Esteban Ortiz Vásquez fue encarcelado 39 días por delitos que no cometió. Una unidad policial lo capturó al confundirlo
con un criminal de Panchimalco. La Policía, Juzgados y Fiscalía reconocen el error y se acusan entre sí por lo sucedido. Al margen de quien tenga la culpa o no, ninguna de las instituciones dan visos de querer reparar los daños contra el ciudadano.

Ernesto Villalobos/Claudia Zavala
vertice@elsalvador.com

Esteban Ortiz Vásquez recuperó la libertad el 22 de mayo. Ese día, despertó de una pesadilla que duró más de un mes.
Fue víctima de un error: lo confundieron con un asesino, Esteban Esteban Ortiz Benito, conocido como el “picaflor”.
El verdadero criminal es buscado desde junio de 1997, cuando cometió su primer homicidio, en Panchimalco. Al menos, tres víctimas más se sumarían a su expediente delincuencial.
El “picaflor” se hizo famoso en la zona por el descaro y sangre fría con la que cometía los crímenes. Sin embargo, la peyorativa celebridad del homicida no ayudó en nada a la Policía a detenerlo.
Por años ha burlado a las autoridades con esporádicas apariciones en los sitios donde cometió sus homicidios. Este año, en abril, la policía creyó, por fin, haberlo detenido.
Un informante alertó a los agentes de la Sección de Capturas de la División Regional Metropolitana de Investigaciones de la PNC, sobre el paradero del “picaflor”. Indicó que el homicida trabajaba como vigilante en una gasolinera, ubicada en el kilómetro 23, en la carretera a Comalapa.
El cabo Maximiliano Hernández y los cinco agentes Juan Avelar, Paz Torres, Martín Portillo, Edgar Vicente y Andy Cruz verificaron el aviso.
Vestidos de civil visitaron la estación de servicio, en diversas ocasiones, para controlar los movimientos del que ellos creían era el criminal.
Días después de darle seguimiento, decidieron aprehenderlo.
Investigadores encubiertos llegaron a la gasolinera en la madrugada, del 13 de abril, para ultimar detalles de la captura que realizarían unas horas después.
A las siete de la mañana, del día 13, Esteban Ortiz Vásquez terminaba otro turno como vigilante. Depositó la escopeta calibre 12 que le presta la empresa, tomó su mochila y salió rumbo a casa.
A la salida de la gasolinera, los seis agentes le cortaron el paso con ayuda de una patrulla.
Consta en las investigaciones que Ortiz Vásquez se identificó con su cédula, NIT y carnés electoral y del Seguro Social. Además, presentó el permiso para portación de armas. Uno de sus nombres y un apellido coincidían con los del “picaflor”. No así el resto de sus generales, edad e identidad de los progenitores.
Aún así, los policías lo detuvieron. Es más, lo acusaron de portar documentos de identificación falsos, sin tener pruebas de ello.

¿Mala fe?
La víctima relata que de su lugar de trabajo fue llevado a la Delegación de la PNC, en esta capital.

Ahí vio que los agentes redactaron el acta de detención y le informaron de los cargos en su contra.
“No puedo leer ni escribir. No sé qué decía ese papel”, afirma, Ortiz Vásquez.
Después, sostiene, fue trasladado a la PNC en Monserrat donde durmió dos noches. El lunes 16, volvió a la Delegación Metropolitana para ser presentado a los periodistas como el “picaflor”.
Lo acusaron de asesino a sueldo y uno de los más bucados por la justicia.
Después fue remitido a los tribunales y posteriormente, al Penal “La Esperanza”, en Mariona.
La versión de los agentes es distinta. Según ellos, en la gasolinera le pidieron a Ortiz Vásquez únicamente que los acompañara.
Aseguran que en ese momento, no podían arrestarlo debido a lo difícil de establecer su identidad.
Sostienen haberlo llevado de nuevo a Panchimalco, donde suspuestos testigos lo reconocieron como el asesino.
En el acta de detención, a la que tuvo acceso Vértice, los agentes escribieron que tres personas lo identificaron.
El acta tiene vacíos, ya que carece de las firmas de los supuestos testigos.
Se constató, ciertamente, que el detenido no fue trasladado a Panchimalco.
Hubo una rueda de reos, pero esta ocurrió en la estación metropolitana, en San Salvador.
Consta en el proceso, que los verdaderos testigos (de la rueda de reos) dudaron que el detenido fuera el buscado “picaflor”.
Fue hasta que el caso se abrió a instrucción, en el juzgado Noveno de Instrucción en San Salvador, que se comprobó la inocencia reclamada desde el principio por Ortiz Vásquez.
Del caso, quedan algunas preguntas posiblemente sin respuesta.
¿Por qué los policías a cargo de la captura se empecinaron en acusar al detenido? ¿Por qué falsearon datos en el acta de detención?
¿Por qué si en la rueda de reos hubo dudas en torno a la identidad del capturado se desestimó esta información?
¿Cómo se comprobó que los documentos de identidad presentados como descargo por Ortiz Vásquez eran falsos?

