Veintiún días duró la travesía de Remberto López desde su natal Sonsonate hasta Estados Unidos. Especialmente duro fue el árido trayecto de Texas en abril de 2014: él y el grupo de salvadoreños y guatemaltecos que huían de la violencia de las pandillas y la pobreza extrema en zonas rurales, pasaron casi una semana sin tomar agua. Pero llegaron.
Poco después de arribar a la ciudad de Nueva York y reencontrarse con un hermano, Remberto comenzó a enfermarse, ya que su cuerpo comenzó a retener líquidos e hincharse.
Estaba tan mal y decaido que fue a pasar consulta al hospital de Flushing, Queens. Allí lo atendieron de emergencia y después de varios exámenes el 16 de mayo fue diagnosticado con Enfermedad Renal en Etapa Terminal (End-stage renal disease, ESRD).
“En la venida me enfermé, eso debe haber sido”, dijo, refiriéndose a los días en que no pudo tomar agua.
El sistema de salud en Estados Unidos requiere que para acceder a cualquier servicio, los pacientes deben contar con seguro médico. Las personas que están bajo la línea de la pobreza pueden acceder a Medicaid -un seguro médico básico subsidiado- y las familias con más recursos pueden comprar seguros médicos accesibles (“Obamacare”).
Por carecer de estatus migratorio, López no puede acceder a ninguno de ellos, pero Medicaid hace excepciones en casos como el suyo, ya que otorga una póliza de emergencia que cubre el tratamiento de hemodiálisis. Los médicos que prestan ese servicio cobran aproximadamente $150 por 12 sesiones mensuales, es decir, un promedio de tres veces por semana.
El compatriota comenzó las hemodiálisis el 11 de septiembre del año pasado y desde entonces va tres días a la semana (martes, jueves y sábado) por tres horas y media, de 6:15 a 9:45 de la mañana, según una constancia extendida por Margaret Bernstein, trabajadora social renal del Queens Dialysis at South Flushing.
Una vez superada la etapa crítica, López no tuvo alternativa más que buscar trabajo y consiguió uno lavando platos en un restaurante de Queens. Sus jornadas nocturnas son largas y duras pero le permiten pagar alquiler de vivienda, manutención y desde hace unas semanas las medicinas, ya que al renovar Medicaid perdió ese beneficio.
Un suplemento vitamínico de calcio y las medicinas para la hipertensión le cuestan $60 semanalmente.
Actualmente, el compatriota se encuentra estable, siguiendo una dieta estricta -no puede comer frutas como bananas, naranjas y melones; lácteos y pan dulce-, pero se enfrenta a una sentencia inapelable: su estatus migratorio le impide tener un seguro médico que le cubra las medicinas, y tampoco puede acceder a un trasplante de riñón, algo que los médicos consideran idóneo para que él tenga una mejor calidad de vida.
Problema regional
La historia de Remberto López tiene un detalle relevante: antes de emigrar, se ganó la vida como agricultor. Como tal, estuvo expuesto casi toda la vida a extenuantes jornadas bajo el sol y a pesticidas, los cuales recita de memoria: edonal, gramoxone, paraquat, glifosfato, “tronador”, entre otros.
El paciente se lo manifestó a los médicos que lo atienden en el hospital, quienes le respondieron que eso pudo haberle causado mucho daño a su sistema endócrino y propiciar la falla renal, aunque esta no se manifestó hasta llegar a Estados Unidos.
La relación entre los pesticidas y agroquímicos y las enfermedades renales ha sido estudiada y denunciada por diversos organismos salvadoreños y regionales. Un reporte reciente de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) describió cómo la insuficiencia renal ha matado cientos de campesinos en las zonas agrícolas de Centroamérica; citando a la Organización Panamericana de la Salud, el reporte señala que la insuficiencia renal crónica ha causado 15 mil muertes en Centroamérica; hay 3 mil 100 en tratamiento en El Salvador, más de 3 mil en Guatemala, mil 500 en Honduras, mil 800 en Panamá y mil en Nicaragua.
¿Cuántos de agricultores pobres que huyeron de sus países buscando una mejor vida han resultado con problemas renales y se encuentran a la deriva en el sistema de salud de Estados Unidos? La pregunta carece de una respuesta certera, pero algunos profesionales vinculados con este tema creen que eso podría estar detrás de un aumento de casos que han salido a la luz en Nueva York.
El médico Mario Henríquez, con más de 30 años en la práctica de la nefrología, ha creado dos fundaciones renales, una en El Salvador y la otra en Nueva York (finales de 2014). Aquí, el objetivo es apoyar las labores educativas y preventivas que beneficien a la población.
En Nueva York, tiene su sede en El Bronx, y se enfoca en la población hispana prestando servicios informativos y preventivos gratuitos, como la toma de presión arterial y medición de la glucosa. La insuficiencia renal es una enfermedad irreversible y progresiva. En Estados Unidos, las causas más comunes son la diabetes y la hipertensión.
