27 de enero de 2002

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Menores infractores
Indiferencia y olvido

Una coinvestigación con el Diario de Oriente (inicialmente publicación del viernes anterior) refleja la problemática que pasan 22 jóvenes infractores reubicados, desde hace siete meses, en el Penal de Ciudad Barrios. Vértice constató la violación de algunas normativas de la ley así como el desacato a una orden judicial.

Iván Gómez
vertice@elsalvador.com

El 18 de diciembre se fugaron nueve jóvenes del Centro de Reeducación de Ilobasco. El juzgado primero de ejecución pide a la PNC recapturar a Herbert Amílcar Chávez de 15 años de edad.
El fin de semana pasado, el adolescente perdió la vida electrocutado cuando intentaba entrar por el techo de una vivienda ubicada en la colonia San Benito.
“Si la policía me hubiera colaborado, este muchacho estuviera vivo”. cuestiona Aída Santos, Jueza Primero de Ejecución de Medidas.
Durante esta semana, Vértice con orden judicial, visitó el penal de Ciudad Barrios San Miguel. El objetivo era comprobar las quejas de los internos respecto al supuesto incumplimiento a la ley.
Sin embargo, ante la ausencia de su director Edwin Recinos y, pese a una orden judicial, no se logró el encuentro. El orientador Calderón notificó que no se podía realizar la entrevista y que se contactara “en otra ocasión a Recinos”.
Desde el mes de diciembre, El Diario de Oriente había intentado tomar contacto con Recinos. No fue hasta hace pocos días que se acordó un encuentro. Pero Recinos la suspendió argumentando una emergencia.
De igual manera, Vértice buscó infructuosamente localizarlo esta semana; incluso, en su lugar de trabajo.
Si bien el Orientador tenía todo el derecho de negar el acceso al sector Uno, donde están reubicados desde hace siete meses los 22 jóvenes, no tiene la potestad de violar una orden emitida por un juez.

traslado al penal

En junio del año pasado, el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM) tomó la decisión de trasladar temporalmente a un grupo de infractores mayores pertenecientes a la mara 18, del centro de reeducación “El Espino” al penal de Ciudad Barrios. La medida reduciría el número de riñas entre los grupos y se podría trabajar los programas por separado. Al mismo tiempo reparar la instalación dañada por los terremotos.
En su momento los jueces aceptaron la iniciativa, siempre y cuando, se cumpliera con la Ley del Menor Infractor que establece un lugar apropiado para el trabajo de talleres y la no relación con personas adultas.
En dos ocasiones, los jóvenes se han quejado de malos tratos y de la inasistencia de Recinos. Además, exigen ser retornados a “El Espino”.
En noviembre, el Juzgado Primero de Ejecución informó del caso a la Procuraduría General, la Fiscalía y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hasta la fecha no hay respuesta.
Sobre el caso, el director del Penal, Ítalo Melgar, señala que se les ha dado un espacio de unos 500 metros y la institución es quien se ha encargado del acondicionamiento. “Nosotros no tenemos jurisdicción en ese caso y evitamos que se mantenga contacto directo con ninguno de los 300 reos adultos”. Sin embargo, como en el penal hay personas que pertenecen a la misma pandilla, existen contactos indirectos que podrían causar problemas en el futuro.

