La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el miércoles aplicar de forma retroactiva un fallo del 2010 que establece que los abogados deben decir a clientes que son inmigrantes que pueden ser deportados si se declaran culpables de determinados delitos.
La decisión, aprobada en una votación 7-2, es un revés para miles de inmigrantes que podrían haber retirado su declaración de culpabilidad en algunos casos alegando asesoramiento ineficaz.
Los casos son anteriores al fallo de un caso en marzo de 2010 que estableció que se debe informar a los inmigrantes de algunas consecuencias de sus declaraciones de culpabilidad.
En la decisión del miércoles, la jueza Elena Kagan dijo que el fallo del 2010 no se aplicaba a casos que ya tenían un dictamen final después de una apelación.
La magistrada dijo no habría sido evidente antes del fallo que el derecho a la Sexta Enmienda (de la Constitución) incluía el advertir a los inmigrantes sobre riesgos de deportación.
La Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense establece el derecho del acusado a tener un juicio rápido y público, un jurado imparcial en el lugar donde cometió el delito, ser informado de la naturaleza y causa de la acusación y ser asesorado para su defensa, entre otros derechos.
“Por tanto cuando dimos el fallo del 2010, contestamos una duda sobre el alcance de la Sexta Enmienda que habíamos dejado abierta, de una manera que alteró la ley de la mayoría de las jurisdicciones”, escribió la jueza.
Ese cambio en la ley no se aplica a acusados cuyas condenas fueron ratificadas antes del fallo, añadió.
La jueza Sonia Sotomayor escribió una opinión de disenso, diciendo que el fallo del 2010 no era un cambio en la ley como Kagan afirmaba, en parte porque los abogados están ahora mejor entrenados en cómo las leyes de inmigración afectan a sus clientes.
El caso del miércoles involucra a Roselva Chaidez, una ciudadana mexicana y residente legal permanente en Chicago.
En el 2009, el Gobierno ordenó su deportación debido a una declaración de culpabilidad seis años antes por fraude postal en un plan para estafar al seguro automotor.
Chaidez reveló la declaración de culpabilidad cuando intentaba convertirse en ciudadana naturalizada. Dijo que la deportación era injusta porque su abogado en el caso criminal nunca le dijo que podía ser enviada de regreso a su país por declararse culpable.
Kent Scheidegger, un abogado de la organización sin fines de lucro Criminal Justice Legal Foundation, dijo que la decisión de la corte del miércoles evita un potencial atolladero de apelaciones de inmigrantes en tribunales menores.
“Reconsiderar todos esos casos hubiera sido un problema grave”, afirmó.