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Bajo excusas, mentiras y a veces desconocimiento, muchos padres llevan a sus niños lesionados o enfermos, víctimas de maltrato o de abuso sexual. El ojo médico se convierte entonces en la esperanza de protección de ese pequeño.

Sarah Currlin
vertice@elsalvador.com

Se me cayó del lavadero”, aseguró una madre en el Hospital con su hijo de dos años y ocho meses.
El niño es admitido en el Hospital Benjamín Bloom con severas fracturas en los dos brazos y en una pierna.
No engañaba a nadie, mucho menos a los médicos que ya conocen ese tipo de fracturas: Alexis había sido vapuleado, tal vez por ella, tal vez por alguien más. La prioridad de los galenos ya no era sólo ayudar a su pequeño cuerpo a sanar, sino protegerlo y, de ser posible, ayudar a que las autoridades castigaran al responsable.
El caso de Alexis no era una triste novedad, tampoco el proceso que se siguió para dar aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) y comenzar una investigación sobre el caso. El sistema empezó a funcionar para proteger a la pequeña víctima.
Los médicos hicieron lo propio para curar al niño y también para documentar y resguardar las evidencias de las lesiones. Según las radiografías, no era la primera vez que los huesos del pequeño cedían ante los golpes. Estas pruebas podrían ser el sello de una condena contra un abusador.
Este proceso de coordinación entre los médicos y las autoridades se pone en marcha cada vez que ingresa un niño con señales de maltrato o abuso sexual. Aunque no hay manuales que indiquen los pasos a seguir o líneas legales que dibujen la acción, hay un marco legal en la Convención de los derechos del Niño, la Constitución, el Código de Familia y el Código Penal que obliga a los médicos a denunciar las lesiones que provienen de un posible delito.

La denuncia
Sergio Parada, director del Hospital Bloom, dice que el proceso es llamar a la FGR.

Si se encuentran lesiones características, como golpes en las partes menos visibles del cuerpo -espalda, cabeza, parte de atrás de las piernas y brazos-, fracturas y golpes que los padres no logran explicar, presencia de enfermedades venéreas, lesiones poco comunes en las áreas genital o anal.
“La causa de la consulta no es el maltrato, pero ya tenemos signos, síntomas o señales que nos dan la guía y cada vez nos equivocamos menos en esto”, asegura Parada.
Estos signos, así como algunas señales de la actitud de algunos niños, como la excesiva repulsión al contacto físico, se suman a la información que recogen los encargados de Pediatría Social al momento de investigar los casos.
“Nosotros realizamos una pequeña investigación, pues hay abusos que son evidentes, pero otros son meras sospechas”, señala Juan José Saravia, jefe de Pediatría Social. Al hablar con padres y parientes, muchas veces las contradicciones o explicaciones absurdas que ellos dan son las que confirman las sospechas iniciales.
Las pruebas clínicas, exámenes y radiografías, se convierten entonces en la principal evidencia de los maltratos que ha sufrido el menor.

Vacíos
Aunque suene de rutina, no es sencillo proteger a un niño del abuso. Hay que respetar puntos legales.

