Ignoran el previo desastre de controlar los precios

De mayor beneficio para la población sería que la Asamblea obligue a cortar gastos al Gobierno y a nombrar administradores capaces en sus dependencias, que la ley decretada

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Un policía custodia el carro que manejaba el padre cuando se accidentó. Foto EDH / Jaime Anaya

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2013-01-15 6:02:00

El espectro de los controles de precios cogió vida con la “Ley de la Usura”, la que, según sus padrinos, hará el milagro de bajar las tasas de interés que se cobran a los tarjetahabientes con el adicional efecto de dejar sin crédito a centenares de miles de salvadoreños. La masa de los “sin crédito” tendrá que acudir a los usureros de barrio o a las futuras entidades que patrocine el Alba bolivariano.

Como dijo Santayana, cuando se ignoran las lecciones de la historia quedamos condenados a repetir sus errores. Las experiencias de la humanidad –desde los babilonios hace tres mil años, pasando por los romanos, siguiendo a lo largo de la época medieval y reviviendo el monstruito durante los años de la gran demencia en nuestro país– de nada valen; les guste o no les gusta a los pipiles, allá va la guacalada.

Pero los mercados siempre cobran los abusos que se cometen contra ellos. Los intereses que generan las tarjetas no sólo son causados por el costo de administrar pequeños créditos, sino también por el costo del uso del dinero. Y ese costo ha subido en El Salvador por los despilfarros presupuestarios y por la baja de las calificaciones crediticias que tiene el país.

A la Asamblea y al Ejecutivo no parece desvelarles el que Fitch, Standard and Poor’s y el resto de calificadoras nos hayan bajado el “rating”, la nota. Pero bajar el “rating” significa que nuestro aporreado país tiene que pagar más por el dinero que pide prestado lo que, de manera inexorable, se refleja en los niveles internos de las tasas de interés, entre ellos el de las tarjetas.

En otras palabras, no es una vocación de “usura” lo que lleva a los emisores de tarjetas a cobrar altos intereses por su uso, o por la mora de los tarjetahabientes, sino por lo que tienen que pagar por el dinero que manejan.

O, desde otra perspectiva, de mayor beneficio para la población sería que la Asamblea obligue a cortar gastos al Gobierno y a nombrar administradores capaces en sus dependencias, que la ley decretada.

Por un lado, vociferan contra “la usura”;

por el otro, despluman

Pero siempre los despilfarradores buscan a quienes echar la culpa de su inepcia y voracidad, en este caso al sistema financiero al que insultan con lo de “usura”.

Ya señalamos que los arrebatos del actual régimen en contra de “la usura” no es un paso hacia adelante, sino un retroceso; no sólo durante el Medioevo sino además desde los tiempos bíblicos, se prohibía y perseguía el cobro de intereses, lo que era una especie de pecado mortal. La consecuencia fue impedir o retardar la formación de capital de trabajo, lo único que permite pasar de un estado agrario a una economía industrial, lo que tuvo lugar en Inglaterra, dando a luz la civilización actual.

Es incongruente que, por un lado, el régimen se rasgue las vestiduras persiguiendo “la usura” mientras, por el otro, haga del desvalijamiento de los pobladores lo esencial de su política tributaria. Caerle encima hasta el último centavo que le sobre a la gente, como con el ejemplo de los que comen hamburguesas, es válido y loable a sus ojos, pero no lo parece ser el cobro por servicios prestados, incluyendo el de administrar microcréditos.