La solución a una de las estafas más sorprendentes de los últimos años podría negociarse, de no ser por un dato con tintes surrealistas: El mismo día en que el delito salió a la luz, el responsable, Miguel Castillo, falleció en un accidente automovilístico.

Claudia Zavala
vertice@elsalvador.com

La noticia del accidente de tránsito, que detallaba el periódico del sábado 7 de julio de 2001, hubiese sido como cualquier otra para algunas personas, de no ser por una “casualidad” abrumadora: El fallecido era Miguel Guillermo Castillo Chavarría. El mismo con el que habían negociado la compra de los apartamentos Villa Toscana, ubicados sobre la Calle Jacaranda, Urbanización Maquilishuat, en San Salvador.
Entre los afectados también se cuenta un buen número de proveedores de materiales de construcción que habían participado en la edificación del condominio.
Uno de ellos es la empresa Negocios Internacionales. De hecho, el mismo día de la muerte de Castillo, el representante legal, que pidió la reserva de su identidad, recibió a solicitud de su cliente que investigara los antecedentes de Castillo, porque sospechaba que “algo andaba mal”.
“El mismo día que iba a iniciar mi investigación, el viernes 6 de julio, supe del accidente. Fue una noticia terrible, porque luego pude corroborar las dudas de mi cliente. El señor Castillo le debía a medio mundo, tenía varios negocios entre los que hacía circular su dinero, pero estaba totalmente descapitalizado. Hace años, había traspasado muchas propiedades a otras personas. No tenía nada a su nombre”, dice.
Según explican los denunciantes, Castillo, quien fungía como director presidente de Industrias Salvadoreñas de Concreto S.A. de C.V., SALCO, especializada en el rubro de obras civiles, diseño, construcción y supervisión, les pedía una cantidad determinada para realizar la reserva del inmueble. Les decía que la escrituración tendría que esperar unos días, porque aún no contaba con la Ley de Condominios, autorización fundamental para cualquier constructor. Los afectados suponían, como es lo lógico en estos casos, que Castillo depositaba su dinero en el banco, para luego desgravarlo del saldo total de cada uno. De igual forma, sobre dicho depósito, SALCO se comprometía a pagar el 13 por ciento anual de interés, hasta el día en que se realizara la escrituración del apartamento.

“Nos entuturutó”

Además, a casi la mitad de los compradores les solicitó aperturaran cuentas restringidas por un monto de 20 mil colones, “para tenerlo de reserva”.
Según Castillo, éstas cuentas no serían tocadas por ninguna de las dos partes hasta que se escriturara. Al llegar ese momento, les devolvería el dinero. Sin embargo, él retiró los depósitos de todas las personas, al parecer, falsificando la firma de éstas, ya que el desembolso nunca les fue notificado.
“No sé cómo nos ‘entuturutó’, que hasta la libreta de ahorros le dimos al hombre”, admite Sonia Sicilia de Mejía, cuyos depósitos alcanzan los 710 mil colones, siendo la única que había pagado el total del inmueble.
De Mejía, quien además resultó afectada en la estafa Finsepro Insepro, es también una de las dos personas, del total de veinte afectados, que han interpuesto su demanda ante la Fiscalía General de la República.
Sentados en semicírculo, reunidos para recordar y denunciar el engaño del que fueron objeto, algunos de los afectados reconocen la facilidad con la que cayeron en esta situación.

