NOTARIOS EN LA PENUMBRA

¡Corte mentirosa! ¡Abogados ineptos! ¡Examen mal hecho! ¡Educación en crisis! Los gritos del hígado no se han hecho esperar, después del desproporcionado número de reprobados en el pasado examen de notariado. En un intento por descubrir los nudos que confrontan a “víctimas y victimarios”, unos hablan de un posible objetivo secreto de instaurar un examen para aspirar a la abogacía y, otros, de una reforma a la Ley Orgánica Judicial, para resolver de tajo la situación.

Redacción Vértice
vertice@elsalvador.com

A los abogados salvadoreños les llueve sobre mojado. Después de ser duramente criticados por por un fiscal especial, la Corte Suprema de Justicia los deja hoy sin aliento ante los desastrosos resultados de una prueba que los autorizaría como notarios. El 0.6% fue la cifra del descrédito. Y se convirtió en la gota que no cupo más en el vaso de las historias guardadas sobre este tema. Por eso, muchos ahora deciden hablar.

“La gente cree que los problemas son nuevos, como hasta ahora lo han visto en los diarios... pero la verdad es que se trata de una situación antigua, y eso la Corte no lo puede negar”, dice un joven abogado, miembro de uno de los bufetes más reconocidos del país y que reprobó la prueba.

Vértice habló con un grupo de abogados que se sometieron a la prueba, sin obtener buenos resultados. Entre ellos se encuentran personas con un promedio universitario superior a ocho y que incluso fueron exonerados de su trabajo de tesis por su alto rendimiento. Los consultados aceptan que, efectivamente, entre los examinandos había gente sin la suficiente preparación en notariado y sin las bases universitarias en general necesarias para rendir una prueba de esta naturaleza. Sin embargo, argumentan que uno de los puntos de asombro es la publicidad que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo de los resultados, incluso antes de conocerse los nombres de los aprobados.
“Nunca antes había ocurrido esto. Tampoco antes un Magistrado se había expresado de forma tan irresponsable e irrespetuosa como lo hicieron esta vez”, dice uno de ellos, refiriéndose a las declaraciones de un funcionario que dijo que ni siquiera habían entendido que era lápiz lo que tenían que utilizar, no lapicero.

Recuperar la imparcialidad y cristalinidad de la prueba fue, al parecer, el objetivo de la Corte al cambiar la metodología.

Al menos así lo sostiene el magistrado Mauricio Clará, miembro de la Comisión Especial que delegó la CSJ para realizar el examen.

Clará acepta que el procedimiento para autorizar a los notarios estaba en entredicho: “Se escucharon afirmaciones negativas que hicieron reaccionar a la Corte, para superar posibles imputaciones que desacreditaban el mecanismo que se utilizaba. Pueda ser que haya responsabilidad administrativa de la Corte”, admite.

Descréditos tan fuertes que lindaban en la ilegalidad de una prueba que está encaminada a designar en una persona la fe pública del Estado. Es decir, el notario es aquel que da fe, en nombre del Estado, de un hecho o de una decisión tomada por particulares. Su palabra sólo puede ser rebatida a través de un juicio de nulidad de fe notarial en los Juzgados de lo Civil, proceso que puede durar hasta diez años.

De hecho, en los últimos cinco años, ningún Juzgado de lo Civil de San Salvador reporta procesos de este tipo.

El desprestigio de la prueba tambaleaba, más que en la cuerda académica, en la ética. En los días previos a los exámenes programados, los pasillos de la CSJ y del Centro Judicial Isidro Menéndez eran escenarios de lo que los mismos abogados consultados califican como el “mercado negro judicial”.

Simplemente, la prueba se filtraba. Los precios han oscilado en los últimos años entre los 10 mil y los 25 mil colones. La CSJ lo sabe y, según Clará, se han hecho investigaciones entre sus empleados, “pero cada quien se cubre; además, no dejan huellas”, asegura.
El cuestionario para responder la prueba del 28 de septiembre presuntamente se filtró (ver recuadro). Algunos sostienen que la CSJ lo supo y por eso cambió la prueba nuevamente, pero esta tesis no ha sido confirmada.

