REPORTAJE

Estados débiles, estados fuertes

¿Nuestro país es un terreno seguro en materia financiera? Después de vivir malas experiencias en el pasado, una sucesión de reformas ha elevado la supervisión del Estado. Pero no falta quien señale que el mayor enemigo de la sociedad es la desidia
y el encubrimiento de algunas autoridades encargadas de velar por la transparencia.

Wilfredo Hernández, Mirella Cáceres y Erick L. Lemus vertice@elsalvador.com

Pese a todo, Rodriguez Loucel dice que volvería a asumir un cargo público.

Es probable que si le pidieran depositar una cierta cantidad de dinero en una financiera que le ofrece altos intereses en corto tiempo recordaría el caso de FINSEPRO e INSEPRO y lo deseche sin pensarlo dos veces.

Pero también es muy posible que vuelva a caer en una trampa similar y -al final- se quede lamentando las consecuencias. Como dijo el ex superintendente del Sistema Financiero, Rafael Rodríguez Loucel, “estos casos acontecen y vuelven a acontecer, (porque) tenemos una mente corta porque se olvidaron casos como el de FOMIEXPORT”.

Rodríguez insiste en la debilidad del sistema debido a varios factores que inciden y vulneran la estabilidad económica de una nación.

Otras, más graves aún, por las actitudes de algunos funcionarios de “proteger” a los implicados.
Y en esto coinciden tanto Rodríguez Loucel como Jaime López, de la organización no gubernamental Probidad, cuando dicen que muchas veces lo que falla no son los mecanismos de control sino “la desidia o el encubrimiento de algunas autoridades supervisoras”.

¿Preocupante? Sí. A pesar de que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) está amparada en un cuerpo de leyes -su misma normativa orgánica y la ley de bancos- que le permite supervisar las operaciones de las entidades financieras; además de contar con una central de riesgo de deudores, sistemas contables estadísticos, entre otros, y obliga a las entidades supervisadas a aplicar la llamada norma prudencial que regula los riesgos inherentes en una financiera. Aún así parece que no es suficiente.

En teoría, legalmente estamos protegidos. Sin embargo, ante las actuaciones personales de algunos funcionarios enquistados en las entidades de supervisión, estamos expuestos porque “no hay normativas que obliguen a la rendición de cuentas de los involucrados en estos casos”, de acuerdo con López.

La protección

Rodríguez Loucel, superintendente financiero en el período que ocurrió el escándalo FINSEPRO e INSEPRO, señala que “se extienden cortinas de humo para proteger a las personas involucradas”.

Siete años antes de que se desatara el último escándalo financiero, que alcanzó cifras que rondan los mil 400 millones de colones presuntamente defraudados a más de mil ahorrantes (incluyendo entidades gubernamentales e, incluso, a la misma Iglesia Católica), había entrado en vigor el Programa de Saneamiento, Fortalecimiento y Privatización del Sistema Financiero que, entre otras bondades, establecía constituir reservas de saneamiento y ajuste de estados financieros que reflejaran la realidad monetaria de las instituciones. Es decir, que mostraran la solvencia o los posibles problemas de iliquidez que tuvieran las entidades.

Pero el escándalo demostró que a la ley le faltaban dientes. Luego de las lecciones aprendidas con FINSEPRO e INSEPRO, dos años después es reformada la Ley de Bancos y Financieras, y pasó a llamarse Ley de Bancos.

Entre las modificaciones que se le hicieron a la normativa resalta, sobremanera, el criterio de la SSF.

La potestad que tiene ahora la SSF, como ente supervisor, es mayor cuando se trata de analizar para hacer supervisión consolidada de grupos financieros como también para actuar en el caso de una captación ilegal. Eso “no era posible durante la época del fraude (de FINSEPRO e INSEPRO)”, señala un técnico de la institución al ser cuestionado sobre el tema.

Otra de las reformas importantes, de acuerdo con la misma fuente, es la creación del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD), que perseguía garantizar los depósitos del público hasta por $6,700, según el artículo 167 de la ley, en caso de disolución y liquidación forzosa de un banco miembro.
Lo que falló

Si se tiene toda esa normativa, y de hecho gran parte de ella existía desde antes del escándalo de FINSEPRO e INSEPRO, entonces ¿cómo es que fallaron esos controles? ¿Estamos protegidos actualmente ante posibles casos fraudulentos?.

