Siete requisitos que el país debe cumplir para obtener el segundo compacto de $277 millones que la Cuenta Reto del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) financiaría para un segundo Fomilenio aún siguen en rojo, según la más reciente calificación que esta oficina estadounidense publica en su página web.
La política fiscal, la creación de nuevas empresas, el Estado de Derecho, los gastos en educación primaria, la protección de los recursos naturales, la tasa de vacunación y la tasa de inscripción de niñas en la secundaria son los indicadores que El Salvador no ha cumplido y que siguen haciendo mella en la evaluación de la MCC.
Si bien es cierto que solo necesita cumplir 14 de los 20 indicadores en total, el país sigue en la mira de las autoridades estadounidenses.
De hecho, hasta los otros 13 indicadores que el país ha pasado con una buena calificación siguen en evaluación, como el control de la corrupción, las libertades civiles y la libertad de información.
A inicios de este año, el director en funciones de la MCC en el país, James Gerard, confirmó que aunque el país siga al pie de la letra los indicadores, nada está seguro. “Hasta que no haya un documento firmado, el compacto no es un hecho”, manifestó.
Y no son solo los 20 indicadores establecidos por la MCC. Fuera de eso también se analiza la seguridad y las condiciones económicas que ofrece el país. Estos puntos también están en la mira de esta institución y de todo el Gobierno estadounidense.
Uno de los temas más sensibles y cuya preocupación fue externada incluso por la embajadora estadounidense en el país, Mari Carmen Aponte, se dio en torno a la Ley de Asocios Público Privado, a los que el FMLN se opuso a aprobar en un inicio en la Asamblea Legislativa porque consideraba que abriría las puertas para la “privatización”.
El tema es importante para la aprobación de un segundo Fomilenio porque, según el Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, muchos de los proyectos que se pretenden ejecutar en la zona costera del país, necesitan del binomio estado-empresa privada para que tengan éxito.
Muchos de los proyectos han sido enfocados en el turismo, por lo que se piensa hacer obras de infraestructura que el Estado, por sí solo, no podría ejecutar.
Otro de los temas en la lupa de Estados Unidos es la pugna que han mantenido los diputados de la Asamblea Legislativa con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la MCC no se ha pronunciado sobre estos temas en particular, la embajadora Aponte ha manifestado reiteradamente su preocupación porque los órganos de Estado enfrenten sus opiniones sin encontrar una salida a las discusiones.
También están en juego las más recientes acciones que tanto la Asamblea Legislativa como el mismo presidente de la República han emprendido para ocultar información pública.
Tal es el caso de la información sobre los viajes del mandatario, que fueron catalogados como reservados bajo la justificación de seguridad.
Gerard dijo en enero de este año que “si hay nuevas noticias o surge algo relevante que podría afectar estos indicadores, esto podría tomarse en cuenta”. El viernes, por ejemplo, EE. UU. reiteró a sus ciudadanos una “alerta de viaje” a El Salvador, que incluye la lista de los municipios más violentos.
El Gobierno, por su parte, está confiado en que el segundo compacto será suyo. Segovia asegura que la experiencia que les dio el Fomilenio I en la zona norte del país es su mejor carta de presentación para la MCC.
Gerard explicó en esa oportunidad que, aunque el país haya ganado el primer desembolso de $460 millones, este nuevo paquete es independiente del primero. El Salvador compite con Liberia, Marruecos, Niger, Sierra Leona y Tanzania.