Un municipio a la deriva

En Ayutuxtepeque no se sabe quién lleva las riendas del poder municipal. Las diferencias ideológicas entre el alcalde y su Concejo se suman a anomalías en la distribución de la ayuda para los afectados por los terremotos. La Corte de Cuentas investiga las denuncias.

Iván Gómez
vertice@elsalvador.com

Los terremotos afectaron a unas dos mil familias del municipio de Ayutuxtepeque, al norte de San Salvador. En realidad este número es poco en comparación a sus 35 mil habitantes, que vive en la zona compuesta por 80 comunidades.
Sin embargo, los pleitos por el control del municipio han llegado hasta los juzgados bajo denuncias de amenazas, privación de libertad y desórdenes públicos entre el alcalde electo, José Lorenzo Rosa del partido FMLN, y su Concejo municipal que lo mantienen lejos de su oficina.
Rosa fue sancionado por acuerdo del Concejo por un período de tres meses, a partir de julio del año pasado. Pero la suspensión continúa hasta la fecha.
Ambas partes (Concejo y Alcalde) esperan el 30 de enero, cuando se resolverá el caso en el Juzgado de Instrucción de Mejicanos.
El municipio actualmente está bajo las riendas del primer regidor, Rogelio Constanza.
Desde el exilio, el jefe edilicio ha presentado denuncias ante el jefe de la Unidad de Procuración Penal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de Cuentas. Esta última elaboró su primer informe general el 21 de diciembre, en el cual se establece que el municipio de Ayutuxtepeque no ha administrado adecuadamente los fondos para la “reconstrucción nacional”, en conformidad a las normas que establece el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL).

Candidato inevitable

Durante la campaña para la elección de alcaldes en 1999, un grupo de personas se acercó a Lorenzo para proponerle que aceptara ser candidato por el partido FMLN. El comerciante aceptó y tuvo que afiliarse al partido de izquierda. La elección popular lo puso al frente de la comuna el primero de mayo de 2000.
El municipio contaba con 25 proyectos como parte del plan de inversión. Ahora, Rosa sostiene que a los pocos meses comenzaron las diferencias con su Concejo Municipal.
“Me bloqueaban los proyectos”, sostiene al ser cuestionado.
“Cuando había que firmar un contrato, justificaban que no se podía realizar porque hacía falta algún detalle”, agrega, “me pedían que primero firmara la orden de inicio y el contrato lo resolverían después, cuando es lo contrario”.
Rosa señala que uno de los proyectos que alteraron los ánimos fue el de la construcción de una canaleta en el pasaje Luxemburgo a un costo de ¢63 mil.
En medio del clima de tensión, el terremoto del 13 de enero los tomó por sorpresa. Como en muchas alcaldías, no se contaba con un censo poblacional y la elaboración de un plan de emergencias frente a los terremotos.
El Concejo nombró una comisión encabezada por Rosa y, de inmediato, con la ayuda de líderes comunales se tuvo una primera evaluación de daños. El gobierno entregó al ex jefe edilicio un cheque por un millón 175 mil 250 colones para hacer frente a las necesidades básicas; entre ellas, el retiro de escombros y la entrega de materiales de construcción como láminas.

Promesas fallidas

“Cuando recibí el dinero, el Concejo me dijo que lo devolviera. Yo les dije que si la población quería, así lo haría; de lo contrario no. Ellos no tenían la razón. Me llamaron del partido para cuestionarme por qué no obedecía la decisión del Concejo. Mi respuesta fue la misma. A las reuniones se acercó Fabio Castillo y no logró nada (...) hasta (llegó Miguel) Sáenz Varela quien dijo que pondría orden. No logró nada. Me acusaron de ser derechista”, sostiene Rosa.
Mientras tanto, la población afectada percibía los desacuerdos. En el cantón Los Llanitos aún continúan algunos escombros. Nunca llegó la promesa que era parte del instructivo entregado por el FISDL a todos los alcaldes afectados por los terremotos. “No me dejaron trabajar y se registraron quejas de afectados que exigían la entrega de su ayuda”.
La primera semana de junio se convocó a una reunión con los afectados para valorar el trabajo y acordar la segunda entrega del cheque ($45,73), que serían entregados en julio. Pero, una semana después, en la comuna se desarrolla una discusión entre el Concejo y los líderes comunales que apoyaban al alcalde. El problema obligó la presencia de autoridades de seguridad en prevención de un acontecimiento mayor.
El desorden interno lleva al Concejo, el 23 de julio, a una suspensión temporal de tres meses bajo el argumento de haber incumplido el artículo154 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que se refiere a retrasar injustificadamente el trámite de pagos a los contratistas y proveedores, y retrasar injustificadamente la recepción de obras. Además demandan al alcalde ante los tribunales bajo cargos de privación de libertad y desorden público.
Una vez fuera el alcalde, el problema se agudizó, hubo denuncias de perdidas de cédulas y carnet. Varias familias afectadas por los sismos no logran cambiar sus cheques (ver recuadro) entregados por el gobierno a través del FISDL. Una orden del Concejo Municipal dirigida al banco suspendía la entrega. Hasta la fecha no ha existido ningún desembolso y según el alcalde interino, Rogelio Constanza, el responsable es Rosa.
“Él pertenecía a la comisión. Alborotó a la gente y ahora nos echa la culpa a nosotros”, sostiene el actual jefe edilicio.

Intereses políticos

Fue el mismo Lorenzo Rosa quien el 11 de junio presentó a los auditores de la Corte de Cuentas una carta donde denunciaba a su Concejo sobre irregularidades en el proceso de reconstrucción tras los terremotos.
A Lorenzo Rosa no le han notificado nada oficialmente sobre su situación partidaria y piensa que está fuera del partido. “Se reunió un grupo de ellos y, al parecer, acordaron sacarme del partido. Me enteré en una publicación en los medios”.
Pese a esta afirmación, consultamos a Gerson Martínez, una de las personas que participó en la reunión partidaria. “Se pidió en ese momento que resolvieran el problema por el bien de la gente”, dice Gerson.
Mientras tanto, el actual alcalde afirma que acudirá a la audiencia judicial prevista para el 30 de enero y que aceptará la resolución final.
“Si el juez decide que don Lorenzo puede volver, nosotros aceptaremos la medida. Creo que, a pesar de todo, podemos resolver el problema de manera armoniosa”, sostiene Constanza. Mientras tanto, la experiencia dejará un mal presagio a la población que lo único que quería era verse ayudada por su Alcaldía después de la tragedia del 13 de enero.