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 La
prueba de fuego de la justicia
La prueba científica
sigue siendo el Talón de Aquiles de nuestros sistemas policial
y judicial. La contaminación de la escena del delito se convierte
en el primer vicio de una indescifrable cadena de yerros, cuyas consecuencias
son más determinantes de las que suponemos.
Claudia Zavala
 vertice@elsalvador.com
La contaminación de
la escena del delito es una de las críticas más tajantes
hacia el sistema policial y judicial. Aunque no hay un registro de personas
que hayan sido procesadas por comprobárseles que viciaron intencionalmente
la investigación desde un primer momento, sí se sabe de
variados casos en los que la contaminación ocurre por el descuido
o negligencia de los entes encargados de preservar la integridad del
lugar.
Existen diversas razones por las cuales se facilita esta contaminación.
La principal parece ser la falta de peritos de la que adolece el Laboratorio
Técnico y Científico de la PNC y el Instituto de Medicina
Legal. Así los sostiene Carlos Ernesto Sánchez, juez Tercero
de Sentencia de San Salvador, quien, según su experiencia, apunta
este aspecto como la principal limitante en el desarrollo del proceso
judicial: “La escasez de peritos hace que sean éstos los
últimos en aparecer en la escena del crimen, lo cual abre mayores
posibilidades de contaminación de la misma”.
Aunque cualquier agente de seguridad pública está debidamente
instruido y autorizado para acordonar una zona en la que ha ocurrido
un crimen, con el propósito de salvaguardar los indicios mientras
el fiscal y los peritos llegan, la presencia de decenas de curiosos
que pueden alterar el estado original de las cosas, es algo casi imposible
de evitar, sobre todo en lugares públicos.
Una de las principales teorías criminalísticas advierte
que cuando algo es movido en la escena del delito jamás volverá
a su posición inicial. Esto, en el momento de la investigación
técnica, imposibilita muchas veces el análisis de trayectoria
de balas, ángulos, posición del tirador, cálculos
de posibles movimientos del criminal y hasta una futura reconstrucción
apegada realmente a los hechos. De ahí la importancia de que
en el lugar se encuentren única y exclusivamente los investigadores,
es decir, el fiscal del caso, el perito de Medicina Legal y el del Laboratorio
Técnico y Científico de la PNC. Estos últimos son
los encargados de observar, fotografiar, recolectar, etiquetar y transportar
las evidencias encontradas para someterlas a los análisis necesarios
para resolver el crimen.
“Pero muchas veces están, no sólo los curiosos, sino
un montón de agentes, subcomisionados, socorristas... ¡hasta
el director de la Policía! ¿Qué tiene que hacer
ese señor ahí? ¡Nada! Mientras menos gente esté,
mejor”, enfatiza.
Cadena de custodia
 Cada
persona que tiene contacto con la evidencia recogida en la escena del
delito se convierte en un eslabón responsable de su resguardo.
Así, el perito de turno que recolecta o embala y quien realiza
el análisis en el laboratorio estampan su firma en la bolsa que
contiene la evidencia, para dar el aval del trabajo realizado.
Luego, cuando esta misma evidencia llega a manos del Juez que está
ventilando el caso, por ley, el encargado de custodiarla es el Secretario
del Tribunal o Juzgado. Ni siquiera el Juez debe tener acceso a dicho
material en una etapa de Instrucción, para no parcializarse o
influir en su futura decisión. Es hasta en la fase de Sentencia
cuando la evidencia se convierte en prueba, y el Juez encargado o el
jurado de conciencia emiten -basándose en la sana crítica,
el primero, y en la íntima convicción, el segundo- su
opinión al respecto.
Sin embargo, este proceso de resguardo, llamado también cadena
de custodia, no siempre garantiza el cuidado que merece la evidencia.
El ejemplo más reciente es el sucedido en junio pasado, cuando
el Juzgado Segundo de Instrucción denunció el extravió
de 560 gramos de heroína, sin que se determinara culpabilidad
en el hecho. Pero los problemas no sólo se dan en una defectuosa
cadena de custodia. La calidad de la prueba pericial también
parece estar en tela de juicio. En este aspecto, influye ver el mantenimiento
y calibraje constante que recibe el equipo científico con que
cuenta ambas instituciones técnicas. También influye el
nivel de formación de los expertos que ahí laboran.
Según Julio César Santana Vela, jefe del Laboratorio Técnico
y Científico de la PNC, el mantenimiento que reciben las máquinas
se realiza cada seis meses. Y el personal con el que cuenta (aproximadamente
70 peritos en todo el país) ha sido capacitado en las especialidades
de balística, dactiloscopía, serología y grafología.
