Las autoridades colombianas estiman que los grupos insurgentes ganaron durante la década de los noventa 1.500 millones de dólares, gracias al secuestro.

Jenny González/ especial para Vértice
vertice@elsalvador.com

Pobladores de Cali marchan por la liberación de los doce diputados de la Asamblea Legislativa secuestrados por las fuerzas guerrilleras. En la marcha portan las fotos de las víctimas.

Bogotá. El 75 por ciento de los secuestros del mundo se realizan en Colombia. El país ostenta el primer lugar como víctima de este flagelo.
Según cifras de la Fundación País Libre, dedicada a ayudar y dar asesoría a las víctimas del delito y a sus familias, en 2001 fueron secuestradas 3,041 personas en Colombia, mientras que en México y Brasil, segundos y terceros en la lista, se realizaron 400 y 350 plagios, respectivamente.
El secuestro se masificó desde hace cinco años y dejó de ser un problema exclusivo de las clases con mayor poder adquisitivo. Ahora, cualquier colombiano vive en riesgo gracias a las “pescas milagrosas”, nombre con el que se designa popularmente a los retenes ilegales de la guerrilla en las carreteras en donde se secuestra indiscriminadamente.

Otra clase de secuestro masivo se produjo en la Asamblea de Cali, el pasado 11 de abril, en donde los guerrilleros vestidos con prendas del Ejército se llevaron doce diputados del departamento del Valle de Cauca, con el pretexto de evacuarlos del recinto ante un presunto atentado.
Otro plagio de similares características ocurrió en el edificio Torre de Miraflores en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, el 26 de julio del año pasado.
En esa oportunidad 40 hombres, suplantando a la policía, y tras detonar una carga explosiva a la entrada del inmueble, irrumpieron y se llevaron a 15 personas, entre ellas la esposa y dos hijos del congresista Jaime Lozada.

Secuestros frenan diálogo

Un secuestro fue precisamente el detonante para que el presidente de la República, Andrés Pastrana, diera por terminado los diálogos de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 20 de enero de este año. Ese día, los integrantes de ese grupo subversivo desviaron un vuelo comercial de la empresa Satena para plagiar al congresista Jorge Eduardo Gechem Turbay.

También el secuestro ha sido uno de los principales

Los secuestros y extorsiones, sumados a la destrucción sistemática que provocan las fuerzas guerrilleras colombiana, aleja a los inversinistas locales e impide la llegada de inversiones extranjeras. El país está sumido en un crisis que parece no tener un fin cercano.

obstáculos en las conversaciones entre el Gobierno y el Ejército Nacional de Liberación (ELN), cuyo jefe máximo, Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, dijo que esa guerrilla espera una compensación económica por las personas que mantiene en su poder y que el Gobierno debe tener en cuenta este aspecto si se pacta una tregua.
Para el director del Departamento Jurídico y vocero de País Libre, David Buitrago, el panorama es “desalentador” porque a raíz de la masificación del delito, hay una gran parte de la población que no tiene como defenderse ante el riesgo de un secuestro.

“Hay una clase desprotegida que no tiene capacidad económica para tener una buena seguridad o salir al extranjero, que ante el abandono, la soledad y la gravedad del problema cede más fácil a las exigencias de los secuestradores. Eso lo hace más rentable, la finalidad es coger gente que pague más rápido, así el monto sea menor”.

Las cifras de la Fundación, consolidadas hasta marzo de este año, muestran que 576 personas han sido víctimas del plagio. De ellas, 86 son comerciantes, 64 menores de edad, 25 ganaderos, 30 empleados, 23 conductores, 15 agricultores, 5 amas de casa, 4 médicos, 3 secretarias y 2 trabajadores de la construcción. Las estadísticas muestran cómo este flagelo afecta a todos los estratos de la sociedad colombiana.

Otra situación alarmante es que entre 20 y 30 por ciento de los secuestros no son denunciados a las autoridades.

Las FARC y el ELN son las organizaciones que más secuestran seguidos por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En los últimos cinco años, las FARC fue responsable de 4,212 plagios, el ELN de 3,786 y las AUC de 784.
A estos actores armados se suman las acciones de la delincuencia común, que es responsable del 85 por ciento de los secuestros en las capitales, y que vende sus víctimas a la guerrilla para que ella negocie el rescate con los familiares.

Bandas de sicarios

Informes de los organismos de inteligencia colombianos tienen detectadas por lo menos cinco bandas que trabajan en conjunto para secuestrar: “Los calvos” es uno de los principales vendedores de víctimas a la guerrilla, y que es apoyado por otro grupo conocido como los “R15”.

