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 28 de abril de 2002 |
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 REPORTAJELa depresión de las letras Se insiste en que es un “bien cultural” insustituible para el desarrollo de cualquier nación. Pero, en El Salvador, a muchos autores el hambre les ha opacado el deseo de luchar. Excluído de la lista de prioridades gubernamentales, el libro aún sigue navegando en las sutiles mareas de unas pocas voluntades. Claudia Zavala/ Primera entrega 
vertice@elsalvador.comEl debate del libro y los derechos de autor se desempolva cada mes de abril, cuando se recuerda la proclamación de la UNESCO. En 1995, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, propuso el 23 de abril de cada año para celebrar, en cerca de 80 naciones, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Desde entonces, los esfuerzos por consolidar una política del libro, como base fundamental para potenciar el desarrollo de sus habitantes, no se han hecho esperar. Sin embargo, en nuestro país, las discusiones, en muchos aspectos, están aún en el punto de partida. En el punto en el que la única certeza es la necesidad imperativa de un cambio. En medio de esta sensación de “estancamiento”, los dedos acusatorios se dirigen hacia varias direcciones. El fundamental apunta hacia lo más elemental y básico para dar soporte al resto del debate: la existencia de un marco legal. Letra muerta La Ley del Libro se creó en 1994. Su mandato principal, crear un Consejo Nacional del Libro, aún duerme el sueño de los justos. Dicho Consejo, cuya presidencia corresponde al Ministerio de Educación, según la Ley, sería el encargado, fundamentalmente, de “concertar y armonizar los intereses y esfuerzos del Estado y del sector privado para el desarrollo sostenido y democrático del proceso editorial nacional˝. La creación de un reglamento para la aplicación de la Ley también figura entre sus obligaciones. Vértice solicitó hablar con el encargado de la temática en el Ministerio de Educación, para aclarar por qué motivo se ha postergado, durante ocho años, la conformación de un grupo tan básico y necesario, que debería de encargarse de que todas las disposiciones de la ley se cumplan. Sin embargo, por medio de la Unidad de Comunicaciones, se informó que sólo la Comisión Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) hablaría del tema, pues era su competencia específica.  Silvia
Martínez, directora Nacional de Promoción y Difusión
Cultural, asegura que, pese a no existir reglamento ni Consejo Nacional
del Libro, sí se han hecho “algunos esfuerzos relativamente
tímidos” para potenciar el tema en cuestión.“Creo que hasta ahora ha sido un asunto de prioridades de parte del Ministerio de Educación, ya que de él depende la conformación del Consejo. Me han comentado que la Ministra está barajeando algunos nombres de delegados que podrían formar parte de él”, señala. Por su parte, Manlio Argueta, escritor y director de la Biblioteca Nacional, llamado también a conformar el Consejo, se encoge de hombros al admitir su inexistencia y dice desconocer las razones por las cuales no se ha trabajado integralmente. La Ley establece que deben existir delegados del Ministerio de Hacienda, Economía, Biblioteca Nacional, Cámara Salvadoreña del Libro, editoriales universitarias, Asociación de Bibliotecarios y de autores salvadoreños trabajando conjuntamente. ¿inversión? Los incentivos económicos y fiscales existentes en el universo editorial salvadoreño no son, precisamente, los más gratificantes. Así lo considera Miguel Huezo Mixco, director de la Dirección de Publicaciones e Impresos, DPI, la editorial del Estado. Huezo Mixco argumenta que esto se convierte en un obstáculo que disminuye considerablemente la inversión en libros. “Aquí todos pagamos renta. No se cumple lo que plantea la ley, en cuanto a exención de impuestos”, reconoce, al referirse al artículo 7, que exime del pago de renta a las ganancias que reciban los autores salvadoreños, cuya obra sea realizada en el país o en el extranjero. Según él, para consolidar una Política Nacional del Libro hace falta un verdadero compromiso gubernamental y buena voluntad de parte de funcionarios de primer nivel. Señala que otra de las razones por las cuales no se concretizan esfuerzos es porque, en la práctica, no existe una conciencia real del papel del libro y su doble naturaleza. La económica y cultural. América Domínguez, de la Cámara Salvadoreña del Libro, gremial que aglutina a los editores privados, sostiene que “muchos autores no tienen ni idea del trabajo que implica la promoción de un libro, para colocarlo en el mercado”. A su juicio, si el escritor, desde el momento de concebir su obra, visualizara los mecanismos para llegar a su mercado de lectores, el proceso de distribución y venta sería, quizá, menos complicado. Pocos elegidos En la editorial del Estado, sólo uno de cada diez autores que aspira a ser publicado consigue su propósito. Por eso, la idea de publicar