Uno de los problemas es que precisamente ninguna de esas disposiciones faculta expresamente a un médico o centro de asistencia a retener al niño sin la orden de la autoridad competente. Esto, en muchos casos, ata las manos de los galenos.
“Si el padre decide agarrar al niño y llevárselo, nosotros no podemos hacer nada”, dice Saravia, el máximo conocedor del tema en el Bloom. Él trabaja directamente con las autoridades involucradas y se encarga de las investigaciones que hace el hospital en estos casos. Señala que los mayores problemas se dan cuando se ingresa a un niño en la madrugada o en horas en las que hay pocos funcionarios de turno en la Fiscalía. En el ISPM, hasta febrero de este año, ha empezado a funcionar un sistema de denuncia activo las 24 horas.
A su juicio, muchas veces el tiempo de respuesta de las autoridades es muy lento y los casos pueden perderse. “Cuando está en peligro un niño, esa espera no es válida”, se lamenta.
En el ISPM admiten esa falla. “Los mecanismos no son expeditos”, reconoce Soledad Sermeño de Orellana, la jefa de la División de Admisión, Evaluación y Diagnóstico. Según dice, las leyes definen las competencias, pero la ausencia de una línea fija de acción deja vacíos para que haya problemas de coordinación entre las instituciones. “Hasta ahora el procedimiento ha funcionado de manera espontánea, pero tenemos que sentarnos a buscar los mecanismos apropiados”.
Aunque estos vacíos, a su juicio, ponen obstáculos al proceso, pero no dejan espacio para excusas a la hora de proteger a un niño. “La gente del Bloom es muy acuciosa y no creo que se les haya pasado ningún caso”, asegura.
El problema más bien está del lado de los servicios privados de salud, desde donde nunca ha salido una denuncia. “Hay leyes, buenas leyes, pero los problemas están en las actitudes de algunas personas y en el desconocimiento de las competencias de cada profesional”, concluye.
Aún con sus limitaciones, el procedimiento funciona. En la FGR ya se han llevado a la etapa judicial muchos casos y hay varios más en investigación actualmente. “Esta coordinación es sumamente importante, - dice la fiscal Claudia Trigueros, de la Unidad de Delitos contra la Mujer y la Niñez- pues se han detectado casos que los padres, familiares o las mismas víctimas nunca habrían denunciado”.

Cuando sale a luz la verdad

Sólo un ojo clínico pudo detectar señales de abuso sexual que ahora investiga la Fiscalía.

El 9 de enero recién pasado, Ana estaba bañando a Carlitos (nombres ficticios), su hijo de un año y once meses. Notó que el pene del niño estaba enrojecido e inflamado. Le preocupó que en los últimos días Carlitos se quejaba al orinar y tenía unos moretes que le parecían extraños.
En vez de irse a vender, como todos los días, la joven madre de 16 años tomó a su chiquito y lo llevó al Hospital Bloom.
Lo que para la madre era un misterio, para los médicos se dibujaba claro. El cuerpo del niño mostraba golpes y un edema y laceraciones en el pene. Estaban ante un posible caso de abuso sexual.
Los encargados de trabajo social conversaron con la madre. Ana no pudo aclararles mucho más porque todos los días sale a vender y lo deja al cuidado de su compañero de vida.
Mientras los doctores del Bloom daban los cuidados médicos a Carlitos, Pediatría Social se encargaba de dar el aviso correspondiente a la Fiscalía.
El Ministerio Público ordenó un peritaje de Medicina Legal que confirmó las sospechas del abuso y detectó una evidencia mayor: Carlitos tenía una fisura en el ano, además de todas las lesiones en el pene y los moretes en su cuerpo.
Al entrevistar a los padres, no supieron explicarlo. “Los padres dicen que las lesiones aparecieron espontáneamente”, dice el expediente. Ana repetía ante los fiscales que el niño era cuidado por su padrastro y admitió que “ella le pegó una vez con un cincho y nunca más lo volvió a hacer”.

Realidades

El niño de un año once meses había sido golpeado y aparentemente violado. No había manera de garantizar su seguridad con su familia.
El 28 de enero, la fiscalía solicitó al ISPM dar resguardo al niño. El Instituto lo colocó temporalmente con unos familiares que, según las entrevistas realizadas, eran las personas más indicadas para cuidar al niño sin arrancarlo por completo del ambiente familiar.
Las investigaciones continúan. Carlitos aún no ha aprendido a hablar, no puede identificar a su agresor o decir qué le sucedió. Pero las evidencias, tristemente plasmadas en su cuerpo, están certificadas en el cuadro médico del Bloom y de Medicina Legal.
Si todo sale bien, una consulta médica habrá sido el primer paso para que Carlitos nunca vuelva a sufrir el abuso al que fue sometido.

Los doctores que guardan silencio

Los niños de las esferas más altas de la sociedad están más desprotegidos, ya que los médicos privados no denuncian los casos de maltrato.

