Los indocumentados:
Tragedia por partida doble

Un 42% de los niños que tienen entre 10 y 12 años sufre pesadillas, insomnio y tiene problemas para pensar sin trauma en el 11 de septiembre. También ha aumentado el consumo de alcohol y drogas, pero los ilegales viven su propia angustia.

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En medio del caos, familiares de indocumentados que murieron el 11 suman a su tragedia la inseguridad jurídica.
“Desde el primer momento supimos que los indocumentados serían los más vulnerables en esta crisis”, dice Lorraine Cortés-Vázquez, presidenta de la Federación Hispana.
La organización agrupa a 73 organizaciones dedicadas a la comunidad latina residente en Nueva York y Nueva Jersey.
“Fueron muchos los sueños que terminaron en el suelo el 11 de septiembre, al igual que las torres”, dice, al recordar que ese día se realizarían las elecciones primarias para escoger al candidato demócrata para alcalde de Nueva York. En esa contienda un político de origen hispano, Fernando Ferrer, tenía muchas opciones de resultar triunfador.
“Nadie puede decir qué hubiera pasado en esas elecciones de no haber ocurrido lo que pasó, pero sin duda el panorama político en la actualidad podría no ser el mismo”, comenta.
“Ese día estábamos trabajando desde muy temprano para que los electores latinos salieran a votar, pero a las 9 de la mañana nos dimos cuenta que nuestras prioridades con la comunidad habían cambiado radicalmente, y que ahora serían otras”.
La propia Federación fue víctima de los ataques porque sus oficinas se encuentran a menos de tres cuadras del complejo de oficinas que quedó reducido a escombros.
Después de verificar que todo el personal estaba sano y salvo, los directivos de la federación buscaron una sede temporal desde donde poder iniciar la tarea de definir qué hacer para ayudar a hispanos afectados por la catástrofe.
“Fuimos hasta el Centro Familiar que comenzó a funcionar en el muelle 1 y nos dimos cuenta que las autoridades municipales no contaban con personal para atender a la gente que sólo habla español, y lo más grave es que las personas que llegaban hasta ese lugar prácticamente lo primero que veían era a un funcionario del Servicio de Inmigración y Naturalización”, aseguró.
Explica que todas las organizaciones de caridad y comunitarias inicialmente utilizaron los lineamientos de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA) para entregar la ayuda y donativos que comenzaron a llegar desde todo el país.
La política de esa oficina gubernamental es que el beneficiario sea ciudadano o residente legal en Estados Unidos, y que demuestre que realmente estaba empleado, además de su lugar de residencia.

El primer obstáculo

Pero un inmigrante indocumentado difícilmente puede probar dónde trabaja.
“Y normalmente no tiene un contrato de alquiler, sino que vive con familiares, amigos, o le paga a un tercero por la vivienda”, comenta Cortés-Vázquez.
Por eso la Federación se dedicó a ayudar a las personas a generar “documentos alternos”, como cartas certificadas por un párroco, diciendo que tal persona realmente trabajaba en un lugar o que vivía en determinado sitio de la ciudad.
Pero al mismo tiempo establecieron un programa de “ayuda de emergencia” para cientos de personas que llegaban hasta sus oficinas, en busca de algún dinero.
Aunque decenas de millones de dólares comenzaron a llegar a organizaciones como la Cruz Roja y United Way, la Federación tuvo que iniciar de cero la tarea de recaudar fondos. A los donantes interesados en ayudar a hispanos afectados nunca se les ocultó qué parte de la ayuda podría terminar en manos de trabajadores indocumentados.
“Afortunadamente comenzamos a recibir llamadas ofreciéndonos donativos”, comenta. Empresas como Levy’s Strauss, Nationwide Insurance, McCormick, Philip Morris y JP Morgan Chase aportaron a un fondo creado por la Federación para tal fin.
Durante los meses siguiente unas 600 familias, todas de origen hispano, recibieron fondos para pagar alquiler, alimentación o facturas de electricidad. El promedio recibido por cada familia fue de $1,300.
Pero ese dinero sólo sirvió para atender ciertas necesidades inmediatas. El verdadero reto era obtener indemnizaciones para los sobrevivientes, para los familiares de los fallecidos y, en otros casos, lograr regularizar su situación migratoria en el país.
William Rodríguez pasó de ser un trabajador en una de las torres gemelas, que fue rescatado entre los escombros (luego de ayudar a salvar las vidas de decenas de víctimas) a ser líder comunitario.
William no oculta su satisfacción al afirmar que gracias a sus gestiones 320 indocumentados o familiares de fallecidos podrían obtener ayuda del gobierno federal, a través del Fondo de Compensación a las Víctimas.
“La verdad es que en los días que siguieron a la tragedia, ninguno de los tradicionales voceros de la comunidad hispana estaba ejerciendo el liderazgo que se necesitaba en ese momento. Algunos me han confesado que no lo hicieron porque temían que luego los acusaran de utilizar esa fecha para sacar provecho político”, explica Rodríguez.

La indemnización

Los esfuerzos se han concentrado en lograr que los indocumentados afectados reciban dinero del fondo del gobierno.
“En cierto modo se puede decir que me dejaron el camino libre. A partir de ese momento comencé a participar en reuniónes para solicitar cambios en legislaciones y en la manera de atender a los afectados, sobre todo a los indocumentados”, agregó.
Rodríguez estuvo presente en las sesiones que permitieron extender los beneficios de desempleo en 13 semanas (además de las 26 semanas previstas en la ley), así como establecer exoneraciones impositivas a miles de familias.
“En el gobierno afirman que la distribución del dinero se hará caso por caso, pero la verdad es que no se puede poner un precio a la vida de una persona; es algo que no tiene límite”, reflexiona Rodríguez.
Durante una conferencia de prensa pudo hablar con Kenneth Feinberg, administrador del Fondo Federal, quien dijo frente a las cámaras de televisión que atender los reclamos de los indocumentados era difícil porque, por una parte, se trata de dinero federal, y segundo porque no sabía cómo determinar con exactitud a quiénes ayudar.
El activista aprovechó el momento y ofreció reunir información sobre quiénes necesitaban apoyo.
Pero uno de los obstáculos para esa tarea es que ninguna empresa quería reconocer que contrataba a indocumentados, por temor a multas de hasta 10.000 dólares por cada trabajador ilegal. Por eso fue necesario pedir una amnistía para estos patronos, es decir, asegurarles que no serían objeto de sanciones si admitían que contrataron a indocumentados.
El siguiente paso fue identificar a los trabajadores sin residencia legal afectados por la tragedia.
Para esa tarea consiguió apoyo de la cadena de televisión Telemundo y de la Federación Hispana, y así pudo convocar a los indocumentados que hubieran sufrido física o mentalmente por el desplome de las torres, para que iniciaran el proceso de solicitar ayuda ante el Fondo Federal.
Un año después de la tragedia, hasta ahora ninguno de ellos ha comenzado los trámites formalmente; mas se confía que 320 indocumentados hispanos están listos para dar ese paso, que podría conducir a que reciban una indemnización económica de cientos de miles de dólares.
“Pero aún más importante es conseguir que la distribución de recursos sea equitativa y balanceada, porque definitivamente lo que hemos visto hasta ahora, es que no ha sido así”, señala Rodríguez.
Una encuesta realizada por The New York Times confirmó que las razas blanca, negra e hispana nunca habían mantenido una convivencia “tan buena, pacífica y amable” como ahora después del 11 de Septiembre.
Sin embargo, más allá de la esperanza y la solidaridad en las calles de New York, los ilegales siempre viven la cara vulnerable de todo esto.