REPORTAJE

El desarrollo del proyecto “Paquete III” se mantiene en vilo, debido a la oposición de las Alcaldías de Soyapango y Ciudad Delgado. Pero la protesta tendría débiles fundamentos técnicos y legales para detener su construcción.

Ernesto Villalobos
vertice@elsalvador.com

Amenizada por música de protesta, un grupo no mayor de 15 personas mantiene una vigilia permanente en la zona de Soyapango donde se inició el tramo de carretera llamada “El Paquete III”.

La vía de cuatro carriles uniría a las localidades de Soyapango y Apopa. El tramo forma parte de un megaproyecto que conectaría las zonas de oriente y occidente del país sin tener que transitar por la ciudad de San Salvador.

Un pequeño sondeo entre los asistentes demuestra que varios de ellos son empleados de las municipalidades de Soyapango y Ciudad Delgado. Además, de proporcionar el personal, las comunas también están financiando la protesta con los recursos municipales.
Otros asistentes dicen pertenecer a comunidades afectadas por el proyecto del Anillo Periférico, pero ninguno es de los lugareños ni de los afectados directos.

¿Razones?

Ellos se tomaron el lugar desde hace más de tres semanas para oponerse a la construcción del Pro-yecto. La protesta es liderada por la alcaldesa de Soyapango, Marta Elena García de Rodríguez, y Nelson Ulises Rosales López, alcalde de Ciudad Delgado, ambos miembros del partido FMLN.
Los ediles señalan tres argumentos para oponerse a la obra que ellos, equívoca o maliciosamente, relacionan con el proyecto del Anillo Periférico: Su costo, el daño ecológico que causaría y su ilegalidad.

En un comunicado publicado en un rotativo nacional, el pasado 16 de agosto, los alcaldes efemelenistas exponían sus puntos refiriéndose al mega proyecto del periférico, y no al Paquete III.
Según ellos, la construcción viola los artículos 6 y 156 del Código Municipal, el artículo 206 de la Constitución de la República y el artículo 94 de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área de San Salvador.

Según los alcaldes, esas normativas requerirían al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a coordinar los trabajos con las dos alcaldías.

Además, las disposiciones legales obligarían al MOP a solicitar permisos de construcción a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS).

Sumado a esto, De Rodríguez, alcaldesa de Soyapango manifiesta que la obra perjudicaría al menos 154 mantos acuíferos en la zona y varias manzanas de bosque. “De nada sirve una carretera de 100 carriles si no tengo agua para beber”, afirma. A pesar de la convicción de sus palabras, la edil no tiene ningún estudio de impacto ambiental para respaldar sus declaraciones.
Sin pruebas

A diferencia, el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sí han hecho estudios de impacto ambiental en la zona. Como resultado, el MARN otorgó el permiso al MOP para realizar la obra el 6 de mayo de este año.

La autorización se entregó después de estudios ambientales y de la realización de una consulta ciudadana realizada en marzo de este año. Ninguna de las comunas objetó la obra en aquel momento.

Pero aquel no es la única carta a favor de la cartera de estado. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) también ha certificado, por medio de una carta fechada el pasado 12 de agosto, la viabilidad del proyecto argumentando que la obra no afecta la red de distribución y que las perforaciones de 60 metros de la construcción no dañan los mantos acuíferos de la zona, localizados a mayor profundidad.

En cuanto a la legalidad del proyecto, Lorena Duke, gerente legal de MOP, describe detalladamente lo que a su juicio valida el proyecto. Para eso cita la Constitución de la República en su artículo 203 que establece: “los municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional”.

Según la abogada, todos los proyectos que desarrolla el MOP son de envergadura nacional y los municipios tienen la obligación constitucional de colaborar con las instituciones de la administración pública en proyectos de importancia nacional o regional, no a la inversa.

Competencia

Además, Duke cita el Código Municipal en el artículo 5: “la competencia municipal definida en el artículo anterior no afecta a las atribuciones conferidas a otras entidades de la administración pública”. “Ley secundaria le está diciendo a los municipios que no debe interferir la actuación de la administración pública”, remata.

Para sostener sus argumento, las gerente también hace referencia a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales que establece en el artículo 2:

“Se considera carreteras: las vías cuyo rodamiento las hace de tránsito permanente. Su planificación, construcción, mejoramiento y conservación corresponde al Poder Ejecutivo en el ramo de Obras Públicas”.

En base a las leyes citadas, Duke sostiene que el MOP tiene solvencia legal para realizar la obra y que el único permiso que debe cumplir es el de Medio Ambiente. Esto, contrario a lo que argumentan las alcaldías, quienes sostienen que debe ser autorizado por la OPAMSS.
Pero la visión de los alcaldes no sería adversada solo por el MOP, sino también por el mismo director de la OPAMSS.

En febrero de este año, Vértice consultó a Mario Lungo, director de la OPAMSS, quien afirmó -en relación a los proyectos del MOP- que “no se ha hecho ningún trabajo en conjunto con el MOP pues éste no tiene por qué pedirnos permiso para nada, por tratarse de una carretera nacional”.

Vértice volvió a consultar a Lungo esta semana; sin embargo, el delegó al ingeniero César Córdova para que diera declaraciones en cuanto al permiso. Pero Córdova cambió la postura inicial de Lungo diciendo que “hay un traslape de funciones por lo que vamos a analizarlo”. Estas declaraciones reforzarían la tesis de que la oposición a la obra es en realidad una manipulación política, debido a que la OPAMSS está regida por un consejo de alcaldes, entre ellos los de Ciudad Delgado y Soyapango.