REPORTAJE

En noviembre de 2000, Vértice publicó un reportaje sobre las irregularidades detectadas en la licitación de Revisión Técnica Vehicular, realizada durante la gestión de Ana María Majano. Dos años después, la sombra de la duda continúa sobre las empresas ganadoras del concurso. Las razones parecen sobrar. Tanto, que el nuevo Ministro de Medio Ambiente habla de realizar modificaciones al contrato que firmó su antecesora.

Claudia Zavala
vertice@elsalvador.com

Simplemente, desconfían de su solvencia técnica y financiera para otorgarles el banderillazo de salida e iniciar la Revisión Técnica Vehicular en nuestro país. Para Inceysa Vallisoletana S.L. e Icasur S.A. el momento de exprimir el jugoso contrato millonario, firmado en el año 2000, todavía debe esperar. El Gobierno justifica su negativa a dejarlas operar amparado en una supuesta escasa solidez financiera y técnica, lo elemental para otorgarles la tarea de avalar la circulación de 500 mil vehículos, durante diez años prorrogables.
Las empresas, por su parte, no han escatimado en recursos para hacer valer lo firmado. De hecho, el pasado 29 de octubre, demandaron al Gobierno salvadoreño ante un Tribunal de arbitraje internacional, por incumplimiento del contrato de Revisión Técnica Vehicular y por violación al acuerdo de inversión recíproca que existe entre El Salvador y España.
Los señalamientos hacia Inceysa Vallisoletana e Icasur han provenido, además, de dos empresas que participaron en la licitación y que, descontentas con los resultados de la misma, acudieron a la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2000, para interponer sendos recursos de revocatoria.
Se trata de Supervisión y Control S.A. y Mustang El Salvador. Dichas entidades señalaban a la ex ministra de Medio Ambiente, Ana María Majano, de haberles violado el derecho de concurrencia y de haber realizado irregularmente un procedimiento de licitación.
Pese a los argumentos y pruebas presentados, la Corte emitió su veredicto en favor de las empresas españolas, en ambas demandas. La resolución se conoció a finales del mes pasado, cerrando, de momento, la posibilidad de dar un giro legal a la suerte de las ganadoras.
Pero la polémica tejida alrededor de estas empresas no es nueva. Hace dos años, Vértice realizó una investigación sobre la licitación para el control de emisión de gases. Una avalancha de irregularidades salieron a flote, entre las que destacaba la relación administrativa y económica que ambas empresas seleccionadas, Inceysa Vallisoletana e Icasur, tenían en España. Algunos incluso se adelantaron en señalar que, de mantenerse la decisión ministerial de nombrarlas ganadoras, se estaría autorizando oficialmente un posible monopolio en el país.

advertencias previas

Antes de que se abriera la oferta económica de las empresas finalistas, las cartas comenzaron a moverse, y documentos comprometedores llegaron hasta el escritorio de Majano.
El 2 de octubre de 2000, Supervisión y Control le envió una carta en la que externaba su preocupación por diversos puntos concernientes a la legalidad e idoneidad de Icasur e Inceysa. Además, la funcionaria recibió un dossier completo sobre los antecedentes financieros y técnicos de las empresas en España. La información estaba fundamentada en datos proporcionados por Dun & Bradstreet, una firma norteamericana de referencia comercial y financiera, y por registro públicos mercantiles de España.
Los documentos detallaban aspectos relevantes, tales como el estado de quiebra en el que estaba sumergida Inceysa Vallisoletana en el momento del concurso. Dato que parecía alarmante, sobre todo, tomando en cuenta que para la ejecución del proyecto de RTV se requería una inversión inicial de seis millones de dólares.
Además, se refería a los drásticos cambios en las exigencias de las segundas bases de licitación. Según Supervisión y Control, en las segundas bases, se habían suprimido ciertos requisitos que ayudarían a garantizar la idoneidad técnica y económica de las empresas participantes (ver recuadro).
Supervisión y Control solicitaba que se suspendiera la adjudicación de la licitación, mientras no se hiciera un análisis exhaustivo de las propuestas y que todas las ofertas se pusieran a disposición de los concursantes, por ser ese el espíritu de una licitación pública.

