La comuna de Pandora

La denuncia de un mal procedimiento fiscal fue el detonante para que San Ildefonso se ubicara en el mapa periodístico. María Julia Constanza, alcaldesa municipal, acusa a los fiscales de autoritarios y ladrones. Éstos, no dan tregua a su estocada: Cuatro delitos en contra de la edil copan sus diligencias actuales.

Claudia Zavala
 vertice@elsalvador.com

Solitario, árido y polvoriento. Es difícil imaginar que los apenas 136 kilómetros cuadrados de San Ildefonso, ubicado en San Vicente y declarado ciudad hace poco más de un año, escondan una sorprendente historia de intrigas y batallas legales. Más aún lo es descubrir que la protagonista de tan enardecidos duelos verbales y legales es la propia alcadesa de la localidad.
María Julia Constanza, de 33 años, desde su despacho municipal, no pierde la compostura al defenderse de los “ataques” de quienes ella considera sus más acérrimos enemigos: algunos miembros de la Fiscalía de San Vicente.
“Son vendettas personales”, dice, mientras con el índice izquierdo pide a su esposo encienda nuevamente el aire acondicionado de su calurosa oficina.
El inicio de la conversación se ubica necesariamente en el pasado 30 de enero, fecha en que los fiscales Carlos Salvador Hernández Zepeda, Mauricio Roberto Iraheta Santamaría y Maximiliano Edgardo Martínez ingresaron a la comuna, para realizar un registro, que contribuiría a robustecer las diligencias iniciales para judicializar el delito de falsedad ideológica, en contra de Constanza.
Cerca de las once de la mañana, hora en que inició el allanamiento, la alcaldesa no se encontraba en su puesto de trabajo, pues había acudido a una reunión con los miembros del Concejo Departamental de Alcaldes, el cual preside.

el aviso telefónico

La llamada telefónica que recibió de María Zoila Rivas de Zelaya, secretaria municipal, irrumpió el ambiente laboral que reinaba en las mesas del restaurante Las Brisas, en San Vicente.
“Me dijeron que habían llegado tres fiscales con unos dieciocho agentes de la PNC a registrar la alcaldía. Que ingresaron en forma violenta, tirando patadas y puñetazos, sacando a empujones a los usuarios”, recuerda.
Constanza asegura que colgó, convencida de que debía continuar su compromiso como Presidenta del Concejo, y que, cuando intentó llamar a los pocos minutos para preguntar cómo seguía todo, fue inútil. Habían cortado las líneas telefónicas de la alcaldía.
La Secretaria Municipal lo confirma: “No me enseñaron ningún permiso de allanamiento. Nos dijeron que nos sentáramos y no nos moviéramos, y cortaron las líneas para quedar incomunicados”.

“Es una falacia”

El contraste con las declaraciones fiscales es drástico en extremo. Mientras Constanza mantiene una versión de violencia y autoritarismo, los fiscales hablan de “respeto, suavidad y legalidad” en el procedimiento. Según Maximiliano Edgardo Martínez, lo primero que hicieron al ingresar a la comuna fue buscar a la Secretaria Municipal, para entregarle la autorización de registro firmada por Joaquín Osmar Vallejos Meléndez, juez de Paz de San Ildefonso. Asegura que se hicieron acompañar por seis agentes de la PNC, no dieciocho, como plantea Constanza.
“Pero la Secretaria comenzó a insultarnos, a gritarnos palabras vulgares, a decirnos que sólo a joder llegábamos, que nos creíamos dioses y que sólo la Alcaldesa podía autorizar el ingreso al lugar”, expresa.
Lo que más impresiona a la parte fiscal, según afirman, es la acusación que hace Constanza de un supuesto faltante de 8,634.15 colones. Ella asegura que los fiscales lo sustrajeron al forzar la caja de seguridad de su despacho.
“¿Cómo vamos a abrir la caja de seguridad sin la combinación? El único uso de fuerza que hicimos fue abrir la puerta trasera de la oficina de ella, porque la Secretaria se había encerrado para llamarla. Y lo hicimos con el mango de una cucharita, porque la puerta cedió fácilmente. Lo que dicen es una falacia”, señala Martínez.
Pero el mango de una cuchara no es, precisamente, el tipo de herramienta a la que se refiere Constanza. Ella habla de piochas, martillos, almáganas y cinceles.
Un comunicado publicado el 6 de febrero, en los principales medios de comunicación, explicando lo acontecido en la comuna y responsabilizando al fiscal Mauricio Roberto Iraheta Santamaría de todo lo ocurrido, lanzó el grito de la denuncia que llegó a oídos de Belisario Artiga, cabeza del Ministerio Público.
Artiga prometió investigar y personalizar responsabilidades. Por el momento, el caso se ha abierto en la Fiscalía de San Salvador, y las diligencias iniciales han empezado su marcha.