“La pesadilla terminó”
Después de ser tratado como uno de los criminales más desalmados del país, Esteban Ortiz Vásquez solo quiere regresar a su trabajo y que su vida y la de sus familiares vuelvan a la normalidad

“Nunca pensé que viviría una pesadilla como esta. Me sorprendí más aún cuando me di cuenta que conocía a los policías que me capturaron. Ellos habían llegado varias veces a comprar a la gasolinera y sabían que trabajaba honradamente en ese lugar.
He trabajado ahí por más de siete años y nunca he tenido problemas.
Desde que salí del cuartel en el 87, tomé el camino correcto. No me convertí en cuatrero, ni formé parte de bandas ni nada. Desde entonces he trabajado a pala y piocha para ganarme la vida.
El 13 de abril cuando salía de entregar mi turno, una patrulla policial me salió al paso. Se bajaron seis policías y me rodearon y me obligaron a subir.
Dentro de la patrulla preguntaron si vivía en Panchimalco, en el cantón Los Pajales. Les contesté que nací en ese lugar, pero que casi toda mi vida la he pasado en el Caserío El Salamo del cantón La Esperanza, en Olocuilta. Esas fueron las únicas palabras que dijeron.
Comenzamos a viajar en silencio y pensé muchas cosas. Creí que me iban a matar.
Cuando llegamos a San Salvador, dijeron que íbamos a la Delegación Metropolitana.
Me explicaron que me harían pruebas y me tomarían huellas.
En el puesto de la policía, unos agentes me dijeron que mi error era llevar un arma sin permiso y que el caso se iba a Zacatecoluca.
Pero los agentes que me capturaron dijeron que seguirían las investigaciones y que debía quedarme.
Me senté en un banco de madera, a esperar. Estaba cabeceando del sueño, aún así,vi cuando los policías empezaron escribir a máquina.
Cuando terminaron me enseñaron la hoja. No supe qué decía porque no puedo leer ni escribir.
Depués me llevaron a otro puesto, en Monserrat. Al llegar me pidieron que firmara el papel que ellos habían llenado y me acusaron de haber matado a tres personas.
Los policías de este otro lugar me decían:“ahí esta el gran asesino de Panchimalco”, yo les decía que era mentira, que se habían equivocado.
En Montserrat pasé dos días. Cuando llegó el lunes me llevaron otra vez al centro.
Habían varios periodistas y cámaras. Dijeron que era un asesino.
Más tarde me llevaron a los juzgados, donde pase una noche.
Al siguiente día, en la noche, dijeron que ya nos íbamos.
No sé porque pensé que íbamos a la cárcel. Yo dije, si es “Mariona” no voy a salir vivo, porque ahí están los que mataron a mi primer hijo, hace un año.
Cuando llegué, la gente de la cárcel me dijeron que evitar los problemas.
En la cárcel me topé cara a cara con los asesinos de mi hijo, pero ni siquiera cruzamos miradas.
En el día iba la iglesia. En la noche, me afligía por los hijos, hasta no podía dormir pensando en ellos.
Gracias a Dios, eso ya pasó. La pesadilla terminó.
Lo primero que quiero hacer es ir a la gasolinera, hablar con el patrón y preguntarlesi puedo trabajar otra vez. Tengo que mantener siete hijos.

El apoyo incondicional
Esteba Ortiz Vásquez vive en el caserío El Salamo del cantón La Esperanza, en Olocuilta. Allí viven sus siete hijos, frutos de dos hogares distintos.

