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La Corte de Cuentas ha sido dirigida por casi 20 años por miembros del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y, bajo su liderazgo, ha sido un terreno infranqueable al escrutinio público. Pese a que la Asamblea Legislativa tiene la potestad nunca ha auditado el trabajo de la Corte.

Victor H. Dueñas/Erick L. Lemus/Claudia Zavala
vertice@elsalvador.com

Una misión de diputados viajó a Washington hace dos años -sin éxito- para buscar una firma internacional que auditara el trabajo de la Corte de Cuentas (CdC).

Curiosamente, los diputados visitaron la Oficina General de Contabilidad (GAO, por sus siglas en inglés) para averiguar si podía auditar a la Contraloría salvadoreña.
Los funcionarios estadounidenses entregaron una lista de firmas a las que la Asamblea Legislativa podía acudir debido a que la GAO no tiene facultades para hacer auditorías fuera de los Estados Unidos.

Ese fue el último esfuerzo público del Primer Órgano del estado para atender las críticas contra el manejo de la CdC, al mando del PCN a lo largo de dos décadas.
“Ninguna institución superior de auditoria podría operar con credibilidad si se subordina a un partido político”, advierte Jim Wesberry, Ex -director del Proyecto de Responsabilidad/Anticorrupción en las Américas (AAA).

Wesberry, que asesora a la administración del presidente mexicano Vicente Fox, fue entrevistado -vía electrónica- por Vértice.

“Es necesario que los auditores gubernamentales tengan absoluta independencia de hecho y de apariencia para poder desempeñar su función primordial de dar fe y crédito al pueblo sobre las operaciones y el manejo de los recursos públicos por parte de los gobernantes.   El camino es despolitizarla”, recalca.

El regreso de Hernán Contreras es fruto de las negociaciones entre el PCN y los partidos gobernantes. Siempre mantuvo buenas relaciones tanto con la Democracia Cristiana, en los 80, como con ARENA en los 90. El PCN ha controlado la CdC a cambio de sus votos en la Asamblea.

Perfil de candidato
En1998, llegó el diputado Francisco Merino a la CdC y sólo una denuncia por una compra-venta ilícita lo obligó a dimitir.

Una denuncia por su involucramiento en una compra-venta en San Luis Talpa (usando un prestanombre) obligó a que dejara el cargo en 1999. Después de Merino, la aritmética legislativa llevó a Rutilio Aguilera, quien le hereda muchos retos por delante a Hernán Contreras.
Esta semana una delegación del FMLN, que presidió Schafik Handal, cuestionó sin éxito a Contreras. El nuevo funcionario reiteró que mantendrá la política de reserva en aquellos casos que estime conveniente.

Al respecto, el abogado Abraham Ábrego, señala que “los informes de Auditoría que emite la Corte de Cuentas responden a su atribución constitucional de “vigilar la recaudación, custodia, compromiso y erogación de los fondos públicos”, en conformidad al ordinal primero del artículo 195 de la Constitución.

Además, “conforme al artículo 46 de la Ley de la Corte de Cuentas estos informes tienen carácter público... deben ser de acceso público por cualquier persona o entidad interesada”, agrega Ábrego.
Y, por su parte, Wesberry, remata explicando que “el mandato de la CdC en su ley orgánica es muy serio y sumamente importante al país”; pero “se requiere una transformación completa de la institución y también hace falta una modificación constitucional para modernizar su nombre a una Auditoria General o Contraloría General” porque “una Corte o Tribunal de Cuentas es una institución obsoleta del Siglo XVI”.

Restos de Contreras
La comisión presidencial anticorrupción, que creó la administración Cristiani, investigó más de 100 casos en el sector público.

Alfredo Cristiani la creó en noviembre de 1992 y fue hasta octubre de 1993 que concluyó el informe de la Comisión de Seguimiento y Fiscalización de los Programas de Inversión y Gastos del Sector Público (CONSEFIP). Pero nunca se publicó. Años después, se acusó a la CdC de tener una copia del documento.

Habrá que ver si la administración de Contreras lo hace público.
Un caso pendiente es el caso del INAZUCAR donde la CdC detectó en 1998 un faltante mayor a los 16 millones de colones; pero se desconoce si el dinero fue recuperado o no.

Las inconsistencias en los registros contables y la falta de documentación, que sirva de soporte para justificar transacciones millonarias, fue el lado flaco. En julio de 2001, el ex presidente del INAZUCAR, Ernesto Jaimes, y el ex director, Romeo Melara Granillo (hoy inspector de la PNC) llegaron a la CdC para presentar pruebas de descargo.

A Contreras le corresponderá decidir cuándo emitirá una resolución final sobre el caso.
Pero en la historia de la CdC hay unas de cal y otras de arena. Por ejemplo, uno de los casos más escandalosos que ha auditado es el Fondo de Inversión Social (FIS) donde altos funcionarios se aumentaron sus salarios, unos días antes de ser indemnizados en 1995.

La CdC condenó a Norma de Dowe, Roberto Sorto, Regina de Alfaro y Carlos Mejía a reintegrar poco más de dos millones de dólares. A la fecha, no está claro si la medida se aplicó.
Un punto a favor en la historia de la CdC puede ser el caso del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y la compra-venta del ingenio El Carmen donde la auditoría confirmó que el BFA perdió más de 100 millones de colones en su relación crediticia.

