17 de febrero de 2002

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Miopía ambiental

Lo que inició como una investigación académica sobre el grado de contaminación que genera las calderas del ingenio Chaparrastique, en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente, se ha convertido en una prueba de omisión. A un año, los resultados se habían mantenido en silencio.

Iván Gómez
vertice@elsalvador.com

Bastó examinar un período de cinco meses para determinar un nivel alto de agentes contaminantes en el aire que se respira frente a la Facultad Multidisciplinaria de Oriente (FMO). El fenómeno está claramente relacionado con la recolección de la zafra y su producción en el Ingenio Chaparrastique, ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel.
En el estudio preliminar, elaborado por las docentes Irma Lucía Vides y María del Carmen Castillo, y sustentado por la Unidad de Suelo, Agua, Flora de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) recomiendan, entre otras cosas, realizar estudios clínicos a los miembros de la comunidad universitaria, así como el inicio de acciones legales y técnicas para minimizar o eliminar los contaminantes del aire.
A más de un año la burocracia y el desinterés impidió que se lleven a cabo las recomendaciones.
El 28 de enero el tema fue desempolvado, luego que protestaran comunidades vecinas al ingenio.
Pero las protestas no son nuevas. En el 2000 fueron los mismos estudiantes quienes exigieron una salida al respecto.
Alertados por la publicación del informe en la edición del viernes 8 de febrero del Diario de Oriente, la Junta Directiva de la FMO envió el miércoles pasado el informe a la Universidad de El Salvador (UES) para que se inicien las acciones legales contra el Ingenio Chaparrastique.

Ley sin dientes

La Fiscalía argumentó limitaciones legales. El Ministerio del Medio Ambiente supo del problema gracias a los medios de comunicación e inició las primeras medidas tal como emana la ley.
Mientras tanto, Vértice trató de localizar -por todas las vías posibles y durante dos semanas- a las autoras de la investigación, así como también al director ejecutivo del Ingenio, Enrique Suárez. Y hasta la fecha no hay respuesta.
El nuevo ciclo de clases en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la UES recién arranca. El personal administrativo aún está pendiente por clasificar el ingreso de un poco más de 1,100 aspirantes. El año pasado, la universidad albergó unos 3,800 alumnos divididos en sus ocho departamentos.
Josué Urías apenas tiene tiempo de hacer la digestión repasando un poco el diario. A las dos de la tarde tiene que acudir a clases. Es su segundo año de Administración. Sin embargo, no puede terminar de leer porque sus ojos están irritados gracias al “hollín” que es llevado por el viento desde una de las fumarolas del Ingenio Chaparrastique.
“Si los que estamos aquí, somos los del mañana, deberían tener consideración”, se queja el universitario quien a diario viaja desde La Unión.
Pero el problema de los residuos del tratamiento de las calderas del Ingenio no solo afectan la salud de Josué, sino del resto del estudiantado que sufre el problema durante el tiempo de la zafra.
Los estudiantes señalan que, entre las enfermedades que padecen, durante casi todo el primer ciclo de clases se encuentran: irritación de los ojos, enfermedades pulmonares y la incomodidad de soportar el mal olor. Estas afirmaciones coinciden con el informe.
Pero los estudiantes no saben nada del estudio elaborado por especialistas de la universidad. “Nos hablaron que habían pláticas para resolver el problema, pero solo eso” sostiene Raúl, estudiante de Economía.
El informe finalizó en febrero de 2001 y, aunque el documento ha sido del conocimiento de algunos docentes, la junta directiva de la FMO retomó el caso el pasado primero de febrero (un año después de haber finalizado la investigación) tras conocerse que pobladores aledaños al Ingenio habían solicitado la intervención de la Fiscalía.
Al parecer la junta directiva, conformada por representantes estudiantiles, docentes y autoridades del Alma Mater desconocían la importancia de las recomendaciones porque el problema de contaminación solo se presentaba durante la zafra y, una vez finalizada la producción, todo se resumía a los malos recuerdos de los estudiantes.