La “ganga”

Una de las más consternadas es Sara Margarita Orellana de Yamagiwa, cuyo apartamento, el número 107, fue vendido también a Marina Tablas de Varela.
Según consta en los recibos en poder de Vértice, el 4 de mayo de 2000, Varela hizo un depósito por 40 mil colones en concepto de reservación de dicho apartamento. Posteriormente, el 18 de octubre de ese mismo año, De Yamagiwa realizó el suyo por 125 mil colones.
“Nos dimos cuenta de que nos había vendido el mismo inmueble el día en que nos reunimos todos los compradores, al conocer lo de su muerte. Yo mencioné el número de mi apartamento, y de repente salta la señora de Varela diciendo que ese era el de ella”, expresa de Yamagiwa.
Armando Salaverría, otro de los afectados, sostiene que lo que los motivó a entregar el dinero a Castillo era la “ganga” que representaban los apartamentos, al estar ubicados en una zona accesible y de buen nivel, tener una distribución adecuada, lindos acabados y un precio bastante atractivo, que oscilaba entre los 600 mil y los 725 mil colones.
“Él nos decía que tenía a más clientes interesados, que le diéramos el dinero rápido, porque si no podíamos perder la oportunidad. Fuimos realmente crédulos... pero la verdad es que cuando uno realiza un negocio de esta naturaleza, parte de la buena fe de las personas, sobre todo sabiendo que el proyecto está financiado por una institución tan importante como el Banco Salvadoreño”, apunta.
Judicialmente, Castillo, al fallecer, queda exento de toda responsabilidad legal. Ahora, la Fiscalía deberá investigar si su esposa, Ana Luz Maida de Castillo, quien fungía como vicepresidenta de la sociedad, estaba enterada e involucrada en las acciones de su esposo. Al concluirse las investigaciones y, según sean los resultados, se establecerá si procede o no su detención administrativa y, si se llega a comprobar y fundamentar, la de toda la Junta Directiva.
Lilian Vivas, querellante de dos de las afectadas y el querellante de Negocios Internacionales, asegura que ha intentado llegar a un acuerdo con la familia Castillo Maida, pero ha sido imposible. Al parecer, la viuda y las hijas del fallecido aseguran desconocer de los negocios de él, pese a formar parte de la Junta Directiva.
Al respecto, Tatiana Coto, jefa de la Unidad de Patrimonio Privado de la Fiscalía, asegura que, legalmente, la viuda no puede alegar ignorancia, ya que su puesto como Vicepresidenta en SALCO le exigía estar mínimamente enterada de los negocios de ésta.
Vivas abona un aspecto fundamental en este punto: “Tenemos las pruebas bancarias de que parte del dinero que los compradores le daban a Castillo fue depositado en la cuenta de su esposa. Fue un cheque de 140 mil y otro de 200 mil colones. Con semejante cantidad en su cuenta, ¿cómo puede decir que no sabía nada?”, argumenta.

¿En treinta años?

