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Por el momento, son 43. Aunque en
tiempos de mayor "bonanza"
delincuencial han alcanzado los 60,
desbordando las 40 camas que copan la
capacidad de los 682 metros cuadrados
del resguardo.
"¿Cómo nos va a sacar?
¿como locos o como delincuentes?",
cuestiona "Miguel", un sociópata
y violador compulsivo muy conocido en
el hospital, que llegó al
nosocomio por orden de un Juez para
cumplir su medida de seguridad, durante
cinco años.
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"Miguel" y sus compañeros forman parte
del 25 por ciento de un total de 170 reos con
problemas mentales que existe en todo el
país; el resto se encuentra interno en
diferentes centros penitenciarios de la
República, generalmente "revueltos" con
los presos comunes.
La desgastada infraestructura que alberga a
los reos en el Hospital Psiquiátrico
está instalada en un terreno que
corresponde al parqueo del nosocomio, frente a
uno de los portones principales, y contiguo a la
Unidad de Emergencias que funciona en el centro
desde que éste, en 1998, se convirtiera
en Hospital General, ya no sólo
mental.
Un acuerdo firmado el 5 de mayo de 1959 les
permite la instancia. En él se detallaba
que, mientras el entonces Ministerio de Justicia
no contara con centros especiales destinados al
resguardo de reos con problemas mentales, el
Ministerio de Salud le proporcionaría una
colaboración temporal.
"Pero no sé qué entienden ellos
por 'temporal'; han pasado 42 años y todo
sigue igual", se queja Emma de Gamero, directora
del Hospital Psiquiátrico.
Gamero se ampara en el artículo 80 de
la nueva Ley Penitenciaria, la que, desde 1998,
expresa claramente la responsabilidad de la
Dirección de Centros Penales de construir
centros especiales para albergar a estos
reos.
Contabiliza, además, los 400 colones
diarios que se invierte en cada uno de los reos
del pabellón, los cuales, anualmente, se
traducen en dos millones de colones que se
descuentan del presupuesto total del
Hospital.
Lo que ella describe como "el costo de un
hotel caro" no recibe ninguna inyección
financiera de parte del ahora Ministerio de
Gobernación. "Ellos sólo ponen a
los reos y los custodios", insiste.
¿Inimputables?
El retardo mental y la enajenación son
dos causas para eximir a un individuo de
responsabilidad penal.
El criterio que priva, según la ley,
es la incomprensión entre lo
lícito y lo ilícito en el momento
de la comisión del delito. José
Mauricio Cortés Mercadillo, Secretario
del Tribunal Tercero de Sentencia, abunda:
"Cuando alguien delinque, la idea al enjuiciarlo
es hacerle un reproche por su conducta. En el
caso de los enajenados mentales, ese reproche no
puede hacerse, porque no comprenden que sus
actos son contrarios al derecho. Por eso son
declarados inimputables".
Sin embargo, llevar ese mote judicial no
implica que ésta persona quede en
libertad, al comprobarse su responsabilidad en
el hecho. En esos casos, existen las llamadas
medidas de seguridad, que tienen un objetivo
terapéutico para el individuo y, a su
vez, preventivo, pues se supone que con ello se
evita que repita el daño.
Así, un tratamiento ambulatorio, un
internamiento o una medida de vigilancia se
convierten en alternativas judiciales para
mantener controlado al "inimputable".
De hecho, el procedimiento que se sigue es
exactamente el mismo al de cualquier persona,
sólo que se realiza a puertas cerradas y
con un tutor del enfermo. En casos en los que la
presencia del enajenado represente un problema
en sus audiencias, por evidentes problemas de
conducta, por ejemplo, no puede participar en
ellas.
La
medida de seguridad, debe ser equivalente a la
pena que corresponde al delito cometido. Su
tiempo de vigencia es exactamente igual al que
purgaría cualquier persona "normal" que
ha realizado el mismo hecho.
Este punto es uno de los que más
alarma a De Gamero: "Tuvimos un paciente que
estuvo 42 años interno; y más de
la mitad de los que tenemos actualmente
están por tiempo indefinido. Que yo sepa,
en el país no existe la cadena
perpetua".