Investigación

“Habíamos tenido varios problemas, se suspendían reuniones y teníamos otros casos a tratar, como la acumulación de trabajo por el inicio de clases” justifica el Vice Decano de la FMO, Marcelino Mejía.
Por cuestión de tiempo no se llegó ese día a ninguna resolución. Fue hasta la semana pasada que se acordó enviar el miércoles 13 de los corrientes, un informe al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional para que se autorice a la Rectora Isabel Rodríguez el inicio de acciones legales contra el Ingenio Chaparrastique de San Miguel en calidad de ofendida.
Ahora el informe está en las manos del CSU y existen condiciones para inspeccionar el campus universitario. Según Mejía, la respuesta de la UES podría estar lista en 15 días.
Habrá que esperar la decisión que tomará Rodríguez.
Actualmente, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente estudian el programa de adecuación que fue elaborado por el propio ingenio y se espera que hagan una inspección antes que concluya la zafra.
Pero la responsabilidad de las autoridades ambientales se ha quedado corta hasta el momento.

Molestias semestrales

Durante el período de zafra la población universitaria ha mostrado su malestar debido al aire contaminate generado por las calderas del ingenio Chaparrastique.

En marzo de 2000 más de dos mil estudiantes se tomaron la Ruta Militar a la altura del ingenio Chaparrastique en protesta por la contaminación que sufren tanto en los salones de clase como en el resto del campus.
La medida pretendía presionar a las autoridades del ingenio para que se revisaran los filtros de las chimeneas de manera que se minimizara la contaminación.
La protesta finalizó con desordenes entre los estudiantes y empleados del ingenio.
Pese a los conatos de violencia, se logró la creación de una comisión de alto nivel universitario y del ingenio, que desarrollaron una serie de reuniones e inspecciones. Hubo el compromiso de colocar (en un período de un mes) silenciadores para disminuir el ruido.
Sin embargo, semanas más tarde -cuando las autoridades de la FMO informaron que en ese momento se realizaba un estudio de impacto ambiental- el diálogo se suspendió bajo el argumento que el ingenio tenía sus propios estudios desacreditando el trabajo técnico de los profesionales; en este caso FUSADES. “Ellos enviaron una carta en donde argumentaban que eran una empresa privada, que daban trabajo a tantas personas y que tenían autonomía”, sostiene Lourdes Prudencia de la secretaría de la FMO.
Los estudiantes afirman que de no llegarse a una salida al problema, las protesta volverá.

Negligencias jurídicas

La Fiscalía argumenta que no le corresponde intervenir cuando se denuncian casos de contaminación ambiental.

El lunes 28 de enero, residentes de las colonias La Ceiba y Urbanización Universitaria, se presentaron ante la Fiscalía para interponer una demanda judicial contra el ingenio Chaparrastique por contaminación ambiental. El ministerio público señaló que tras la entrada en vigor de la Ley del Medio Ambiente (junio de 2000) está con las manos atadas.
Para Nelson Vaquerano, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el argumento fiscal corresponde a la reforma del artículo 255 del Código Penal. Sin embargo, es una obligación constitucional defender las instituciones del Estado y de la sociedad.
“Aunque están amarrados de ejercer una acción penal, sí pueden denunciar ante el Ministerio del Medio Ambiente al igual que lo puede hacer cualquier otra persona”, señala Vaquerano.
Para Ulises Campos del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), en el reglamento aprobado hasta el año pasado, no se estipula a qué instancias puede la ciudadanía acudir al presentarse este tipo de casos.
El CESTA prefiere que todo lo relacionado con la aplicación jurídica de la Ley de Medio Ambiente debe quedar definida.
Uno de los problemas que se enfrenta en el país es que prácticamente la Ley es nueva, así como su reglamento, por lo que aún está pendiente agilizar algunas recomendaciones como la jurisdicción ambiental especial de primera instancia.
“Actualmente no se da tratamiento en los juzgados de lo Civil por que no cuentan con las herramientas idóneas para esta materia” sostiene Vaquerano.



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