10 de febrero de 2002

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La tétrica antesala
A LA tumba


Rubio Ernesto falleció en agosto de 2000, sin embargo, su cadáver fue localizado un año y medio después de su muerte, en manos de estudiantes de Anatomía de la UES. Luego de ser atropellado en Soyapango, permaneció interno en el Hospital Rosales, durante un mes, sin que nadie del nosocomio hiciera intentos por localizar a su familia.

Claudia Zavala

vertice@elsalvador.com 

Los ojos de Antonio, de 38 años, todavía se humedecen al recordar a Rubio, el menor de sus hermanos varones. Parado junto al tronco de un árbol que cobija con su sombra el nicho de su hermano, el hombre de aspecto curtido y manos marcadas por la grasa de su modesto taller mecánico, rememora la increíble historia que ahora es casi leyenda popular en Panchimalco. La del muchacho cuya muerte se supo un año y medio después de ocurrida. La del cadáver que fue descubierto por su hermano en una de las mesas de experimentación de los alumnos de Anatomía de la Universidad de El Salvador.
“Nunca imaginé que él fuera a terminar así”, reflexiona, esforzándose por olvidar el inconfundible olor a formalina y reactivos de aquella sala de estudios, último eslabón de su tormentosa búsqueda.
Con el carnet electoral de Rubio en sus manos, -único recuerdo que la familia Ramírez Benítez conserva- todavía le quedan diligencias por hacer. “Me conformo con encontrar las cositas de él, para no olvidarnos de su carita, de su forma de ser, me entiende”.

“No avisaron”


Al recapitular la experiencia, lo que más sorprende a Antonio es que, durante el tiempo en que su hermano estuvo interno, nadie del hospital se comunicó con ellos para notificarles de su situación de salud, a pesar de que portaba cédula de identidad. “Él siempre andaba su cédula, lo único que teníamos de él es su carnet electoral. Él nunca salía sin identificación”, insiste.
De hecho, en el expediente clínico de Rubio, número 12918-2000 se registra como domicilio del paciente el “Barrio El Carmen, Rosario de Mora, San Salvador”. Sin embargo, no se especifican los nombres de sus padres, ni de ningún otro familiar.
El mismo dato queda plasmado en la boleta de defunción, donde también se hace constar que Rubio, de 31 años, ingresó al nosocomio el 14 de agosto de 2000, y murió el 15 de agosto del mismo año, un día después de su internamiento.
Sin embargo, una contradicción importante aparece al revisar el libro de registro de sala mortuoria, donde se establece como fecha de ingreso el 16 de julio de 2000, a las 8:40 p.m., es decir, un mes antes de su muerte.
Había sido atropellado, en Soyapango, por un pick up no identificado, y presentaba un trauma cráneo encefálico severo, por ello, ingresó directamente a sala de operación del Rosales.
Al superar la crisis, pasó a Sala de Hombres del hospital; sin embargo, a los pocos días, una intempestiva neumonía bilateral le complicó el cuadro. Falleció el 15 de agosto de 2000, a las 4:45 de la tarde.
Anatomía prestada
La administradora del Hospital Rosales, Daysi de Beltrán, explica que, según el Código de Salud, después de 24 horas de fallecido, un paciente que no es reclamado por sus familiares, puede seguir dos caminos: Ser enterrado en una fosa común, o entregado a una Facultad de Medicina, con fines académico científicos.