Compadres y padrinos
“Nadie va a su bautizo sin padrino”, comentó un magistrado a un examinando, justificando así su inclusión en la lista, sin seguir los pasos requeridos.|

El “padrinazgo” o tráfico de influencias es otra de las prácticas que, al parecer, se han suscitado en los últimos años en la CSJ. “Hay gente que se gradúa, se autoriza como abogado y al mes ya se está examinando como notario y pasa. No respetan el orden cronológico que supuestamente debe seguirse. Los meten en las listas por recomendaciones de ‘arriba”, afirma uno de los abogados con los que Vértice conversó.

El jefe de la Sección de Investigación Profesional de la CSJ, Alfredo Flores Molina, explica que antes los exámenes eran de grupos conformados por 75 examinandos. Las pruebas eran elaboradas y revisadas por cinco comisiones, integradas por tres Magistrados cada una. Los exámenes se realizaban cada tres meses, es decir, cuatro veces al año. Si se hace un promedio de las cantidades que se manejaban hace tan solo dos años, se obtiene que había un promedio 300 examinandos evaluados cada año. ¿Cómo es posible, entonces, que habiendo esperado sólo un año sin hacer pruebas, se hayan acumulado dos mil examinandos, que son los evaluados en septiembre y octubre de 2002?

Flores Molina detalla que el último examen se hizo el 1 de diciembre de 2001, pero que con la nueva metodología de opción múltiple con revisión de lector óptico (ver módulo aparte) es posible examinar a más abogados.

“Se nos pidió el reporte de las solicitudes pendientes hasta el 28 de agosto de 2002. Eran 2,117 en total. Esos son parte de la mora que tenía la Corte. Los Magistrados no daban a basto con todo lo que tenían que revisar antes. Además, los terremotos también influyeron”, dice.
Sin embargo, algunos abogados piensan que todo ese rezago de solicitantes que hoy se examinó eran parte de los que continuaban en espera por años, porque no se respetaba el “orden de llegada” de la solicitud, “y sólo se llamaba para examinarse a los que tenían conectes”.

Reforma de ley
“Hay fuertes rumores de que lo que la Corte quiere es hacer un examen para autorizar abogados, porque ya habemos demasiados, y fuimos los chivos expiatorios para justificar eso”, declara uno de los consultados.

“La Corte sostendrá que los abogados salen tan mal formados que tienen resultados así de desastrosos, y por eso es necesario examinar incluso para ser abogado”, abunda otro.
La idea no parece descabellada, sobre todo tomando en cuenta que en otros países los Colegios de Abogados son los que se encargan de examinar a sus profesionales también para la abogacía. A juicio de Flores Molina sería bastante conveniente, considerando que con el apogeo de las universidades privadas sin mayor control, en la década de los noventa, se disminuyó mucho la formación académica de los profesionales de las leyes. “La autorización masiva de abogados debe controlarse” afirma, al tiempo que revela que, actualmente, existen cerca de 8,200 abogados autorizados. De esos, casi el 50% es notario.

El magistrado Clará va más allá: Sostiene firmemente que él nunca ha sido partidario de evaluar a través de exámenes. Cree que lo conveniente sería adiestrar y capacitar, por un período de uno a dos años, a los abogados para ser autorizados en el ejercicio del notariado. “Y que ese abogado tuviese un tutor que certifique que ya está apto para desempeñar la función notarial. Así era antes y funcionaba mejor”, acota.

Clará sostiene que incluso la Corte presentó, hace cuatro meses, un anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica Judicial, en el que menciona varias opciones para evaluar al examinando, sin atarse a un método en específico. “No le puedo dar más detalle, porque está en discusión en la Comisión. Pero la responsabilidad ya no es de la Corte desde el momento que hay un anteproyecto para cambiar la metodología de evaluación”, argumenta.