El esquema delincuencial lo completan “Los artesanos”, quienes manejan negocios ilícitos en áreas comerciales y están atentos a los movimientos de dinero de los compradores, y “Disuasión”, que por su parte investiga las cuentas bancarias, bienes raíces, movimientos financieros, rutas y hábitos de las victimas y toda información necesaria sobre posibles “secuestrables”.

Los autores materiales de los plagios son la banda conocida como: “Los cargadores”.
La inteligencia militar también descubrió que, desde noviembre del año pasado, las FARC crearon las llamadas “comisiones del secuestro”, cuadrillas encargadas exclusivamente de los plagios en todo el país, y de las cuales hacen parte cinco frentes de esta guerrilla con ¡1.500 hombres!

No todos los secuestros tienen fines comerciales. En la actualidad permanecen secuestradas 66 colombianos, con quienes las FARC buscan presionar una ley de canje. La candidata a la presidencia Ingrid Betancourt, quien cumplió el pasado 23 de abril dos meses de cautiverio, es una de ellas.

También, cinco congresistas; el ex Gobernador del Meta, Alan Jara, bajado por las FARC de un carro de la ONU; el ex- ministro Fernando Araujo y 46 miembros de la Fuerza Pública, algunos de los cuales cumplieron cinco años de estar privados ilegalmente de su libertad.

A estos plagios se le suma el de los 12 diputados, y el Gobernador del Departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, y su asesor de paz y ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverry, quienes realizaban una marcha pacífica a favor de la No Violencia.

En su último pronunciamiento, las FARC reiteró su interés en este tema y dijo estar dispuesta a convenir con el Gobierno “un canje de prisioneros de guerra para que tanto los guerrilleros presos en las cárceles, como los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas en poder de la guerrilla, y junto a estos varios congresistas, una candidata presidencial y un ex-ministro de Estado puedan recobrar su libertad”.

El Gobierno de Andrés Pastrana ha sido enfático en dar respuesta negativa a las FARC: “Que se olviden de sus intenciones de presionar un canje mediante el secuestro de colombianos ‘de bien’. Lo dijimos en la mesa de negociaciones, y lo reitero ahora que no existe la mesa por causa de su conducta terrorista. No cederemos a sus pretensiones ilegítimas. Colombia no negociará bajo la amenaza del terror", aseguró Pastrana en una de sus recientes intervenciones.

Manos atadas

La presidenta de la Asociación de Familiares de Policías y Soldados secuestrados (ASFAMIPAZ) Marleny Orjuela dijo que sin importar quien sea el próximo mandatario de los colombianos, ellos van a insistir en la necesidad de realizar un acuerdo humanitario, que les permita regresar a casa a los miembros de la fuerza pública que en estos momentos permanecen secuestrados por las FARC.

“Nosotros sabemos que para nuestros seres queridos en este país jamás habrá una ley de canje, porque somos gente humilde y en este país hay secuestros de primera y de segunda categoría, estamos seguras de que si algún día secuestraran a un presidente de la República o algunos de sus familiares, firmarían una ley de canje. Nosotros estamos hablando y continuaremos solicitando que se haga un intercambio humanitario por segunda vez como ya se hizo el año pasado, afirmó Orjuela.

Aunque el Gobierno sancionó, a finales de enero de este año, una nueva ley antisecuestros que aumenta las penas para los llamados delitos atroces (entre ellos el secuestro) castigándolo con penas entre 12 y 20 años y tiene agravante para quienes secuestren periodistas, políticos, religiosos y líderes sindicales o comunitarios, la opinión de País Libre es que las políticas son muy elementales y no atacan integralmente el delito, porque se concentran en la represión.

Colombia consiguió que se sancionara en la Comisión de Prevención del Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una resolución que -por primera vez- tipifica el secuestro como un delito grave y establece las bases para combatirlo internacionalmente.

Sin embargo, una de las principales herramientas con las cuales el Gobierno pretendía enfrentar el terrorismo y la actual situación de orden público, no pudo ser puesta en marcha. La ley de Defensa y
Seguridad Nacional, que daba mayores facultades al Presidente de la República, y subordinando el poder civil al militar, otorgándole de funciones de policía judicial, fue declarada “inexequible” por la Corte Constitucional, por considerar que creaba funciones que “contrariaban el Estado democrático de derecho”.

Las acciones exitosas de rescate, ha sido uno de los principales aciertos de las autoridades. Un informe del Ejército anotó que en el 2001 aumentaron en un 50,6 por ciento el índice de rescates y liberaciones por presión de la Institución. De las 3.041 víctimas reportadas en el 2001, las autoridades rescataron sanas y salvas a 697 personas.

País Libre, que tiende por no pagar a los secuestros y no está de acuerdo con ningún tipo de canje de víctimas, asegura también que el índice de rescates y la efectividad de las autoridades ha aumentado.