La necesidad de combatir la grave situación del consumo de drogas en el país ha generado una proliferación de centros de tratamiento para toxicómanos, sin embargo, estos funcionan sin que haya una entidad que supervise y regule el trabajo que realizan

Texto: Wilfredo Hernández Fotos: Álvaro López vertice@elsalvador.com

El problema del abuso de las drogas se le ha escapado de las manos a las autoridades salvadoreñas.

Cada día crece más el número de adictos no sólo en las calles de las ciudades, sino en el propio seno familiar.

Datos oficiales indican que, ahora, el inicio en el consumo de drogas ha experimentado un preocupante descenso de los 16 años a los 13 años de edad. Más dramático aún es el hecho de que la mayoría de los drogadictos practican la poliadicción, es decir, consumen de dos a diez drogas simultáneamente.

“Es un problema que se ha subdimensionado y nos está quebrando la columna vertebral”, advierte Alexandra Hill, directora ejecutiva de la Fundación Salvadoreña Antidrogas (FUNDASALVA).

Además, todos los involucrados en la problemática están conscientes de que no es un fenómeno aislado, sino que carcome sin piedad las estructuras sociales más importantes.

Tanto, que el 85 por ciento de los casos de violencia social que se reportan en el país está relacionado, de alguna manera, con el consumo de droga, según datos oficiales.
Debido a eso es que se hace urgente una política integral que no sólo abarque el combate de la oferta, sino también de la demanda de la droga.

Sin embargo, ésta debe ser bien orientada y supervisada para brindar un mejor tratamiento a las personas afectadas por el problema, sostiene la mayoría de consultados por Vértice.

En los últimos años, la segunda parte de esa política ha recaído en las manos de una cantidad no especificada por las autoridades de centros de tratamiento y rehabilitación de fármacodependientes.

La mayoría actúa al amparo de una denominación religiosa, sin que haya, hasta estos días, una entidad gubernamental que se haga responsable de supervisar y regular su funcionamiento como clínicas médicas, que, en última instancia, es lo que son.

“Es como una clínica, aunque directamente, hablando de medicina, nosotros no tenemos esa facultad. Sí sabemos poner sueros y primeros auxilios; pero cuando se trata de hospital y todo eso, los llevamos”, aceptó Salvador Fierro, de Alcance Victoria.

A simple vista, el papel regulador y supervisor recae en la Comisión Salvadoreña Antidrogas (COSA), como lo acepta su directora ejecutiva, Ana Margarita Chávez Escobar. “La Comisión tiene que coordinar todas las actividades que se refieran tanto a la reducción de la oferta de droga, como a la reducción de la demanda, que es el consumo”, dijo Chávez Escobar.

Compartido
Pero la funcionaria hace una salvedad y también traslada parte de la responsabilidad a otra instancia: el Ministerio de Salud.

“Todos estos organismos que dan tratamiento y rehabilitación tendrían que estar supervisados y acreditados para ejercer sus funciones por el Ministerio de Salud Pública, porque estamos viendo al drogodependiente como un enfermo”, señaló Chávez.

¿Por qué no se hace? Las respuestas de unos pueden sonar demagógicas. Falta de recursos, de personal, de dimensión sobre la importancia del problema, tabú, etc. Otros, como la cartera de Salud, no contestó a las llamadas mientras duró la investigación.

Lo que sí es cierto es que cada día se arriesga a muchas personas a ser tratadas por personal con poca idoneidad profesional en el campo de la rehabilitación de pacientes afectados por la adicción a cualquier tipo de droga.

Muchas de estas personas pueden ser víctimas de las buenas intenciones o del relativo desconocimiento en la materia de quienes ofrecen el servicio; aunque sea gratuito. O, en el peor de los casos, por personas inescrupulosas que sólo buscan lucrarse de la problemática, que por desgracia existen.

Lo demuestran los allanamientos a algunos centros después de ser denunciados por maltrato físico y sicológico a los internos.

Uno de ellos ocurrió en junio pasado. La Policía Nacional Civil (PNC) allanó un centro dirigido por la iglesia evangélica Príncipe de Paz, en Apopa, tras ser denunciado por uno de los pacientes por maltrato.

Lamentablemente, esta práctica se puede seguir dando, pues no hay un proceso de supervisión que garantice de que ya no existan otros centros similares, ni que la institución denunciada haya abierto otra casa en otro lugar.
Por fortuna, los centros con este tipo de problemas son la minoría. Los otros tratan de hacer un buen trabajo, según las posibilidades se lo permitan, con serios problemas de hacinamiento y falta de insumos médicos o personal que lo aplique, lo que dificulta su funcionamiento.

Pero no bastan las buenas intenciones en esto del tratamiento y rehabilitación al drogodependiente. Como dice un viejo adagio “el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones”.

No se trata de dañar o empañar el buen trabajo que hacen estos centros. Sencillamente se trata de que estos realicen tan importante labor con los recursos adecuados y con la capacidad y responsabilidad que amerita el caso. La idea es potenciar lo que se está haciendo, no dañar.

De esto están conscientes todos los encargados de los centros, quienes aceptan una supervisión, siempre y cuando ésta sea para ayudar, no para perjudicar.

“Esta organización (la COSA) puede hacer una directiva con un miembro de cada centro y ver sus necesidades y ayudarle para que pueda salir adelante”, acepta Ricardo Zelaya, director nacional de Teen Challenge, un centro de rehabilitación de drogadictos.