El nuevo reglamento
El Reglamento para la Determinación de Responsabilidades es una pieza clave para mejorar el trabajo de la CdC.

La normativa señalará directamente a funcionarios responsables de utilizar mal los recursos del Estado y ya no sólo a instituciones.

La lucha contra la corrupción no solo requiere de instrumentos de ley. Al menos, Wesberry reitera que “estamos perdiendo la lucha”.

El especialista estadounidense señala que “El Salvador no es diferente respecto de sus hermanos estados centroamericanos, continentales y mundiales.  La imagen de todos es mala”.

“Los gobiernos democráticos son espejos que reflejan a sus ciudadanos.  Hasta que los ciudadanos mismos lleguen a ser plenamente incorruptos e incorruptibles por medio de un cambio total de sus propios corazones, no habría ninguna esperanza de vencer a la corrupción en planeta”.

“Sólo damos los indicios”

Yuri Williams Saca, presidente de la Asociación de Auditores Gubernamentales de El Salvador (AUGES) concede el beneficio de la duda a la nueva gestión de Hernán Contreras. Pero, la buena aplicación del nuevo Reglamento para la Determinación de Responsabilidades, puede levantar la imagen de la Corte de Cuentas.

Vértice: ¿Por qué antes los auditores estaban obligados a emitir juicios sobre sus respectivos informes de auditorías?

Yuri Saca: Porque así lo establecía la ley. Para nosotros era complicado, porque no somos doctos en cuestiones legales. A pesar de que recibíamos asesoría de la Dirección Jurídica de la Corte, era bajo nuestra responsabilidad que se establecían estos juicios en el documento de notas de antecedentes. Siempre consideramos que no éramos los indicados para opinar sobre la parte jurídica porque, al no ser abogados, se corren muchos riesgos de posibles errores. Aunque por suerte nunca tuvimos un problema así.

P.: Sin embargo, ahora hay una modificación en el Reglamento que les da la potestad de señalar indicios de responsabilidad penal. Eso, obviamente, requiere de un conocimiento de leyes...
R.: Sí, es cierto. Y también nos exige señalar con una serie de datos personales y laborales a los presuntos responsables, de tal manera que no haya posibilidad de evasión. No estaría de más, eso sí, que los abogados formaran parte de los equipos de trabajo desde un inicio. Es decir, que no sólo los buscáramos para asesoría, sino que se empaparan más de todo el proceso.

P.: ¿Hubo presión de parte de la Fiscalía para que sus informes de auditorías fueran más personalizados y así ellos evitarse el problema de individualizar responsabilidades?
R.: Hubo una reunión en junio del año pasado. Ahí, gente de la Fiscalía dijo que para ellos era a veces difícil individualizar la responsabilidad; que no sólo bastaban nuestros informes, sino que debíamos ser más específicos. Ellos estaban teniendo problemas con los homónimos, porque las generales del funcionario señalado no estaban completas. Que quede claro que nosotros damos los insumos, los indicios, ellos son los encargados de señalar si hay delito o no. Por eso se modificó ese aspecto, para agilizar el proceso que, a la larga, pretende fiscalizar de mejor manera los recursos del Estado.

P.: ¿Hubo un caso en especial al que se refirió la Fiscalía?
R.: Que yo sepa, no. Creo que era más bien un problema generalizado; algo que se venía dando continuamente y que les impedía su labor, no sólo en el área penal. A veces, por ejemplo, llegaban a cobrarle una sanción administrativa a una persona, y resultaba que esa persona no era la verdadera responsable, pero se llamaba igual.

P.: Usted también reconoció, hace unos días, que hoy más que nunca los auditores podrían ser sujetos de amenazas o sobornos, de parte de algunos funcionarios que se nieguen a ser investigados ¿Han tenido casos concretos?
R.: Afortunadamente, no. Desde enero venimos con ese cambio de individualizar responsabilidades y no hemos tenido ningún caso reportado formal o informalmente. Aunque sí, no le niego, que cuando estamos auditando un caso o una institución medio “espinosa”, pues... tratamos de cambiar de rutas; uno tiene maneras de cuidarse solo, sin necesidad de protección.

P.: Hernán Contreras se ha comprometido públicamente a hacer una evaluación al interior de la Corte. ¿Por dónde cree que hay que empezar?
R.: Hay que ver si los 450 auditores con que cuenta tienen la capacidad real para cubrir toda la demanda de auditoría que hay en el país. También es necesario verificar si los manuales de trabajo que tenemos necesitan modernizarse, al igual que el equipo tecnológico e informático. La contraloría gubernamental de Estados Unidos, que es de donde nos basamos nosotros, dice que el auditor debe tener un mínimo de 80 horas de capacitación al año.

P.: ¿Por qué AUGES considera que el Presidente de la Corte de Cuentas debería estar desvinculado de partidos políticos? ¿En qué beneficiaría al trabajo del ente contralor?
R.: Mire, yo he tenido casos de alcaldías, por ejemplo, dirigidas por el FMLN o ARENA y, directamente, me han dicho que yo llego a fregarlos porque soy del PCN. Nosotros no estamos en contra de que el Presidente tenga una ideología política, porque está en todo su derecho. Pero sí es lamentable que corramos el riesgo de que nuestros informes puramente técnicos se vean desde una óptica política, porque ahí salimos perjudicados todos, porque coarta la independencia que la institución debe tener.