Contradicciones

Además, la empresa invitaba al MARN a que investigara la veracidad de los datos incluidos en el dossier, por medio de la Embajada de El Salvador en España. Así Majano comprobaría si los documentos eran verdaderos, o simplemente se trataba del último recurso de un perdedor.
Sin embargo, el revelador paquete no hizo tambalear la decisión de la Ministra. El 23 de octubre de 2000, su respuesta para Supervisión y Control se afincó en un rotundo “No ha lugar”, refiriéndose a las peticiones hechas.
“En la documentación presentada por las sociedades ofertantes Icasur S.A. e Inceysa Vallisoletana S.L., no se ha detectado ninguna vinculación judicial o administrativa entre ambas”, rezaba la misiva.
Cuando Vértice tuvo acceso a la información recavada por Dun & Bradstreet, otro listado de irregularidades salió a la luz.
De entrada, había una delicada contradicción, pues los documentos presentados por las empresas que ofrecerían el respaldo técnico a Icasur e Inceysa eran confusos.
Por un lado, el administrador gerente de la Estación ITV Vega Baja, Ramón Lidón Vegara, que aportaría soporte técnico a Icasur, afirmaba que su empresa “no mantenía ningún tipo de acuerdo comercial o de colaboración tecnológica con Icasur”.
Mientras, su representante legal, Ramón Pérez Cases, se encargaba de sostener lo contrario y garantizó, vía fax enviado al MARN, el apoyo técnico para Icasur
Al ser consultado vía telefónica en España, Lidón Vegara tildó de “mentiroso” a Pérez Cases, asegurando que ni siquiera era el representante legal de ITV vega Baja.
Por otro lado, la ITV Alcantarilla, empresa que daría apoyo técnico a Inceysa Vallisoletana, presentaba el mismo problema. El representante legal, Juan Navarro Pérez, aseguraba que sí había contrato de respaldo. Mientras que Francisco González Cubero, jefe de Servicios Legales de la ITV daba crédito de lo contrario. Sostenía que por ser una institución estatal, la ITV Alcantarilla no podía hacer contratos con una empresa privada.
Cuando Majano fue consultada sobre las evidentes contradicciones en los documentos que ella recibió, no se inmutó. Señalaba, más que nunca, estar segura de que Icasur e Inceysa Vallisoletana eran las empresas que llevarían a cabo el proyecto de medición de gases en el país, a un costo de 235 colones por vehículo, una vez por año.
“Hemos hecho lo necesario para asegurarnos de que todo está bien. No es nuestra potestad legal investigar más de lo que la ley nos faculta. No soy detective”, acotó.

“No están en el país”

El entonces principal asesor de la Ministra, Edgar Hasbún, defendía la postura de la funcionaria sobre un argumento claro: “No creo que estas empresas se arriesguen tanto y mientan, porque tendrían que pagar la fianza de fiel cumplimiento después de firmar el contrato. Nosotros no perdemos, porque siempre cobraríamos la fianza, que es el 10% del valor del contrato por el primer año”.
Sin embargo, labor de detective es la que ahora está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. A dos años de firmado el contrato, los ocho centros de operación no han comenzado a funcionar. La confianza hacia las empresas ha disminuido todavía más al conocer que han sido demandadas por algunos de sus proveedores.
Uno de ellos es A&T, cuyo representante, Rolando García, asegura que ha demandado a Icasur e Inceysa por 21 mil 600 y 22 mil dólares, respectivamente, por incumplimiento de pago del trabajo realizado en los centros de operación ubicados en Quezaltepeque y el Sitio del Niño.
Mientras tanto, Joaquín Alviz Victorio, administrador único de Icasur y Antonio Martínez Lavado, administrador de Inceysa, no quieren dar la cara. De hecho, nadie de Icasur acudió al citatorio hecho por el Juzgado Segundo de lo Mercantil, el miércoles 13 de noviembre.
Vértice se contactó a las oficinas y en ambos lugares dijeron que “los señores estaban fuera del país y no se sabe cuándo regresarán”.
Mientras, Juan Luis Molines, de la Unión Transitoria de Empresas, UTE, consorcio del cual también Icasur formaba parte para el trabajo de “Ampliación y mejoras de una planta de tratamiento de aguas en El Salvador”, no da razón de Victorio.
Molines aclara escuetamente que “ya no tienen nada que ver con Icasur, porque el proyectó se concluyó en mayo y ya no han tenido relación”.
El Ministro de Medio Ambiente, Walter Jokisch, había prometido una entrevista con Vértice desde la semana anterior, por medio del encargado de prensa Angel Iraheta.
Sin embargo, luego de más de una semana de espera dijeron que “todavía están preparando la información que se tiene que dar a conocer”.
Por el momento, sólo se sabe que el Jokisch tiene serias intenciones de hacer cambios en el contrato, de comprobarse las irregularidades que su antecesora obvió. Habrá que esperar los resultados de las diligencias gubernamentales y el proceso que seguirá la demanda interpuesta en España, en contra de El Salvador.