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Miopía
ambiental
Lo que inició como
una investigación académica sobre el grado de contaminación
que genera las calderas del ingenio Chaparrastique, en la Facultad Multidisciplinaria
de Oriente, se ha convertido en una prueba de omisión. A un año,
los resultados se habían mantenido en silencio.
Iván Gómez
vertice@elsalvador.com
Bastó examinar un
período de cinco meses para determinar un nivel alto de agentes
contaminantes en el aire que se respira frente a la Facultad Multidisciplinaria
de Oriente (FMO). El fenómeno está claramente relacionado
con la recolección de la zafra y su producción en el Ingenio
Chaparrastique, ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel.
En el estudio preliminar, elaborado por las docentes Irma Lucía
Vides y María del Carmen Castillo, y sustentado por la Unidad
de Suelo, Agua, Flora de la Fundación Salvadoreña para
el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) recomiendan, entre
otras cosas, realizar estudios clínicos a los miembros de la
comunidad universitaria, así como el inicio de acciones legales
y técnicas para minimizar o eliminar los contaminantes del aire.
A más de un año la burocracia y el desinterés impidió
que se lleven a cabo las recomendaciones.
El 28 de enero el tema fue desempolvado, luego que protestaran comunidades
vecinas al ingenio.
Pero las protestas no son nuevas. En el 2000 fueron los mismos estudiantes
quienes exigieron una salida al respecto.
Alertados por la publicación del informe en la edición
del viernes 8 de febrero del Diario de Oriente, la Junta Directiva de
la FMO envió el miércoles pasado el informe a la Universidad
de El Salvador (UES) para que se inicien las acciones legales contra
el Ingenio Chaparrastique.
Ley sin dientes
La Fiscalía
argumentó limitaciones legales. El Ministerio del Medio Ambiente
supo del problema gracias a los medios de comunicación e inició
las primeras medidas tal como emana la ley.
Mientras tanto, Vértice trató de localizar -por todas
las vías posibles y durante dos semanas- a las autoras de la
investigación, así como también al director ejecutivo
del Ingenio, Enrique Suárez. Y hasta la fecha no hay respuesta.
El nuevo ciclo de clases en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente
de la UES recién arranca. El personal administrativo aún
está pendiente por clasificar el ingreso de un poco más
de 1,100 aspirantes. El año pasado, la universidad albergó
unos 3,800 alumnos divididos en sus ocho departamentos.
Josué Urías apenas tiene tiempo de hacer la digestión
repasando un poco el diario. A las dos de la tarde tiene que acudir
a clases. Es su segundo año de Administración. Sin embargo,
no puede terminar de leer porque sus ojos están irritados gracias
al hollín que es llevado por el viento desde una
de las fumarolas del Ingenio Chaparrastique.
Si los que estamos aquí, somos los del mañana, deberían
tener consideración, se queja el universitario quien a
diario viaja desde La Unión.
Pero el problema de los residuos del tratamiento de las calderas del
Ingenio no solo afectan la salud de Josué, sino del resto del
estudiantado que sufre el problema durante el tiempo de la zafra.
Los estudiantes señalan que, entre las enfermedades que padecen,
durante casi todo el primer ciclo de clases se encuentran: irritación
de los ojos, enfermedades pulmonares y la incomodidad de soportar el
mal olor. Estas afirmaciones coinciden con el informe.
Pero los estudiantes no saben nada del estudio elaborado por especialistas
de la universidad. Nos hablaron que habían pláticas
para resolver el problema, pero solo eso sostiene Raúl,
estudiante de Economía.
El informe finalizó en febrero de 2001 y, aunque el documento
ha sido del conocimiento de algunos docentes, la junta directiva de
la FMO retomó el caso el pasado primero de febrero (un año
después de haber finalizado la investigación) tras conocerse
que pobladores aledaños al Ingenio habían solicitado la
intervención de la Fiscalía.
Al parecer la junta directiva, conformada por representantes estudiantiles,
docentes y autoridades del Alma Mater desconocían la importancia
de las recomendaciones porque el problema de contaminación solo
se presentaba durante la zafra y, una vez finalizada la producción,
todo se resumía a los malos recuerdos de los estudiantes.