Al ser entrevistado, Henríquez recordó que hace mucho tiempo los inmigrantes indocumentados tuvieron acceso a los trasplantes pero lo que ha mandado, desde siempre, es la situación financiera; incluso conoció el caso de un connacional que cumplía los requisitos para que su hermano -quien era ciudadano estadounidense- le donara el riñón, pero el procedimiento le fue negado porque según las autoridades sanitarias no tenía estabilidad económica suficiente para enfrentar el proceso postoperatorio, que es el más delicado.
Según un reporte del periódico Newsday, la organización UNOS, con sede en Richmond, Virginia, que maneja el sistema de trasplante de órganos de todo el país, indica que la cirugía puede llegar a costar hasta $300 mil.
“La razón por la que el paciente indocumentado no es elegible es que las medicinas para que no se rechace el riñón son muy onerosas, en los miles de dólares al mes”, destacó Henríquez.
Uno de los colaboradores de Henríquez, Juan Carlos Guerra, explicó que la gente tiene muchos temores y costumbres que impactan negativamente la salud.
Temen hacerse exámenes por los posibles resultados negativos, lo que implicaría a su vez comenzar tratamientos médicos y, además, modificar radicalmente hábitos de salud, especialmente alimenticios.
En muchos casos, dice, los pacientes buscan atención cuando ya es demasiado tarde y los riñones ya no son capaces de eliminar las toxinas del organismo. Si deben realizarse diálisis y siguen la dieta señalada, pueden vivir muchos años sin necesitar el trasplante.
El doctor Henríquez explicó que el tiempo de espera para un trasplante de cadáver en Nueva York es de siete años, aunque si el paciente tiene un donante vivo y tiene seguro médico, se puede realizar de inmediato en el sistema hospitalario del estado, así como de Nueva Jersey y Pennsylvania.
Más casos salen a luz
El Consulado salvadoreño de Manhattan registró en 2012 el caso de otro compatriota, Francisco Roque, quien recibió ayuda para traer a su primo Miguel Palomo desde El Salvador para que le donara un riñón.
En las gestiones destacó el congresista de Nueva York Joseph Crowley, quien apoyó las gestiones diplomáticas y humanitarias para que la Embajada estadounidense en San Salvador otorgara la visa al donante. El trasplante se realizó el 16 de enero del año pasado (Nota publicada)
El mes pasado salió a luz la historia de Ruth Bernal de Villalta, quien vive en Brentwood, Long Island.
El periódico Newsday destacó que la señora de 30 años, quien emigró en 2009, sufrió tuvo complicaciones en un embarazo. Tras perder el bebé los médicos le informaron que los dos riñones ya no le funcionan.
Las hemodiálisis, que realiza en una clínica de la localidad de Lindenhurst, la dejan agotada, con náuseas y fuertes dolores de cabeza. “Cada vez que me siento en esa silla estoy luchando por mi vida”, declaró. Es un procedimiento que deberá realizar el resto de su vida al menos que pueda lograr un trasplante renal.
En la publicación se destaca que el esposo, también salvadoreño, está dispuesto a iniciar el proceso médico para verificar la compatibilidad y eventualmente donarle el riñón, pero al ser ambos inmigrantes documentados, los médicos les han dicho que es imposible.
El representante Peter King (Republicano-Seaford), dijo al periódico que Nueva York es uno de los pocos estados que paga por la diálisis a personas indocumentadas; pero que los trasplantes renales deberían estar reservados a los residentes legales.
Ante eso el abogado Bryan Johnson, declaró que la señora Villalta, está desesperada por un trasplante y que su hija de 9 años, “está viéndola morir frente a ella”. “¿Qué vale la vida de alguien? Si hay alguien que es ciudadano tiene derecho a un trasplante pagado por el gobierno de Estados Unidos, y si no es ciudadano, entonces no”, declaró Johnson a Newsday. “Para mi, eso no es correcto… creo que todos deberían tener el derecho de vivir”, remató.
El matrimonio Villalta decidió emigrar en 2009 por la escalada de delincuencia. Ella aprovechó una visa de turista y se quedó. Su esposo llegó a Nueva York poco tiempo después.
El Newsday acompañó el reportaje con una nota editorial, en la que destaca la complejidad del caso.
“La situación de Ruth Bernal de Villalta y sus riñones enfermos es compleja. Al confrontarla, nosotros tenemos que lidiar con nuestros sentimientos acerca de los inmigrantes ilegales, nuestro sistema de salud y una red de trasplantes de órganos que necesita muchos más donantes. Pero además tenemos que confrontar nuestros sentimientos sobre la maternidad, compasión, caridad y la ley”, dice.
Muchos de los lectores son residentes de Long Island -donde hay grandes asentamientos de inmigrantes- abogan por la compasión, pero la gran mayoría rechaza el pedido de ayuda a las autoridades estatales.
“Me siento mal por ella, pero ni siquiera deberíamos estar pagando por la diálisis”, escribió Herb Fisher. “Quizás el gobierno de El Salvador debería apuntarse y pagarlo. Allá”, comentó por su parte Gavin Pokok. “Mi esposo esperó 4 años por un trasplante de cadera porque no teníamos seguro de salud y los dos trabajamos a tiempo completo y somos ciudadanos”, afirmó Michelle Falzone Wilkinson.