Tras una investigación de casi dos meses, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estableció que la detención del joven Daniel Alemán fue ilegal.
El estudiante fue capturado el 10 de enero en una cancha de la residencial Altavista, en Ilopango, y sometido a un proceso denunciado por familiares y testigos como arbitrario, al que se le agregó la acusación de tenencia de droga.
Hay que recordar que hace muy poco se encontró droga en posesión de dos policías, que era utilizada para adjudicarla a capturados, la usual forma de “crear evidencias” en los estados policiales.
La Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, confirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) actuó de manera ilegal durante la detención de Alemán. También afirmó que ya investigan la acusación de extorsión que recientemente le han imputado al estudiante.
A principio de este mes, el director de la PNC, Howard Cotto, reconoció que hay dudas sobre la detención a raíz de un informe disciplinario de la Unidad de Control de la PNC hecho ante la denuncia por el proceder de los captores, cuatro policías que, según testigos, llegaron a una cancha en la urbanización Altavista cuando unos 30 jóvenes descansaban después de un partido de fútbol.
Según parientes del joven, quienes han denunciado el procedimiento de captura, el joven Alemán fue sometido a un cacheo pero los policías no encontraron nada en ese momento, como lo atestiguan quienes estaban presentes.
Sin embargo, en la subdelegación de Altavista, localizada a unos 200 metros de distancia donde esta la cancha, los agentes afirmaron que le habían decomisado un bulto con supuesta droga a Daniel.
Media hora después fue llevado a la delegación de San Bartolo, en Ilopango, junto a un paquete de marihuana, diciéndole que estaba detenido por tráfico de droga. Familiares del joven no tuvieron alternativa que denunciar en redes sociales la captura, advirtiendo que se trata de una situación a la que expone cualquier ciudadano cuando no hay freno a los abusos de poder.
Las conciliaciones no exoneran a culpables de graves delito
La población se inquieta al comprobar que a unos se les persigue sin mayor prueba, pero a otros enjuiciados por corrupción se les aconseja y se les da tiempo para irse del país.
Es increíble cómo quedó libre, como si nada hubiera ocurrido, el chofer de Casa Presidencial que arrolló con un vehículo oficial a un transeúnte y huyó sin auxiliar a la víctima hasta que fue interceptado por la policía, en un proceder tan reprochable como el del capitán de la misma casa de gobierno que fue condenado a cinco años de cárcel por alterar la escena del atropellamiento a un motociclista por otro auto gubernamental.
El colmo es que el encargado de información oficialista salga tratando de restarle importancia al caso, alegando que la víctima era “un indigente” y a que extrañamente a la familia doliente se le negara información en la morgue.
En el primer caso, el hechor concilió con la familia doliente, pero una conciliación no debería exonerar a nadie de hechos de tal gravedad.
La Fiscalía debe velar siempre por que se respete la ley y que nadie se burle de la justicia, de las familias de las víctimas y de todos los salvadoreños.