Del medio millón de armas existentes en el país, tan sólo 175 mil 161 están registradas. Las regulaciones establecidas en la Ley de Armas son letra muerta. El poco o deficiente control del armamento y municiones ha favorecido un mercado negro impresionante. Armas largas como AK-47 y G-3 están en manos de civiles o instituciones de gobierno. La pistolización deja como secuelas miles de víctimas.

Ana Lidia Rivera
vertice@elsalvador.com

¿Es difícil comprar un arma en El Salvador?El revólver de fabricación checa con que Misael fantaseó por varias semanas, le costó, además de los mil 800 colones, un par de llamadas telefónicas a un amigo que lo contactó con el vendedor directo. El comerciante resultó ser un tipo joven, en apariencia tranquilo, muy alejado del estereotipo holliwoodense de traficante con gafas negras y halo misterioso.
“Sólo tuve que esperar 48 horas para tenerla”, comenta satisfecho Misael, para quien la compra no representó ningún inconveniente en una calle céntrica de la capital.
En San Salvador, como en otros puntos del país, opera un floreciente mercado negro de armas, donde es posible adquirir a a granel armas cortas o largas, de casi cualquier calibre y marca.
Durante la conferencia “El impacto de las armas sobre la violencia”, realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el estadounidense y experto en desarme William Godnick afirmó que El Salvador, es el país más armado del istmo.
“Se estima que aquí circulan unas 500 mil armas, una de las cifras más altas de la región”, sostiene.
El dato de Godnick se basa en la suma de las armas registradas, el número de agentes de seguridad privada así como otros datos oficiales, que lo llevan a concluir que El Salvador está más armado que Guatemala, aunque la población del vecino país es mucho mayor.
“Después de una depuración de datos”, informa el Jefe de Logística de la Fuerza Armada, Coronel Francisco Ramos, el número de armas registradas llega a 175 mil 161.
El oficial, que lleva dos años al frente de la oficina de Registro, se muestra incrédulo ante la afirmación del estadounidense, quien entre otras cosas afirmó que en los últimos años, El Salvador se convirtió en el séptimo comprador de armas cortas (pistolas y revólveres) sólo en el mercado estadounidense, por encima, de países como Sudáfrica y sólo una posición por debajo de México.
Ramos reconoce niveles de tráfico ilegal, pero asegura son mínimos.
“Los controles establecidos por la Ley (de Armas) son muy estrictos”, acota.
La aprobación en 1999 de la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares pretende, entre otras cosas, cerrar los espacios al mercado ilegal que campeó y fortaleció durante la guerra civil salvadoreña.
Uno de los éxitos verificables de la ley ha sido la legalización de 29 tiendas de armas con sucursales en diferentes puntos del país; la regulación de 11 polígonos de tiro y la apertura de cuatro empresas recargadoras de munición autorizadas. Todo, bajo el control del Ministerio de la Defensa Nacional por mandato constitucional.
No obstante, quedan dudas sobre el destino de cientos de armas y millones de municiones que después de la guerra entraron legalmente al país.

Violan ley
Sin duda, las pretensiones de aplicar la Ley de Armas se quedan cortas y mucho más cuando las instituciones de gobierno violentan la legislación.

Actualmente opera un ejército de hombres armados en las 262 alcaldías de del país, bajo el nombre de agentes metropolitanos o policías municipales.
Por increíble que parezca, nadie sabe cuántos son y menos la cantidad y tipo de armas que manejan.
Sólo el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en la capital posee 475 hombres armados. Se espera que lleguen a 500, según el jefe de operaciones de la institución, Comandante Carlos Castillo.
Lo mismo ocurre con los agentes que custodian los centros carcelarios, donde a pesar de las restricciones de ley, se mantienen los fusiles automáticos G-3, de supuesto uso privativo de la Fuerza Armada.
Por Ley, todas las entidades autónomas, semiautónomas y municipales están obligadas a enviar reportes sobre las armas y el personal de seguridad.
“Hasta hoy sólo nos ha llegado información de las comunas de San Salvador y Santa Tecla”, comenta con evidente molestia el jefe de la División de Registro y Control de los Servicios Privados de Seguridad, de la Policía, Subcomisionado Gerson Pérez.
Ni en el Instituto de Desarrollo Municipal (ISDEM) ni en la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) dicen conocer cifras sobre el número de agentes, sus armas y tipos.

