Mercaderes de la caridad

Para algunos, apelar a la solidaridad pública para enmendar situaciones de emergencia pareciera ser la llave indicada para abrir el cofre de la abundancia. Al menos transitoriamente. El problema es cuando la “precaria necesidad” se tiñe con una dosis de exageración o engaño, para torcerle el brazo a muchas conciencias y voluntades dispuestas a tender la mano.

Claudia Zavala
vertice@elsalvador.com

Se llama Francisco Javier, y tiene dos años y tres meses. Como cualquier niño de su edad, es inquieto y juega a las escondidas con sus hermanos. Camina. Corre. Y también se tropieza. Estos detalles de su conducta infantil parecieran normales de no ser porque, durante varios meses ya, su madre, Matilde Noemí Castro de Lara, trata de sostener lo contrario.

Tanto así que acudió a los medios de comunicación para solicitar un aparato ortopédico que el niño realmente no necesita, argumentado “una malformación en la columna vertebral y un quiste”.
“A él le cuesta caminar, se cae a cada rato por su problema... viera cómo tiene las rodillas de tanto caerse. Yo por eso sólo chineado lo tengo. Pero su salud de verdad me aflige porque, aunque usted ahorita lo ve sanito, por dentro está bien malo”, insiste, pese a que el dominio de las extremidades que demuestra Francisco Javier aparenta ser el de un niño normal que aún desarrolla su motricidad gruesa.

Matilde tiene 29 años. Su historia se refleja en el espejo en el que se miran la mayoría de mujeres del interior de nuestro país: No concluyó el bachillerato, sobrevive lavando y planchando ajeno, y está acompañada con un lisiado de guerra que se responsabilizó de sus dos hijos, fruto de una primera unión. Él, Francisco Lara Guevara, de 34 años, perdió el pie derecho durante el conflicto armado. Combatió en las montañas de Chalatenango, donde ahora residen, en el cantón La Ceiba, del municipio Las Vueltas, y recibe una pensión mensual de 493.23 colones.

La idea de abocarse a la “caridad del pueblo” se concretizó formalmente el 25 de abril de este año, cuando Matilde, apoyada por personal del Destacamento Militar número 1 de Chalatenango, envió una carta a la primera dama de la República, Lourdes de Flores, describiendo el estado de salud de su pequeño.

La solicitud rezaba textualmente: “Soy una persona de escasos recursos y tengo a mi hijo Francisco Javier, quien posee una malformación de la columna vertebral, un quiste y desnutrición severa, deshidratación por diarrea y vómitos, por lo que me dirijo a usted para solicitarle su ayuda, ya que mi hijo necesita de un aparato ortopédico llamado perverticalizador, el cual tiene un costo muy elevado”.
La misiva llegó a manos de Aída Verónica Simán de Betancourt, directora de Desarrollo Humano de la Secretaría Nacional de la Familia, quien solicitó de inmediato al Centro de Invalideces Múltiples (CIM) los antecedentes médicos del niño, para verificar su estado de salud y canalizar la ayuda.

La información que De Betancourt recibió de parte del doctor Francisco José Posada Rodríguez, director del CIM, fue delicada: Francisco Javier ya caminaba y no necesitaba del aparato, cuyo nombre correcto es verticalizador, el cual tiene un costo máximo de 200 colones, pues es de diseño artesanal. Consiste básicamente en dos tubos verticales, con una base horizontal de madera y lazas de “velcro” o mozote, para adherirla al cuerpo del niño. El objetivo es mantenerlo en posición recta, durante media hora diaria, para que ajuste la posición correcta al caminar y estimule la fuerza y el equilibro en las piernas.

Según consta en su expediente del CIM, firmada por el terapista Alberto Cuéllar, el 12 de marzo de 2002, “Francisco Javier ya ha logrado una marcha independiente y satisfactoria”.
Sin embargo, un mes después, Matilde acudió a dos medios de comunicación escrita para solicitar ayuda por “unos cuantos miles de colones”, que supuestamente valía el aparato ortopédico, a pesar de que el niño ya caminaba.

