El polémico artículo 25

Los medios de comunicación y los periodistas cerraron filas esta semana contra el artículo 25 de la Ley de Defensa debido a que el espíritu de la libertad de prensa estaba amenazada. La ley señaló la obligatoriedad a brindar información “a una autoridad competente para los fines de la defensa nacional”.

La redacción del artículo no hizo una excepción a la prensa y eso puso en riesgo la reserva de las fuentes, uno de los pilares del ejercicio periodístico. La Asociación Salvadoreña de Radiodifusión (ASDER), la Asociación Internacional de Radodifusión (AIR), la Asociación de Periodistas (APES), Probidad y FESPAD cerraron filas con base a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido suscrita por el país.

El artículo 13 de la Declaración establece que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
En ese mismo sentido, las gremiales apelaron a la Declaración de Chapultepec, suscrita por Armando Calderón, y propuesta por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
“No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información”, dice la Declaración de Chapultepec.

Una presión extra fue la preocupación formulada por Reporteros sin Fronteras (RSF) al presidente Francisco Flores mediante una carta que firmó el Robert Ménard, secretario general de RSF.

A la vanguardia
El sorprendente avance mexicano en esta materia podría sentar precedente en toda Latinoamérica.

“La democracia muere cuando el acceso a la libertad de información pública se cierra”. Así resume Eduardo Villanueva, experto en Comunicación y Derecho de Información de la Universidad Iberoamericana, la importancia de contar con leyes que velen por el cumplimiento de ese fundamental derecho ciudadano.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a los tres poderes del Estado a rendir cuentas al pueblo, ya sea a través de la “información de oficio” donde los ciudadanos pueden encontrar datos en las páginas web de las secretarías de Estado. En ellas se incluyen datos como resultados de licitaciones, concesiones, sueldos de funcionarios, auditorías públicas, entre otros. Si aún con esa extensa “base de datos”, el ciudadano no está satisfecho, puede recurrir al sistema de “petición de parte”, que consiste en una solicitud específica de lo que necesita.
Si en un plazo máximo de 20 días el funcionario no entrega la información, éste es sancionado y el ciudadano recurre a una segunda instancia que le garantiza la entrega de su petición.
Si el Estado argumenta reserva en la información, está obligado a demostrar que pondría en peligro la seguridad nacional. En todo caso, esa reserva puede extenderse sólo por doce años. Los delitos graves de lesa humanidad no son sujetos de reserva.

La impunidad
El periodismo nicaragüense se ha convertido en “intermediario” de la libertad de expresión de la gente

Los descarados abusos de poder del ex presidente Arnoldo Alemán, recientemente, y las dictaduras militares, en el pasado, parecen haber sumergido a Nicaragua en una profunda apatía e incredulidad hacia el Estado. Tanto, que las últimas encuestas ubican a los periodistas como las figuras de mayor confianza en ese país centroamericano.
Cristiana Chamorro Barrios, periodista e hija de la ex presidenta Violeta Barrios, destaca que las últimas dos reformas a la Constitución (1995-2000), no incluyen ningún artículo que haga alusión a la libertad de información pública. Actualmente, existen tres anteproyectos de acceso a información pública, presentados por tres Fundaciones, que están por estudiarse.
La figura del Hábeas Data, como recurso específico para garantizar la entrega de la información, sólo es conocida y defendida por grupos de Derechos Humanos, por lo que la educación y concientización a la ciudadanía es piedra angular para el desarrollo de este tipo de normativas. “Sólo con el enjuiciamiento de Alemán se abrirán las puertas para hablar de verdadera lucha anticorrupción y derecho a la información pública en mi país”, admite. Considera que, pese a ser considerados como el “vínculo” entre población y Estado, a los periodistas les falta mucha formación técnica para comprender e interpretar documentos que permitan desenmascarar posibles actos de corrupción.

