Gran Bretaña rechazó el pedido de extradición del expresidente de Chile, Augusto Pinochet, que un juez español que buscaba notoriedad hizo en su momento, lo que demuestra que los países tienen que ceñirse al Estado de Derecho y no atropellar a la gente por presiones de nadie.
En el fondo, los británicos se negaron a extraditar a Pinochet porque no iban a prestarse a un linchamiento público. Se daban cuenta de que los derechos básicos de Pinochet no se garantizaban, además de reconocer los vínculos entre Gran Bretaña y Chile.
Fue Margaret Thatcher la que defendió la postura británica en ese momento, mostrando que el juez Garzón sólo buscaba notoriedad política a costa de la vida del exmandatario.
Un juez que busca notoriedad no va a tener consideración alguna con las personas a quienes juzga y llega al extremo de negarles el debido proceso.
Los 17 militares salvadoreños, varios de ellos ya enjuiciados y amnistiados mediante una ley para facilitar la reconciliación después de 12 años de guerra interna, están en la picota simplemente por ostentar posiciones de mando o ser parte de un pelotón del Ejército, uniformado y con armas registradas, que mató a seis jesuitas de la UCA.
En dos ocasiones, la Corte Suprema –dos “distintas” Cortes– ha rechazado su extradición.
Nadie, ni el Ejecutivo, puede pasar por encima de resoluciones de la Corte, que son definitivas. Hacerlo golpearía gravemente el Orden de Derecho en El Salvador, pues ninguna persona estará segura de que un fallo ganado a su favor no se anule más tarde por disposición del Ejecutivo o de funcionarios cualesquiera.
Pinochet volvió a Chile y fue juzgado, pero una sola vez. Es únicamente cuando se demuestra que hubo fallas procesales graves, o se descubren hechos o indicios que apuntan a la culpabilidad de un acusado, que se reabre un proceso, como también un condenado puede exonerarse si pruebas de DNA, o las que fueran, demuestran su inocencia.
Los militares ya fueron juzgados y amnistiados como lo fueron desde Sánchez Cerén hasta guerrilleros de menor rango.
El requerimiento choca frontalmente y, como lo decimos, con nuestro ordenamiento jurídico, como asimismo vulnera los Acuerdos de Paz que llaman a la reconciliación, el perdón, a superar odios y antagonismos.
Sólo habrá paz y progreso
haciendo de lado antagonismos
Las venganzas y las persecuciones de personas, grupos y sectores no encajan con lo que fue promesa en ese momento y que, de continuar, la convertiría en un engaño a los salvadoreños y a otros países e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, que patrocinaron ese final a las hostilidades.
Pero además se atropellarían normas de Derecho cimentadas en cinco mil años de civilización, que encuentran una de sus mas lúcidas expresiones en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que reconoce principios que están por encima de toda ley escrita, de toda legislación, de todo gobierno.
La muerte del expresidente Francisco Flores debe ser el último acto producto de la violencia sectaria y el prurito de venganza que se registre en El Salvador. Nuestro país, como cualquier otro, solo puede asentar su progreso en un clima de concordia, donde rija lo transparente, lo decente y lo honesto.