En una de sus viviendas, el pasado 22 de abril, se reunió con buena parte de su familia con quienes celebró entre lágrimas y abrazos la libertad lograda.
Sus dos compañeras de vida hablaron de momentos difíciles para alimentar a los niños, mientras el papá estuvo preso.
Nadie en la familia, dejó de creer en la inocencia de Esteban. “Sabíamos que saldría porque nunca le ha hecho daño a nadie”, dijo Ana Martínez, madre de cuatro de sus hijos.
La humilde comunidad está a uno pasos de la gasolinera donde Esteban se gana la vida.
Inmediatamete después de ver a su familia, Esteban fue a su lugar de trabajo.
Sus compañeros lo recibieron con abrazos y apretones de manos.
Como regalo de bienvenida le entregaron un poco de dinero.
Su intención era recuperar la fuente de trabajo y sustento propio y familiar.
El dueño de la gasolinera lo recibió bien.
Le entregó un adelanto de salario y lo mandó a descansar. Le informó que estaba recontratado y lo esperaba este lunes, para reanudar las labores.

¡Asesino suelto!
Al margen de la confusión, negligencia o arbitrariedad de las autoridades que participaron en el caso, hay una realidad que no admite más pérdida de tiempo: Esteban Ortiz Benito sigue libre, y sobre él pesan ya cuatro muertes por las cuales debe responder.

En los cantones de Panchimalco mencionar su nombre es, hoy más que nunca, motivo de miedo. La posibilidad de que la Policía lo hubiese capturado fue una satisfacción que duró muy poco. Muchas bocas han decidido callar, aún siendo dueñas de valiosos testimonios que podrían ayudar a determinar su paradero.
Su facilidad para burlar la justicia lo ha hecho ganarse el mote que ya ocupa un puesto de honor en la lista de “los más buscados” de la Policía. Sin embargo, hay muchas características de su personalidad que lo han convertido en casi un mito de terror en la zona, y cuya veracidad aún no se ha comprobado, a falta de peritajes sicológicos y siquiátricos judicializados.
Pobladores del lugar, que lo han conocido desde niño, presumen que los asesinatos cometidos por el “picaflor” no se limitan a los ventilados en el Juzgado Noveno de Instrucción.
Hablan, al menos, de dos más: “Dicen que ha matado a un soldado y a un hermano de otra de sus víctimas. Lo mató un año después de haber matado al primero”, señalan.
Hasta ahora, ninguno de esos dos supuestos homicidios han sido judicializados. Nora Montoya, jueza encargada del caso, declara que Panchimalco es una zona especialmente conflictiva, al punto de que se gestiona la posibilidad de crear un Juzgado de Instrucción exclusivo para sus pobladores.
El problema fundamental, según ella, son las rencillas familiares.
“Si usted revisa en el libro de entradas, notará que lo que más se dan son homicidios y violaciones, supuestamente por venganza o ajuste de cuentas. Es raro ver un problema de drogas o maras, como en la mayoría de lugares”, dice.
De hecho, se presume que el lanzamiento de la granada hacia la vivienda, en mayo de 1998, se debió a que en el lugar se encontraba una de las personas que había testificado en contra del “más buscado”, cuando fue procesado por el homicidio de Bernabé Martínez Pérez, supuestamente su primera víctima.
Según Montoya, la ubicación de testigos claves y posterior “ajusticiamiento” ha sido una conducta identificada en el “picaflor”. Esto se le ha facilitado por la extensión reducida de la zona y “porque en los pueblos todo el mundo se conoce”.
Por ahora, la Policía asegura estar investigando su parad

¿Errores por mil?

La titular del Juzgado Noveno de Instrucción, Nora Montoya, asegura que este tipo de “confusión” sucede constantemente en las detenciones que realiza la PNC, porque muchas veces, “capturan a la gente sin asegurarse primero de su identidad”.

