La Constitución, como toda persona bien nacida, manda cuidar a los niños, quererlos, educarlos, procurar que crezcan como personas responsables, productivas y además felices.
Por desgracia, algunas disposiciones legales no solo no les benefician, sino que obran en su contra al exponerlos ser reclutados por las pandillas, asesinados sin dejar rastro y, durante la guerra de los 80, a ser convertidos en carne de cañón.
No poder llevar registros de menores de edad pandilleros, ni fotografiarlos, parece que los protege pero deja indefensa a la sociedad, pues los más expuestos a ser esclavizados y asesinados son precisamente los jóvenes y los casi niños en nuestro país.
En las últimas semanas dos bebecitas de dos años de edad fueron asesinadas como a los pocos días una muchachita de siete años fue también asesinada junto a su hermano por sicópatas que después se supo eran menores de edad.
En todo esto, los niños y jóvenes buenos no tienen nada que perder si se llevan registros de ellos.
Por el contrario, los sicópatas de toda edad y especialmente los protegidos por las disparatadas leyes de “protección al menor” tienen todo que perder cuando se llevan registros y se les fotografía.
Vamos a poner un caso que por desgracia ocurre casi cotidianamente: unos pandilleros secuestran a unos jóvenes y hay testigos de vista del hecho. Los testigos con toda seguridad no acusarán a los hechores por temor a represalias.
Otro caso: las tecnologías de reconocimiento de rostros han avanzado al punto que en un estadio la autoridad puede escanear la multitud y encontrar delincuentes, desde violadores hasta ladrones.
Pero en El Salvador y por las leyes de “protección al menor” no pueden dejarse fotografías para no “estigmatizarlos” al ser mayores.
Tampoco lugares de trabajo pueden contratar a jóvenes sin exponerse a que entre ellos se cuelen criminales, lo que perjudica a los buenos y encubre a los malos.
Decenas de miles dejan
las escuelas por temor
a las pandillas
Sin registros es casi imposible desenmadejar las estructuras de pandillas en barrios y pueblos hasta que éstas han arraigado y se atrincheran en esos lugares. Y consecuencia de ello es que semanalmente dos negocios cierran en el país y además muchas familias son forzadas a dejar sus hogares.
Los nuevos directivos de la Asamblea están muy claros que el principal problema que enfrenta la gente en nuestro país es la violencia, por el que semana a semana decenas de personas son asesinadas o desaparecidas sin que las autoridades puedan evitarlo.
Lo esencial es que deje de seguir creyendo en pajaritos preñados ( frase muy española ) y le entren al asunto con la cabeza muy clara, sabiendo que aquí no pueden aplicarse leyes para niños suizos cuando no los hay en todo el territorio.
La Asamblea debe poner los pies sobre la realidad de esta ensangrentada tierra, buscar una salida al horror que se vive cotidianamente y que amenaza tragarse el país en una vorágine de violencia.
Hay que proceder con sensatez, con sentido de la realidad espantosa que se vive y que está afectando el futuro de decenas de miles de jóvenes que han dejado de ir a sus escuelas por temor a que los pandilleros los secuestren.