Luz María de Portillo, presidenta del Banco Central de Reserva (BCR), asegura que sí lo estamos. Según ella, la legislación financiera del país se ha fortalecido.

Además, agrega, con el IGD no sólo se reforzó la normativa, sino que incorporó responsabilidades a las instituciones bancarias y auditores externos, ya que obliga a la divulgación informativa al público y tipifica como delito la captación de fondos públicos sin autorización.

Según de Portillo, la misma Ley de Integración Monetaria introduce requisitos de liquidez a los bancos con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para atender oportunamente sus obligaciones.

“En septiembre de 2002, un conjunto de reformas a la Ley de Bancos amplió las facultades de la SSF para actuar de manera correctiva y se desarrolló un proceso ordenado de salida del mercado de bancos en problemas. Con esta reforma se mejoraron las normas para la prevención y manejo de riesgos. Con base en esto, el capital exigido está en función de los riesgos que los bancos asumen”, añade de Portillo.

La SSF prefiere decir que la posibilidad de que aparezcan fraudes similares al pasado “ha disminuido” por las modificaciones legales que plantea la presidenta del BCR.
Sin embargo, dice la institución, “así como una buena supervisión es imprescindible para reducir las posibilidades de que ocurra un fraude, también lo es la disciplina de mercado. Los usuarios del Sistema Financiero deben tener cuidado en las decisiones financieras que toman”.
Probidad concuerda en parte con ambos funcionarios. Acepta que en el caso de las estafas millonarias no fallaron los controles, lo que permitió el fraude, sostiene, “fue la desidia o el encubrimiento por parte de las autoridades supervisoras”.

Rodríguez Loucel va más allá y tilda a la SSF de ser “un tigre sin dientes” porque “no tiene las herramientas jurídicas ni administrativas para operar” o al menos no las tenía durante su gestión. Sin embargo, la protección existe. La presidenta del BCR considera que la legislación actual es un pilar fundamental para la estabilidad del sistema financiero por cuanto ha sido diseñada con base en principios internacionales.

La Supertintendencia estima que los ahorrantes están conscientes de las ventajas y los riesgos del sistema bancario, así como de la calidad entre uno y otro. El público debe ser “cuidadoso dónde colocan su dinero”.

El pelo en la sopa

Como ayuda, dice, se han hecho esfuerzos para mejorar la información del sistema que se le
brinda a los usuarios. La SSF, por ejemplo, publica por diferentes medios, entre otros, cuáles son las entidades autorizadas para captar fondos “ a fin de que los usuarios sepan distinguir entre las entidades legales e ilegales y estén conscientes del riesgo que ello significa”, advierte.

Luz de Portillo del BCR observa que el mismo hecho de otorgarle a la SSF facultades legales para supervisar o sancionar (en caso de infracciones) para que actúe de manera oportuna y preventiva, es parte de la modernización, de la legislación financiera y, por ende, de la estabilidad del sistema financiero.

¿Nuestro Estado es más fuerte o débil después de casos de defraudación pública como los señalados?

El último informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2003 ubica a El Salvador entre las naciones que mantienen un grado preocupante de corrupción (ver nota aparte).
El índice juega con una escala del 1 al 10 donde quien se acerca a 1 es más corrupto, mientras que en sentido ascendente están aquellos países con sistemas de fiscalización pública más transparentes.

Por su parte, el especialista estadounidense Jim Wesberry, ex-director del Proyecto de Responsabilidad/Anticorrupción en las Américas, estima que la lucha contra la corrupción no solo requiere de instrumentos de ley. “El Salvador no es diferente respecto de sus hermanos estados centroamericanos, continentales y mundiales. La imagen de todos es mala”, dice.

Wesberry enfatiza que “los gobiernos democráticos son espejos que reflejan a sus ciudadanos. Hasta que los ciudadanos mismos lleguen a ser plenamente incorruptos e incorruptibles por medio de un cambio total de sus propios corazones, no habría ninguna esperanza de vencer a la corrupción en el planeta”.