Y ejemplifica su argumento: “Nada menos ahora conocí un caso todavía más ‘chabacán’ que el del ‘Picaflor’, porque en la misma causa se han atrapado a tres personas que ni siquiera tienen el mismo nombre que nosotros les dimos en la orden de captura. Son totalmente diferentes”, enfatiza.
El jefe de la Regional Metropolitana de Investigaciones, subcomisionado Vladimir Cáceres acepta, a medias, el señalamiento de la jueza.
Está consciente de que en el caso de Esteban Ortiz Vásquez, hubo “negligencia y un mal procedimiento policial”.
Es más, sostiene que no es la única confusión en una captura, ya que “se han dado varias”.
Parte de los errores, según Cáceres, se cometen por los pocos insumos que reciben en las órdenes giradas por los Jueces.
“Creo que en los Juzgados es donde hay negligencia al no establecer la identidad exacta de los imputados. Tener la certeza de cómo se llaman es obligación de ellos, no nuestra”, añade.
En el caso de Ortiz Vásquez dijo estar satisfecho con el procedimiento realizado por los seis agentes que participaron en la captura.
Aclara que no sancionará administrativamente a ninguno.
Cáceres dice haber investigado a sus hombres y dice no contar con pruebas que orienten a imponer posibles castigos.

Opiniones

Nora Montoya, juez Noveno de Instrucción: “Ellos capturan a la gente sin asegurarse primero de su identificación”.

Aunque no hay una estadística que lo confirme, Montoya asegura que los casos de “confusión de identidad” en los que incurre la Policía son bastante comunes. Ella adjudica dicha situación al poco cuidado que los agentes tienen al realizar las capturas. “Si ellos van a buscar a Pedro López y encuentran a Juan Pérez, y un vecino les dice que Pedro y Juan son la misma persona, ellos se lo traen, aunque los nombres y las características no tengan nada que ver”, señala.
Jaime Rivera, fiscal
especifico del caso:
“Los testigos que aseguran haber consultado tendrían que haber firmado el acta policial y no lo hicieron”.
Él reconoce que si bien, algunas veces las órdenes de captura no contienen información detallada , éste no era el caso. Admite que hubo falta de comunicación entre los fiscales y agentes que realizaron la detención, pero aduce que “en este caso no había donde perderse”, ya que las generales del imputado eran claras. Explica que nunca se realizó una audiencia de reconocimiento de reos, porque los testigos no llegaron. “¿Cómo establecieron que la cédula era falsa? ¡Vaya usted a saber!”, comenta.
Demanda Civil
Lo ha decidido. Esteban Ortiz Vásquez iniciará un proceso civil en contra del Estado, por todos los derechos que le fueron violentados al capturarlo, presentarlo públicamente como un asesino y encarcelarlo más de un mes.
Jaime Martínez, de la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD) aclara que es necesario revisar, paso a paso, todo el proceso del caso de Ortiz Vásquez, para determinar en qué instancias se irrespetaron sus derechos, así como señalar quiénes son los funcionarios directamente responsables de dicha violación.
La aseveración la fundamenta en el artículo 245 de la Constitución que establece que “Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente, y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”. Martínez asegura que, en este caso, no sólo el encargado del operativo policial puede tildarse de negligente, sino también el Juez de Paz que no verificó la identidad del supuesto imputado, decretó detención provisional y permitió que el caso continuara en etapa de Instrucción.
Según el artículo 115 del Código Penal, entre las consecuencias civiles que asumirían los responsables, si se determina su culpabilidad, están la reparación del daño que hayan ocasionado, la indemnización a la víctima por perjuicios causados por daños materiales o morales y las costas procesales.
El “lucro cesante” es fundamental, ya que con él se asegura el pago total de lo que pudo haber devengado en su trabajo, durante el tiempo que fue detenido. Según Matínez, entre los derechos violentados con el proceder policial y judicial están el derecho de imagen, de presunción de inocencia y de justicia rápida y eficaz.Vladimir Cáceres, jefe de Regional Metropolitana de Investigaciones: “Yo no soy Mandrake para saber cuáles son las generales correctas de los imputados”.
Cáceres sostiene que, diariamente, reciben un promedio de ocho a quince órdenes de captura de diferentes Juzgados de San Salvador. El problema fundamental al que se enfrentan los agentes, operativamente hablando, es la poca cantidad de insumos o datos que los Jueces incluyen en dichas órdenes. “Hemos tenido casos en los que ponen dos o tres nombres diferentes de la persona a la que hay que capturar. Y no tenemos acceso a los procesos en los Juzgados, para comprobar ciertos datos y salir de dudas”, afirma.