5 de mayo de 2002

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REPORTAJE

El derecho no reclamado

La Unidad de Propiedad Intelectual de la Fiscalía asegura que, en lo que va del año, sólo tres autores nacionales han denunciado el plagio de sus obras.

Claudia Zavala/Segunda entrega
vertice@elsalvador.com

Por lo menos, hasta ahora, las diligencias fiscales no han visto inclinar la balanza de la denuncia en el ámbito literario local. Sin embargo, no se tiene la certeza de si las pocas denuncias recibidas se deban a que los plagios han disminuido notablemente en el país o a que la cultura del silencio ante el delito se extienda también entre los escritores.
Lo que sí es seguro cuantitativamente hablando, es que, en lo que va del año, la Unidad de Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha recibido tres visitas de autores quejándose de plagio. Así lo afirma Suzanne Berríos de Tablas, encargada de la Unidad. Los casos que la Fiscal cita, y que actualmente se encuentran en la etapa de investigación, están referidos a libros pirateados, cuya temática es la psicología y la educación sexual infantil.
La funcionaria asegura que la mayoría de casos que han investigado en este rubro han provenido de denuncias realizadas por editoriales internacionales que tienen relación con el mercado local. Una de las principales investigaciones surgió a raíz de la queja presentada por una editorial mexicana, que reclamaba la comercialización ilegal del Álgebra de Baldor en el país.
Pese a lo trascendental que fue retirar del mercado a todas las Álgebras “chaveleadas”, De Tablas sostiene que el mayor decomiso de libros piratas que se ha hecho fue a consecuencia de la denuncia interpuesta por una editorial española. Entonces, descubrieron una librería que estaba abastecida por completo de libros piratas. Los 38 mil ejemplares que la conformaban fueron decomisados. “Actualmente, hemos detectado seis imprentas, bien montadas, que se prestan a la reproducción ilícita de obras literarias. Llevamos ocho allanamientos en lo que va del año”, señala.
Según ella, una de las personas que declaró en este caso específico, aseguró que hay personas originarias de Guatemala y Honduras que viajan periódicamente al país, para hacer los pedidos de tiraje, lo que lleva a pensar que se trata de un negocio altamente rentable y bien estructurado.
¿Y el castigo para ellos? La Fiscal expresa que, luego de los allanamientos, las imprentas se han comprometido a no continuar con el trabajo de reproducción ilegal. Nada más.

¿Quién denuncia?


La “levedad” de la sanción se fundamenta en directrices que estipulan normas internacionales, las cuales recomiendan asegurarse de que la mercancía ilícita desaparezca del circuito comercial.
Quizá esa “pasividad judicial” sea uno de los motivos principales por los cuales el nivel de denuncia es realmente bajo.
Sin embargo, De Tablas enfatiza en la importancia de la denuncia, como única llave para iniciar una investigación de este tipo: “Por ser un delito de instancia particular, es necesario que el afectado haga la denuncia. No podemos actuar de oficio”, declara.
Pocos conocen este detalle. De hecho, Miguel Huezo Mixco de la Dirección de Publicaciones e Impresos, la editorial del Estado, asegura que tres de sus más importantes obras editadas han sido pirateadas: “Cuentos de Barro”, “Luz Negra” y “Andanzas y Malandanzas”. Sin embargo, no se ha abierto un expediente al respecto, porque la denuncia no ha sido interpuesta personalmente.
“Yo pensaba que con informar a la Dirección de CONCULTURA y con hacer la denuncia pública en un medio de comunicación era suficiente para que ellos (la Fiscalía) actuaran”, reconoce, al informársele sobre la necesidad de acudir personalmente.
Por su parte, José Ángel Arriaza, jefe de la Oficina de Derechos de Autor, del Centro Nacional de Registro (CNR), explica que uno de los aspectos básicos que propicia la violación de los derechos de autor en literatura, así como en otras ramas, es que muchos de los escritores no se preocupan en registrar su obra.