Pese a reconocer que contar con personal científicamente cualificado
en el país es casi imposible -por lo que la capacitación
se realiza hasta que llegan al Laboratorio, luego de un proceso de selección
entre los miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública-
Santana Vela asegura que la problemática principal es el poco
presupuesto con el que cuenta.
“Nos lo redujeron a 4 millones; funcionaríamos óptimamente
con unos 25 millones. Ayudaría a mejorar el equipo, capacitar
al personal que ya está, contratar uno nuevo. Recuerde que en
la central también se analiza lo que viene de las regionales”,
sostiene, al tiempo que calcula en 30 los casos asignados a cada perito.
mayor agudeza
 La
conformación de “Trinomios” o equipos de trabajo conformados
por el recolector de la evidencia en la escena del crimen, el analista
y el fiscal es uno de los proyectos en agenda.
“Necesitamos que el investigador sea más creativo, inquisitivo
y comunicativo con el analista. Así puede establecer líneas
o hipótesis que sin un apoyo técnico jamás se hubiera
imaginado”, dice. Uno de los asesores del Programa Internacional
de Entrenamiento y Asistencia en Investigación Criminal (ICITAP,
por sus siglas en inglés), un programa de la Embajada de Estados
Unidos para especializar a agentes en áreas criminalísticas,
también menciona el problema presupuestario como una de las limitantes
del Laboratorio.
Uno de los asesores dijo a Vértice que actualmente capacitan
a 2,056 personas, sobre el tratamiento de la escena del delito, entre
ellos 500 fiscales, unos 400 detectives y agentes de seguridad pública.
Según él, unificar el Laboratorio Técnico de la
PNC con el Instituto de Medicina Legal sería una opción
acertada, pues la especialización del personal sería más
aprovechada y, por tanto, la protección de la evidencia y la
realización de las autopsias, más efectiva.
No sólo dinero
Para algunos Como Jaime Martínez de la Fundación de Estudios
para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la falta de recursos
económicos es sólo una parte del problema.
“Me refiero a la falta de voluntad política para llegar
a la verdad. De nada sirve que se tengan los mejores equipos, si la
sombra de la impunidad continúa en todo el sistema policial y
judicial del país”, señala.
Por su parte, el director del Instituto de Medicina Legal, Alfredo Hernández
Gavidia, cuya responsabilidad fundamental está en realizar experticias
médicas, psicológicas y psiquiátricas, también
reconoce que, pese a cubrir la demanda nacional, aún podrían
mejorar sus labores. Por ahora, su presupuesto es de 40 millones de
colones.
Medicina Legal cuenta con 183 peritos en todo el país, pero “siempre
hay limitantes en cuanto a transporte, equipo forense y recurso humano”.
Por ahora, una noticia alentadora es la adquisición que la Corte
Suprema de Justicia hizo de un equipo de ADN, a un laboratorio en España,
con un costo de 250 mil dólares.
Por ahora, todos los análisis de ADN que han sido necesarios
han sido enviados al laboratorio de la Universidad de Granada, España,
con un costo de 2 mil 500 dólares, más gastos de envío.
Al parecer, Medicina Legal ya cuenta con dos médicos genetistas,
que serán los encargados de manejar el equipo.
De los recientes intentos de hacer que Medicina Legal dependa de la
Fiscalía y no de la Corte, Hernández tiene su punto de
vista.
“Somos el único punto de equilibrio entre los acusadores
y los defensores. Somos una balanza necesaria en todo el proceso. Si
formamos parte de la Fiscalía, ese, inevitablemente, es un mensaje
de parcialidad para todos”, concluye.
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entrada de bala
Generalmente, la primera bala que ingresa en el blanco deja el
orificio más pequeño.
separación
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comparación
Con el reactivo, la carrocería
revela posibles cambios en la pintura original del carro.
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separación
A
un trozo de carrocería de
un carro se le añaden reactivos especiales para separar
colores.
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Base de
proyectil
Cuando la evidencia encontrada es sólo la base del proyectil,
es imposible realizar la prueba de balística.
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placa
de HUELLA
Generalmente con yeso, se levantan las huellas de zapato dejadas
en la escena del delito.
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Un caso emblemático
El caso Katya Miranda es el mejor ejemplo de las “ligerezas”,
intencionadas o no, que se cometen en una escena del delito.
El hecho de que no se acordonara de inmediato el área del
crimen, aún y cuando varias de las personas que acompañaban
a la niña eran expertas en seguridad, fue trascendental.