“Cumplen órdenes”

Constanza también denunció a los fiscales y al juez Vallejos ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y la Inspectoría General de la PNC. En ésta última instancia, Mauricio Sandoval, director de la PNC, envió una aclaración a Francisco Merino, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, exponiéndole que “el personal policial sólo cumple y colabora con las instrucciones emanadas de la Fiscalía General de la República”.
Pero este encuentro con la Fiscalía no es el primero para la Alcadesa. Ya en abril de 2000 había encarado un proceso judicial por el delito de amenazas con agravación especial. Según consta en el proceso, Constanza habría amenazado con una pistola a Douglas Wilson Rauda: “Yo te voy a ahumar a balazos”, le habría advertido. Al tiempo, fue liberada de cargos. Además, los delitos de actos arbitrarios, falsedad ideológica y desacato también pesan sobre sus espaldas (ver recuadros “Las acusaciones en contra de María Julia”).

sin miedo a chambres

Además, Manuel de Jesús Villalobos Zaldaña, un ingeniero civil, juramentado como perito en la investigación por falsedad ideológica está acusado de brindar falso testimonio. Según la Fiscalía, Villalobos aportó datos falsos en un informe técnico presentado al Juzgado de Paz de San Ildefonso, con el supuesto objetivo de beneficiar a la funcionaria.
Ante las acusaciones, Constanza opina relajada: “En parte agradezco todo lo que está sucediendo, porque es ahora cuando el apoyo de mi comunidad es más evidente. No tengo miedo a los chambres y malas intenciones, porque, incluso, electoralmente, esta coyuntura me beneficia”.
El objetivo de postularse nuevamente como candidata a la alcaldía no lo descarta. Ya con este es su segundo período en gestión. El primero, en 1997, lo hizo bajo la bandera de ARENA. Luego, por “decisiones políticas”, como ella dice, en las elecciones del 2000, defendió los colores del PCN.
Según ella, la piedra que rompió el techo de la tranquilidad tiene nombre y apellido: José Pedro Meléndez, secretario del Juzgado de Paz de San Ildefonso. Meléndez es su ex esposo y padre de sus tres hijos.
La anulación del matrimonio Meléndez-Constanza no fue en los mejores términos. Según la edil, Meléndez interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para evadir la cuota alimenticia de sus hijos. Desde entonces le ha hecho la vida imposible, al punto de aliarse con Marta Lidia Amaya de Somarriba, quien la acusa de actos arbitrarios (ver recuadro “Si ella tiene pisto”) y con el fiscal Santamaría, a quien responsabiliza de los daños en la comuna.
“Le aseguro que entre ella y mi ex esposo hay un chanchullo”, insiste.
Constanza argumenta, además, que Meléndez influye negativamente en las decisiones del juez Vallejos, quien, a su parecer, no es más que un “títere manipulable, una persona sin carácter”. Ante tal acusación, Vallejos no se inmuta y asegura que el Secretario no puede ejercer influencia en él, porque cada acto que realiza lo hace apegado a la ley.
“No tengo intención de perjudicarla. Es más, ojalá que en la audiencia podamos llegar a un acuerdo, porque no quiero que piense que este es un problema personal”, dice.
Vértice busco contactar al Secretario del Juzgado, para conocer su opinión, pero no fue posible.
Mientras tanto, hasta que las resoluciones judiciales no inclinen la balanza hacia una de las dos partes, María Julia Constanza seguirá en su cargo inmutable como siempre.
Pero, a sabiendas de quién es el responsable en este mar de acusaciones, lo único que se conseguirá es corroborar uno de los síndromes que aún ensombrece la labor de la mayoría de nuestros funcionarios públicos: la prepotencia.