El registro

Arriaza admite que la falta de registros puede deberse al poco conocimiento sobre los pasos a seguir. De hecho, asegura que uno de los objetivos principales de la oficina que dirige es dar a conocer en colegios, universidades, centros culturales, entre otros, el procedimiento necesario en estos casos.
Según explica, lo único que el autor requiere es llevar dos ejemplares de su libro al CNR y pagar cien colones en concepto de certificado de depósito. Luego, en la Oficina de Derecho de Autor, debe llenar una hoja con todos sus datos generales y de su obra. Finalmente, su expediente queda completo al incluir el recibo de pago de la certificación del depósito, la boleta de recepción con el número de depósito, la resolución admitida, y un ejemplar de la obra. El otro ejemplar le es devuelto al concluir el trámite. Según Arriaza, éste se realiza en cuestión de un día o dos.
Por el momento, el CNR no cuenta con una estadística exacta sobre el número de libros que se han registrado en el país “porque el sistema computarizado no establece diferencia entre la obra artística y la literaria”. Es decir, en un mismo rubro se encuentran contabilizados las pinturas, esculturas, partituras musicales y libros, entre otros.
Un avance fundamental en el tema de los derechos de autor es el establecimiento, desde hace tres años, en la Biblioteca Nacional, de la oficina del International Standar Book Number (ISBN, por sus siglas en inglés). Una especie de registro internacional de libros a nivel mundial, que permite el control electrónico de existencias de títulos y facilita la catalogación y búsqueda bibliográfica. Como sistema de promoción, la utilización del mismo, conlleva el registro gratuito en los catálogos ISBN y la inclusión del nombre del editor en el Directorio Internacional de Editores ISBN.
El funcionamiento es sencillo: El número de ISBN correspondiente a El Salvador es el 99923. Cuando la ficha catalográfica del libro, es decir el código completo de éste ha sido realizada por un bibliotecario, se transmite vía Internet a Colombia, donde existe la base latinoamericana. De ahí, pasa a Alemania, para ser, finalmente, incluida en una base de datos mundial.
Es decir, que en la práctica y para efectos de mercadeo, sólo los libros que cuentan con ISBN existen comercialmente.
En este punto, es el editor y no el autor el que debe realizar el registro. La oficina de ISBN reporta 456 libros salvadoreños registrados, siendo lo autores-editores el grupo que más ha inscrito. Es decir, los autores que independientemente editan sus obras, sin pasar por la calificación de un grupo editorial determinado. De ese total, sólo un 19% de la producción literaria ha sido registrada por la Dirección de Publicaciones e Impresos. Por ahora, es prácticamente imposible calcular una cifra que incluya a toda la producción literaria de nuestro país, ya que existe un cuantioso subregistro de obras que no están inscritas, bien sea porque los editores desconocen del trámite, que es, por cierto, gratuito, o porque simplemente lo consideran innecesario. De hecho, la obligatoriedad de esta inscripción no es oficial aún. “Tengo entendido que es por medio de un Decreto Ejecutivo que debe determinarse la obligatoriedad. Creo que beneficiaría en mucho, porque hay gente que sólo con la imposición cumple las normas y, si de verdad quiere trabajarse en una política de protección de derechos de autor, éste sería un paso”, dice Manlio Argueta, director de la Biblioteca Nacional.

Las más comunes

sNelly Porras, experta en Derecho de Autor de la Fundación María Escalón de Núñez, la cual también cuenta con su propia editorial, sostiene que las violaciones que se dan en este ámbito muchas veces quedan “escondidas”, bien sea por ignorancia de parte del autor, o porque culturalmente se considera que “las cosas deben ser así”. Por ejemplo, cita la negociación del precio de la obra como el punto más destacado de la cadena de abusos que suceden diariamente.
“Lamentablemente, nuestro autor se siente agradecido sólo con el hecho de que le publiquen. No es capaz de valorarse a sí mismo, a su talento, a su invención. Casi siempre permite que sea otro el que le ponga el precio, y esa constituye la violación y el irrespeto más grande que cualquier autor puede recibir. Pero la mayoría lo ve como normal”, dice.
Porras también menciona como “ligereza” cotidiana el hecho de que a algunos autores no les sea devuelto el libro original, después de concluído el tiraje de una edición. Y que, en caso de realizarse una segunda edición, sus ganancias deben ser, obligatoriamente, iguales a la primera o mayores, pero jamás menores. Es el riesgo que corre la editorial al apostar por un determinado autor nuevamente. “Ojalá que, con el tiempo, perder la dignidad al negociar sus libros ya no sea pan de cada día para nuestros autores”, finaliza.

Cultura y leyes

El desconocimiento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual abre las puertas a posibles ambigüedades, ligadas muchas veces, a nuestra cultura de permisividad.


Un ejemplo concreto podría citarse en el artículo 89, literal C de la ley. Este plantea que como clara violación de los derechos de autor: “La impresión por el editor de mayor número de ejemplares que el convenido, salvo el exceso del cinco por ciento para dar cumplimiento a sus obligaciones con las autoridades públicas y efectos de propaganda”.
Según Nelly Porras, hay autores que agradecen que se impriman más ejemplares de los convenidos, porque piensa que así se darán a conocer más o las posibilidades de venta serán mayores.
Sin embargo, esta variación en el tiraje es sumamente delicado, tomando en cuenta que en el contrato se ha detallado específicamente el número de ejemplares a imprimir. Y este contrato es registrado en el CNR, por lo cual no admite cambios posteriores.
En el mismo numeral, sólo que en el literal F, se establece también como violación “La publicación de antologías o recopilaciones, sin el consetimiento de los autores respectivos o de sus causa habitantes”. El colmo para los entendidos. No faltan, pues, los autores que ven en este “detalle” una manera de reconocer su talento por encima de los demás.
Algunos llegan, incluso, a considerar que la falta de un aviso previo, se debe quizá, a la única intención de sorprender y agradar.
“Es importante que el autor sepa cuáles son sus derechos y deberes, para que tenga la capacidad de contrastar todo lo que le diga el editor o el impresor. De lo contrario, será fácilmente manipulable”, reflexiona Porras.

 


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