“No lo necesita”

“Recibimos varias llamadas de personas que querían ayudar, porque en la nota del periódico aparecía el nombre de nuestra institución. Recuerdo que me llamó la secretaria de un gringo que me dijo que daría todo el dinero necesario para el niño. A todos los que llamaron les dije la verdad, que el pequeño no necesitaba el aparato”, comenta Posada.

El médico incluso alertó sobre el afán de lucro de Matilde a los medios de comunicación en los que había aparecido la nota.

Cuando la SNF se enteró de la conducta de la mujer, le hizo llegar una carta notificándole que se habían enterado de todo y que estaban en la obligación de informarlo a la Fiscalía General de la República. “Lamentamos mucho que usted como madre del niño esté tratando de obtener provecho económico de la situación de él”, dice literalmente.

Pero las cosas no terminan ahí. Cuando Matilde se entera de la notificación a la Fiscalía, acude a la oficina de Derechos Humanos de Chalatenango, alegando que su hijo sí necesita la ayuda que solicitó.

Esta vez, presenta una constancia de que requiere un aparato ortopédico llamado AFO 0-2F bilateral, que son unas plantillas en los pies que se extienden con dos especies de varillas hacia la parte superior de la pantorrilla, hasta la altura de la rodilla. El costo de este aparato es de 1,549.68 colones. Aunque se le ha exonerado la mitad del pago y el costo será de 600 colones. Se supone que eso ayudará a que una pequeña desviación en el pie derecho del niño se estabilice. La “receta” es firmada por Oscar Armando Jubis Gómez, del Centro Aparato Locomotor, del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos, ISRI.

Matilde ya no acudió al CIM porque su pequeño fue dado de alta el 28 de mayo, cuando un equipo multidisciplinario analizó su cuadro clínico. Como indicación médica se le recomendó seguir en control con el ortopeda. Es así como surge la necesidad de este nuevo aparato. Sin embargo, la malformación en la columna vertebral y el quiste que en un inicio argumentaba nunca formaron parte del expediente inicial del menor.

¿Cheques?

Cuando De Betancourt, de la SNF, se enteró de la nueva variación en su expediente solicitó le exoneraran por completo del pago del aparato, lo que se supone todavía está en proceso.
Sin embargo, Matilde menciona un acuerdo que dice desconocer De Betancourt: “De la Secretaría dijeron que me darían unos cheques para medicamentos, por lo de la desnutrición del niño... que los dejarían en una farmacia, para asegurarse de que se gastarán en eso. Pero imagínese que no haya de esas medicinas ahí... yo por eso quiero que me den el pisto a mí para meterlo en el banco y controlarlo yo”.

El doctor Sergio Parada, director del Hospital Bloom, donde Francisco Javier tiene otro expediente por su estado nutricional, explica que el niño padece una desnutrición moderada, no severa como su madre sostiene, y que en marzo y julio de este año le proporcionaron complementos vitamínicos como calcio y vitamina B. Matilde, sin embargo, asegura que la trabajadora social le dijo que no le podían dar las medicinas “porque no pagaba”. Parada lo niega enfáticamente. Incluso acusa a algunos padres de familia que tratan de sacar provecho del estado de salud de sus hijos.

Menciona el caso reciente de un padre que acudió a la prensa para solicitar dinero para comprar unas válvulas de Pudem, porque su hijo tenía hidrocefalia. Y consiguió la ayuda. La sorpresa del galeno fue que al revisar el expediente del pequeño descubrió que éste ya había sido operado a los seis días de nacido y, al momento de la petición, tenía un año de edad.
“La gente se aprovecha como no tiene idea, y eso es malo porque se pierde credibilidad. Y cuando hay gente que de verdad necesita, nadie le hace caso”, opina.