Sin titubeos, la directora habla de serias
arbitrariedades de parte de algunos Jueces de
Instrucción, Sentencia, Vigilancia y
Familia, quienes con sus oficios (llega un
promedio de tres diariamente) saturan el
resguardo especial, al punto de extraer camas de
otros servicios para dar abasto.
Un Juez de Instrucción que no quiso
ser identificado "para evitar meterse en
problemas" señala que la
problemática de los reos
psiquiátricos es vieja: "En el Hospital
siempre nos dicen que no tienen cupo, que no
pueden recibir más gente. Pero nosotros
tampoco podemos mandar a estos enfermos a
cualquier penal, provisional o definidamente,
porque la serie de abusos que ahí sufren
contradice el espíritu de la ley, que
sugiere un ambiente terapéutico para su
rehabilitación", señala.
Siguen ahí
El 80 por ciento de los internos del
Pabellón tienen el alta
psiquiátrica. No necesitan estar en el
hospital.
La psiquiatra América Lazo, encargada
de dicho Pabellón no oculta su
indignación al revelar las cifras:
"Sólo tenemos 5 esquizofrénicos
crónicos; los demás tienen
patologías derivadas del consumo de
drogas o problemas orgánicos. Incluso los
esquizofrénicos son perfectamente
controlables con tratamiento ambulatorio. Pero
como aquí los jueces deciden
cuándo entran y cuándo salen... no
toman en cuenta el criterio médico".
Miguel Fortín Magaña,
presidente de la Asociación
Salvadoreña de Psiquiatría y, a su
vez, psiquiatra forense de Medicina Legal de San
Salvador, declara que el paciente
esquizofrénico es como el hipertenso o el
diabético que, mientras está
adecuadamente medicado, no corre el riesgo de
sufrir crisis. "Son pocos los pacientes que son
excepcionalmente peligrosos y que la
única opción es el internamiento
para que no representen una amenaza para la
sociedad", dice.
Sin embargo, la medida de internamiento ocupa
casi el 90 por ciento de los casos que llegan al
hospital. En lo que va del año,
sólo han conocido tres casos con
tratamiento médico ambulatorio.
El problema no se reduce a los internos que
han delinquido. La directora del centro menciona
al Pabellón de Agudos, que actualmente
está saturado por todas las
órdenes de internamiento que Jueces de
Familia hacen, sin ningún análisis
psiquiátrico que los respalde, pues ellos
cuentan nada más con un psicólogo
y un trabajador social como colaboradores.
De Gamero, quien reconoce tener dos demandas
por desacato de parte de dos Jueces del interior
del país, menciona que, aunque no pueden
comprobar nada, existe la preocupación de
que hayan "acuerdos oscuros" entre dichos Jueces
y los familiares de los internos, por
reclamaciones de herencias o propiedades, por
ejemplo.
Asegura que ya hizo saber dicha
situación al Ministro de Salud y a la
Corte Suprema de Justicia, a la que solicitaron
audiencia con las autoridades pertinentes, "pero
no ha llegado ninguna respuesta".
Admite haberse reunido con Rodolfo Garay
Pineda, director de Centros Penales, con quien
acordó ciertos puntos.
La posibilidad de atender a los reclusos
enfermos durante la fase aguda o de crisis, que
permanece durante 20 ó 25 días,
según normas de salud internacionales,
para que luego ellos sean trasladados a los
centros especiales, es una de las alternativas
discutidas. Por su parte, Garay Pineda
también hace números. Explica que,
para la construcción de los centros que
le encomienda la ley, se necesita un monto
aproximado de 8 millones de colones, ya sea para
habilitar un centro pequeño de los que ya
existen, o para construir uno nuevo con todas
las condiciones adecuadas.
"Para nosotros también es un problema.
La población carcelaria aumentó en
un 35% en este año, y el presupuesto
sigue siendo el mismo. Tenemos menos
infraestructura, porque con los terremotos se
cayeron los penales de Sonsonate y San Vicente,
y hemos tenido que reacomodar presos". Aclara
que mientras en la Asamblea Legislativa no le
aprueben un aumento en su presupuesto,
seguirá necesitando de la ayuda del
hospital.
Douglas Moreno, coordinador del Departamento
de Prueba y Libertad Asistida, unidad encargada,
entre otras cosas, de preparar a las familias de
los internos para cuando éstos retornen a
su hogar, considera que, mientras no se resuelva
ésta problemática, el mayor
daño lo seguirá sufriendo la misma
familia, "porque al ver la precaria
situación de sus familiares enajenados es
casi imposible que ellos se recuperen del todo.