un libro es contemplada por muchos escritores como una verdadera carrera de obstáculos (ver nota “La odisea del autor”) Huezo Mixco justifica el alto porcentaje de obras rechazadas a partir del criterio de calidad que prima en la institución que dirige. “Publicar en la DPI debe ser un punto de llegada, no un punto de partida. Hay gente que piensa que se debe publicar todo lo que a cualquiera se le ocurra y no puede ser así. Deben pasar por un filtro que garantice la calidad de la obra”, dice. La decisión de publicar o no un libro se fundamenta en el dictamen que elabora el Consejo Editorial, conformado por seis personas con amplio conocimiento en los diferentes géneros de la literatura. La identidad de los miembros de dicho Comité, el cual es seleccionado por la Presidencia de CONCULTURA, no puede ser revelada, “para evitar posibles presiones hacia ellos”. En los últimos tres años, la DPI ha editado un promedio de diez libros al mes, de diferentes géneros, siendo el más relevante la narrativa histórica. Roberto Galicia, ex presidente de CONCULTURA y ahora gestor cultural independiente, considera que también es necesario que los autores pongan sus barbas en remojo. “Es fácil responsabilizar a los editores, diciendo lo difícil que es publicar un libro aquí; pero lo más difícil es crear la obra. Ofrecer algo que sea atractivo, original y, a la vez, vendible, que se adapte a las exigencias y necesidades de los lectores de hoy. No todos los autores tienen esa visión, por considerarla mercantilista˝. En la práctica, el idealismo de los escritores no compagina con el pragmatismo de mercado de la mayoría de editores e impresores. “Los tiempos heróicos pasaron”, afirma Aída de Escalante, editora independiente, refiriéndose a la necesidad de que los autores salgan un poco de su “burbuja creativa” para conocer el entorno que les rodea. Sin embargo, es de las defensoras de la importancia histórica del libro, por encima de las discusiones económicas y mercadotécnicas que provoca: “Un libro no es caro, ni es barato. Simplemente es. Lo triste es que muchos autores ni siquiera saben cómo valorar su obra. Muchas veces es el editor el que pone el precio”, declara. “leer es aburrido˝ Por su parte, Rosa de López, gerente de la Editorial Clásicos Roxsil, pese a representar a una de las editoriales más sólidas, producto de sus 32 años de experiencia en el mercado, reconoce la dificultad que implica dedicarse a este negocio en un país como El Salvador, donde los ingresos de la mayoría apenas solventan la canasta básica y, por tanto, el libro es visto casi como un artículo de lujo. “Aquí, es más fácil vender una hamaca que vender un libro. No sólo se debe al problema económico, sino al limitado mercado de lectores existente, producto de la falta de incentivo hacia la lectura que reciben desde pequeños en sus hogares y escuelas”. ¿Cómo calcular el precio de un libro, entonces, tomando en cuenta el esfuerzo creativo del autor, los costos de impresión y la dificultad que representa un escaso público lector, económicamente limitado? Argueta, quien fungió durante varios años como director de la Editorial Centroamericana, en Costa Rica, explica la fórmula aplicada en estos casos: “Se hace un cálculo de los gastos administrativos y de impresión como tipo de papel, carátula, número de ejemplares... y se determina el costo por unidad. Ese total se multiplica por cuatro. Ese será el precio de catálogo y de venta al público˝. Se supone que la cantidad resultante compensará también el esfuerzo literario. La manera de inducir al niño hacia la lectura, desde la escuela, es determinante en la creación de un hábito que algunos consideran aburrido. Helen de Del Cid, bibliotecaria y consultora independiente, enfatiza en que la apuesta gubernamental para tratar el tema del libro debería ser integral, abordando todos los aspectos del negocio literario paralelamente a la formación del nuevo mercado lector. “Es ilógico agotar esfuerzos sólo en resolver los problemas de la industria editorial, si no habrá alguien que se acerque a la librería y compre el libro; es decir, que cierre el círculo de todo este proceso”. De igual forma, Olinda Gómez, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, sostiene que, desgraciadamente, el salvadoreño promedio aún no ha descubierto “el placer” de la lectura, “porque en la escuela prácticamente se le obliga a leer sólo por cumplir un requisito, por superar una prueba”. La mesa de la concertación y el diálogo está ahí, aunque por el momento vacía. Cuando el fundamento legal esté solventado, y todos los actores involucrados en el tema decidan aportar lo mejor de sí, al margen de intereses específicos, quizá se facilite el terreno para consolidar una verdadera Política Nacional del Libro. Mientras tanto, la celebración de semanas especiales cada mes de abril representarán sólo “esfuerzos tímidos”, que serán fácilmente opacados con otras prioridades justificadas.
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