¿Instrumento ideal?
Los resultados desproporcionados de la primera evaluación podrían impugnarse o invalidarse, porque es evidente que algo falló.

Así lo sostiene Agustín Fernández, pedagogo y jefe del departamento de Educación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, Agustín Fernández, quien considera que hay un fallo evidente en la estructura del test proporcionado en la evaluación del 28 de septiembre.
“No conozco la prueba pero, a juzgar por los resultados, es imposible que el instrumento esté bien hecho”, señala.

Fernández cree que, posiblemente el error puede estar en la no validación de los ítemes que se incluyeron, o en que la hoja de respuestas que facilitó la CSJ haya contenido errores.
Por su parte, Henry Fino, de la Fundación para el Estudio y la Aplicación del Derecho, FESPAD, detalla que con el sistema de evaluación de opción múltiple no es posible medir objetivamente el conocimiento y capacidad de un profesional del Derecho.

“Este tipo de prueba es adecuada para medir conocimientos de ciencias exactas, como química o matemática. Pero en Derecho, hay muchas excepciones y circunstancias que pueden cambiar las cosas. No puede decirse un sí o un no absolutos”, explica.

FESPAD fue una de las entidades que impartió cursos de preparación para realizar el examen de notariado. El costo era de 1,600 colones por 36 horas de estudio. Fino aclara que dicha oferta académica no incluía la garantía de aprobar el examen. “Es imposible garantizar algo así, es antiético”, añade.

Incluso Magistrados impartieron cursos de preparación. La oferta del magistrado Mauricio Ernesto Velasco Zelaya apareció en los principales rotativos a mediados de agosto. Velasco integraba el equipo de catedráticos que el bufete “Portillo-Cuadra, abogados y notarios” ofrecía. De ahí que algunos abogados consideren “hipócrita” la acusación de estos mismos funcionarios, cuando señalan que es la educación la principal falla.

“De la Corte actual, una buena parte de Magistrados han sido nuestros maestros. ¿Cómo critican, entonces, la formación que ellos mismos nos han dado?”, cuestiona uno de los entrevistados (ver recuadro)

Por su parte, el magistrado Napoleón Rodríguez Ruíz, durante la realización de la segunda prueba el domingo 27 de octubre, disparó un dardo que apunta al blanco que a muchos notarios no les pareció extraño: La propuesta de autorizar un notario por cada diez o quince mil habitantes. Consideró emular el sistema europeo en el que sólo se autorizan más abogados cuando un titular muere.

Habrá que esperar los resultados de la segunda prueba, para realizar una minuciosa e integral evaluación para descubrir dónde están las fallas dentro de todo este berenjenal. Y, por qué no, considerar modificaciones en un instrumento fuertemente cuestionado porque, como acepta el magistrado Mauricio Clará, “de que tiene imperfecciones, las tiene”.

“El problema no es sólo la educación”

El ministro de Educación, Rolando Marín, y el director de Educación Superior, Adalberto Campos, aseguran que los desastrosos resultados de la prueba de notariado no son sólo responsabilidad de la formación académica que reciben en las universidades, tal como lo sostuvieron algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ernesto Villalobos
vertice@elsalvador.com

A juicio de los titulares, es necesario hacer una evaluación profunda de las razones que están relacionadas con el bajo resultado de los examinandos. Señalan una urgente necesidad de equiparar y coordinar el perfil del profesional que requiere la CSJ con el que están formando las universidades, a través de una periódica revisión de los programas de estudio.

Vértice: ¿Qué piensa de las aseveraciones hechas por algunos Magistrados, a raíz de los resultados del examen de notariado?

