2 de junio de 2002

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LA ARISTA AFILADA

El contubernio malsano

Carlos Alberto Montaner
vertice@elsalvador.com

El escándalo es tan grande como el propio banco. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno de los mastodontes financieros españoles, y el de mayor presencia en América Latina, está en medio de una severa indagación judicial. Se acusa a sus principales directivos de graves delitos e irregularidades. Desde “blanqueado” de dinero negro hasta soborno a políticos latinoamericanos -Chávez y Fujimori incluidos-, pasando por evasión de impuestos y manipulación de los libros de contabilidad. Si los delitos se pueden probar en los tribunales, es muy probable que una docena de altas personalidades de las finanzas españolas acaben con sus huesos en la cárcel. O al revés: la cárcel acabará con sus huesos, puesto que casi todos los encartados exceden de cincuenta o sesenta años de edad.

Ante estos hechos, algunos de los acusados expresan dos respuestas diferentes. La pública, es que se trata de un cúmulo de falsedades y exageraciones que resultarán desmentidas tan pronto los jueces examinen las evidencias presentadas por la fiscalía. La privada, es que en América Latina es así como se hacen los negocios: por debajo de la mesa y comprando funcionarios corruptos. A lo que enseguida añaden una afirmación indisputable: “y no somos sólo nosotros, los españoles, quienes incurrimos en estos actos; los alemanes, los franceses y los italianos son aún peores. Incluso, los gringos, tampoco son inocentes. Ahí están los casos de la IBM en Argentina, o los millonarios depósitos “lavados” en el Chase o en el Citi por funcionarios que no les preguntaban a sus clientes el origen de esos fondos”.

Puede ser. Puede ser que en América Latina, en África y en otras desventuradas regiones del globo esa sea la manera más fácil y rentable de hacer negocios. Puede ser que los inversionistas e industriales de todo el planeta no vacilen en cometer esta clase de actos ilegales para enriquecerse, pero esos argumentos no justifican los delitos. Tal vez, incluso, los hace más repulsivos. Es como alimentar la dependencia de un heroinómano porque, al fin y al cabo, ya es un adicto incurable. ¿Qué puede importar darle un par de dosis más de droga a esa piltrafa humana y que se hunda un poco más en su miserable vicio? Si América Latina está podrida de corrupción, ¿qué pueden significar unos cuantos negocios más o menos turbios realizados con la mano izquierda, que es la de cometer actos impuros?

En realidad, la excusa no es válida. La corrupción siempre tiene dos caras. La del que da y la del que recibe. Y si un presidente o un ministro deben ir a la cárcel por aceptar sobornos, cobrar comisiones ilegales, y, en definitiva, lucrarse indebidamente, quien propicia esos actos debe ir a parar a la misma celda y por el mismo tiempo. Hay legislaciones, incluso, que son más rigurosas con los inductores de ciertas faltas que con los ejecutores. En Suecia, por ejemplo, ejercer la prostitución no es un delito. En cambio, solicitar los servicios de la prostituta sí puede estar penalizado.
¿Hay alguna enseñanza que aprender de este episodio del banco español? Sí, hay una muy importante que espero no escapará al ojo generalmente prudente de José María Aznar: lo peligroso y erróneo que resulta colocar el peso del Estado tras las gestiones de los empresarios privados. Es un temerario disparate contribuir a la implantación de empresas nacionales en el extranjero y comprometer los asuntos generales de España en beneficio de unos señores que van a hacer negocios a sitios en los que esas aventuras muchas veces se hacen al margen de la ley. España es mucho más que sus bancos, sus hoteles, su telefonía o sus explotaciones petroleras. Y si los empresarios, persiguiendo su propio beneficio, acuden a países en los que la corrupción es la norma, y si, por codicia, o por darles satisfacción a sus accionistas, aceptan el riego de jugar con esas reglas, son ellos quienes tienen que aceptar todas las consecuencias.

Papel del gobierno

Se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo hasta que se entienda: los Estados no pueden ni deben avalar o representar intereses económicos privados. Los Estados ni siquiera tienen intereses económicos. Son las personas o las empresas las que tienen intereses económicos, y éstos, por definición, son siempre particulares. Cuando, a principios de mayo, el Ministro de Economía de Argentina le reprochó al gobierno español que el Banco Santander Central Hispano amenazaba con retirarse del país agravando el descalabro financiero, hizo algo equivocado, pero razonable. Equivocado, porque el SCH es un banco privado. Razonable, porque una década antes habían desembarcados los empresarios españoles en Argentina arropados por la administración de Felipe González, tutela que luego continuó el Partido Popular.

Hay que terminar con ese contubernio malsano entre empresarios y gobiernos en el terreno internacional. Ni los monarcas, ni los presidentes, ni los ministros de ningún país deben comportarse como agentes comerciales. Es la única forma de defender que, cuando llega la hora de las vacas flacas, como sucede ahora, cada palo aguante su vela sin chistar.
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