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 10 de febrero de 2002 |
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 La
arista afiladaLa peligrosa novedad de discurrir. Carlos Alberto Montaner  vertice@elsalvador.com
Desde hace meses los españoles están enfrascados en una batalla político cultural que puede reproducirse fielmente en cada una de los naciones iberoamericanas. El problema es éste: el gobierno y el conjunto de la sociedad están convencidos de que la enseñanza universitaria que se imparte en el país es realmente mediocre. Los estudiantes de bachillerato que llegan a las aulas universitarias suelen tener un bajísimo nivel, y cuando, al fin, tras varios años, consiguen graduarse, la inmensa mayoría se convierte en médicos, abogados, ingenieros, filósofos o lo que sea, muy deficientemente preparados para ejercer sus profesiones. Por otra parte, los aportes de las universidades españolas al campo de la investigación científica son lamentables, pese a tratarse de una nación rica, con cuarenta millones de habitantes, diecisiete mil dólares per cápita y una excelente calidad de vida. Hay bolsones de talento creativo en algunos centros -Navarra, Barcelona, la Autónoma de Madrid-, pero son excepciones. Lo que prevalece es la mediocridad. Ante este panorama, la Ministra de Educación, Pilar del Castillo, una profesora de Ciencias Políticas enérgica e inteligente, ha conseguido, contra viento y marea, que el Parlamento apruebe una ley que cambia ciertos aspectos del mundo académico universitario. En síntesis, lo que la ley propone es descentralizar la administración de las instituciones y crear un modo de contratación basado en el mérito y no en el compadrazgo. Su propósito es introducir ciertos mecanismos de competencia y de comprobación de conocimientos que hagan posible que sean los mejores quienes accedan a las cátedras. La idea tras la ley, dificílmente rebatible, es que si mejora el personal docente y se instaura una suerte de meritocracia, la calidad de la enseñanza dará un salto notable y en unos años España se colocará al nivel de Francia, Inglaterra o Alemania. La cultura prevaleciente ¿Cómo es posible oponerse a semejante propósito? Naturalmente, por razones políticas. Es una ley defendida por la nueva derecha, y los socialistas la combaten esparciendo informaciones sobre una supuesta privatización de la enseñanza o la pérdida de la casi gratuidad de este servicio, rumores desgraciadamente falsos. La nueva derecha española hace años comprobó, con cierta melancolía, que la sociedad, amamantada por cuatro décadas de franquismo, es estatista y antiliberal, así que no se toma el trabajo de tratar de cambiar la mentalidad social del país. No es electoralmente rentable. Sin embargo, el enemigo mayor que tiene la ley -como ocurre siempre- no son los socialistas y comunistas, sino la cultura prevaleciente. La verdad es que la universidad española no solamente es mediocre por su burocracia y sus mecanismos de contratación, sino porque los profesores, estudiantes y administradores, con las excepciones admirables de siempre, carecen de ciertos valores que uno encuentra con mayor profusión en otras latitudes. Por ejemplo, la rigurosa búsqueda de la excelencia como un acto de amor propio y de compromiso con los demás. Por ejemplo, el sentido de la responsabilidad y la honestidad intelectual. ¿Cuántos catedráticos se toman en serio su trabajo formativo y cuántos se limitan a cumplir con las formalidades? ¿Cuántos estudiantes acuden a la universidad con el deseo real de aprender y la intención de ser los mejores, y cuántos se conforman con sacar como pueden las asignaturas y obtener un título? ¿Se podría implantar en una universidad española el “honor system”, acuerdo entre profesores y estudiantes para que no haya trampas y los profesores se retiren de las aulas cuando se imparten los exámenes? La tradición escolástica La Universidad de Salamanca es tan vieja como Oxford y Cambridge. Todas se originaron en el medievo con pocas décadas de diferencia. Es más: los métodos de enseñanza de Oxford y Cambridge son más anticuados y más apegados a la tradición escolástica que los de las universidades españolas. Pero los frutos académicos e intelectuales de Cambridge o de Oxford, de cualquiera de las dos, son mayores que las del medio centenar de universidades españolas juntas. ¿Por qué? Porque -especialmente en los niveles postgraduados- los investigadores investigan con pasión, los profesores enseñan y dirigen, los estudiantes compiten por destacarse por los conocimientos adquiridos. Insisto: lo que se hace en los grandes centros universitarios del planeta, se hace con seriedad, con propósito, con rigor, con método, buscando la sustancia. En nuestro mundo, en cambio, donde todo es virtual, nos conformamos con la apariencia, y la sociedad no es ajena a este juego de espejos: generalmente lo que nos importa no es alcanzar metas nuevas por amor al conocimiento y a la gloria que ello implica, sino ocupar un cargo prestigioso. Se ha citado mil veces y hay que seguir haciéndolo: en 1827 las autoridades de la Universidad de Cervera le escribían a Fernando VII para dar fe de su patriotismo, que entonces era la sujeción incondicional al absolutismo de este nefasto monarca, y dejaban escrita una frase tremenda: “lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir”. Lo importante era repetir, no pensar, no arriesgarse. Uno comprende que los gobiernos sólo pueden hacer leyes, y uno entiende que Pilar del Castillo tiene razón en su diagnóstico triste, pero es difícil esperar grandes resultados de unas normas dictadas por un parlamento. Cambridge no es Cambridge porque una ley así lo decidió o potenció. Cuando estudiantes, profesores y administradores llegan a las universidades ya es demasiado tarde. “España y yo somos así, señora”, decía un escritor con cierta insolente resignación. ¡Qué le vamos a hacer! Tiene otras virtudes.
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