Los fondos de diez cuentas del exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro “Social” fueron congelados a petición de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, dado el inexplicable incremento de su fortuna personal en ese lapso.
Lo que queda claro es que Flores no se nombró como director del ISS“S” por sus capacidades administrativas o por ser una persona que podía contribuir a una modernización de la entidad o por tener los conocimientos para introducir más eficiencia a sus operaciones, sino para cubrir y dar salario a alguien que estaba donde estaba por los servicios personales que le prestaba a Funes.
¿Desde cuándo viene la relación con Funes, más sabiendo que Flores mintió al decir que estaba como médico activo en un hospital de Washington?
Los asesores que se ocupan no de asesorar sino como amanuenses en los negocios no claros de sus jefes, no son cosa nueva, como en el caso del asesor Byron Larrazábal Arévalo del expresidente de la Asamblea Sigfrido Reyes, que apareció con su propia e importante fortuna (la que no acumula nadie con el salario que recibe) de origen no establecido.
Hay varias facetas graves en este asunto de Funes/Flores.
La primera, ¿quién dio la venia para que Flores acumulara esa fortuna? Es difícil, o imposible, que el expresidente desconociera lo que sucedía, lo que lleva a preguntar las razones que haya tenido Funes para no hacer que Flores fuera fiscalizado.
Lo segundo, si Flores acumuló esos caudales, ¿no es del caso que Probidad investigue el origen de los bienes de Funes? Hasta que fue nombrado candidato vivió en una pequeña casa alquilada, modestísima en comparación con las mansiones donde ahora se le ve, comenzando por la gran residencia que un su protector puso a su disposición antes de asumir como gobernante.
Si el gerente de la compañía gana un millón de dólares, la pregunta que sigue es…
El caso Flores comprueba una realidad muy triste para los salvadoreños: que los nombramientos ministeriales, en oficinas públicas, en el gabinete, en autónomas y donde sea, no son para cumplir con eficiencia funciones públicas y servir a la colectividad, sino para dar salario a los nombrados, tengan o no tengan capacidad para desempeñarse con algún mínimo de decoro.
A ello se suman las viajaderas por viajar, viajaderas que en ciertos casos sobrepasan cincuenta al año y que no cumplen ninguna función de utilidad para el país. Y tal abuso de dineros estatales, dineros de la gente que con gran sacrificio los gana para pagar altos impuestos, ciertamente es violatorio del espíritu de la Constitución y de las leyes, que trata los presupuestos como recursos que se deben usar en provecho de la gente, no de los funcionarios.
No informan a Probidad sobre bienes de expresidentes
Las entidades correspondientes no han informado ni entregado la información pertinente a la Sección de Probidad de la Corte Suprema sobre los bienes de los dos expresidentes, ni sobre los viajes de Funes, que se dice fueron un enorme despilfarro de dineros asignados a Casa Presidencial.
Esas requisiciones deben cumplirse no sólo para establecer si hubo malversación o “privatización” de fondos públicos, sino además si hubo operaciones de lavado, transferencias al exterior, enriquecimiento de allegados y familiares, compra de empresas en beneficio de exfuncionarios y lo que popularmente se llama robo.