Más que la PNC
La proliferación de empresas de seguridad privada abrió posibilidades de empleo a miles de ciudadanos, pero también les posibilitó el acceso a las armas.
El incremento de agentes privados de seguridad supera en miles a los agentes de la PNC. Las empresas cuentan 23 mil agentes frente a 20 mil policías.
De 143 empresas existentes al menos 53 están en proceso de verificación de armas. De momento, según el subcomisionado Pérez se calcula que las agencias manejan “entre 12 y 13 mil armas”, en su mayoría escopetas y revólveres de diverso calibre.
Según el jefe policial, con las empresas privadas se registran diversos problemas.
“Queremos que la gente cumpla”, dice Pérez, por lo que desde hace ocho meses, verifica el funcionamiento de 10 agencias de seguridad, además de ordenar el cierre de otras dos por no llenar los requisitos.
“Cuando se cierra una empresa, las armas son vendidas a otra más fuerte, todo bajo la inspección de la PNC. Nos encargamos de verificar el paradero del armamento”, sostiene.
Otra anomalía detectada con las empresas de seguridad, se relaciona con la contratación de personal poco idóneo. Por ejemplo, dice, se contrata personal sin los estudios mínimos de sexto grado o carecen de licencia de portación de armas.
El curso preparatorio que se ofrece en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) a los aspirantes a agentes es el requisito que más se cumple. En enero pasado un total de 16 mil 500 personas recibieron el curso.
La rentabilidad de las empresas de seguridad, obviamente, es un punto decisivo para abrir más negocios como estos. El subcomisionado Pérez asegura que cada semana aparece una nueva empresa.
San Miguel es el segundo departamento con mayor demanda agencias privadas, después de San Salvador. Siguen Santa Ana y La Libertad.
“Las empresas más fuertes mantienen planillas de hasta dos mil agentes”, dijo.
La División de Registro y Control de los Servicios Privados de Seguridad de la Policía recibe a diario reportes de robo de una ó dos armas en las agencias de seguridad. Se ha confirmado que los agentes roban las armas.
El año pasado, 50 agentes de seguridad fueron capturados por la comisión de delitos con armas y alcohol.
El subcomisionado considera que la situación no es alarmante pero si preocupante.
En los cuatro primeros meses del año se ha reportado el robo de 31 armas; mientras que el año pasado 66. La policía ha decomisado armas por diversas causas (ilegalidad de portación, delitos) en las agencias de seguridad.
En el 2000 se decomisaron 223; el año pasado, 51, y en lo que va del presente año 272. En total 546 a lo largo de dos años y cinco meses.
Informes policiales revelan que del total de armas decomisadas, un 26% fueron utilizadas en actos delictivos.
Uniformes en azul y blanco, con números en el pecho, similares a los de la PNC, también han sido decomisados.

Tolerancia
El diputado y coronel José Almendariz, de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa,
califica de apresuradas y poco fiables las aseveraciones del estadounidense Godnick, de que El Salvador es el país más armado de la región.

