El Fiscal General lanzó un llamado para crear una CICIES (organismo especial que investiga y combate la corrupción y la impunidad, como entidades homólogas en Guatemala y Honduras), a lo cual el gobierno se apresuró a decir que “no necesitamos que ningún organismo internacional nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer”.
El funcionario declaró que propuso ese auxilio en vista de la falta de recursos que enfrenta y de las presiones que recibe.
En esto es importante hacer varias preguntas: ¿Por qué la negativa del oficialismo a crear un organismo especial que investigue la corrupción? ¿Qué hay detrás de la limitación de presupuestos y recursos para el Ministerio Público? ¿A quién le conviene que no se investigue la corrupción estatal?
Es claro que lo que quisieran tener los efemelenistas es un organismo dependiente del gobierno, allí en el escritorio de la esquina del salón, que de inmediato neutralizaría cualquier investigación que pueda afectar a los corruptos vinculados al oficialismo, pero que contribuiría a subir los ruidos cuando alguno de la oposición comience a ser investigado.
O, como se dice popularmente, lo que piden equivale a mantener amarrado el chucho con longanizas o dar al marero las llaves de la casa.
Sólo hay que recordar lo que en su momento confesaron: que ellos mismos aconsejaron y ayudaron a Funes a salir corriendo hacia Nicaragua cuando acababa de abrírsele un juicio por presunto enriquecimiento ilícito y se allanaban varias residencias vinculadas a él, donde se recogieron pruebas de un estilo de vida desorbitado y opulento.
Hechos como este son parte de las causas del deterioro moral e institucional que corroe a nuestra Nación, nutre el crimen organizado, la violencia imperante, la crueldad contra la mujer, el que un hombre le dé una terrible paliza a su mujer por hablar con el vecino, la desobediencia social, etcétera.
Limitar los recursos y presionar a la Fiscalía y oponerse a que reciba apoyo internacional para combatir la corrupción sólo alimenta el sentimiento de indefensión entre los salvadoreños y el sufrimiento de los más débiles.
Mientras tanto, seguirán diciendo que no necesitamos entidades fiscalizadoras contra la corrupción porque para eso allí está la Fiscalía, aunque arrinconada y condicionada muy convenientemente.
Ni sólo catalanes de árbitros
ni políticos de magistrados
La imparcialidad de jueces y encargados de impartir justicia, de dirimir litigios, de “dar a cada quien lo suyo”, es un factor esencial, decisivo, en las estructuras formales de una nación.
Ese es el motivo por el cual los magistrados de una corte, de un tribunal electoral, jueces de paz, contralores de cuentas del Estado, todo aquel que tenga que velar por la objetividad y la imparcialidad, deben ser independientes, sin vínculos partidistas o afectivos. Lo contrario es burla, descaro, atropello.
No puede un miembro de un partido político –y más de sectas fanáticas– fungir como juez, como árbitro. Y no es que se irrespeten “sus derechos ciudadanos”, sino que hay incompatibilidades sobre las que no puede pasarse, como nombrar como árbitros únicamente a catalanes en los juegos de la Champions. Nadie va a decir que eso es violar los derechos deportivos de los árbitros catalanes.
Que impartir justicia anda mal en nuestro país pocos dudan, en vista de las truculencias que vienen contemplándose y que son una burla a la ciudadanía.