El repentino anuncio de la liquidación de la empresa Munguía S.A. dejó perplejo al grupo que compró sus Certificados de Inversión, por medio de una Corredora de Bolsa. Los afectados se sienten desamparados. ¿Qué falló? La fiscalización o la falta de información de las instituciones responsables

Ana lidia rivera
vertice@elsalvador.com

Son las cinco de la tarde del 11 de octubre de 2001, en el Salon Presidente del Hotel Marriot en San Salvador. Al lugar se ha convocado a la mayoría de Tenedores de Certificados de Inversión de la empresa Munguía S.A.
Los asistentes se muestran ansiosos por escuchar lo que les dirá el Presidente y Representante Legal de esa empresa familiar, fundada en 1955, Gustavo Munguía Cabrera, cuya firma aparecía en la concovocatoria girada a 52 inversionistas.
El ambiente de amabilidad percibido al principio, fue transformándose por uno de pesadez y desolación a medida que Munguía Cabrera profundizaba, apoyado por un proyector, las circunstancias que llevaron a la quiebra y posterior liquidación de la empresa. Munguía siempre fue una empresa familiar, sin injerencias externas. Esta vez, la decisión del cierre fue ordenado por la Superintendencia de Valores.
En 1998 Munguía realizó una emisión de títulos, la CIMUNG3, a través de la Casa Corredora de Bolsa Capital. Con los documentos bursátiles Munguía captó 20 millones de colones.
Al declararse la quiebra, la Casa Corredora fue adquirida por el Banco Agrícola Comercial, y a los tenedores se les alertó sobre la posibilidad de recuperar una parte del dinero.
Lograrían un 70% de su inversión inicial, si aceptaban recibir la cartera de cobros y algunos activos de la empresa. Tiene que ser “antes de que nos caigan los acreedores”, advirtió Munguía Cabrera.
“Lo que nos ofrecieron en ese momento nos pareció un tanto razonable y logramos tranquilizarnos un poco”, comentó uno de los afectados.
No obstante, las posibilidades de recuperar parte de dinero disminuyen con el paso del tiempo.

Casi nada por cobrar

Los representantes de los Tenedores continuaron reuniéndose con los primos hermanos, Gustavo Munguía Cabrera y Gerardo Munguía Gutiérrez, cabezas visibles de la empresa familiar.
En la reunión de marzo de este año se acordó la elaboración de una Escritura Pública en la que los empresarios se comprometían a ceder sus inventarios de electrodomésticos, declarados contablemente en un poco más de 2 millones de colones, y sus cuentas por cobrar, declaradas en 10 millones.
Las cifras sumaban un total de 12 millones de colones, lo que produjo una relativa tranquilidad en los tenedores.
En la misma escritura, Munguía se comprometió a traspasar el producto de sus futuras ventas a la Central de Depósitos de Valores (CEDEVAL) para su inmediata distribución a los tenedores. También se acordó encargar las cuentas por cobrar a una empresa especializada.
En un principio CEDEVAL aceptó distribuir el dinero entre los tenedores cada mes, siempre que lo depositado fuese mayor a $150 mil dólares, para garantizar una distribución porcentual entre los afectados, de acuerdo a la inversión realizada.
Sin embargo, una vez llegada la fecha de pago, la empresa dijo no tener esa cantidad.
En ese momento los representantes de la comisión advirtieron “una aparente falta de interés, diligencia y compromiso de los personeros de Munguía para agilizar la consecución del dinero”.
Debido a la insolvencia, los tenedores acordaron reducir la cuota a $75 mil dólares. Este dinero si fue recibido.
Ya antes Munguía había retribuido un 10% con la venta de activos. En total, los afectados lograron recuperarar 1.8 millones de colones, equivalentes al 11% de la deuda global (20 millones)
En su afán de recuperar más dinero, los afectados se avocaron a las cuentas por cobrar.
Un Informe Especial de Cifras Intermedias, elaborado por expertos contables contratados por Munguía, puntualizó que las Cuentas por Cobrar reflejaban números en rojo.
“La cuenta por cobrar presenta saldos negativos por 7 millones 802 mil 451 colones”.
Añade el Informe que durante junio y agosto de 2001, el saldo de la cuenta “Mercadería en tránsito”, sufrió una reclasificación contable de saldos por más de un millón y medio de colones. El valor fue trasladado a las cuentas de inventario.
“No se nos proporcionó información para verificar la razonabilidad u origen de la reclasificación” apunta la auditoría.
Este informe inicial refleja un nivel de descapitalización tal de la empresa Munguía, así como cifras que no cuadran.
En un principio, ello impediría a los Munguía cumplir con el compromiso de resarcir a sus antiguos socios, tal como lo prometieron.
Esta situación no impide al presidente de la empresa, Gustavo Munguía Cabrera y al Gerente General, Gerardo Munguía Gutiérrez, reafirmar su compromiso con los inversionistas.
“Estamos en toda la disposición de cumplir, pero de momento estamos descapitalizados”, dice este hombre en su oficina recién alquilada, decorada con algunos trofeos ganados, en campeonatos de golf. Sin duda, uno de sus deportes favoritos.
De acuerdo con los Munguía, debido a los pagos efectuados a los bancos acreedores se quedaron sin dinero. A esto suman una baja en las utilidades, que les significó una pérdida del 30% de sus ingresos.
“En los últimos años la competencia fue enorme a nivel mundial y local. Se dio una superproducción de electrodomésticos, los precios y las ventas se vinieron a pique”, explican.