Las estadísticas sobre el maltrato infantil dejan claro que padecen este calvario niños de todas clases sociales.
Sin embargo, en El salvador, los niños de las esferas más altas están, paradójicamente, más desprotegidos.
En la FGR se reciben regularmente los avisos de médicos de los diferentes hospitales públicos que alertan sobre los casos de abuso y así ponen a trabajar el sistema en favor de los menores.
Pero, según lo confirmó la fiscal Claudia Trigueros, de la Unidad de Delitos contra la Mujer y la Niñez, este procedimiento sólo funciona con el sector nacional de salud. Los médicos y hospitales privados atienden a sus pacientes sin hacer sonar la alarma cuando los cuadros presentan signos de maltrato. “Recibimos información únicamente de los hospitales públicos, nunca hemos tenido un caso de hospitales privados o de un doctor en su consulta particular”, asegura Trigueros. Y para la mala fortuna de muchos niños, la ausencia de avisos no significa que los casos no están sucediendo. Significa que suceden, pero bajo el velo del silencio y de la indefensión. Hay niños maltratados que entran y salen de las consultas privadas sin que las autoridades puedan protegerlos.
En el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor la situación es la misma: “Nunca hemos recibido aviso de hospitales privados por un niño maltratado”, dice Marisol Ramos de Belloso, Jefe de atención externa e investigación inmediata.
De Belloso advierte que el hecho de estar en una práctica privada, no exime al médico de su responsabilidad en la protección de los niños. “Las leyes están allí y son para todos, no sólo para el área pública”.

Doble impunidad

De hecho, estos doctores pasan por alto su deber de informar sobre las sospechas de abuso o maltrato.

Al hacerlo están incurriendo en el delito de Omisión de Aviso. Según el artículo 312 del Código Penal “el jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica o establecimiento semejante, público o privado, que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas, dentro de las ocho horas siguientes al mismo, en casos en que racionalmente debieran considerarse como provenientes de un delito, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa”.
Nunca se ha procesado a un profesional de la medicina por esta razón.
Así, cuando un médico atiende a un niño maltratado y lo devuelve a su casa sin hacer una denuncia, la impunidad se duplica: un profesional que viola su deber y un abusador sin castigo.
Al examinar el tema, el presidente de la Junta de Vigilancia de la profesión Médica, Alexander Bonilla, señaló que “el código de salud no especifica que se tiene que hacer una notificación obligatoria de esas situaciones. Eso depende de la concientización del profesional porque queda a discreción de él hacerlo”. Aunque, como ya se ha apuntado, el Código Penal sí requiere de los médicos que hagan la denuncia.
Las declaraciones del médico parecen dejar en evidencia que los profesionales aún ignoran algunas de sus responsabilidades; pero no sólo eso, Bonilla manifestó ignorancia de la misma realidad del maltrato infantil, pues a su juicio, los médicos privados no denuncian casos de abuso, simplemente porque nunca llegan a sus clínicas: “Este tipo de situaciones no llegan a las clínicas u hospitales privados, porque hay un denominador común en el maltrato: la desintegración familiar y la falta de educación” - asegura Bonilla- “El Bloom o cualquier institución pública nunca ha reportado que un niño que asista a la Británica o a la Alemana fue maltratado”.
Desgraciadamente, la más cruda verdad es que el maltrato se da en todos los estratos sociales. Hay niños indefensos en las champas de cartón, como en las residencias con columpio en el jardín.
Por su parte, el Síndico del Colegio Médico, Guillermo Lara, examina la problemática desde otro ángulo. Para él, la situación de un médico en su práctica privada es diferente a la de quien labora en un hospital donde recibe el respaldo institucional.
A su juicio, la falta de confianza en el sistema judicial y los organismos de investigación del país, empujan a los médicos a protegerse evitando las denuncias de ese tipo, que califica de quijotescas.
“Yo creo que nuestro sistema judicial, aunque diga lo que quiera decir, no nos brinda los mecanismos, ni la estructura, ni los procesos adecuados para que la población, sin perjudicar su propia seguridad, pueda denunciar un caso de éstos”, señala Lara. “Yo le aseguro que al segundo caso que yo denuncie, se me acabó mi consulta o me vienen a buscar aquí. ¿Que yo voy a ir a la Fiscalía porque me vino un paciente con maltrato infantil?... Eso no va con la realidad”.
Para él, surgen también dudas sobre hasta qué punto el médico denunciante riñe con el principio de secreto profesional. Según Lara, los doctores cumplen con su labor al consignar el diagnóstico y advertir de éste a los padres. El resto queda en manos de ellos, quienes, según las estadísticas, son precisamente los abusadores.