relación entre reos

El director del ISPM, Ismael Rodríguez, también reconoce la existencia de alguna relación entre los convictos adultos y menores infractores.
“Me he enterado que hay gente de la mara 18 que les pide que reclamen que los manden de regreso para ir a destruir las instalaciones de El Espino”, sostiene Rodríguez.
El ISPM es claro en señalar que no se estableció un tiempo determinado. Además, no hay alternativas de infraestructura para reubicarlos.
Una posible solución es reparar el centro de Izalco; pero esto tardaría todo este año.
Rodríguez argumenta que luego de la separación de los mayores, en los centros de internamiento se ha logrado establecer el orden. “A los de Ciudad Barrios les dimos tres computadores y las destruyeron; no nos podemos arriesgar”.
El funcionario argumenta también que desde la separación no se han registrado amotinamientos ni fugas. Mas al cuestionarle sobre la fuga de nueve menores del centro de reeducación de Ilobasco en diciembre, Rodríguez lo ve como un hecho aislado y parte de la algarabía navideña.
Durante la visita de Vértice a Ciudad Barrios el responsable era un orientador; al menos esa fue la persona que informó sobre la ausencia del director del recinto, Edwin Recinos, a quien no sabía dónde y cómo ubicarlo. Rodríguez lo justifica porque dice que trabaja con los internos.
“Recinos ha llegado hasta sacar a los muchachos fuera del centro para que realicen actividades deportivas”.
Empero, el director del ISPM se comprometió a revisar el caso de las constantes ausencias señaladas, no sólo por el Diario de Oriente y Vértice, sino por los mismos alumnos.
Las quejas por abusos ya han sido recogidas por la revista Vértice, en septiembre pasado. En ese momento, el ISPM dijo que se investigaría pero insistió que, en algunas ocasiones, los internos buscan desprestigiar tanto a las autoridades del instituto como a los custodios.

Ayuda mínima

Las autoridades dan poca colaboración a los jueces para resolver el problema de los menores infractores.

Hace una semana fue encontrado electrocutado Herbert Chávez, un adolescente de 15 años de edad, quien murió cuando intentaba introducirse en una vivienda de la colonia San Benito. Su casa estaba a escasos metros, en la comunidad Las Palmas.
A su madre, el Juzgado Primero de Ejecución de Medidas del Menor Infractor le había solicitado que se presentara en el tribunal para analizar el caso de su hijo y ver la posibilidad de internarlo nuevamente al centro minoril de Ilobasco, de donde se había fugado en diciembre pasado. Existían esperanzas de recuperar al adolescente. Sin embargo, su madre nunca acudió a la cita.
Pero tampoco la PNC cumplió con la orden de arresto y prácticamente Herbert pasaba frente a la autoridad sin que lo detuvieran.
Hoy la esperanza de rehabilitar socialmente a los jóvenes está en el resto de los 366 internos de los cinco reclusorios de menores (incluído Ciudad Barrios) o ¿a nadie le interesa?
Otro caso de indiferencia está en las denuncias de abusos. Hace 15 días, el centro de Tonacatepeque recibió la llegada de varios custodios del penal de Apanteos. Ellos deben resguardar la seguridad de los recintos; pero su jurisdicción es de Centros Penales y no tienen ninguna jerarquía en el trato de los internos y han confundido su misión.
La noche del sábado 19, ingresaron a uno de los dormitorios de los internos. Al parecer, les molestó la música y exigieron apagaran la radio. Y los jóvenes internos no dieron su brazo a torcer.
Luego, quisieron sacarlos desnudos al patio para golpearlos. No había forma de identificarlos por que sus caras estaban cubiertas de gorros navarone. Como resultado, cuatro jóvenes con pequeños hematomas.
El temor a represalia y hasta amenazas de muerte han llevado a los internos a contar el hecho a los jueces asignados.
La queja fue trasladada al ISPM quien se comprometió a resolver el problema.

 

Diario de Oriente
Diario de Oriente publicó este viernes una serie de quejas por parte de un grupo de internos trasladados desde junio al penal de Ciudad Barrios. Los jóvenes exigen su retorno al centro reeducativo El Espino

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Órdenes judiciales
El juzgado Primero de Ejecución de Medidas del Menor Infractor solicitó a la PNC la detención de un joven quien se había escapado de un centro minoril.
La orden no fue obedecida.
Asimismo se envió una orden judicial para que Vértice visitara a cuatro menores infractores residentes en el penal de Ciudad Barrios. Ante la ausencia del director local (que representa al ISPM) la disposición fue rechazada por un subalterno.



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