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TEMA
DE PORTADA

Dos
muertes en el olvido
El
14 de noviembre de 2000, los hermanos Guillermo Rodríguez Carías
de 29 años y Federico Calderón Carías de 12 años
fueron asesinados en la colonia La Cima 1, en San Salvador. A más
de año y medio del hecho y ante un proceso plagado de negligencia
desde la misma escena del crimen, la Fiscalía General de la República
(FGR) no ha avanzado en la investigación del caso.
Equipo Vértice
vertice@elsalvador.com
Los
hermanos se encontraban en una pupusería en la Calle Huizúcar
Poniente frente a un templo evangélico a eso de la diez de la
mañana.
Los jóvenes estaban sentados en una de las mesas ubicadas sobre
la acera, cuando tres sujetos, dos de ellos armados, les dispararon
a quemaropa.
Federico, de doce años, herido en el estómago, logró
refugiarse en el interior del comedor donde murió. Su hermano
quedó tendido en la acera. Los asesinos huyeron del lugar del
crimen a bordo de un carro marca Suzuki color azul.
A la escena, no tardaron en llegar la Policía, Medicina Legal
y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo,
las instituciones no cumplieron a cabalidad su trabajo.
En el lugar, además de los cuerpos de los hermanos Carías,
quedaron al menos siete asustados testigos del asesinato. Dos de ellos
podían reconocer a los hechores materiales del crimen.
Inexplicablemente, como aparece en el proceso en manos de la Fiscalía,
los fiscales no hicieron constar las direcciones de las dos únicas
personas que podían reconocer a los asesinos; peor aún,
no ordenaron elaborar retratos hablados de los delincuentes.
Estos dos errores garrafales de método de investigación
fueron los primeros eslabones de una cadena de indiferencia de parte
de la Fiscalía que ha impedido la resolución del caso.
Del asesinato surgieron varias hipótesis. Una de las que más
fuerza cobró en su momento fue la del robo. Esto debido a que
a Guillermo Rodríguez Carías le robaron joyería
y una pistola marca Beretta, lo que alcanzaba un valor de unos 10 mil
colones.
Esta versión fue perdiendo fuerza cuando se verificó que
las joyas de mayor valor que su hermano portaba, el automóvil
en que se conducían y dos cámaras de video y fotografía
no fueron robadas.
Desde ese momento, los allegados a las víctimas ofrecieron detalles
sobre los servicios que Rodríguez Carías prestaba con
su agencia de seguridad Investigaciones Confidenciales Privadas (IPC).
El joven empresario también se desempeñaba como director
de transporte de la Juventud de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Los registros de su empresa ofrecieron pistas de quién habría
tenido motivos de asesinar a su dueño. Las sospechas fueron planteadas
por los allegados a la empresa quienes eran especialistas en investigaciones.
Distintas fuentes cercanas al proceso ofrecieron a Vértice su
versión sobre las distintas hipótesis sobre el móvil
del crimen.
El día de su muerte, Guillermo Carías, se encontraba trabajando
en un caso de infidelidad. El investigador fue contratado por un comerciante
para que vigilara a su esposa quien se presumía lo engañaba.
Aquel seguimiento inició en el mes de septiembre.
Después de varios días de rastreo se estableció
que la mujer se encontraba con regular frecuencia con un policía
de la Unidad de Finanzas de la Policía Nacional Civil (PNC).
El investigador privado documentó en video y fotografías
las citas de la pareja.
Pero las imágenes recavadas no lograban establecer contundentemente
el caso de infidelidad. No era fácil probar el caso debido al
extremo cuidado que tenía la pareja en público.
Después, esta conducta le demostró al investigador que
la pareja sabía que su equipo la espiaba.
Ni los elaborados planes de seguimiento (que incluían hasta cuatro
vehículos) fueron suficientes para pescar a la pareja.
Así llegó el 13 de noviembre de 2000, en la oficinas de
IPC se reunieron los hermanos Carías, un amigo familiar y un
investigador conocido como Ovni para elaborar el plan de
seguimiento del día siguiente.
Las estrategias se trazaron y se designaron las funciones de los dos
hermanos, Ovni y el amigo.
Pero, a última hora, su amigo se retiró del plan aduciendo
que sus padres no querían que se involucrara en un trabajo tan
peligroso.
La baja no fue la única para Rodríguez Carías;
misteriosamente, Ovni llamó para reportarse enfermo,
por lo que los hermanos Carías tendrían que asumir la
posición designada en el plan para el investigador.
Esa fue la última vez que supieron del sujeto llamado Ovni,
quien, anteriormente, había trabajado como motorista de la PNC;
no regresó ni siquiera para cobrar sus honorarios.