¿Responsabilidades?

Dos instituciones, además de la empresa Munguía, habrían sido coresponsables de la pérdida millonaria, sostienen los inversionistas: la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores.
Según los quejosos, ambas instituciones no actuaron de manera oportuna.
Las acusan, además, de ocultar información importante que pudo alertarles sobre el deterioro de la empresa. De ser posible, evitar costos como la pérdida de más del 85 por ciento de los 20 millones.
“Nunca recibimos información por parte de la Superintendencia ni de la Casa Corredora de Bolsa sobre los índices financieros de Munguía”, coinciden en decir los afectados.
El Superintendente de la Bolsa de Valores, Omar Rodriguez, se defiende: ”Hicimos lo que debíamos hacer: cancelar el registro. El asunto es que la Bolsa de Valores debió informar a sus clientes sobre los índices de Munguía”. (Ver entrevista anexa).
Por su parte representantes de la Bolsa de Valores, señalan que los índices financieros de Munguía siempre fueron de dominio público.
“Nuestra información es distribuida a través de boletines, discos compactos y la página web. Los tenedores no pueden alegar ignorancia”, sostienen.
El presiente de la Bolsa de Valores, Rolando Duarte, hace énfasis en la naturaleza de la institución que representa.
“Nosotros no somos avalistas de ningún emisor, sólo buscamos la intermediación entre el emisor y los clientes inversionistas. Si alguien tiene que responder por este caso, le corresponde a los Munguía”, enfatiza.
A este nivel ninguna de las instituciones se hace responsable de lo ocurrido.
Los inversionistas, por su parte, aseguran no haber perdido las esperanzas de recuperar un poco más del dinero, incluso por medios legales.
“Buscaremos que se haga justicia. Queremos, por un lado, recuperar nuestra inversión y, por otro, advertir a los ciudadanos honrados de este país sobre las debilidades del sistema y el riesgo que corren cuando no existe transparencia”.

“En este caso falló
el flujo de información”

El superintendente de valores señala que en el caso de munguia s.a. la bolsa de valores no actuó de manera oportuna. no exigió información a los empresarios sobre su situación bursátil y, obviamente, tampoco informó a los tenedores de los titulos o inversionistas acerca de lo que ocurría con su dinero. Según él, la superintendencia ya agotó las posibilidades de actuación al ordenar la cancelación de munguía, en septiembre pasado.