Rumbo a anatomia

“Lo de facilitar cuerpos a universidades no es de todos los días. Sucede esporádicamente, cuando se requiere o solicita. Me atrevería a decirle que, del total de fallecidos, sólo un 1% no es reclamado y, por tanto, se entrega a una Facultad de Medicina”, dice.
Las palabras de la funcionaria no son del todo coherentes con la elevada demanda que, al parecer, experimentan los estudiantes de Anatomía Macroscópica de la UES. Por lo menos así lo considera el doctor Rafael Monterrosa Rogel, coordinador del departamento de Anatomía de dicho centro de estudios.
Rogel asegura, además, que la proliferación de otras Facultades de Medicina, en diferentes universidades del país, ha contribuido a que la adquisición de cadáveres no reclamados, para ser empleados con fines docentes, sea cada vez más difícil.
“Incluso tenemos a gente nuestra en el Hospital Rosales, cuyo trabajo concreto es monitorear a este tipo de gente, que generalmente son ancianos abandonados o indigentes, para incorporar su cuerpos al laboratorio”, señala.
Aunque no establece un número exacto del total de cadáveres con los que cuenta el Departamento de Anatomía Macroscópica actualmente, ni la periodicidad con la que éstos han ingresado a la universidad, Monterrosa calcula un promedio de un cadáver por cada cinco estudiantes.
Al ingresar a este Departamento, dichos cuerpos son cuidadosamente preparados con formalina y otros reactivos, y conservados en cuartos fríos, para asegurar que, por lo menos, tendrán un “tiempo de duración” de cinco años. Cuando el cadáver ha llegado a un franco deterioro, es finalmente enterrado en una fosa común.

¿En paz descanse?

Respecto al caso de Rubio Ernesto, De Beltrán sostiene que seguramente hubo un “error humano” al cambiar la fecha de ingreso en la boleta de defunción; pero que, efectivamente, el paciente ingresó el 16 de julio de 2000. Y excusa el no avisar a los familiares en la difícil relación que tienen con el personal de TELECOM, cada vez que quieren enviar un telegrama.
“Nos dicen que no llegan a ciertos lugares porque son muy peligrosos, incluso dándoles direcciones exactas. Por eso muchos familiares no se enteran de lo que pasa”.
Jaime Ortega, fiscal encargado del caso, asegura que no es el único caso que conoce de esta naturaleza: “Estoy investigando el caso de otra persona que murió en el Hospital Rosales y cuyos familiares no fueron contactados, a pesar de que le dio números telefónicos y todo”, apunta.
Ortega opina que es importante descubrir si existen intereses creados en el interior del hospital o en las Facultades de Medicina.
La administradora del hospital insiste que lo único que la institución hace es actuar de acuerdo al Código de Salud: “no hacemos más ni hacemos menos”. Sin embargo, en el Código de Salud no existe un artículo que explícitamente aborde este tema. Sólo el 124 hace una alusión al respecto: “Las inhumaciones, cremaciones y prácticas de cualquier procedimiento para preparar, conservar o destruir cadáveres y restos humanos, solamente pueden efectuarse en aquellos sitios o establecimientos autorizados y previa presentación del respectivo certificado de defunción y el permiso correspondiente”.
Por su parte, Monterrosa asegura que no es primera vez que un familiar, con la documentación respectiva, llega a la Facultad a pedir información por su pariente muerto. “He conocido varios casos de cadáveres que hemos tenido que devolver; aunque ninguno como éste, en el que los familiares llegaron hasta un año y medio después a reclamarlo”.
Carmen Cabezas de Sánchez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM), aclara que sólo tienen relación con el hospital de Sonsonate y el de Zacatecoluca, pues el Hospital Rosales está fuera de sus contactos, por ser el que mayor demanda recibe.
María Antonia de Interiano, jefa de Anatomía del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina, de la Universidad José Matías Delgado, asegura que el año pasado no fue posible para ellos conseguir algún cuerpo. “Por eso cuidamos mucho los que tenemos; los tratamos con respeto, porque gracias a ellos los estudiantes están aprendiendo”.