En esta versión, el policía relacionado por la presunta
infidelidad tendrían un motivo en contra de Carías al
saber que era investigado, también la desaparición de
Ovni habría sido un elemento de sospecha a tomarse en cuenta.
Sin embargo, según las fuentes, la Fiscalía no ha ordenado
ninguna investigación del policía ni del investigador.
Esta no sería la única tesis que se contempló.
El nuevo cliente
La agencia de seguridad IPC habría tenido problemas con el pago
de servicios con un empresario hotelero.

Guillermo Carías conoció a su cliente en sus frecuentes
viajes de diversión al mar. El dueño del club que frecuentaba
terminó por solicitarle el servicio de seguridad.
Así IPC prestó el servicio por lapso de un mes. Al final
de ese período el club atravesaba momento difíciles por
lo que no le cancelaron los servicios.
Después de varios cobros hechos por Guillermo Rodríguez
Carías, el empresario (a quien no podemos identificar) le cedió
varias armas en pago entre ellas una pistola 9 mm. marca Glock; esta
arma pasaría a ser una parte del rompecabezas de asesinato (ver
recuadro).
Paradójicamente, la relación entre Rodríguez Carías
y el empresario no se deterioraron. Al contrario, la agencia de investigación
fue contratada por el empresario para realizar una recuperación
de mora por más de un millón de colones en contra del
dueño de un autolote.
El investigador se hizo cargo del trabajo y, después de haber
investigado e invertido varios miles de colones en gastos legales, descubrió
que el dueño del autolote ya había sido exonerado de la
deuda.
Las fuentes consultadas por esta revista afirman que el empresario sabía
de antemano que no podría ganar esa recuperación. Además,
al final del proceso no quiso pagar los gastos que la agencia de investigación
había realizado. ¿Por qué les encomendó
el trabajo? No se sabe con exactitud.
Esta negativa marcó el punto de conflicto entre ambos, al grado
de llegar a amenazas a muerte. Pero este no sería el único
nexo que tendría con el caso, el empresario hotelero se hizo
accionista de dos agencias de seguridad y contrató a un ex empleado
despedido de IPC.
El
empleado
Rodríguez Carías también tuvo problemas dentro
de su empresa al demandar a uno de sus trabajadores por robo.
Este
empleado trabajó por más de un año para IPC, ahí
se desempeñó como gerente administrativo. En un principio,
él era uno de las manos derechas de Rodríguez Carías.
Pero aquella relación de confianza se rompió cuando descubrieron
que robaba dinero a la empresa. El gerente se habría quedado
con más de 10 mil colones en cobros por servicios de seguridad.
Al descubrir el fraude, Rodríguez Carías lo despidió
y lo demandó por el dinero que le había robado.
La causa pasó a la orden del tribunal pertinente y tomó
el curso legal hasta llegar a una orden de embargo, la cual no se pudo
efectuar, porque se descubrió que el ex gerente no tenía
propiedades a su nombre.
En el juicio, se determinó que -en su defecto- se le embargara
el sueldo para pagar el dinero adeudado. La resolución se habría
concretado unos ocho días antes de la muerte de los hermanos
Carías.
En ese momento, los demandantes averiguaron que el ex gerente trabajaba
para otra agencia de seguridad. Sorpresivamente, la empresa era una
(de dos de su tipo) en la que el empresario hotelero es accionista actualmente.
La relación entre el empresario hotelero y el ex gerente despertó
muchas más sospechas después del crimen; aunque tampoco
las Fiscalía ha elaborado ninguna investigación encaminada
a los dos sospechosos.
Pero, al fin, después de un tiempo, el Ministerio Público
tuvo una versión propia del homicidio y totalmente distinta de
las anteriores.
La Fiscalía habría señalado como supuesto autor
material de la muerte de los hermanos Carías a un presunto secuestrador.
El 1 de junio pasado, en el Juzgado 3o. de Sentencia de San Salvador,
se sentenció a Wilfredo Enrique Ágreda Romero a 101 años
de prisión. Él fue condenado por el delito de secuestro
en perjuicio de tres personas.
Ágreda, quien formaba parte de la banda de secuestradores Los
Malditos, fue capturado en mayo de 2001 y fue encontrado culpable
de dar muerte al guardaespaldas de la hija de un empresario de televisión
en marzo del 2001.
¿El asesino?
Según las fuentes consultadas por Vértice, Ágreda
fue incriminado por un ex miembro de la banda Los Malditos.
Este
sujeto fue beneficiado con el criterio de oportunidad. El testigo declaró
en contra de sus compañeros y en un interrogatorio manifestó
que Ágreda habría participado en la muerte de dos jóvenes
en la colonia La Cima 1.
