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Los centros esotéricos trabajan con completa libertad en el país. Ninguna institución del Estado fiscaliza sus acciones. Además, debido a vacíos legales habría poco o nada que hacer en cuanto a los delitos relacionados con sus actividades.

Equipo Vértice
vertice@elsalvador.com

Vértice contactó a diversas instituciones gubernamentales que podrían tener alguna incidencia en el accionar de estas “clínicas” esotéricas de extranjeros.
Para el caso, José Carlos Urrutia jefe de la Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión del Ministerio de Gobernación, alega que no tiene nada que ver con los programas radiales o televisivos de estos centros. En una carta enviada a la revista, sostiene que el Reglamento para el Establecimiento de Radiodifusoras delega la responsabilidad de controlar los contenidos sobre salud a la Dirección General de Sanidad del Ministerio de Salud.
Sin embargo, un vocero de comunicaciones en representación de Salud sostuvo que esa cartera no ejerce tal función y que el encargado sería el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).
Elías Quinteros, secretario del CSSP, argumenta que ellos autorizan la información y el ejercicio de las profesiones de salud reconocidas legalmente en el país. “Pero la charlatanería no es una profesión legal”, asegura. Por tanto afirma que no tienen las armas legales para supervisarlas, “hay un vacío legal”, explica.
La situación migratoria de los brujos suramericanos es otro punto poco claro. En la Dirección General de Migración, no se tiene detallado las personas residentes legales en el país que se dedican a esa actividad. Según fuentes de esa división, el universo de extranjeros es demasiado grande como para verificar a quienes habrían entrado al país para trabajar en esos centros.
Al mismo tiempo, se deja la posibilidad abierta de que los santeros suramericanos hayan entrado al país como turistas y que, aprovechando los tres meses de estadía que les concede la ley, estén trabajando ilegalmente.

La dudosa justicia

Al parecer, estas instituciones pululan en un limbo legal que abarca el Derecho Penal. Las acusaciones por violación y estafa que se trataron anteriormente son prueba de ello.
En el caso de la estafa, la misma representación fiscal a manos de la abogada Emérita Pacheco pidió el sobreseimiento definitivo a favor del Indio Tikuna. Según se lee en el proceso, no se puede hablar de estafa en esa acusación porque “es la persona que busca el servicio por motivos de creencias”.
En cuanto al caso en contra del colombiano Diego León Idárraga, de Las Runas, no se pudo determinar si el delito del que se le acusa es el de violación. Según el Código Penal, para que se establezca este delito se debe comprobar que el agresor uso la violencia física para obligar a la víctima a tener relaciones sexuales.
Según Carmen Elena Mejía, fiscal asignada al caso, “sí hubo presión sicológica para realizar el acto, pero no física”. En el proceso, constan los exámenes practicados por Medicina Legal que prueban que sí hubo contacto sexual y que la víctima presentaba ciertas lesiones propias de la violación. Sin embargo, José Lizama, juez que conoció el caso en su fase inicial, optó por cambiar el delito original por “Acoso Sexual”, con pena de seis meses a un año. Con este cambio, la pena podría ser conmutada por otras medidas y, de ser declarado culpable, el agresor no estaría ni un día en la cárcel. En la actualidad, el acusado sigue ofreciendo consultas en Las Runas bajo medidas cautelares en lugar de la detención provisional.
Además de las posibles demandas legales, se pudo verificar que en las clínicas visitadas ninguna entrega facturas por los servicios que presta. Los precios alcanzarían varios miles de colones no declarados al fisco; pero tampoco se tiene información de algún control del Ministerio de Hacienda. Los centros esotéricos disfrutan las ventajas del paraíso de la ilegalidad.