“Es un invento que a partir de unas encuestas se pueda concluir eso y exijo pruebas fehacientes”.
Un dato que sorprende al legislador, se refiere al poco control del número de agentes metropolitanos o policías municipales.
“Nosotros hemos dado los instrumentos para que se apliquen los controles, que la gente no haga su trabajo ya es otro asunto”, comenta con tono de reclamo.
Pese a su incredulidad sobre la existencia de medio millón de armas en el país, Almendariz reconoce que en diversos puntos fronterizos del país, sobre todo con Honduras, se reporta trasiego de armas.
El político no justifica el contrabando de armas, pero apoya el que los civiles se armen para defenderse.
“Hay menos secuestros porque la gente se ha armado”, enfatiza. Según él, la potencial víctima de secuestro con un arma en la mano deja de ser presa fácil.
Almendariz, junto a sus colegas de la Comisión de Defensa, estudia reformas a la Ley de Armas. Se piensa autorizar la portación desde los 21 años y la tenencia a partir de los 18.
Armas y violencia
Una investigación del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la
Universidad Centroame-ricana “José Simeón Cañas”, confirma que el control y regulación del uso de armas es “laxo”.
El informe acusa de poco fiable el registro de armamento, como resultado de la aplicación poco adecuada de los mecanismos de regulación.
Otros señalamientos son la falta de información estadística de las armas decomisadas que permita conocer los tipos y el mercado de procedencia (legal o ilegal). Tampoco se conoce la edad y sexo del usuario.
El IUDOP asegura que la PNC cuenta con un banco de datos de pruebas balísticas, pero debido a la falta de tecnología y recursos humanos, se le dificulta el esclarecimiento de delitos con armas de fuego.
El instituto investigador señala que la Fiscalía General carece de una política definida en torno al problema de las armas de fuego, mientras que la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda adolece de registros claros, sobre las armas que se importan legalmente al país.
La falta de registros, la débil aplicación de la Ley de Armas, el trasiego ilegal de armamento, la tolerancia o faltas que algunas entidades de gobierno son las explicaciones de por qué El Salvador se considera el más armado de la región.

Competencia desleal
Daños al mercado legal

El mercado negro existente y la frágil Ley de Armas serían, según los comerciantes locales de armas, las principales causas del descenso que experimentan en sus ventas y ganancias

“Tenemos una competencia fuerte en el mercado negro. Este último mes las ventas descendieron en un 80%. Esto no lo mira sólo quien no quiere. A nosotros nos exigen hasta la Magnífica para montar una tienda, pagar empleados, local e impuestos, mientras que los señores que están traficando no pagan nada y además se llevan a nuestros posibles clientes.
La Ley nos prohibe la venta de fusiles automáticos pero vaya usted a la frontera con Honduras y encuentra de todo lo que nosotros no podemos ni siquiera pensar en importar.
Usted me preguntaba por miras láser para revólver, ¿dónde cree que las compran? en el mercado negro y nosotros ni miras para cacería podemos ofrecer.
Sé que en el caso de estas miras láser, que están circulando por aquí, antes las traían de Estados Unidos, bien escondidas entre el equipaje, pero después del 11 de septiembre pasado eso es muy difícil con lo duro que se han puesto los gringos.
Lo que se sabe es que las están metiendo por Honduras que es de donde viene la mayoría de las armas ilegales, con todo lo que dejó la contra nicaraguense: sobre todo fusiles AK-47 y M-16, en realidad desde allí entra casi todo lo que se mueve aquí en el mercado negro.
Por qué cree que capturaron a los Benedictos precisamente en la zona fronteriza de Honduras, porque allí está el trasiego de armas, allí es donde se mueven importantes lotes para El Salvador y Guatemala, mucha arma corta y munición viene de esa zona.
Aquí en la capital no es nada del otro mundo y no sabemos porque la PNC no hace nada.
Mire, hasta ahora no he visto que se hagan allanamientos y decomisos en el centro; hasta en los mercados locales se puede hallar casi de todo. Los fusiles que usan las bandas ¿dónde cree que las compran?
Nosotros con lo que nos defendemos en este momento es con la venta de escopetas, sobre todo la 12 m.m. que nos compran las Agencias de Seguridad Privada; pero también las agencias están teniendo muchos problemas y varias están cerrando, aunque eso es harina de otro costal”.