Constancias

Según Parada, la constante difusión de estos casos en los medios de comunicación contribuye, de alguna manera, a que algunas personas sin escrúpulos vean una puerta abierta para acudir a la caridad pública sin mayor esfuerzo.

Desde que esta clase de abusos comenzó a ser más común y evidente en el Bloom, se acordó que sólo el director del Hospital estaba autorizado para emitir una constancia que verificara el estado de salud real de los pequeños. Incluso se dijo que los periodistas estarían autorizados a hacer públicos los casos sólo cuando los padres presentaran ese aval médico.

Sin embargo, Parada argumenta que prácticamente nadie se acerca a él para pedirle constancias médicas. Así sucedió en el caso de Matilde, quien, en medio de todo el legajo de penurias, menciona escuetamente que la alcaldía de Las Vueltas está organizando una “velada”, para recaudar fondos y así paliar la situación de su hijo. “Pero recuerde que el pisto se va rápido y quizá necesitaría más ayuda para darle buena comida a mi niño, porque la doctora le ha dejado que coma carne asada, huevo duro, crema y quesito... y yo no tengo suficiente para darle de eso todos los días”, enfatiza.

La Secretaria Municipal de dicha alcaldía, Hilda Beatriz Orellana de Oliva, se sorprendió al ser consultada al respecto. Dijo desconocer de alguna planificación de ese tipo en los próximos días.
“Tal vez ella lo ha acordado solamente con el señor alcalde. Pero me extraña que él no nos haya informado de nada, porque, en todo caso, seríamos nosotros los del Concejo los encargados de organizarlo todo”, dice.

La evaluación socio económica de Matilde y su esposo es un elemento que también sorprendió a la SNF. La trabajadora social que visitó a la familia le informó a De Betancourt que las características físicas de su vivienda no eran las tradicionales de la zona rural de Chalatenango.

De hecho, la diferencia en la estructura de su casa, con respecto de la de sus vecinos, es notable. En lugar del suelo polvoriento de la mayoría de viviendas del cantón, la suya tiene un piso de ladrillo de cerámica, está rodeada por una malla y un muro y tiene a la entrada un portón de hierro.

“Estamos dispuestos a ayudarle, si de verdad lo necesita. Pero no le niego que me sorprendió ese detalle de su casa. No es una mansión, claro, pero se nota la diferencia. Nosotros hemos visto casos realmente precarios”, argumenta De Bentacourt.

“Ya la tenía él”

Matilde, conocedora de las evidentes diferencias, se adelanta a advertir que la casa ya la tenía su marido cuando se acompañaron, la cual fue construida por la Fundación de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), y que no le han comprado nada nuevo desde que están juntos.

Además, explica que apenas sobrevive lavando y planchando ajeno, pero cree que dejará de hacerlo “porque mucho le duele el ovario cuando lava”. Y como su marido no está “alentado”, ninguno de los dos podrá trabajar, y eso empeoraría la situación familiar.

Vértice consultó a la Fiscalía sobre el rumbo de la notificación oficial de la SNF. Después de una semana de constantes llamadas telefónicas, en la Oficina de Comunicaciones se informó que aún no se había logrado definir en manos de quién estaba la investigación.

El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, también por medio de la Oficina de Prensa, detalló que lo que procede en estos casos es que el Cuerpo Protector de Menores realiza una investigación “in situ”, para verificar si, efectivamente, la madre se está aprovechando de su hijo. Si eso se comprueba, puede tomarse como medida extrema separarlo de ella.

Al menos hasta ahora, el ISPM no reporta denuncias anteriores similares a ésta. Dijo que los que más se conocen son los típicos casos de adultos que explotan a menores exigiéndoles que pidan limosna en las calles. Confirmó que, posiblemente, en los próximos días el equipo se traslade a Chalatenango, para realizar una verificación al respecto.