¿Cree que la responsabilidad es de la educación que los abogados reciben en las universidades?
Rolando Marín: Hay que hacer una clara diferenciación entre lo que son los estudios de Licenciatura en Derecho y lo que es el ejercicio profesional. En lo primero tenemos relación, pero en lo segundo tiene que ver nada más la Corte. Ahora, cuando algunos Magistrados afirman que la educación está en crisis no están refiriéndose únicamente al Ministerio de Educación, sino a todas las universidades privadas y pública. Por eso una afirmación de esas es delicada porque abarca a todo el universo de educación superior.
Cuando un grupo de abogados realiza un examen y la mayoría reprueba, es necesario preguntarse dónde está la falla y buscar, de manera responsable, los diferentes factores que pueden haber influido en los resultados. Es como cuando un maestro reprueba a todos sus alumnos... se pregunta,

¿es que soy yo el que estoy fallando?, ¿es el examen el que está mal? ¿o son los alumnos el problema?

Vértice: Hay que hacer una evaluación integral entonces...
R.M.: Claro. Primero, hay que ver si es una prueba que evalúa lo que ellos aprendieron en la universidad, porque pudiera darse que lo que se evaluó no formó parte de su preparación, por ejemplo. Eso se consigue mejor cuando se coordina y hay un acercamiento entre el empleador, que en este caso es la Corte, y los formadores, que son las universidades, para definir cuál es el perfil y conocimiento requeridos, y ver si eso estaba plasmado en la prueba. Y ahí sí es responsabilidad del Ministerio de Educación verificar si las universidades realizan lo necesario para preparar mejor a sus estudiantes, a través de la revisión de sus planes de estudio.

Vértice: Pero ahora mismo, con los pésimos resultados obtenidos, ¿qué puede concluirse en el aspecto educativo?
R.M.: Hay que evaluar cuatro puntos: Primero, la estructura y contenido del test. Segundo, si los contenidos evaluados corresponden a los programas de las universidades; tercero, debe revisarse la práctica profesional, para ajustar sus beneficios y, cuarto, evaluar el perfil de los estudiantes y los requisitos que exigen las universidades para admitirlos.
Adalberto Campos: Yo no conozco el contenido del examen, pero por experiencia le puedo decir que, generalmente, muchos creen que los exámenes de opción múltiple son fáciles. Pero los distractores que pueden darse son mayores. Si la persona no lee e interpreta bien, es fácil que se pueda inclinar por la respuesta incorrecta, porque hay similitud entre las opciones. Por eso las preguntas deben elaborarse con muchísimo cuidado.

Vértice: ¿Pudo haber errores en la elaboración de la prueba, entonces?
R.M.: No conocemos el contenido. Pero sí le puedo decir que la construcción de ítemes para este tipo de pruebas de opción múltiple es toda una ciencia. Primero se determina qué contenidos se quieren evaluar y luego se seleccionan aleatoriamente, previa a una validación. No puede examinarse sin haber validado los contenidos a evaluar.

Vértice: ¿Por qué en el listado de abogados que publicó la CSJ para someterse al examen de notariado aparecen algunos nombres de profesionales cuyo título no fue registrado en el Ministerio de Educación?
A.C.: Nosotros no tenemos facultades para anular títulos. El Ministerio de Educación sólo ve si el título ha sido obtenido bajo las reglas legales que rigen a la universidad. Pero en el sentido estricto de la legalidad no podemos invalidar el título. Mientras no haya una instancia que los invalide legalmente, ellos siguen siendo Licenciados en Ciencias Jurídicas, y pueden someterse a cualquier examen.

Vértice: ¿Y qué instancia debe invalidarlos entonces?
A.C.: El mismo poder judicial debe hacerlo. Deben actuar a partir de una denuncia o actuar de oficio. El MINED ha hecho la denuncia ante la Fiscalía en los casos en los que ha habido signos de falsedad. Para los casos en los que ha habido irregularidad, que es diferente, ya se designó un fiscal especial que elaboró un informe con los resultados.