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Nadie escapa al ojo avizor del gobierno de Estados Unidos, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Reuniónes de grupos políticos o religiosos; incluso, conversaciones entre un reo y su abogado, dentro de un penal, son monitoreadas al amparo de la “seguridad nacional”.

Vértice/Agencias
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El gobierno estadounidense ha impuesto numerosos límites a los derechos legales de sus habitantes en momentos en que libra una guerra contra el terrorismo, alterando de raíz el delicado equilibrio de la libertad y la seguridad en el país.

Los cambios, incluida la autoridad de encarcelar indefinidamente a norteamericanos en casos de terrorismo, sin presentar cargos ni otorgar el derecho a defensa legal, amplían sustancialmente la capacidad del gobierno para efectuar investigaciones, detenciones y juicios.

Abren las puertas que dan acceso a lo privado del individuo en tanto cierra las compuertas de las operaciones que lleva a cabo el gobierno. Parece diluirse la idea de que el ciudadano respetuoso de la ley no puede ejercer su derecho a asociarse libremente con otros ciudadanos que también la cumplen, sin verse amenazados por el ojo avizor del gobierno.

El gobierno del presidente George W. Bush no abusará de estos amplios poderes, aseguró Viet Dinh, asistente del secretario de Justicia.

“Creo que hay seguridad y por lo tanto la libertad puede florecer y esa libertad no puede existir si no se tiene orden y seguridad”, sostiene.

Pero los propios simpatizantes de las medidas advierten sobre sus riesgos. “Uno reza para que estos poderes sean usados en forma responsable”, dice Charlie Intriago, ex procurador federal y experto en fraude fiscal, residente en Miami. Las nuevas disposiciones podrían ayudar a interceptar las operaciones financieras de los terroristas.

La “Ley Patriot”, el proyecto aprobado a toda prisa por el Congreso y firmado por Bush seis semanas después de los atentados terroristas, inclinó la balanza de la ley en favor del gobierno en 350 temas que involucran a 40 agencias federales.

El gobierno de Bush ha impuesto desde entonces otros cambios legales sin el consentimiento del Congreso, como son la autorización para que los agentes federales escuchen conversaciones entre abogados y clientes en las prisiones, y la decisión de alentar a los burócratas para que nieguen acceso público a muchos documentos solicitados con apego a la Ley de Libertad de Información.

El FBI puede ahora supervisar encuentros políticos o religiosos dentro de Estados Unidos, incluso cuando no haya sospecha de que se haya cometido algún delito. Esa política fue abandonada en la década de 1970, ante el disgusto provocado por la vigilancia de J. Edgar Hoover, entonces director del FBI, sobre Martin Luther King Jr. y otros activistas.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, medios informativos y otros organismos están manifestando su inconformidad ante muchos de los cambios.
“¿Estamos más seguros como nación? No lo creo”, señala Anthony Romero, director general de la unión.

Nación preocupada

En una encuesta aplicada por International Communications Research de Media, Pensilvania, a petición de The Associated Press, 63% de los entrevistados se mostró preocupado de que las nuevas medidas acaben por restringir las libertades individuales de los norteamericanos. Un 30% de los 1.001 adultos entrevistados dijo que estaba “muy preocupado” y 33% se expresó con “alguna preocupación”.

La encuesta telefónica, llevada a cabo entre el 2 y el 6 de agosto, tiene un margen de error de tres puntos porcentuales.

Tal vez los estadounidenses nunca sepan cuán válidas son sus preocupaciones, dado que todo lo que rodea a las investigaciones relacionadas con el terrorismo es secreto.

El gobierno no está obligado a revelar la forma en que está poniendo en vigor los cambios fundamentales, lo que dificulta su supervisión y hasta el mismo recurso a las cortes.

Sin derechos

La “Ley Patriot” permite revisar registros médicos y financieros, intervenir comunicaciones telefónicas e informáticas e incluso solicitar información sobre los libros que los estadounidenses piden en las bibliotecas.

Los jueces aprueban estas órdenes ultra secretas en el tribunal del Acta de Investigación e Inteligencia sobre el Extranjero. Creada para abordar “los poderes especiales”, esa ley se aplica ahora a los ciudadanos estadounidenses, que ya no gozan de la protección básica de causa probable; las autoridades sólo necesitan decir que su medida ayudará en una investigación contra el terrorismo.

Dinh postuló que estos cambios han reducido el riesgo de actos terroristas; aunque no dio detalles específicos. “Muchos de nuestros éxitos tienen que ser celebrados en secreto”, aclaró.
Lo que ha trascendido es que miles de personas procedentes de países en desarrollo, que ingresaron a Estados Unidos desde el 2000, han sido interrogadas y detenidas. Muchas fueron deportadas en secreto, después de algunas audiencias de inmigración, que dejaron de ser actos públicos.

El gobierno está apelando una orden de un juez para revelar los nombres de esas personas, bajo el argumento de que la guerra que libra el presidente Bush contra el terrorismo no puede ser objeto de desafíos y que las cortes civiles no tienen autoridad sobre esas detenciones.

Algunas de estas nuevas medidas de vigilancia vencen en el 2006; pero el Congreso puede extenderlas si continúa la guerra abierta contra el terrorismo.

“¿En qué momento termina esta guerra? Eso es algo que no puedo responder”, confiesa Dinh.