Investigación
Habíamos
tenido varios problemas, se suspendían reuniones y teníamos
otros casos a tratar, como la acumulación de trabajo por el inicio
de clases justifica el Vice Decano de la FMO, Marcelino Mejía.
Por cuestión de tiempo no se llegó ese día a ninguna
resolución. Fue hasta la semana pasada que se acordó enviar
el miércoles 13 de los corrientes, un informe al Consejo Superior
Universitario (CSU) de la Universidad Nacional para que se autorice
a la Rectora Isabel Rodríguez el inicio de acciones legales contra
el Ingenio Chaparrastique de San Miguel en calidad de ofendida.
Ahora el informe está en las manos del CSU y existen condiciones
para inspeccionar el campus universitario. Según Mejía,
la respuesta de la UES podría estar lista en 15 días.
Habrá que esperar la decisión que tomará Rodríguez.
Actualmente, técnicos del Ministerio de Medio Ambiente estudian
el programa de adecuación que fue elaborado por el propio ingenio
y se espera que hagan una inspección antes que concluya la zafra.
Pero la responsabilidad de las autoridades ambientales se ha quedado
corta hasta el momento.
Molestias semestrales
Durante el período de zafra la población universitaria
ha mostrado su malestar debido al aire contaminate generado por las
calderas del ingenio Chaparrastique.
En marzo de 2000 más de dos mil estudiantes se tomaron la Ruta
Militar a la altura del ingenio Chaparrastique en protesta por la contaminación
que sufren tanto en los salones de clase como en el resto del campus.
La medida pretendía presionar a las autoridades del ingenio para
que se revisaran los filtros de las chimeneas de manera que se minimizara
la contaminación.
La protesta finalizó con desordenes entre los estudiantes y empleados
del ingenio.
Pese a los conatos de violencia, se logró la creación
de una comisión de alto nivel universitario y del ingenio, que
desarrollaron una serie de reuniones e inspecciones. Hubo el compromiso
de colocar (en un período de un mes) silenciadores para disminuir
el ruido.
Sin embargo, semanas más tarde -cuando las autoridades de la
FMO informaron que en ese momento se realizaba un estudio de impacto
ambiental- el diálogo se suspendió bajo el argumento que
el ingenio tenía sus propios estudios desacreditando el trabajo
técnico de los profesionales; en este caso FUSADES. Ellos
enviaron una carta en donde argumentaban que eran una empresa privada,
que daban trabajo a tantas personas y que tenían autonomía,
sostiene Lourdes Prudencia de la secretaría de la FMO.
Los estudiantes afirman que de no llegarse a una salida al problema,
las protesta volverá.
Negligencias jurídicas
La Fiscalía argumenta que no le corresponde intervenir cuando
se denuncian casos de contaminación ambiental.
El lunes 28 de enero, residentes de las colonias La Ceiba y Urbanización
Universitaria, se presentaron ante la Fiscalía para interponer
una demanda judicial contra el ingenio Chaparrastique por contaminación
ambiental. El ministerio público señaló que tras
la entrada en vigor de la Ley del Medio Ambiente (junio de 2000) está
con las manos atadas.
Para Nelson Vaquerano, de la Fundación de Estudios para la Aplicación
del Derecho (FESPAD), el argumento fiscal corresponde a la reforma del
artículo 255 del Código Penal. Sin embargo, es una obligación
constitucional defender las instituciones del Estado y de la sociedad.
Aunque están amarrados de ejercer una acción penal,
sí pueden denunciar ante el Ministerio del Medio Ambiente al
igual que lo puede hacer cualquier otra persona, señala
Vaquerano.
Para Ulises Campos del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA),
en el reglamento aprobado hasta el año pasado, no se estipula
a qué instancias puede la ciudadanía acudir al presentarse
este tipo de casos.
El CESTA prefiere que todo lo relacionado con la aplicación jurídica
de la Ley de Medio Ambiente debe quedar definida.
Uno de los problemas que se enfrenta en el país es que prácticamente
la Ley es nueva, así como su reglamento, por lo que aún
está pendiente agilizar algunas recomendaciones como la jurisdicción
ambiental especial de primera instancia.
Actualmente no se da tratamiento en los juzgados de lo Civil por
que no cuentan con las herramientas idóneas para esta materia
sostiene Vaquerano.
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