Su padre, Edwin Miranda, era jefe del Departamento Logístico
del Estado Mayor Presidencial y su tío, Godofredo Miranda,
subjefe de la División de Investigación Criminal
(DIC). Este último fue cesado temporalmente de sus funciones
policiales, por demostrársele negligencia en su trabajo.
Demostrar científicamente quién era el culpable
fue técnicamente imposible: las huellas del criminal en
la arena fueron borradas o confundidas con las de decenas de curiosos
y socorristas que se acercaron al lugar. Además, el cuerpo
no se sometió a análisis de saliva, semen y marcas
de golpes, para determinar la antropometría del agresor.
Inexplicablemente, la blusa que fue encontrada junto al cuerpo
de la menor fue entregada a la familia y no se sometió
a ningún análisis. Sólo hubo inspección
de uñas y, al parecer, no se encontraron restos de piel.
La madre de la niña, Hilda Jiménez, contrató
a un experto en somníferos de origen estadounidense, para
que determinara si era cierta la hipótesis que manejaba
el abuelo de la víctima, Carlos Miranda, de que habían
sido sedados. Esta hipótesis tampoco prosperó. Trascendió
que los honorarios del perito rondaron los 5 mil dólares.
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La
salvación del ADN
Un hombre fue acusado de violar a una joven, en Usulután.
El testimonio de la víctima fue todo lo que el Juez
consideró para detenerlo. Un año después,
una prueba de ADN confirmó su inocencia.
El 13 de agosto de 1998, una mujer se dirigía a su
casa ubicada en el cantón “Loma del Macho”,
en Usulután, y repentinamente fue obligada, a punta
de pistola, a subirse a un vehículo azul negro, vidrios
polarizados, para, posteriormente ser abusada sexualmente.
Al día siguiente, la joven presentó la denuncia
ante la Sub regional de la Fiscalía General de la
República, manifestando que “un hombre ‘chapudo’,
ojos café claro, pelo liso quemado, algo amarillento,
no muy delgado ni muy gordo, de un metro setenta de estatura”
había sido el autor del hecho.
El 4 de marzo de 1999, casi siete meses después de
la violación, la joven se acercó nuevamente
a la Fiscalía, para ampliar su declaración.
En ese ocasión sostuvo que, cuatro días después
de su primera denuncia, había visto, en la misma
Fiscalía, mientras esperaba por una sesión
de apoyo psicológico, al hombre que la había
violado.
Afirmó que se trataba de José Eduardo Jovel,
de 40 años, piel blanca, pelo castaño, corpulento,
quien residía en Avenida Merson Calito, número
40, Usulután, y laboraba en la Alcaldía Municipal
de Usulután.
El 5 de marzo, la Fiscalía ordenó detención
administrativa en contra del acusado, y se determinó
que en una semana se realizaría la audiencia inicial.
El jefe de la Unidad de Investigación Criminal (DIC),
de dicha zona, solicitó al juez de Paz encargado
del caso que Jovel fuera traslado al Centro Penal de Gotera,
en Morazán, lo cual fue aceptado.
El 10 de marzo testificaron dos personas en favor de Jovel,
aduciendo que éste había viajado a San Salvador
el día de los hechos. Los testigos dieron todo un
itinerario, cargado de horas y detalles, entre los que incluía
la visita del acusado al periódico capitalino, de
donde era corresponsal. Pero Juan Francisco Cruz Mayorga,
Juez de Instrucción, a quien ya había pasado
el caso, desestimó sus testimonios por haberse realizado
la entrevista en las instalaciones de la Procuraduría
General de la República, según él,
con una clara parcialización.
También desestimó como pruebas de descargo
unas facturas comerciales presentadas por el imputado, que
evidenciaban transacciones realizadas en San Salvador el
día de los hechos. El Juez dijo que los documentos
no tenían valor, pues en ellos sólo constaba
la fecha, no la hora.
Ante esto, la defensa solicitó la prueba de semen
en ADN para comprobar, técnicamente, que Jovel no
era culpable.
Fue hasta el 17 de noviembre de 1999, un año y tres
meses después de los hechos, que la directora técnica
de Laboratorio Forense de Medicina Legal remitió
al Juez Cruz el resultado de los análisis de ADN,
realizados en el Laboratorio de Investigación Genética
del departamento de Medicina Legal de la Universidad de
Granada, España. Se concluyó que el perfil
genético obtenido de Jovel no estaba presente en
las evidencias obtenidas de la víctima, después
de cometido el delito.
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