México
Los años prohibidos

La hora de señalar responsabilidades ha llegado. El gobierno de Vicente Fox ordenó la apertura de 60 mil expedientes para esclarecer diversos crimenes cometidos en décadas pasadas y en contra de miembros de la oposición.

Vértice/ Agencias
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Para demostrar que sí cumple sus promesas de campaña, el presidente mexicano Vicente Fox ordenó, el martes pasado, la apertura de 60 mil expedientes que revelan seguimientos a partidos políticos, organizaciones sociales, empresarios, funcionarios y estudiantes, entre 1952 y 1985.
Se espera que los datos contenidos en unos 80 millones de fichas, que contienen información sobre hechos políticos y sociales ocurridos entre 1948 y 1985 ayuden a aclarar los crimenes de la llamada “guerra sucia”, intensificada entre 1970 y 1980, cuando México era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ocupó el poder durante siete décadas.
“Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de estos hechos”, dijo Fox, durante el acto de apertura de los documentos en el Palacio de Lecumberri, un antiguo recinto de presos políticos.
Los expedientes, que fueron trasladados en 5 mil cajas a la sede del Archivo General de la Nación desde el pasado 27 de marzo, han sido puestos a disposición del público después de la promulgación, hace unos días, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual -según los analistas- es el principio del fin de la cultura del secreto.
El año pasado, Fox creó una fiscalía especial para investigar la desaparición forzosa de 532 personas. Con la “desclasificación” de estos archivos, funcionarios, familiares de las víctimas, investigadores y público en general tendrán prioridad para revisarlos y conocer de primera mano toda la información.
“No nos asusta el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales. En el México de hoy las leyes se aplican y no hay lugar para intocables. El estado de derecho no es negociable”, afirmó Fox.

La huella de Tlatelolco

Según organismos civiles, durante la “guerra sucia” miembros del Ejército y la Policía tomaron parte en la “desaparición forzada” de cientos de simpatizantes y activistas de izquierda, a quienes retuvieron y torturaron en bases militares, prisiones clandestinas o en oficinas de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
En los sucesos del 2 de octubre de 1968, conocidos como la matanza de Tlatelolco, una manifestación de estudiantes fue reprimida a balazos y se cree que perdieron la vida unas 300 personas. El 10 de junio de 1971, líderes del movimiento estudiantil de 1968 encabezaron otra manifestación de estudiantes que fue disuelta violentamente por comandos policiales y en la que organismos civiles estiman que murieron unas 140 personas.
“Hemos avanzado para enderezar lo que durante muchos años estuvo torcido... Nuestro compromiso es aclarar lo que estaba turbio y, sobre todo, hacer justicia donde antes no la había”, dijo el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Creel Miranda aseguró que el Gobierno Federal citará a comparecer, sin excepciones, a todos los ex funcionarios públicos relacionados con crimenes del pasado. El primero en la lista es el ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
Salvador Martínez Della Rocca, integrante del Comité Ciudadano, aseguró que Echeverría Álvarez será citado en los próximos días para que declare sobre la matanza de estudiantes ocurrida en 1971, cuando era Presidente de la República.
“Ahí no va a poder argumentar lo que ha dicho en otras ocasiones de que el 2 de octubre era presidente Gustavo Díaz Ordaz, el único que asumió la responsabilidad histórica de todo eso. En una reunión con Creel, ratificó que en las investigaciones de los delitos no habrá intocables”, detalló Della Rocca.