José Sotuela, de Ministerio Remar, también está de acuerdo con la supervisión y regulación. “Sería bueno porque de la misma forma que se pueden marcar pautas de rehabilitación, también va a haber apoyo económico para los centros”, agregó.

Hill es más crítica ante la supuesta apatía de las autoridades. “Ética y moralmente es inadmisible que esté pasando esto en el país y que nadie haga nada por solventar este problema de que cualquiera pueda poner un centro de tratamiento”, amenazó.

¿Retraso?
Chávez se defiende de los señalamientos y asegura que se está elaborando un protocolo de atención al drogodependiente, pero todavía falta validarlo

Para ello recibió siete mil dólares de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la OEA (CICAD).

En un principio, como lo aseguró a Vértice, la aprobación de la validación estaba programada para el 8 de abril. Sin embargo, inexplicablemente, se le dio largas al asunto y se trasladó para el 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas.

El proceso de validación tendría que incluir a todos los involucrados en el combate del flagelo social.
Al menos así lo aceptó Chávez.

Lo curioso es que todas las instituciones consultadas por Vértice, hasta la semana pasada, no habían recibido aún una invitación formal por parte de la COSA.

Lo anterior se podría deber porque el ente gubernamental desconoce el número exacto de casas de rehabilitación que funcionan en el país, a pesar de que el Plan Nacional Antidrogas 2001-2008 establece en un apartado la realización de “estudios sobre la situación de la oferta y la demanda; programas generales institucionales para la prevención del uso indebido de drogas, para el tratamiento y reinserción del fármacodependiente”, entre otras cosas.

Para mientras llega la hora de la validación del documento, cada centro ejecuta su propio tratamiento con lo que está a su alcance, o lo que quiere o puede, a falta de un modelo unificado de atención al adicto que le dicte la manera adecuada y óptima para asistir a cada persona según sus propias características.

Si bien es cierto hasta el momento el tratamiento que dan estos centros, basado en la religión fundamentalmente, ha dado buenos resultados, en cierta medida, todavía falta mucha capacitación por parte del personal que asiste a los pacientes y de una mejor infraestructuras de las clínicas.

Documentación especializada consultada en la Internet, indica que la parte espiritual es particularmente importante y necesaria en la rehabilitación; pero hay que tener en cuenta que, en lo fundamental, el tratamiento consiste en diferentes formas de psicoterapias, en psicofármacos, en movilización de la familia y del entorno del paciente para que este logre salir del problema.

Entonces estamos hablando de una atención especializada brindada por un equipo multidisciplinario, el que no existe en estos centros, a excepción de FUNDASALVA.

Pero si no existe no es por falta de voluntad, como dicen los directores, sino de recursos económicos o de subsidios que les permitan desarrollar un mejor trabajo.

En estos centros de rehabilitación cristianos, el equipo de atención está conformado por otros rehabilitados, quienes se encargan de guiar y tratar a los pacientes mientras están internos, de una manera empírica.
Si bien es cierto también es importante la participación de rehabilitados, sostienen especialistas, se necesitan especialistas en diferentes áreas para poder responder a situaciones de ansiedad, agresividad, baja estima, propias del paciente en rehabilitación.

“Aquí no tenemos sicólogos, lo que nosotros hacemos es canalizarlos a las unidades de salud y hospitales”, confirmó Fierro.

Si se acepta que la drogadicción es una enfermedad, entonces la rehabilitación, obligatoriamente, tiene que estar dirigida por un especialista, en este caso un siquiatra, quien previo diagnóstico tiene que determinar el tipo de tratamiento a brindar.

“Hay distintos tipos de programas, porque no todas las personas que consumen drogas tienen la necesidad de ir a encerrarse”, dice la directora ejecutiva de FUNDASALVA.

En conjunto
Debe haber una política integral de prevención y reinserción acorde a las necesidades de cada uno.
La política debe estar en función de la personas para medio superar un problema que ya sacó carta de ciudadanía en nuestro país.

En ella deben involucrase de manera activa todas las entidades pertinentes, con recursos que garanticen la efectividad en el trabajo.

Una de esas entidades tendría que ser la PNC, con programas de prevención y combate a la demanda, que ya lo tiene. La División Antinarcóticos combate en desventaja el tráfico tanto callejero como a gran escala, aun consciente que la represión no es la cura definitiva.

Sus estadísticas reflejan como el número de decomisos se incrementa, cada año, a una velocidad paralela al crecimiento de la demanda.

Sólo el año pasado, el valor comercial de la droga decomisada ascendió a más de $53 millones, mientras que en 2001 sólo alcanzó algo más que los $2 millones.

Aún así, los programas de prevención que desarrolla la PNC en escuelas, colegios y comunidades tampoco están validados por la COSA, como lo afirmó Chávez Escobar.

Esto, a pesar de que “igualmente importante a los esfuerzos que hace la PNC son los esfuerzos de prevención” de otras instituciones, espeta Hill, de esa manera, el trabajo policial se vería fortalecido a la par de la labor de los centros de rehabilitación.

La necesidad de una política eficaz para la rehabilitación de toxicómanos es hoy más urgente que nunca porque el alcance del problema es enorme. Pero también se requiere de un efectivo ordenamiento en cuanto a capacitación, recursos e infraestructura para hacer de estos centros verdaderas clínicas de rehabilitación.

Pero no se trata de regular y nada más. Como dicen los directores de los centros “se trata de dar y recibir. De exigir y ofrecer”, ese es el reto que tiene la Comisión Salvadoreña Antidrogas.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD