Se levantó el telón: los maltratos, mordazas y supuestas renuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos salieron a luz. La misma procuradora sería responsable de violentar la tranquilidad institucional. La funcionaria ejerce poder con ayuda de la asociación de empleados. A nivel judicial se han emitido, al menos, dos resoluciones en contra de su peculiar administración

Víctor Hugo Dueñas
vertice@elsalvador.com

Con luz y aroma de velas, Beatrice Corina Angela Luisa Alamanni de Carrillo aclimata su oficina en la Procuraduría de Derechos Humanos.
Basta que accione un interruptor para borrar ese ambiente cálido y crear una atmósfera fría, plagada de luz blanca cenital.
La procuradora se transforma con el ambiente. Al principio es amable, pacífica, pero a medida se abordan temas relacionados al estilo de su jefatura, cambia por completo.
Usa como defensa el ataque, desborda arrogancia y sentencia “soy ama y señora de esta institución”.
A lo largo de cuatro semanas, más de una decena de empleados de la PDDH ofrecieron testimonio sobre el trato que reciben de su jefa.
Irrespeto, maltratos verbales, decisiones arbitrarias, imposición de silencio se atribuyen a de Carrillo.
Entre todos los casos, destacan las amenazas a muerte que recibió uno de los trabajadores de parte de los “protegidos” de la funcionaria.
En la Procuraduría existe una resquebrajada asociación de empleados.
Algunos de sus miembros colaborarían con ‘el control’ de los trabajadores y de la institución en general.
El grupo mocionaría despidos, reubicaciones y, supuestamente, solaparía una especie de vandalismo institucional.
La Fiscalía abrió un expediente en relación a las amenazas a muerte.
En el mismo archivo se contienen denuncias sobre el irregular manejo de vales de gasolina, hurto de piezas de vehículos, entre otros incidentes registrados los últimos meses. (ver recuadro)
En los juzgados comunes se han entablado juicios contra la PDDH, al menos, dos resoluciones han sido emitidas contra la institución , donde se evidencia el peculiar manejo de Alamanni.
El 15 de mayo pasado, el Juzgado Primero de lo Civil exigía el reinstalo, por tercera ocasión, de la ex procuradora Adjunta de la Niñez, Gloria Ayala de Gavidia.
Beatrice de Carrillo ya había desatendido dos órdenes e hizo lo mismo con la tercera.
Las interpretó como quiso, hasta acusó de “poca noción de leyes” a quienes resolvieron el caso.
También arremetió públicamente contra Ayala de Gavidia y sus pretensiones de volver a la PDDH.
“Me ha dañado mi imagen. Ha dicho barbaridades de mí”, sostiene de Gavidia.
La abogada se pregunta, “Si la Procuradora de Derechos Humanos ignora resoluciones judiciales, ¿cómo espera que sus resoluciones morales sean cumplidas?”.
De acuerdo con Ayala, se tipifica como “desobediencia” el no acatar las resoluciones judiciales. De Carrillo habría cometido ese delito.
Trascendió que, debido a la desobediencia de la procuradora, se recurriría al uso de la fuerza para reinstalar a la licenciada Ayala.
Para evitar que eso ocurriera, la procuradora devolvió el puesto a la ex procuradora de la Niñez, en medio de un relativo silencio.
El 28 de mayo pasado, Ayala de Gavidia volvió a su puesto, al cual renunció casi de inmediato.
Según dijo, las procuraciones adjuntas son puestos de confianza y demandan un trabajo estrecho con la procuradora titular, después de escuchar las ofensas de de Carrillo, dice no estár dispuesta a permanecer cerca de ella.
Desde que comenzó su lucha legal, Ayala sostuvo que su despido era injustificado. Cuando la actual procuradora se negó a reinstalarla, su objetivo cambió: quería dejar en evidencia las acciones arbitrarias de de Carrillo, y lo consiguió.
La resolución judicial a su favor le reconoce como derecho el pago de los “salarios caídos”, que dejó de percibir durante los 17 meses de cesantía.

Segundo caso
Las irregularidades administrativas se evidenciaron por segunda vez, con una resolución del Tribunal de Servicio Civil.

La entidad resolvió a favor del señor E. G. quien fue beneficiado con una indemnización, como reconocimiento a sus tres años de servicio continuo dentro de la entidad.
El empleado terminó sus labores en diciembre de 2001 y la resolución emitida a su favor está fechada el 11 de marzo de 2002.
Durante el tiempo que el señor G. permaneció en la institución, laboró bajo el sistema de contratos.
Los Decretos Legislativos 678 y 705 reformaron la Ley de Servicio Civil incluyéndole el beneficio de la indemnización, que ya gozan los empleados por Ley de Salarios.
El tribunal ordena que se “debe de indemnizar al Licenciado E. G. si su contratación se dejó sin efecto, en virtud de que hay una presunción de que la contratación es permanente”.
El ex empleado advierte graves problemas que motivaron su salida de la PDDH. Habla de serias diferencias con la procuradora.
“Era insoportable trabajar para ella. Siempre está gritando, imponiendo sus criterios. No escucha a nadie”, sostiene.
“Cambia de actitud de un minuto a otro, cuando se le intenta ayudar dependiendo de su ánimo dice: ‘no se meta en mi vida’, luego, pide disculpas. Es completamente inestable emocionalmente y a nivel administrativo eso afecta mucho”, agrega.
De Carrillo, también, cuestiona esta resolución. La califica de equivocada. Sostiene, además, que la Procuaduría carece de fondos para un posible pago.
Un empleado de la institución, trasladado hacia el oriente del país, ha interpuesto otra denuncia por “malos tratos”.

Recuento de daños
Desde su llegada a la Procuraduría, al menos tres comunicadores han renunciado a la institución.
El primero, Elder Gómez, quien ostentaba el puesto de asesor personal de la Procuradora. Salió en agosto de 2001.

El segundo, Alirio Guerra, quien llegó a la jefatura de Comunicaciones durante la gestión de Eduardo Peñate. Abandonó el cargo en diciembre de 2001. Carlos Rugamas dejó la jefatura de Comunicaciones el 16 de abril pasado.
Además de los comunicadores, una veintena de empleados habría “renunciado” a la institución. Entre ellos, la Procuradora Adjunta, Dafne Sánchez.
Sánchez, como otros empleados se marchó en silencio. Consultada vía telefónica dijo que su estancia en la PDDH “es un capítulo que ya cerré”.
Beatrice de Carrillo, durante una entrevista, ofreció con lujo de detalles su visión de lo que ocurre en la PDDH.
Deslegitima los testimonios de los empleados reduciéndolos a “chambres institucionales”.
Tampoco da credibilidad al resto de señalamientos. (ver entrevista)
Frente al incidente con la licenciada Ayala de Gavidia, saltan dudas en relacióncon el cumplimiento o no de la Ley Orgánica de la PDDH y de la Constitución de la República, por parte de la procuradora.
En el Artículo 194 de la Constitución, se establecen las funciones del titular de la PDDH.
“Corresponde al Procura-dor para la Defensa de los Derechos Humanos: Velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos”.
El Artículo 11 de la Ley de la Procuraduría retoma literalmente el precepto constitucional.
El tema de la supuesta “desobediencia” de las resoluciones judiciales y cuestionamientos públicos a quienes las emitieron, es otro tema para profundizar.

“Soy ama y señora de esta institución”

Después de semanas de espera, la Procuradora Beatrice de Carrillo accedió a una entrevista. Su arrogancia, cuestionamientos y actitud desdeñosa, permiten tener una idea bastante fiel de uno de sus rostros ocultos.

Fueron 35 minutos de entrevista, que Beatrice de Carrillo intentó boicotear desde el principio.
Aunque las excusas no surtieron el efecto que quizá esperaba, rebuscó formas de controlar la situación. Ella preguntó primero.

¿A que debo su visita?
Es algo incidental.
¡Aquí no hay nada incidental!
He escuchado testimonios de personas, que me llevaron a seguir una investigación...

¿Y yo que tengo que ver?
Por eso vengo acá.
Mire, aclaremos, cada quien tiene su tiempo limitado... Entonces, usted es periodista de El Diario de Hoy... ¿De que área?
Nacionales.

¿Está interesado a analizar cómo es la Procuraduría?
Sí, específicamente a nivel admisnistrativo, el trato con algunos empleados... Tengo testimonios de personas y quisiera que usted, también, me diera el suyo.

Perfectamente, ¡lo que usted quiera!
Tengo unas cuatro semanas de entrevistarme con gente de la procuraduría ...
Y eso, según usted, es una metodología periodística, normal, umm, ¿no sé?
Es normal.

Bueno...

Parte de la normalidad es que si ellos han dado una versión, usted me de la suya.

No soy contraparte de nadie y contra esos temas no hay nada que contestar. Como lo oye, no perdamos el tiempo ni usted ni yo. Para mí puede poner lo que usted desee... no tengo nada que contestar sobre temas de esa naturaleza, a nivel de respuesta o de chambre que no es digno de una procuradora. Yo soy la procuradora y no pierdo mi tiempo laboral a ser contraparte de chambres...

¿Llamaría chambres, señora, al hecho que existen resoluciones judiciales que usted ha ignorado?
¿A qué se refiere usted?

¿Llamaría chambre a la resolución del Tribunal de Servicio Civil que también ha ignorado?
Yo no he ignorado nada... Mire, no, perdone, tengo demasiado trabajo para reducirme al tipo de actividad como esta. Publique lo que desee...
Señora procuradora...
(interrumpe) Es totalmente un lenguaje a nivel periodístico que no me interesa lo que estamos hablando, porque no tiene ningún profesionalismo, ¿de acuerdo?

Pero...
Permítame, permítame, permítame... la única versión oficial de esta institución, referente a resoluciones y al trabajo que aquí se realiza es dado por mi persona... Todo lo otro, a lo cual usted pueda acceder como ciudadano, a través de sus investigaciones, son cosas suyas.

Pero, ¿qué grado de credibilidad le da a las resoluciones de la Corte y del Tribunal Civil?
¿A qué se refiere? Ni siquiera sé a que se está refiriendo.

Déjeme explicarle...
No, es que no tengo nada que explicarle, que tenga, qué, ¿situaciones como esas?

Hay una resolución para la ex Procuradora de la Niñez...
¿Cuál procuradora dice?

De la Niñez, Gloria Ayala...
¡Esa no es mi Procuradora!

Es la ex procuradora...
¿A qué se refiere usted? Ella no sé ni quién es...

Hay una resolución...
¿Qué está diciendo?

.. que se le notificó a usted, donde se le pide sea restituída.

¡Por favor escuche! Primero no se llama así, verifique el nombre correcto. Segundo, yo nunca voy a restituir a alguien que jamás he despedido yo. ¿Está claro?

Sí, no la despidió; pero hay una resolución donde se le reconoce el derecho de volver a su puesto y, usted...
(interrumpe) Es una resolución equivocada, que ha sostenido un juez. Lo siento mucho, por su poco conocimiento jurídico, siento mucho esa posición. Esto no tiene nada que ver con mi situación.

A quien le falta conocimiento jurídico, ¿al juez?
Definitivamente, porque viola la ley de la Procuraduría. Tengo la libertad constitucional de escoger a mi personal de confianza.

Cómo se interpreta el hecho de que existe una comisión de la PDDH, que intenta persuadir a la ex procuradora...
¿Cuál comisión?

El grupo que intenta hacerla desistir de volver al cargo.
Eso es una mentira absoluta, lo que hay aquí mi querido joven periodista, para que usted comprenda un poco la situación... (cambia de tema) Bueno, yo quisiera que si usted quisiera dialogar conmigo haga preguntas.

Eso es lo que hago.
No señor, usted está sobre cierto tipo de información totalmente equivocada que tiene.

¿Equivocada?
Definitivamente. Le voy a explicar, hubo al tiempo de Peñate Polanco el nombramiento de una señora que no conozco, como procuradora para la Niñez. La señora no tuvo comportamiento del todo satisfactorio y el sustituto del señor Peñate Polanco, la destituyó... (Suena el teléfono y contesta)
Cuando yo llegué, ya había caducado todo el tiempo para presentar nuevas pruebas referente a este juicio. Al pedir la restitución de la persona, se está violando grandemente la ley, porque los cargos de confianza no pueden ser impuestos a ningún procurador. Yo, jamás he despedido la persona y jamás, tampoco, voy a restituirla.

