LIBERTAD AL MEJOR POSTOR

En lo que va del año, 3,789 casos ventilados en diversos tribunales del país se han conciliado. Pero la autorización a esta salida alterna no siempre refleja un verdadero acuerdo entre las partes, o un arrepentimiento real del imputado. Muchas veces, el miedo a represalias, la falta de tiempo para acudir a las audiencias y los problemas económicos son fuertes razones para “olvidarse” de todo. Incluso de homicidios

Claudia Zavala/Ernesto Villalobos/Iván Gómez
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Mientras subía al autobús, una mano registró hábilmente el bolso de Marina, sacando el reloj que ella se había quitado por precaución.
El pasajero que subía detrás de ella, la alertó con un gesto disimulado, señalándole hacia donde había huído el delincuente. De inmediato, la joven bajó del bus asustada, y encontró cerca de una cuadra a un policía, a quien rápidamente le relató lo sucedido.
El policía anunció a sus compañeros, con ayuda de radio, la dirección por la cual se dirigía el hampón. La persecusión no fue difícil pues, pese a estar en pleno centro de San Salvador, el tráfico congestionado y la multitud de gente de esa hora pico, impidió que el joven lograra escapar.
Unos quince minutos bastaron para aprehenderlo. Marina, entonces, decidió denunciarlo ante las autoridades. Fue así como su caso llegó a un Juzgado de Paz de San Salvador. En la audiencia, se enteró que el joven que había extraído su reloj apenas rondaba los 18 años y, al parecer tenía problemas de drogas. El abogado defensor del muchacho, antes de iniciar la audiencia, le propuso la conciliación penal (salida anticipada al proceso). Como el delito se tipificó como hurto simple, cuya pena no excede los tres años de cárcel, admitía esta posibilidad.
Marina decidió hacerlo. Sus condiciones fueron sencillas: su prenda fue devuelta intacta, se le reconocieron 225 colones en pago de su día de ausencia laboral, por asistir a la audiencia, y el muchacho se comprometió a asistir a un centro de rehabilitación para drogadictos.
Los casos de hurto simple son de los que suceden con mayor frecuencia y que llegan a resolverse judicialmente por la vía de la conciliación, según explica Paula Patricia Velásquez, jueza Décimo Primero de Paz de San Salvador.
El artículo 32 del Código Procesal Penal detalla los tipos de delitos que pueden ser conciliables: los delitos contra el patrimonio o de contenido patrimonial, homicidio culposo, lesiones, delitos de acción pública previa instancia particular, delitos sancionados con penas no privativas de libertad y delitos menos graves.
En los Tribunales de Paz capitalinos no existe una estadística específica del número de conciliaciones autorizadas clasificadas por delitos. Solamente existe un número total o monto mensual, que se envía, en calidad de informe, a la Corte Suprema de Justicia.
Las razones por las cuales una víctima decide conciliar son motivos personales que probablemente un juez nunca llega a conocer. Así lo afirma Velásquez: “Nosotros siempre preguntamos por qué quiere conciliar, generalmente nos dicen que es por falta de tiempo. Pero muchas veces sospechamos que no es así”, dice.
Entre esas motivaciones no admitidas, Velásquez menciona como fundamentales el miedo a represalias y la falta de confianza en el sistema de justicia.
En los casos en que ese miedo persiste, a tal punto de que la víctima ni siquiera se presenta a la audiencia de conciliación, generalmente el caso se frustra. Son los casos en los que, por ejemplo, continúa el proceso en etapa de Instrucción; el imputado pasa detenido un año y en la etapa de Sentencia es absuelto, por falta de pruebas. “Imagínese cómo se pone a trabajar todo el sistema inútilmente. Y todo el gasto que significa para el Estado un caso así... Son más comunes de los que nosotros imaginamos”, señala.

Reincidencia sin control
Los Juzgados de Paz no cuentan con recursos informáticos para verificar la reinciden-cia de un delincuente.

