y Nuestro Diario y El Periódico, en la zona 14.

Ramírez (derecha), mientras ejercía su profesión.

Pero cuando se produjo la muerte del periodista Ramírez las cosas cambiaron.

Don Héctor laboraba para el monopolio de la televisión abierta, propiedad del mexicano, radicado en Estados Unidos, Ángel González, quien abiertamente ha apoyado al partido FRG y ha dispuesto que sus noticiarios favorezcan la imagen del gobierno portillista y los candidatos eferregistas, como ocurre con su cuñado, ex Ministro de Comunicaciones del actual gobierno y aspirante a la alcaldía capitalina, Luis Rabbe.

“¿Por qué tanta saña contra la prensa?”, se pregunta el periodista y columnista de Siglo Veintiuno, Édgar Rosales.
“En el régimen encabezado por Alfonso Portillo y Ríos Montt –responde el mismo Rosales–, los escándalos de corrupción han ocupado extensos espacios en los diarios. Se estima que sus funcionarios se han apropiado ilícitamente de un promedio de unos $300 mil diarios, durante los tres años y medio que llevan de gestión”.

Y es que, para empezar, el diario Siglo Veintiuno, en un trabajo coordinado con el matutino La Prensa de Panamá, realizó una extensa investigación de las operaciones ejecutadas por una red mafiosa conocida como la Conexión Panamá.

Por medio de la investigación, el Presidente Portillo, su cuñado; el Vicepresidente de la República, Francisco Reyes López y el hijo de éste, así como el Secretario Privado de la Presidencia y otros testaferros, habrían sacado millonarias sumas con destino hacia el paraíso de la impunidad, como se conoce en Guatemala al país canalero; ahí reside el depuesto mandatario de esta nación, Jorge Serrano Elías, donde debió exiliarse tras numerosas acusaciones de corrupción.

Pero son al menos diez los casos de enorme cuantía, de cifras multimillonarias en dólares o en quetzales robados al fisco, los que la prensa independiente guatemalteca ha denunciado en los años del régimen portillista.
Hay dos ex ministros y dos viceministros –uno de ellos en fuga—  cuatro diputados y 10 alcaldes eferregistas, procesados penalmente.

Además de un diputado eferregista del departamento de Izabal, quien es procesado como presunto autor intelectual del crimen de un periodista de Puerto Barrios, por denunciar acciones corruptas del político. 

Crimen y gobierno

Ciudad de Guatemala quedó en poder de los enardecidos seguidores de Ríos Montt.

El propio gobierno de los Estados Unidos, que en el último año ha ordenado retirar la visa a no menos de una docena de funcionarios, militares en retiro y a varias personas más involucradas en los ilícitos cometidos con fondos estatales.
Estados Unidos emitió el año pasado una declaración en la que expresa su preocupación tras constatar que “dirigentes del crimen organizado y del narcotráfico tuvieran vínculos estrechos con el gobierno del Presidente Portillo y que coadyuvaran en la toma de decisiones”.

Por otra parte, esta nación de 12 millones de habitantes, que recién salió de una guerra de 36 años que dejó 150 mil muertes, se mueve sobre una plataforma de arbitrariedad, en la que constantemente se niega el derecho como legalidad.

Es normal la conducta antijurídica de los Órganos del Estado, especialmente ante los periodistas. Con harta frecuencia no se les respeta. El secreto y la mentira son de curso ordinario en la actual administración gubernamental.
Hace 18 meses, el actual director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Antonio Abadio,
entonces Contralor General de la República, sacó un arma para amenazar a un periodista de Siglo Veintiuno que lo cuestionaba sobre la inoperancia de la entidad contralora en torno a múltiples casos de corrupción denunciados por la prensa.

Las amenazas y la intimidación contra los periodistas son casi cotidianas en este país. Especialmente cuando incursionan en historias “peligrosas” o investigaciones en las que resultan involucrados ciertos militares retirados, muy vinculados a círculos de poder ocultos, y en especial a fuerzas de inteligencia militar o al Estado Mayor Presidencial.

El 15 de mayo del 2000, El Periódico publicó un artículo en el que afirma que el Estado Mayor Presidencial manejaba una agencia secreta de inteligencia bajo la dirección de un general retirado.

La noche antes de que saliera en el diario la información, el reportero que la escribió fue seguido por un vehículo sin placas y recibió amenazas de muerte por medio del teléfono.

Chalecos antibalas

Efraín Ríos Montt es señalado responsable de los desórdenes.

Algo similar ocurrió con tres periodistas de Siglo Veintiuno el 23 de mayo de ese mismo año.
Un mes antes, el 27 de abril, mientras cubría una protesta callejera contra el alza en la tarifas de los autobuses de la capital, el fotógrafo de Prensa Libre, Roberto Martínez, fue asesinado por un policía privado, pese a que Martínez portaba una cámara fotográfica y estaba claramente identificado como periodista.

Tras los sucesos de la semana anterior, este diario decidió entregar y exigir el uso de chalecos antibalas a todos sus fotógrafos y tener en disposición para los periodistas que vayan a reportar sobre sucesos callejeros.
Apenas arrancando la administración portillista, el diario Prensa Libre puso al descubierto que varios legisladores habían conspirado secretamente para reducir un nuevo impuesto sobre bebidas alcohólicas.

Entre los implicados en el escándalo “Guarogate” esta el presidente del Congreso, el ex dictador Ríos Montt.
Hace un año, el 7 de junio, cuatro periodistas: Abner Guoz, de El Periódico; Marielos Monzón, de Emisoras Unidas; Ronaldo Robles, de Emisoras Unidas, y Rosa María Bolaños, de Siglo Veintiuno, recibieron amenazas de muerte de un grupo que aparentemente está vinculado a una organización de extrema derecha.

Quizás por todo lo anterior el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Carlos Morales, expresa su preocupación por la prensa.

“En este momento no hay ninguna disposición que obligue al Ministro de Gobernación y a la Policía Nacional a proteger el derecho a la libertad de informar”.

Este mismo funcionario, quien ha advertido que dos magistrados de la Corte Constitucional tienen temor de asistir solos a las sesiones de ese cuerpo colegiado, cuenta a un periodista que el jueves anterior, cuando “comenzamos a oír los gritos de desesperación de la gente, que se habían comenzado a intoxicar (con el humo de las llantas que quemaban sus captores ), llamé a Monseñor (Rodolfo) Quezada Toruño y presentamos una exhibición personal y decidimos ir al Centro Empresarial.

Llame al Ministro ( de Gobernación ) y le dije que había tomado la determinación de ir con Monseñor a este edificio a rescatar a las personas que estaban allí y lo responsabilicé a él y al Presidente de lo que nos pudiera pasar.
Además, le dije que había avisado a la comunidad internacional. A los 5 minutos comenzaron a avisar que estaban desalojando y en 15 minutos estaba evacuado”.

Ya para entonces el cuerpo de Héctor Ramírez estaba siendo retirado de la morgue por sus familiares, entre ellos dos hijos que heredaron la profesión de su padre y deberán seguir, junto a todos sus colegas, ejerciendo el periodismo ante la impunidad, la corrupción, la violencia, la arbitrariedad y el temor.

Entre los “bochincheros” que han logrado identificar plenamente los diarios y la televisión, destacan, tres diputados del Frente Revolucionario Guatemalteco (FRG).

Las amenazas y la intimidación contra los periodistas son casi a diario en Guatemala. Especialmente cuando incursionan en historias “peligrosas” o investigaciones.