Y sí se llama Gloria Ayala de Gavidia.
Sí, de Gavidia, sí. Lo sé perfectamente... Nosotros reconocemos que es una situación muy desagradable y mal intencionada, provocada como una forma de desestabilización hacia la institución... Un proceso de incomodidad, de molestia, a la procuraduría de ciertos grupitos.

En otra resolución se le solicita indemnizar a otro ex empleado, pero, tampoco ha respondido.
Ah, eso es una cosa totalmente absurda. Se trata de Alirio Guerra, es un periodista, que no tiene ningún derecho legal a ser indemnizado por la simple razón que siempre fue contratado por las administraciones anteriores.
Fue avisado en junio que su contrato terminaba en diciembre y no tiene nada que ver con nosotros.
Pero eso es una interpretación personal...
Señor, eso no es una interpretación personal ¡Usted le está hablando a una abogada! No puede haber una resolución...

¿Por qué existen resoluciones y no cumple?
Señor, si usted viene aquí a hablar en esa forma, no tenemos nada que decir. Usted se está comportando...

Pero solo...
Este no es el periodismo digno de El Diario de Hoy, siquiera.
(suena un teléfono y contesta)

Ha habido una salida repentina de su personal...
Está muy bien, yo estoy encantada. Si una persona no se siente muy bien en un lugar, ¡que se vaya! Por favor, no seamos ingenuos, en puestos públicos y en puestos de confianza la persona dura cuando desean los jefes y cuando desea la misma persona.

En este tiempo que llevamos de platicar, queda en evidencia su actitud de imponer criterios...
¡No estoy imponiendo criterios! Le estoy explicando un mínimo de Derecho para que nos entendamos.

Esto es justamente una de las razones por las cuales algunas personas se están quejando...
Que se quejen, saben de que al final...

Al final, hablan de una imposición de su parte...
Escúcheme bien, pero escúcheme bien. Yo he heredado una institución con 400 personas, constituyéndose en una de las más grandes procuradurías de América Latina; sin embargo, con una eficiencia que podría llegar al 10 por ciento...
Se vino creando ese monstruo de 400 trabajadores, que no trabajan para el pueblo salvadoreño ni son expertos en materia de derechos humanos, sino que son típicos empleados del Estado que forman el paquete de gente que constituye la burocracia del Estado...

¿Dentro de ese paquete incluye a la gente que usted misma trajo y que al final desertó?
No, claro que no... Nadie desertó, mi señor.

Su procuradora adjunta general...
Mi procuradora adjunta, y nada de general, gracias a Dios en su nuevo puesto gana más que su servidora.

No le parece curioso que haya dicho, que su permanencia en la PDDH es “un capítulo para olvidar”.
Tendrá sus razones, tendrá sus razones... Le diría una cosa, cuando una persona joven, sin mucho pasado, tiene la suerte de alcanzar rápidamente la posición de una procuradora adjunta, y por las razones que sea, prefiere irse, pues que se vaya a la contraparte.

¿Contraparte?
Vea, la Procuraduría es la entidad fiscalizadora de todo el Estado, todo ministerio que pertenece al esquema del Estado es contraparte.

Aceptaría el término traición.
Sería una traición si mi esposo no me quisiera, pero una trabajadora, ¡por favor...!

Los trabajadores se quejan de preferencias para quienes forman la asociación de empleados.
¿De veras? pregúntele a ellos si es cierto.

¿No es verdad que se ofrezcan mejoras como viáticos, vales de gasolina, nuevos cargos?
Eso es mentira ¡Absolutamente!

¿Qué grado de influencia tiene la asociación dentro de sus decisiones?
Ninguna.

¿Conforma una especie de co-gobierno?
Cómo va a creer. ¡Ay Dios! Si conmigo no puede cogobernar ni siquiera el Presidente Flores. Por el amor de Dios, aquí soy ama y señora de esta institución.