La Fiscalía sostuvo la tesis de que Ágreda, presunto miembro
de la banda de Los Malditos, habría cometido el doble
asesinato para conseguir dinero para alimentar a uno de sus secuestrados.
Pero toda la tesis se vino abajo cuando el testigo se retractó
de su versión anterior en una sesión de repreguntas. Esto
volvió a la Fiscalía al punto de partida: nada.
Vértice intentó conocer la versión de la FGR sobre
este doble crimen; pero un vocero argumentó que éste era
un caso muy delicado y que no podían dar declaraciones
al respecto.
Después de tres parejas de fiscales específicos y cuatro
investigadores de la policía asignada a la investigación,
el asesinato está muy lejos de resolverse. Según la fuentes
allegadas, toda la información anterior la posee la Fiscalía,
pero no como fruto de diligencias de esa institución, sino como
información brindada de las partes involucradas.
¿Por qué no se consignó los nombres de testigos
claves? ¿Por qué no se hizo retratos hablados de los asesinos?
¿Por que no se ha investigado el paradero de Ovni
y la relación del ex gerente y el empresario hotelero? ¿Por
qué no han progresado la investigaciones? Las anteriores son
preguntas que continúan sin respuesta.
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Una
extraña desaparición
Fuentes cercanas a las diligencia de la Fiscalía, sostienen
que según las investigaciones de la Policía el arma
que utilizaron para matar a los hermanos Carías fue una
pistola Glock 9 mm.
La características del arma homicida coinciden con una
de las que Guillermo Rodríguez Carías recibió
en pago del empresario hotelero. El arma junto a por lo menos
tres escopetas calibre 12 fueron entregadas a Rodríguez
Carías en pago por servicios de seguridad prestados a un
club de playa de en la Costa de Sol.
Éstas saldaron la deuda de un mes de seguridad y también
aliviaron la tensión entre los dos empresarios.
Según los registros de la agencia de seguridad IPC, esta
arma fue devuelta al empresario hotelero porque éste se
negó a proporcionar el permiso para legalizar el traspaso.
En las investigaciones, se intentó verificar si esta arma
concordaba con la asesina. La policía requirió el
arma del empresario pero este dijo que se la habían robado.
Curiosamente el arma no tiene reporte de robo en los registros
de la Policía.
Con esta acción, en lugar de avanzar en el caso,
se alertó al sospechoso que se estaba siguiendo una investigación
en su contra, sostiene Pedro Cruz del IDHUCA.
¿Negligencia
o malicia?
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (IDHUCA) ha
dado asistencia jurídica a los familiares de los hermanos
Carías.
El
abogado Pedro Cruz se ha encargado de asesorar a la familia. Según
un estudio de diligencias realizado al caso por la institución,
la investigación ha avanzado poco o nada desde el día
del asesinato. No sabemos si la falta de voluntad para investigar
es por malicia o negligencia, asegura.
Además el experto en leyes sostiene que esta tardanza se
deriva en la violación del derecho de acceso a la justicia
a los familiares de las víctimas.
Para el abogado este es un caso típico en la realidad nacional
debido al mal manejo de las investigaciones por parte de las Fiscalía
y la Policía; hemos podido advertir que el talón
de aquiles sigue siendo el mal manejo de la escena del crimen,
sostiene, en alusión a los errores que se cometieron en
este caso.
El representante del IDHUCA afirma que pocos homicidios de todos
los que se cometen en el país llegan hasta los tribunales
y, menos aun, se condena al culpable. Hay un mal concepto
de filosofía institucional en la Fiscalía y en la
Policía. Ellos centran sus mejores recursos en delitos
que casi no ocurren y dejan recursos deficientes para un delito
mucho más grave y frecuente en el país, como es
el homicidio, afirma.
Hasta el momento, en este crimen, la tesis más lógica
para el abogado es que el asesinato de los hermanos Carías
fue planificado, sea cual sea el móvil, es claro
que al joven lo asesinaron premeditadamente y a su hermano menor
lo asesinaron porque reconoció a alguien en la escena del
crimen, estima.
El día del asesinato, las puertas de la empresa IPC, de
Rodríguez Carías, amanecieron cerradas. La compañía
había quebrado dejando a su dueño deudas por cumplir.
Hasta el momento, no se ha barajado la posibilidad de que el homicidio
haya sido motivado por la situación económica de
Rodríguez Carías. Para Cruz, esta versión
no tendría sentido. El abogado razona su postura aduciendo
que, de ser así, la represalias solo habrían sido
dirigidas a Rodríguez Carías, no tenían
porque matar al niño; estas mafias no funcionan así,
apunta.
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