Se quiere proteger a la sociedad de un
daño que el mismo sistema le está
haciendo".
Mientras las discusiones y dilemas continuen,
las 43 súplicas que recorren una y otra
vez la celda oscura y húmeda del hospital
seguirán a la espera de que, al menos, un
tímido asomo de luz irrumpa en las
decisiones de algunos funcionarios que por ahora
no logran liberarse de la camisa de fuerza de
sus voluntades.
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Interno en
penal
"Me quitaban las pastillitas"
Los 32 años de Luis Adalberto
González han sido testigos de la
esquizofrenia crónica que
padece. Blanca Estela, su madre, dice
que cuando él cumplió 19
años fue imposible darle la
espalda a la "extraña"
enfermedad que inexplicablemente
entró en su hogar. "Él
dice que fue un chispazo de luz tan
fuerte, que se le metió como un
rayo en la cabeza. Desde entonces
quedó medio directo", explica.
Ningún psiquiatra conoció
el expediente clínico de Luis
Adalberto antes del lanzamiento de la
piedra, el 7 de agosto de 1999, en la
Colonia Campestre. "La juez desde que
lo vio le notó que desvariaba un
poco, y pidió que le hicieran
exámenes", recuerda.
 Los
resultados no sorprendieron a nadie. De
inmediato, la Juez Octavo de
Instrucción, Gloria Lizama de
Funes, ordenó lo trasladaran al
Pabellón de Reos del Hospital
Psiquiátrico, como medida
provisional, mientras se investigaba su
caso.
Sin embargo, esa orden nunca se
cumplió. Eso lo supo Lizama
hasta cuando el caso había
pasado a la siguiente instancia del
proceso, al Tribunal Tercero de
Sentencia, cuando el juez encargado le
informó que el "inimputable" no
se encontraba en el Psiquiátrico
y, por tanto, no podía darle
seguimiento a su causa.
Lizama localizó a Luis
Adalberto en el sector "C" del Penal La
Esperanza. Entonces, solicitó su
traslado al nosocomio. Los intentos
fueron nuevamente en vano, pues, tal
como lo notificó el coronel
Ramón Antonio Morales Ruiz,
director de la Penitenciaría
Central, las autoridades del Hospital
negaron el ingreso "por falta de
cupo".
Puertas cerradas
La insistencia de la Juez
llevó a que, el 24 de agosto del
mismo año, se hiciera un intento
más de ingreso. En esta
ocasión, la respuesta fue que el
padecimiento mental del "inimputable"
no merecía internamiento. La
notificación dirigida a la Juez
decía literalmente: "Lo tenemos
otra vez en el Penal. Sólo le
dieron un tratamiento para tranquilizar
los nervios. Son 60 tabletas de 5
miligramos que se llaman
Haloperil".
Los intentos por ingresar al
Psiquiátrico cesaron. Los
días en la cárcel fueron
duros. Durante esos meses, con la
compañera de vida de uno de los
reos, envió correspondencia a la
Juez Lizama, pidiéndole que por
favor lo sacara de donde se encontraba.
Se dirigía también al
Presidente Francisco Flores.
"Señor Presidente, en el penal
de Mariona nezezitamos agua todoz loz
diaz para labar los bañoz, para
que esten limpioz todoz loz diaz
(sic)", rezaba una de sus cartas. "Ya
no boy a tomar, ni a tirar piedras al
millonario (sic)", decía
otra.
La resolución de su caso
llegó a finales de junio de este
año. Fue declarado culpable del
delito de lesiones graves, y condenado
a dos años de tratamiento
médico ambulatorio. No se
recomendó internamiento. Para
entonces, Luis Adalberto había
estado privado de libertad durante un
año, diez meses y dieciocho
días. Hoy, instalado en su casa
de la Calle 5 de Noviembre, rememora
los días en el reclusorio:
"Ahí en Mariona me quitaban las
pastillitas a la fuerza y se las
tomaban con coca cola en bolsa. A veces
yo se las daba por mi gusto, para que
no me dieran tan duro en la cabeza.
Otras veces me quitaban el
pantalón... y me dormía
sintiendo un gran frío".
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