El secretismo
El colmo está en Argentina: Existen 114 leyes secretas y unos 200 Decretos Ejecutivos desconocidos

Como si tuvieran poco con la actual crisis económica, los argentinos han tenido que enfrentarse a históricas arbitrariedades y caprichos jurídicos de sus legisladores. En 1891, se aprobó la primera ley secreta. Desde entonces, un total de 114 leyes y unos 200 decretos ejecutivos forman parte de un secretismo infranqueable, hasta para los mismos jueces de ese país. De hecho, los jueces son aún elegidos en sesiones secretas.
El abogado y catedrático argentino, Miguel Rodríguez Villafañe, señala que en Argentina, a nivel nacional, no existe todavía una Ley de Información Pública, pero sí se han dado significativos avances a nivel provincial. Sin embargo destaca que, hoy en día, la actitud de los ciudadanos es parecida a la del hincha de fútbol: “No quieren saber nada cuando su equipo pierde”. Es decir, desarrollan una indiferencia hacia el gobierno cuando éste no tiene buenas noticias que dar. O llegan al extremo de decir: “Roban, pero no tanto”, “roban, pero reparten”, afirma.
Rodríguez Villafañe asegura que, en su país, una ley de este tipo ayudaría a preservar la información del pasado en aras de mantener la memoria histórica.
Sin embargo, a pesar que los periodistas son un nexo importante entre el Estado y los ciudadanos, Rodríguez ve discriminativo el hecho de que los funcionarios públicos les brinden información sólo a ellos y no a al ciudadano común y corriente.

Una legislación con “trampas”
La Ley 6 de Transparencia y Acción de Habeas Data fue aprobada a principios de este año.
Pese a ser un paso importante para la Libertad de Expresión en Panamá, el consenso total con el que esta ley fue aprobada se vio opacado por el reglamento que decretó posteriormente el Ejecutivo.
El debate no se hizo esperar cuando las organizaciones civiles y algunos políticos protestaron por el polémico artículo 11 del reglamento, que detallaba que informes de licitaciones y otros documentos públicos podían ser reclamados sólo por “personas interesadas que están directamente vinculadas con la información solicitada”.
Esto, según Rigoberto González, de la Procuraduría General de la Nación, era una clara violación al derecho de información del resto de ciudadanos que quisieran obtener información. A pesar de eso, Panamá es uno de los pocos países que ya incluye al Hábeas Data en su legislación, como mecanismo de garantía para conseguir una información que ha sido denegada en una primera instancia.
El tema de las sanciones es básico: Si en 30 días la solicitud de información no ha sido subsanada, el funcionario es multado con el doble de su salario mensual. Y si reincide, se destituye de su cargo.
Los ciudadanos no necesitan ser representados por un abogado para hacer valer su derecho de acceso a la información. El dinero de las multas es destinado a un fondo de la Defensoría del Pueblo, para realizar un programa de participación ciudadana.

La sombra Fujimori-Montesinos
Una nación que se recupera del autoritarismo y la corrupción
que le heredó un sistema populista.

“Después que todos los medios habían sido tomados con plata que hemos visto entregarse en bolsas y maletines, de una manera grosera” no es fácil hablar de una ley de acceso a la información pública.
El profesor universitario José Perla dice que la mayoría de estos profesores se ha fugado del Perú o tras la rejas luego de comprobarse su enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, “nosotros creemos que esto es una cadena que todavía tiene cómplices dentro y que están actuando” en perjuicio de toda la sociedad peruana.
Perla sostiene que la intención de informar “en perjuicio de los ciudadanos” continúa mientras la ciudadanía recibe información “según los intereses de estos delincuentes” que lograron fugarse.
Por otro lado, se corre el riesgo de que el gobierno de Alejandro Toledo empiece a utilizar los recursos del Estado para contrarrestar esta “antipropaganda con propaganda gubernamental”.
Perú, en este sentido, vive una situación complicada porque a un lado está “la información grande y comercial que sigue estando en manos de las ‘mafias’, y por otro la posición de la administración de Toledo queriendo hacer propaganda sin dar oportunidad al conocimiento de diversos puntos de vista”.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el único mecanismo que tiene la sociedad peruana para romper con el pasado de Fujimori y Montesinos. Sin embargo, el Consejo de Ministros siempre tiene la atribución de decir “qué es secreto y qué es estrictamente secreto”, dice Perla.
Perú tiene un gran reto a futuro.