Siete décadas atrás

Para cuando el calendario señala los primeros días de enero de 1932, El Salvador hereda del derrocado régimen del ingeniero Arturo Araujo una administración corrupta, una sociedad en crisis, un pueblo descontento y una economía casi en quiebra, derivada de los bajos precios internacionales del café y de los efectos de la Gran Depresión estadounidense de 1929.

Ante el acoso de la pobreza, del interior del país llega a la capital una gran cantidad de campesinos pobres y enfermos, lo que ocasiona un crecimiento ciudadano sin control, plasmado en cinturones de miseria en el sur de San Salvador y en innumerables como insalubres mesones, tan denunciados y combatidos por el escritor Alberto Masferrer.
Como respuesta a esas condiciones de vida infrahumana y a diversos abusos cometidos en el agro nacional, se extremizan el sindicalismo y el movimiento obrero, dando pie al nacimiento del Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

La última foto del caicque Feliciano Ama antes de ser ahorcado en el pueblo de Izalco.

En la noche del 2 de diciembre de 1931, el corrompido e incapaz régimen del Partido Laborista, encabezado por el ingeniero Araujo, fue derrocado por jóvenes militares agrupados en un Directorio Cívico. Dos días más tarde, entregaron el Poder Ejecutivo al vicepresidente constitucional, general Maximiliano Hernández Martínez, quien lo detentaría por espacio de trece años, hasta mayo de 1944.
Como una de las primeras acciones del nuevo gobierno, tienen lugar las diferidas elecciones municipales y legislativas en enero de 1932. Los comicios fueron fraudulentos. Varios sitios de votación fueron suspendidos en poblaciones en las que el PCS tenía fuerte presencia, partido que participaba pese a saber que no existía libertad electoral (había libros en los que se apuntaban los nombres de los votantes y su opción política partidista).

El inicio del alzamiento

Los obreros y el PCS radicalizaron sus acciones políticas, hasta considerar como única opción la de la violencia armada. Motivada por agitadores, la insurrección campesina estaba ya en marcha cuando, el 18 de enero, fueron capturados Agustín Farabundo Martí y los líderes estudiantiles Alfonso Luna Calderón y Mario Zapata. Los actos de captura fueron realizados por el capitán José Sánchez Agona y por diez hombres armados, en una finca al oeste del actual Colegio María Auxiliadora, en el capitalino barrio de San Miguelito.
A las 10 y 30 de la noche siguiente, se produjeron frustrados asaltos al Cuartel de Caballería (después sede de la Policía de Hacienda), sucesos que, unidos al descubrimiento de material explosivo en casas de dirigentes comunistas, motivó al gobierno martinista a decretar el estado de sitio y la ley marcial en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, San Salvador y Chalatenango. Poco después, implanta una severa censura de la prensa escrita, sometida a las disposiciones editoriales del jefe de la Policía Nacional.
Para la noche del 20, el PCS se reúne y debate sobre si debe comenzarse o no la insurrección en el occidente del país. Como resultado de las consultas, varios comunicados para detener a las fuerzas insurrectas fueron emitidos al día siguiente, pero muchos de ellos ni siquiera llegaron a su destino.

La erupción de Izalco

Oficiales del ejército salvadoreño han capturado a campesinos después del alzamiento del 22 de enero de 1932.

Antes de la medianoche del día 22, con la erupción del volcán de Izalco como marco cinematográfico, varios miles de campesinos se lanzaron a la invasión de poblaciones como Villa Colón, Juayúa, Salcoatitán, Sonzacate, Izalco, Teotepeque, Tepecoyo, Los Amates, Finca Florida, Ahuachapán, Tacuba y otras poblaciones más, azuzados por los dirigentes comunistas y armados con machetes y algunos cientos de fusiles Mauser, dejados por Araujo en sus manos para organizar la defensa de su régimen tambaleante.
Como miras principales, los ataques iban dirigidos contra cuarteles, guarniciones de policía, oficinas municipales y de telégrafos, al igual que contra casas de reconocidos terratenientes y comerciantes de la zona.
Desde la madrugada del día 23, tres intentos de toma son repelidos por las ametralladoras “tartamudas” del bastión militar de la ciudad de Ahuachapán, comandado por el general José Guevara. En los muros de la fortaleza, un hijo del militar contempla los frutos que producen la crisis, el fanatismo político y el alcohol extraído de las tiendas saqueadas. Años más tarde, una vez entrenado por el ejército estadounidense, ese niño de doce años pasaría a ser conocido en la historia nacional como el general José Alberto “El Chele” Medrano.
Tacuba es tomada por asalto por los 1500 comunistas que dirige el estudiante universitario Abel Cuenca, quien se encuentra con el grave problema de tener que alimentar a tan grandes cantidades de población, a la vez que busca evitar que continúen las violaciones y el pillaje generalizado.

La tienda La Dalia, propiedad de un inmigrante italiano, fue saqueada durante el alzamiento indígena el 22 de enero de 1932.

El movimiento frustrado

En la mañana del día 23, los insurrectos realizan un frustrado intento de tomarse el cuartel de Sonsonate. Su herido comandante, el coronel Ernesto Bará, conduce la acción de rechazo.
Varias columnas de soldados, policías y guardias nacionales parten por tren desde San Salvador hacia las zonas insurrectas. Viajan bajo las órdenes expedicionarias del general José Tomás Calderón. Una vez han hecho su labor en el departamento de La Libertad, retoman Colón y Sonzacate, desde donde dirigen la captura de la plaza de Izalco.
Entre los días 24 y 25, las fuerzas militares gubernamentales entran en Nahuizalco, Juayúa -donde pasan por las armas a Francisco Sánchez, capturado en San Pedro Puxtla-, Ahuachapán y Tacuba.
Como último evento de esos hechos sangrientos, el 31 de enero, un consejo de guerra presidido por el general Manuel Antonio Castañeda juzgó y condenó a Martí, Luna y Zapata a morir fusilados en el Cementerio General de San Salvador, previo traslado desde sus celdas en la Penitenciaría Central, ubicada donde ahora se alza el céntrico edificio del Fondo Social para La Vivienda (FSV).
Como herencia de aquellos años, la cifra exacta de muertos quizá nunca pueda saberse. Hasta la fecha, periodistas y tratadistas sobre el tema como Thomas P. Anderson, Jorge Arias Gómez, Patricia Alvarenga y otros han manejado cifras que varían desde 4800 hasta 30000 personas fallecidas en esa coyuntura de la historia salvadoreña, que -como sostiene el investigador social Jaime Barba- ahora urge de una revisión histórica desapasionada y científica, con miras a la verdadera reconciliación.