Este es un aspecto delicado, si se toma en cuenta que la Ley es clara al decir, siempre en el artículo 32 del Código Procesal Penal, que “No podrán conciliarse los delitos cometidos por reincidentes, habituales o los que hayan conciliado delitos dolosos...”.
Sin embargo, cualquier delincuente que cometa dos o más veces el mismo delito, si la suerte se lo permite, podrá conciliarse el mismo número de veces que haya cometido la violación a la ley.
La única manera, según Velás-quez, de que se le niegue la conciliación es que el imputado “caiga” otra vez en el mismo Juzgado.
“Pero si cae donde la vecina, ¿cómo hago yo para saberlo? ¿Cómo sé yo si el tipo ha conciliado antes con algunos de los otros 14 jueces de Paz de San Salvador?”, se cuestiona.
La jueza asegura que, a veces, cuando algún imputado le despierta la sospecha de ser un reincidente, manda pedir a la Policía sus antecedentes policiales, para verificarlo. “Pero ellos se tardan hasta una semana en enviar los datos. Y nosotros sólo tenemos 72 horas para resolver. Por eso, a veces, sin tener eso autorizamos la conciliación”, declara.
Por su parte, el subcomisionado Héctor Raymundo Mendoza Cordero, jefe de la División Regional Metropolitana de Investigaciones explica que, cuando la Policía remite al delincuente hacia los Tribunales, en su expediente éste ya lleva detallados sus datos policiales.
“En el país no hay muchos delincuentes, sino muchos reincidentes”, dice. Y menciona, a manera de ejemplo, el historial de un delicuente capturado un total de veinte veces, en Santa Ana.
En todo caso, y según Gerardo Cisneros, asistente del Coordinador Nacional de la Procuraduría General de la República, lo adecuado es solicitar informes a la Dirección General de Centros Penales, pues lo que interesa para establecer la reincidencia delincuencial son los antecedentes penales, no los policiales.
Cisneros, quien representa al ente que, durante las audiencias, es el que aboga por la autorización de conciliaciones, detalla que, en lo que va del año, se han conciliado 3,789 veces en todo el país, en delitos cometidos por adultos, y 549, en delitos cometidos por menores.
La PGR tampoco tiene estadísticas en detalle de cuáles han sido los delitos conciliados, sólo registra la cifra global. Sin embargo, Cisneros explica que luego de que un defensor público recibe un caso, lo primero que hace es clasificarlo para saber si es conciliable o no.
Si el imputado está en condiciones de llegar a un acuerdo, inicia el proceso de persuasión o convencimiento hacia la víctima para que acepte. “Básicamente, se convierte en aquello de ‘cuánto tengo, cuánto te doy’, una verdadera negociación o cabildeo antes de la audiencia, hasta convencer a la víctima”, resume.
Cisneros asegura que antes incluso se visitaba a la víctima en su casa, para proponerle la salida alterna. Pero ahora, “por problemas con el transporte”, lo hacemos un rato antes de que inicie la audiencia.

El pago es relativo
¿Cómo se calcula el pago que se da a una víctima de violencia intrafami-liar? ¿O el impacto sicológico de un accidente de tránsito?

No existen tarifas establecidas para calcular el monto económico que debe establecerse como pago en una conciliación, según el delito cometido. Cisneros argumenta que, en los delitos en contra del patrimonio, como el hurto simple, generalmente lo que se pide es el costo de la prenda, en caso de no devolverla intacta, y el promedio de dinero que pierde de día laboral, por asistir a la audiencia de conciliación. Con lesiones por un accidente de tránsito casi siempre se dan ciertos “inconvenientes”.
“Es difícil tasar la salud. Algunos Jueces lo resuelven diciendo que paguen los gastos médicos. Pero, cuando hay impacto sicológico también es complicado, aunque se puede establecer que pague las terapias de rehabilitación”, enfatiza.
Por su parte, la jueza Velásquez señala que en el proceso de negociación del pago es importante velar por que se respeten los derechos de ambas partes y se eviten los abusos.
“Si una víctima sale con que ‘Ay, el susto que me dio fue fuerte y pido 5 mil dólares para sentirme mejor’... Perdóneme, pero no puedo autorizar la conciliación”, acota.
En ocasiones, la víctima no está interesada en el dinero. Más bien, en que la repetición del hecho se evite a toda costa. Por eso, cuando los imputados resultan ser drogadictos o alcohólicos, se les pide que ingresen a centros de rehabilitación para su recuperación. De recomendar asistencia profesional, el Tribunal está obligado a solicitar un informe mensual al lugar de curación, para dar fe de que el imputado está cumpliendo con las condiciones de la víctima. “Hay gente que hasta le ofrece trabajo al imputado, con tal de asegurarse de que va a cambiar su conducta”, relata.
Según la experiencia de Velásquez, el imputado con tal de no ir a la cárcel, acepta todas las condiciones para resolver la situación.
Otro de los delitos sujeto a conciliación es la violencia intrafamiliar. Los acuerdos logrados tienen que ver con cambios de conductas, para que los abusos terminen. Obviamente, el componente de confianza de parte de la víctima es fundamental.
“En este delito, no todos los Jueces concilian, porque creen que permitir que el agresor regrese al hogar, posiblemente, es estar condenando a la víctima a algo peor”, explica Cisneros.
Cuando no se cumplan las condiciones pactadas en la conciliación, la Ley establece que el procedimiento continuará como si no se hubiese conciliado, es decir, que pasa a etapa de Instrucción donde, si el imputado no da la cara, se le declara rebelde y se gira orden de captura.

¿El precio de la vida?
Fiscales y policías coinciden en que no deben conci-liarse homicidios, por violentarse el máximo bien jurídico.

El reciente caso de una niña de ocho años muerta por una supuesta bala perdida trascendió a la opinión pública. No sólo por tratarse de una menor, sino porque se conoció que su madre habría conciliado con uno de los imputados por la cantidad de 5 mil colones.
En el hecho, también resultó herido otro niño, de seis años, cuya madre recibió 3 mil dólares, para “solucionar” las cosas. El imputado era un menor de edad (ver recuadro).
Mendoza Cordero explica que la Ley del Menor Infractor establece, en el artículo 59 que todos los delitos o faltas son conciliables, excepto los que afectan “intereses difusos de la sociedad”. Pero esta doctrina ha sido bastante cuestionada por fiscales e incluso defensores públicos.
Según el policía, el riesgo con esta condición no especificada en la ley es que existe la posibilidad de que los menores puedan conciliar en delitos graves, como homicidios dolosos o violaciones.