Ana lidia rivera
vertice@elsalvador.com

El Superintendente de Valores, Omar Ernesto Rodríguez supo del deterioro económico que registraba Munguía S. A.
Según dijo, la Superintendencia actuó de manera oportuna y aconsejó a los emisores informar a las Casas Corredoras, así como a los inversionistas de la deteriorada situación financiera.

¿Qué ocurrió con la empresa Munguía para que la Superintendencia ordenara liquidar?
Esta sociedad presentó problemas financieros. Pierde parte del capital y la Superintendencia interpreta esta situación como difícil, tanto que puede entrar en una causal de disolución de las que establece el Código de Comercio, al perderse las tres cuartas partes del capital y de acuerdo a ese Mercado de Valores.
Se decide, en primera instancia, suspender y dejar un tiempo prudencial de 30 días para que Mungía responda y diga si es cierto que está en camino de perder las tres cuartas partes de su capital. No nos respondieron y es así como la Superintendencia procede a cancelar el registro y, con la cancelación, nace el derecho para los Tenedores de Certificados; derechos que están plasmados en la Ley de Mercados de Valores y que, de alguna manera, les permitirían recuperar el dinero.

¿Cuándo se entera la Superintendencia de la situación que atraviesa Munguía S.A.?
En este caso se dieron varias reuniones que tenían que ver con la información de la Sociedad. En su momento nos reuníamos con los Munguía para ver los estados fiancieros de manera periódica. Lo que ocurre es que todavía, en el país, y como parte de la cultura bursátil que nosotros tenemos que ir impulsando, los emisores muchas veces se atrasan en el envío de la información financiera, pero la Superintendencia está muy pendiente de eso. Pero, hay que decirlo, que quien tiene las herramientas legales, mucho más fuertes para sancionar y para exigir la información, es la Bolsa de Valores, mucho más que la Superintendencia.

En la Bolsa dicen que eso le corresponde a la Superintendencia...
En teoría lo que tendría que pasar, en el caso de los emisores, es que la información la tendrían que hacer llegar a los Tenedor de los Certificados, que en última instancia es a quienes le deben la plata y quienes, al momento de comprar los Títulos Valores se le fueron acreditados ciertos derechos.

¿Cómo es el proceso de informar?
La información financiera normal llega a la Bolsa y llega a la Superintendencia, de aquí a las Casas de Corredores, pero esto le corresponde más a la Bolsa de Valores porque es la que tiene una red de comunicaciones con las Casas, que es muy eficiente. Esta le da la información financiera para que sea puesta en la página web. La idea de esto es que esa información le sea presentada a los Tenedores de los Títulos para que ellos decidan qué van a hacer.

Los Tenedores se quejan de que la información financiera de Munguía apareció en la web hasta diciembre y enero últimos. Ya cuando la empresa había sido liquidada. Eso de ser verdad, ¿es grave?
Son faltas graves y que tienen mucho que ver con lo que antes le comentaba, con el flujo de información por parte de los emisores y que debe ser evaluada por los Tenedores de los Certificados a la hora de ejercer sus derechos.
En casos como estos la Ley es tal que la única acción que le deja a la Superintendendia es la que se tomó: en primer instancia suspender y en segunda, cancelar.

Pero no hubo ninguna advertencia a los Tenedores.
¿Ustedes cuándo se enteran Superintendente?
Nosostros estábamos observando la mala situación de la empresa, se le consulta al señor Munguía si él tiene algún plan para recuperar la empresa y eso con la intención de que él se lo informe al público. Él manifiesta que sí, que hay un plan: liquidar.

Ustedes confiaron en eso.
No tanto como confiar. Lo que ocurre es que la Superintendencia no puede hacer más. Que él lo divulgue es lo que exige la Superintendencia.

¿A estas altyuras qué va a pasar con los Tenedores?
En la Superintendencia se ha agotado lo que se podía hacer. Esto, porque la Ley hasta allí nos dejó las posibilidades.
En la ley nos dicen “mire cancele” y la cancelación es el castigo más alto que puede poner. La Superintendencia ya lo hizo.