El único convenio de pago que por ahora ha propuesto SALCO es el expresado, el pasado 2 de enero, por su representante legal, Ricardo Francisco Molina Mayén, a través de una diligencia de estado de suspensión de pago, presentada en un Juzgado de San Juan Opico. En ella, SALCO le propone al Banco Salvadoreño, al que adeuda 21,640,626.52 colones, más intereses, que “por no poder hacer frente a sus obligaciones y con el objeto de prevenir la declaración de quiebra (...) propone cancelar en un plazo de treinta años sobre saldos, con un período de gracia de tres años, por medio de cuotas de capital por mes, que vencería en diciembre de 2031”.
Esta propuesta cae como balde de agua fría sobre la esperanza de los afectados, tomando en cuenta que el 70 por ciento de ellos son personas de la tercera edad.
Por su parte, el presidente del Banco Salvadoreño, Félix Simán, asegura que a él lo unía una relación de amistad con “Miguelón” Castillo, quien, según él, gozaba de un buen récord bancario. Luego de la muerte de Castillo, Simán sostuvo una conversación con la viuda, quien se mostró dispuesta a solucionar todo. “Incluso habíamos llegado a un acuerdo en el que el Banco perdía cerca de tres millones de colones; pero nos interesaba hacerlo, con tal de resolver la situación de los afectados de San Salvador y Zacatecoluca, donde tenían otra lotificación llamada El Recreo”, dice.
Simán expresa que, con el tiempo, la actitud de la viuda cambió, porque “se asesoró indebidamente”.
“Hoy ponen condiciones en las que el Banco pierde demasiado dinero. Quieren que les paguemos todo a los afectados, que les dejemos cerca de 42 casas de Zacatecoluca y 5 apartamentos de Villa Toscana, para volver a venderlos con un sobreprecio del 30 por ciento”, señala Ricardo Sánchez, sub gerente de Recuperación Judicial.
Sin embargo, Simán es tajante en cuanto a su postura: “Lo hemos dejado todo en manos de nuestros abogados. Es duro, porque el juicio puede durar varios años y lo más probable es que, al final, sólo el banco pueda recuperar su parte”.
Vértice intentó contactar a Ana Luz Maida de Castillo, para conocer su opinión como Vicepresidenta de SALCO y viuda del principal acusado, pero luego de dejar diversos mensajes con empleadas domésticas, nunca respondió.
Por ahora, la única opción a esperar es la que dicte la resolución judicial en este caso, a menos que la familia señalada proponga otras soluciones de pago viables.
“Y que quede claro que en los negocios de nada vale parecer buena gente. Hay que comprobarlo”, finaliza uno de los afectados.
“Daba gusto negociar con él”
Todos coinciden en describir a Miguel Castillo como a una persona de quien era difícil esperar una actitud “retorcida”.
De hecho, Elizabeth de Milla, una de las afectadas de la estafa, al presentarse a la entrevista con los demás perjudicados, aclaró que “si era para hablar mal del señor, entonces no quería participar; porque él era una persona tan buena, amabilísima. Fuimos nosotros los descuidados, los responsables de todo esto. Si daba gusto negociar con él”.
En el transcurso de la entrevista, mientras escuchaba los testimonios de las demás personas que insistían en la culpabilidad de Castillo, De Milla quedó impactada por el calibre de las acusaciones. “Quizá porque con mi esposo sólo veníamos al tiempo, porque trabajamos y residimos en La Unión, no nos dimos cuenta de muchos detalles que a lo mejor nos hubiesen alertado. Estoy sorprendida de la capacidad de engaño que tenía con nosotros”.
Miguel Castillo, ingeniero civil, nacido el 18 de febrero de 1935, según su cédula de identidad, estaba casado con Ana Luz Victoria Maida Portillo de Castillo, quien además fungía como vicepresidenta de SALCO.
Todo en familia
En la certificación de la sociedad, sus hijas, Ana Claudia Castillo Maida, Liliana Castillo Maida de Closa y María Cecilia Castillo Maida, están inscritas como directora secretaria, primera directora suplente y segunda directora suplente, respectivamente. Javier Closa Salazar, esposo de Liliana, está designado como director secretario suplente. En la certificación del Centro de Registro, extendida el 14 de septiembre de 1999, se establece que las funciones de dicha Junta finalizaron en 2001.
Pese al acomodado estilo de vida que los acusadores y querellantes aseguran que Castillo llevaba, éste no tenía inscrita ninguna propiedad en el Centro Nacional de Registro. Tampoco en SERTRACEN, lo que hace pensar que todos los vehículos en los que se transportaba eran alquilados, o traspasados a un prestanombre.
Los querellantes también señalan un supuesto desfalco realizado por Castillo, hace aproximadamente diez años, por el cual tuvo que residir en Guatemala por n tiempo. Sin embargo, no fue posible comprobar ese antecedente, ya que los Juzgados de lo Mercantil sólo tienen almacenada en computadora la información de los últimos cuatro años.

Buen récord
Nombre
Miguel Guillermo Castillo Chavarría, 66 años.
Empresa
SALCO S.A. de C.V.
Récord bancario
El Presidente del Banco Salvadoreño asegura que no tenía ningún antecedente negativo que empañara su expediente crediticio.
Deuda
Sólo en capital, 21 millones de colones. La familia rechaza cualquier negociación.