Vacío de ley

La presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, Violeta Menjívar, afirma que el hecho de que en el Código de Salud no se establezca un artículo específico para tratar este tipo de casos puede generar arbitrariedades, como tráfico de cuerpos, en el peor de los casos.
“No podemos negarlo: hay un serio vacío de ley. El reglamento de un hospital no tiene la suficiente fuerza como el Código de Salud. Si se deja así es peligroso, porque la misma necesidad que tienen los estudiantes de realizar sus prácticas puede ser motivo para que algunos empleados del hospital se aprovechen de ello”, advierte.
Vértice intentó hablar con el Ministro de Salud, José López Beltrán, y con el encargado del Departamento Jurídico de la institución, para conocer sus posturas al respecto. Sin embargo, la respuesta dada, a través de la Unidad de Comunicaciones, fue que cada hospital tiene su propio reglamento por el cual se guía, y que el Ministerio no puede hacer nada al respecto.
Quizá las excusas institucionales sobren para personas como Antonio quien, en su momento, sólo hubiese deseado saber dónde y cómo se encontraba su hermano Rubio. Por ahora, la tranquilidad de saber que por fin descansa en paz es un extraño aliciente. Pero la incertidumbre de no saber cuánto sufrió mientras estaba hospitalizado no lo deja tranquilo: “Ah, el loquito este, cómo vino a terminar... si ya se estaba componiendo, hombre, no es justo que se fuera así, tan jovencito y solo. No es justo”.

“Era algo raro”

Rubio Ernesto era un joven “extraño” para todos los que lo conocían. A su hermano siempre le sorprendió que ocultara su lugar de domicilio.

Su hermano Antonio, recuerda que en cada visita que Rubio hacía a la casa -generalmente en los días festivos- nunca daba detalles de dónde vivía.
“Era muy reservado con sus cosas. Mi mamá se conformaba sólo con verlo llegar y platicar un rato con él. Como siempre fue rebelde desde pequeño, no nos sorprendía su silencio”, relata.
La incertidumbre aumentó en la casa de los Ramírez Benítez cuando Rubio comenzaba a visitarlos en estado de ebriedad.

“El Sancocho”

“Siempre le había gustado tomar. Pero se empeoró cuando entró a trabajar en ‘El Sancocho’. Ahí sí que encontró la perdición”, opina Antonio.
La Sociedad de Auxilios Mutuos de Comerciantes en Pequeño (SAMCAP), conocida popularmente como “El Sancocho”, ubicada en los alrededores del Parque Libertad, fue el último empleo de Rubio. Víctor Manuel Hernández, administrador del SAMCAP, recuerda a aquel empleado que laboró, durante seis meses, en el local de la Sociedad: “Era bien callado, algo raro... siempre lo vi como que no coordinaba mucho las cosas. Como trabajador era bueno. Sólo sé que vivía solo, en Soyapango. Nunca se le conoció mujer”.
Luego de meses de búsqueda y de comprobar que su hermano no había viajado a Estados Unidos (que fue la convicción de su madre durante un año y medio) Antonio por fin pudo enterrar a su hermano, el 14 de enero de este año, junto a sus abuelos Secundina y Antolín. El levantamiento de su acta de defunción todavía está pendiente. Lo siguiente es hacer un juicio de estado civil subsidiario de defunción para demostrar en boca de dos testigos que, efectivamente, falleció.

 

El recorrido de un cadáver

1 de julio 2000
Rubio Ernesto Ramírez visitó, por última ocasión, a su madre Felicita, en Panchimalco.

16 de julio 2000

Fue atropellado por un pick up en Soyapango. Ingresó al Hospital Rosales a las 8:40 p.m.

15 de agosto / 00

Luego de un mes, falleció a consecuencia de una neumonía bilateral, a las 4:45 p.m.

17 agosto / 00

Fue trasladado a la Facultad de Medicina de la UES, a las 8:45 a.m. con fines de docencia.

10 octubre /01

Antonio inicia la búsqueda, poco más de un año después de no tener noticias de él y saber que no estaba en E.U.

22 diciembre 01

Luego de dos meses de buscar en archivos de Medicina Legal y hospitales, supo que estaba en la UES.

14 enero /02

Luego de identificarlo, fue entregado por la Sección de Anatomía Macroscópica, a las 9:20 a.m.

14 enero / 02

Fue enterrado en el Cementerio General de Panchimalco, a las 6:45 p.m., junto a sus abuelos maternos.

 

 



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