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 10 de noviembre de 2002 |
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 La
Columna Ernesto Villalobos  vertice@elsalvador.com
Una sorpresa burocrática Como muchos salvadoreños, siempre he tenido una mala imagen de las oficinas de gobierno y es mucho peor cuando se trata de aquellas que ofrecen algún tipo de servicio al público. Lo primero que se me viene a la cabeza es que al llegar a una de ellas me voy a encontrar con grandes filas y con una mujer sobremaquillada detrás de una ventanilla, más interesada en comentar el último capítulo de la novela con su compañera de al lado que en resolver mis problemas. Ese tipo de prejuicios siempre llevan a desconfiar de todas las instituciones del estado y a pensar que la gente de a pie estamos predestinados a que “nos lleve la calaca”, sin que nadie haga valer nuestro derechos. Así pensamos que la policía no cuida, que la Fiscalía no investiga, que el sistema judicial no juzga, que el ISSS no cura y la lista sigue. Nunca faltan aquellos quienes argumentan que se debe darle una oportunidad a las instituciones, armándose de paciencia y buena fe en el Estado de Derecho. Por desgracia, mis experiencias con los burócratas no habían sido muy halagadoras, hasta que un incidente me hizo cambiar de parecer: hace unos meses, un amigo de lo ajeno me pidió cortésmente, con pistola en mano, que le entregara mi celular, y cuando a uno le piden de buena manera las cosas, no queda más remedio que hacerlas. Inmediatamente, avisé a la compañía celular de lo ocurrido y les pregunté qué más debía hacer para desconectar la línea y evitar más cargos; uno de los encargados de atención al cliente contestó: simplemente “nada”. Sin embargo, las facturas siguieron llegando y al reclamarles dijeron que el bloqueo por robo no incluye la desconexión de la línea por lo que el número seguía activo y debía pagar los cargos. Me pareció injusta la actitud de la empresa, por lo que reclamé en la Dirección de Protección al Consumidor (DPC). En ese momento, daba la causa por perdida, por la imagen negativa que tenía de las instituciones de gobierno; pero al llegar a la DPC me encontré con algo totalmente distinto a lo que pensaba, los encargados de recibir el reclamo demostraron real interés por resolver el problema. El proceso de citatorios y de llevar de un lado a otro documentos, duró más de dos meses, mientras, la empresa presionaba para que cancelara la deuda. Esta semana, por fin el representante legal de la empresa contestó al citatorio de la DPC y se presentó para conciliar en el caso. Fuera cual fuera el desenlace, la actitud de la empresa de acudir a la audiencia, me demostró varias cosas: que comerciantes serios (como el de mi reclamo ) sí respetan las leyes, que la DPC no es una oficina decorativa y que, en algunos casos, se debe dar un voto de confianza a las instituciones del Estado. ervillalobos@elsalvador.com
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