La responsabilidad de mando

Douglass Cassel

El reciente veredicto de un jurado federal en Florida, que ordena un pago de $55 millones en indemnizaciones por parte de dos generales salvadoreños jubilados, es histórico en la lucha para responsabilizar a los comandantes militares por las atrocidades cometidas por sus tropas. 

Los tres demandantes - Néris Gonzáles, Carlos Mauricio y Juan Romagoza- fueron víctimas de tortura grotesca perpetrada por las fuerzas de seguridad salvadoreñas hace 20 años. No solamente ellos, sino todos comprometidos con los derechos humanos, debemos agradecer al Centro para la Justicia y la Responsabilidad, con sede en San Francisco, California, que llevó el caso con la colaboración de los abogados voluntarios del bufete de Morison & Foerster, otros abogados y la Clínica Internacional para Derechos Humanos de la facultad de derecho de Boalt Hall.

Las tres víctimas dieron su testimonio de los detalles dantescos de la tortura sufrida a manos de las fuerzas de seguridad, durante los tiempos del General José Guillermo García, Ministro de Defensa de El Salvador entre 1979 y 1983, y del General Carlos Eugenio Vides Casanova, Director-General de la Guardia Nacional de la época.

Nadie sostiene que los generales participaron de manera directa en la tortura de los demandantes. El juicio se fundamenta en la tesis de su “responsabilidad de mando” por la tortura cometida por sus tropas. En la formulación más moderna en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el concepto responsabiliza al jefe militar por los delitos cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, cuando hubiere sabido o de haber sabido de los delitos, y no tomó las medidas razonables para prevenirlos o para procesar a los autores.

En un juicio anterior en otro caso, los mismos generales engañaron a otro jurado de Florida, haciéndoles dudar del control efectivo que ejercían sobre sus tropas. Prevalecía el caos, argumentaron.

Patrón de conducta

Los abogados de los demandantes en este caso aprendieron la lección.
Presentaron una gama impresionante de peritos para documentar los patrones amplios de tortura cometida por los militares salvadoreños durante 1979-83, los informes de la tortura publicados en los medios de comunicación y enviados a los generales durante la época, y la abstención de los generales ni siquiera de denunciar, mucho menos de ordenar investigar o procesar a los torturadores, a pesar del control efectivo que mantenían sobre la tropa.

La sentencia resultante -$15 millones de indemnización compensatoria, más $40 millones de indemnización punitiva- es importante por varias razones.

Lo más concreto es que otorga una medida de justicia a las víctimas, por ejemplo a la señora Gonzáles, quien fue torturada mientras estaba embarazada y luego perdió al bebé como resultado.
La sentencia es además monumental porque significa tal vez el primer veredicto de un jurado civil fundamentado en la responsabilidad de mando.

Aun cuando no es nada fácil ganar un caso de tal naturaleza, el equipo legal en este caso ha demostrado que sí se puede, y cómo hacerlo.

El juicio es notable también como ejemplo de la jurisdicción universal sobre violaciones graves de los derechos humanos. Aunque las partes residen actualmente en los Estados Unidos, la tortura fue cometida por salvadoreños, contra salvadoreños, en El Salvador. Sin embargo, el caso fue enjuiciado en Florida, con base en dos leyes federales - sobre demandas por extranjeros, y protección de las víctimas de la tortura- que autorizan demandas en contra de torturadores extranjeros ante las cortes estadounidenses.

¿Por qué en Estados Unidos? ¿Tan lejos del lugar del crimen? Porque la tortura oficial es tan repugnante que constituye una ofensa en contra de toda la humanidad. Si no son castigados en su propio país, los responsables de tortura pueden ser enjuiciados en cualquier lugar donde se encuentren. Sólo así se puede romper con la impunidad.

La ley federal

La sentencia podría también llegar a sentar un antecedente importante bajo las dos leyes federales. En años recientes, los tribunales de Estados Unidos han decretado docenas de sentencias multi-millonarias en contra de violadores de derechos humanos, tales como el ex General Efraín Ríos Montt, responsable de masacres masivas de indígenas en Guatemala. No obstante, no se ha pagado nada o poco, porque los demandados extranjeros, una vez entregada la demanda mientras están en los Estados Unidos, casi siempre salen del país, llevándose sus bienes al exterior.
A ver si este caso sea una excepción. El General García afirma ser tan pobre que ni siquiera tiene los recursos para apelar de la sentencia. Aun cuando se dice que el General Vides Casanova sí tiene recursos, él ha tenido tiempo suficiente para sacarlos del territorio estadounidense.

De todos modos, no se mide exclusivamente con dólares la justicia por la tortura. Tal como afirma el demandante Carlos Mauricio, “buscamos la justicia, no el dinero”. La verdad, la reivindicación oficial, y la condena pública de los responsables pueden reparar moralmente, más allá de la reparación material.

Mejor aún si los dos generales ahora se ven obligados a huir o son expulsados de los Estados Unidos. Bien lo dice Sandra Coliver, Directora
Ejecutiva del Centro para la Justicia y la Responsabilidad, “Florida no debe convertirse en villa de jubilación para antiguos violadores de los derechos humanos”.

* Director del Centro Internacional de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Northwestern de Chicago.