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El pasado jueves 26 de septiembre fue un día muy especial en la historia del derecho de acceso a la información pública. La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas a la Ley de la Corte de Cuentas que tiene por objeto sesgar información, que es de interés público, a los ojos y oídos de la prensa y la ciudadanía en general.

A partir de este momento, el artículo 46 (que rezaba que los “informes [de auditoría] tendrán carácter público”) cambió en su esencia, ya que la reforma que fue aprobada sostiene una enorme variante. Desde ahora “los informes de auditorías serán suscritos por los funcionarios de la Corte que el reglamento establezca y tendrán carácter público, una vez se haya emitido resolución exonerando de responsabilidades o haya sido declarada ejecutoriada la sentencia en el juicio de cuentas”.

Tal como estaba redactado el artículo 46, la prensa especializada tenía a su disposición un instrumento de ley para que las auditorías fueran de conocimiento público, siempre y cuando, hubiese concluido la investigación de los auditores gubernamentales y hasta que la información fuera discutida con los titulares de las entidades públicas investigadas.

Pero la nueva redacción del artículo 46 le cierra las puertas en las narices a todos y le abre las ventanas al encubrimiento de la corrupción y sus protagonistas.

Hace una semana, el Presidente FranciscoFlores recibió un mensaje firme de parte de los directores de los medios de comunicación, los periodistas, Probidad y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en contra de la violación al derecho a la información.

Es imposible quedarse de brazos cruzados e imaginar que una fuente sea penalizada por revelar información que es de interés público, a pesar que no se afecta la presunción de inocencia de nadie por la publicación de los contenidos.

¿A qué apuesta la presidencia de la Corte de Cuentas? ¿Al fomento de la cultura de la no denuncia? ¿ Al encubrimiento?

Está claro que desde hoy los informes de auditoría tienen carácter secreto mientras no finalice “la fase de determinación de responsabilidades o de juicios de cuentas”, que tardan años y no meses. Para muestra, un botón: el caso FIS está en el olvido. La reforma es una obstrucción grave para que la ciudadanía sepa cómo están siendo administradas las instituciones y los recursos públicos, justamente aquellos que salen del bolsillo de quienes pagan sus impuestos.

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